STS, 11 de Marzo de 2002
| Ponente | Fernando Ledesma Bartret |
| ECLI | ES:TS:2002:1734 |
| Número de Recurso | 5451/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Marzo de dos mil dos.
VISTO por la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 5.451/1997, interpuesto por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en su representación y defensa, contra la sentencia nº 327, dictada con fecha 25 de marzo de 1997 en el recurso contencioso-administrativo nº 719/1994, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. No se ha personado la parte recurrida.
En el recurso contencioso-administrativo nº 719/94, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, dictó sentencia con fecha 25 de marzo de 1997, cuyo fallo dice textualmente: «FALLAMOS: Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo y ANULAMOS, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, el Decreto de la Junta de Castilla y León nº 14/94, de 27 de enero, que aprueba el Reglamento de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León. Todo ello sin hace expresa imposición de las costas de este proceso».
Contra la referida sentencia preparó el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en su representación y defensa, recurso de casación, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tuvo por preparado mediante providencia de 10 de mayo de 1997.
El 12 de junio de 1997 el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en su representación y defensa, presentó escrito interponiendo recurso de casación, que concluyó con el siguiente SUPLICO «A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito, con el documento que se acompaña y copia de todos ellos, se sirva admitirlo, tener por personada a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el presente Recurso de Casación y por formulado, en tiempo y forma, el ESCRITO DE INTERPOSICIÓN del recurso y dar al mismo el trámite legal hasta en su día, dictar Sentencia con estimación del presente Recurso de Casación de la Sentencia recurrida, así como la imposición de costas a la parte recurrida».
El recurso fue admitido por providencia de 26 de febrero de 1998. Y, por providencia de 30 de marzo de 1998, no habiéndose personado la parte recurrida, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para deliberación y fallo.
Por providencia de 8 de enero de 2002 se señaló para votación y fallo del recurso el día 6 de marzo de 2002, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha ambos actos tuvieron lugar.
Es objeto de este recurso de casación la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, con sede en Valladolid, de 25 de marzo de 1997, que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALLADOLID " DIRECCION000 ", y anuló el Decreto de la Junta de Castilla y León nº 14/94, de 27 de enero, que aprueba el Reglamento de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.
Concurre en este recurso una circunstancia que debió, ya en el trámite del artículo 100.2 de la anterior Ley de la Jurisdicción, conducir al pronunciamiento de inadmisibilidad. En efecto es jurisprudencia de este Tribunal, recaída en interpretación y aplicación de las normas de la citada Ley que regulaban el recurso de casación ordinario, la que exige que el escrito de interposición, esto es, el que contemplaba el artículo 99 de la repetida Ley, fije el motivo o motivos en que se fundamente el recurso, con expresión del apartado o apartados correspondientes del artículo 95 de aquella Ley que lo o los amparen; expresando igualmente, si se articula el del apartado 4º, cual es la norma jurídica o jurisprudencia que se considera infringida o inaplicada por la sentencia. Exigencia a cumplir en aquel escrito que pervive, tal y como matiza aquella jurisprudencia, aunque en el escrito de preparación, esto es, en el que contemplaba el artículo 96, se hubiera hecho cita de aquel artículo 95 y de sus apartados; pues uno y otro escrito contemplan cargas procesales que cada uno, singularmente, deben satisfacer, sin que los defectos del de interposición puedan entenderse subsanados a la vista del contenido del de preparación, ni a la inversa.
Esa jurisprudencia descansa, con carácter general, en la idea de que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impone al recurrente el cumplimiento riguroso de determinados requisitos, cuya falta deben determinar su inadmisión; rigor formal que, en tanto en cuanto responda a una interpretación lógica de las normas reguladoras de aquel recurso, no ha de ser atemperado por exigencias del principio pro actione, pues éste no tiene en casación la intensidad con que opera cuando se trata de decidir sobre el acceso a la vía jurisdiccional. Y descansa, ya en lo que hace a las exigencias a satisfacer en el escrito de interposición, en la interpretación del mandato que contenía aquel artículo 99, en su número 1, referido a que tal escrito había de expresar razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.
Entre otras resoluciones, la jurisprudencia recordada puede verse en los Autos de 13 de diciembre de 1999 (recurso de casación número 9018/1998), 18 de febrero de 2000 (7/1999) y 10 de abril de 2000 (123/1999); y en las Sentencias de 28 de marzo de 2000 (1218/1992), 25 de abril de 2000 (2146/1992), 29 de mayo de 2000 (2565/1993), 3 de julio de 2000 (1512/1993), 28 de noviembre de 2000 (6922/1993), 3 de mayo de 2001 (3219/94), 21 de enero de 2002 (6421/95) y 28 de enero de 2002 (6521/95).
Esa jurisprudencia es de aplicación a este recurso de casación, pues en su escrito de interposición no se satisface aquella exigencia de fijar el motivo en que se fundamenta, con expresión del apartado correspondiente del artículo 95 LJ que lo ampare.
La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas al recurrente por imperativo del art. 102.3 de la LJ.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
No ha lugar al recurso de casación número 5.451 de 1997, interpuesto por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la sentencia nº 327, de fecha 25 de marzo de 1997, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 719/94 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso LLamas Soubrier
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