STS, 31 de Mayo de 2002
| Ponente | D. MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2002:3942 |
| Número de Recurso | 8482/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 31 de Mayo de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Mayo de dos mil dos.
Con fecha 5 de diciembre de 2001 se practicó tasaciòn de costas en los autos del recurso de casación nº 8482/1996, que fue impugnada por el Procurador D.Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de D. Pedro Antonio , por honorarios y derechos indebidos del Letrado y del Procurador, respectivamente de la Entidad Promotosca, S.A., procediéndose conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el resutlado que obra en autos.
Acordado señalar día para el fallo en la presente casación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 22 de mayo de 2002, en cuya fecha tuvo lugar.
El artículo 131.2 de la Ley Jurisdiccional, que la recurrente -condenada en costas en el recurso de casación- invoca para tachar de indebidos los honorarios y los derechos del Procurador de la Entidad Promotosca, S.A., por haber litigado dicha Entidad en la instancia con el carácter de coadyuvante, forma parte, al igual que los artículos 30, 89 y 95.2 (antiguo) de la expresada Ley, de un conjunto normativo que prácticamente ha perdido todo su significado con la entrada en vigor de la Constitución, habida cuenta que el artículo 24.1 de ésta reconoce por igual el derecho a la tutela judicial efectiva tanto a los titulares de derechos como a los que lo son de intereses legitimos.
De aquí que una jurisprudencia reiterada (Sentencias de 13 de marzo de 1985, 21 de septiembre de 1987, 4 de julio de 1988, 10 de noviembre de 1989, 24 de diciembre de 1990, 23 de septiembre de 1992, etc.) haya venido entendiendo que la prohibición impuesta al coadyuvante en el artículo 95.2 (antiguo) para interponer autónomamente el recurso de apelación debía considerarse derogada por estar en abierta contradicción con el artículo 24.1 del Texto constitucional.
Pues bien, si ello es así, si la Constitución ha roto la clásica diferenciación entre parte principal -Administración- y parte accesoria -coadyuvante- abriendo el camino para que ésta pudiera utilizar con independencia de aquélla el recurso de apelación, distinción que está presente y da sentido al artículo 131.2, a cuyo tenor "la parte coadyuvante no devengará ni pagará costas más que por razón de los recursos o incidentes que ella promueva con independencia de la parte principal", habrá que concluir que la derogación del artículo 95.2 (antiguo), puesta de manifiesto por la jurisprudencia, arrastra a los efectos que aquí interesan la imposibilidad de acudir al artículo 131.2 de la Ley Jurisdiccional, pues carecería de sentido que el coadyuvante permaneciera al margen de las consecuencias favorables o desfavorables de la condena en cotas pronunciada en un recurso jerárquico cuando, desaparecida su dependencia de la Administración, puede decidir por si mismo si conviene o no a sus intereses utilizar un medio de impugnación de tal clase.
A lo que se ha dicho hay que añadir, por su proyección directa en la resolución de este incidente, que el artículo 96.3 de la Ley Jurisdiccional, al regular la legitimación para interponer el recurso de casación, no menciona al coadyuvante, sino que habilita a quienes hubieren sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida -sin distinción entre parte principal y parte accesoria- para acudir al recurso de casación, norma jurídica posterior e inconciliable con el artículo 131.2 en el ámbito de este recurso extraordinario, como lo corrobora el silencio que el artículo 102.3 guarda respecto al coadyuvante a propósito de la condena en costas.
En definitiva, si el coadyuvante en la instancia puede interponer por decisión propia un recurso de casación y por ende ser condenado en costas, en su caso, es claro que también, por exigencia del principio de igualdad de las partes, las devengará en su favor cuando el pago de aquéllas se imponga, como aquí ha ocurrido, a la parte contraria.
No se nos oculta que con esta solución nos apartamos de una línea jurisprudencial de la que son exponente, entre otras, las Sentencias citadas por la parte impugnante de las costas, línea que ya había quebrado en las de 21 de julio y 19 de octubre de 2001, pero lo hacemos por entender que responde a una mejor inteligencia del artículo 131.2 de la Ley Jurisdiccional.
Todas las consideraciones anteriores han sido efectuadas en las sentencias de esta Sala -Sección 1ª- de fecha 20 de octubre, 20 de noviembre de 1998 y 27 de noviembre de 2000, 8 de octubre de 2001, etc. que reproducimos en aras del principio de unidad de doctrina.
Respecto al pago de las costas de este incidente no procede hacer pronunciamiento condenatorio.
Desestimar la impugnación por indebidos de los honorarios del Letrado y los derechos del Procurador de la Entidad Promotosca, S.A., incluidos en la tasación de costas practicada con fecha 5 de diciembre de 2001 en los autos principales, impugnación que ha sido formulada por la representación procesal de D. Pedro Antonio .; sin hacer expresa imposición de las costas de este incidente.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo.Sr.D.Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretario, certifico.
-
SAP Madrid 318/2021, 31 de Mayo de 2021
...acreditativa de los hechos motivadores de la acusación y de la intervención en los mismos del inculpado ( SSTS de 20 octubre 2001 y 31 mayo 2002). El principio de presunción de inocencia no es meramente retórico, sino que tiene una proyección práctica evidente. Si hay dudas y estas son razo......
-
STSJ Galicia 571/2020, 30 de Octubre de 2020
...1984, 26 de abril de 1985, 3 de mayo de 1985, 26 de enero de 1988, 12 de febrero de 1990, 30 de marzo de 1998, 15 de marzo de 1999 y 31 de mayo de 2002 ), aceptada por esta Sala, en supuestos de hecho muy similares al que ahora debemos enjuiciar [p. ej., Sentencias de 18 de junio de 2003 (n......
-
SAN, 16 de Marzo de 2007
...1984, 26 de abril de 1985, 3 de mayo de 1985, 26 de enero de 1988, 12 de febrero de 1990, 30 de marzo de 1998, 15 de marzo de 1999 y 31 de mayo de 2002 ), aceptada por esta Sala, en supuestos de hecho muy similares al que ahora debemos enjuiciar (p. ej., Sentencias de 18 de junio de 2003 -n......
-
SAN, 12 de Marzo de 2008
...1984, 26 de abril de 1985, 3 de mayo de 1985, 26 de enero de 1988, 12 de febrero de 1990, 30 de marzo de 1998, 15 de marzo de 1999 y 31 de mayo de 2002 ), aceptada por esta Sala, en supuestos de hecho muy similares al que ahora debemos enjuiciar (p. ej., Sentencias de 18 de junio de 2003 -n......
-
El tercer poseedor de bienes embargados y su intervención en el proceso de ejecución
...de 1999 (RAJ 4741), 15 de julio de 1999 (RAJ 4759), 9 de diciembre de 1999 (RAJ 9158), 13 de noviembre de 2003 (RAJ 7686). [18] STS de 31 de mayo de 2002 (RAJ [19] Cfr. TÉLLEZ LAPEIRA, A., «Compraventa judicial y acción contradictoria de dominio por caducidad de la anotación preventiva del ......