STS, 25 de Julio de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 25 Julio 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Julio de dos mil siete.
Visto el recurso de casación nº 5274/2004, interpuesto por la Procuradora Doña Ana López Thomas, en nombre y representación de D. Bartolomé, contra el auto de fecha 19 de diciembre de 2003, confirmado en súplica por el de 3 de marzo de 2004, por el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª), en su recurso nº 2275/03, resolvió inadmitir el formulado por la parte actora contra la desestimación presunta de su solicitud de archivo del expediente de expulsión por caducidad del mismo.
Preparado por la representación de D. Bartolomé recurso de casación contra las resoluciones antes dichas, la Sala de instancia, lo tuvo por preparado en providencia de fecha 29 de abril de 2004, emplazándose a las partes para ante este Tribunal Supremo.
En fecha 17 de junio de 2004 D. Bartolomé presentó escrito interponiendo este recurso de casación, en el cual, después de exponer y razonar los motivos de impugnación que esgrimió, terminó suplicando se declare haber lugar al recurso de casación y se declare la admisión del recurso contenciosoadministrativo.
Por providencia de fecha 15 de noviembre de 2006 se admitió a trámite el presente recurso de casación, y por resolución de 16 de enero de 2007 se ordenó dar traslado a la parte recurrida para oposición, formalizándose por escrito de 28 de febrero de 2007 y se ordenó quedaran los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 24 de Julio de 2007, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de la Sala
Se impugna en este recurso de casación nº 5274/2004 el auto de fecha 19 de diciembre de 2003 (confirmado por el de 3 de marzo de 2004 ), dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª) en su recurso contencioso administrativo nº 2275/03 por el cual se inadmitió el interpuesto por D. Bartolomé contra la inactividad de la Administración ante la solicitud de declaración de caducidad del expediente de expulsión y archivo del mismo.
La Sala de instancia dictó providencia con fecha 24 de noviembre de 2003 acordando oír a las partes sobre la posible inadmisibilidad del recurso por inexistencia de acto impugnado -art. 25.1 en relación con el art. 51.1.c) LJ, al considerar que el acto impugnado en el proceso era el acuerdo de iniciación de un expediente de expulsión, entendiendo que dicho acuerdo era un mero acto de trámite que no ponía fin a la vía administrativa. Evacuado el trámite, mediante auto de 19 de diciembre de 2003 declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto, con la siguiente fundamentación jurídica: " como ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en numerosos Autos, el hecho de que la Administración no haya concluido y resuelto el expediente en plazo no autoriza a impugnar una supuesta caducidad que solo se produciría si llegase a adoptar la resolución sancionadora fuera del plazo legalmente establecido, y entonces sería, mediante la impugnación de esa Resolución final, cuando cabría instar su anulación por caducidad del procedimiento. Concurriendo, pues, la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 51 .c) en relación con el art. 25 LJCA, procede inadmitir ·a limine" el recurso."
Interpuesto recurso de súplica contra ese auto, fue desestimado por otro de 3 de marzo de 2004 .
Frente a esa resolución de inadmisión la parte actora ha formulado recurso de casación, en el cual esgrime dos motivos de impugnación, ambos formulados al amparo del subapartado d) del artículo
88.1 de la Ley de la Jurisdicción .
En el primer motivo alega esta parte la infracción del artículo 44.2 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC ) y de los artículo 98 y 99.3 del reglamento de desarrollo de la L.O. 4/2000, aprobado por RD 864/2001 . Frente a lo afirmado por la Sala de instancia, entiende la parte actora que sí que había un verdadero acto administrativo susceptible de recurso, toda vez que tras la iniciación del expediente administrativo sancionador, y una vez transcurrido su plazo de tramitación, pidió expresamente la declaración de caducidad del procedimiento, no recibiendo respuesta alguna a esta petición, de manera que el acto impugnado en el proceso es la negativa de la Administración a declarar la caducidad del referido expediente sancionador, siendo este un acto impugnable.
En el segundo motivo se insiste en la misma tesis, alegando la parte actora que la propia Sala de instancia ha considerado en otros procesos (que cita) que la negativa a declarar la caducidad del expediente es un acto perfectamente recurrible.
Estimaremos el recurso de casación.
El acto administrativo que aquí se impugna es la desestimación por silencio de la siguiente petición del interesado, que se adjuntó como documento unido al escrito de interposición del recurso contencioso administrativo, en la que aquel solicitó a la Administración lo siguiente:
"Que el mencionado expediente sancionador se inició con fecha 8 de enero de 2003
Que habiéndosele dado plazo para presentar las alegaciones correspondientes, las mismas se han presentado en legal plazo y forma, alegando lo que a Derecho conveniere.
Teniendo en cuenta que en la notificación del inicio del expediente " se le comunica que si no hubiere recaído resolución transcurridos SEIS MESES desde la notificación del procedimiento sancionador, se estará a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/92 ", similar precepto que contempla en el art. 98 del R.D. 864/2001 de 20 de junio ...
Solicito.... se sirva DECLARAR LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INICIADO ORDENANDO EL ARCHIVO DEL MISMO "
Y ante el silencio de la Administración, se interpuso el recurso contencioso administrativo, declarado inadmisible por el auto de fecha 19 de diciembre de 2003 -confirmado en súplica por el de 3 de marzo de 2004 - que ahora se recurre en casación.
Como se ve, en el proceso no se impugnaba el acuerdo de iniciación de un expediente sancionador, ni la falta de respuesta a las alegaciones de descargo presentadas en el curso del mismo, sino que se impugnó la falta de respuesta a la solicitud de que se declarara la caducidad del expediente administrativo, por no haberse resuelto en determinado plazo.
Y esta es una petición que será o no acertada, pero su desestimación por silencio da lugar a un acto administrativo perfectamente recurrible, que es el referente a si el expediente ha incurrido o no en caducidad.
La afirmación de la Sala de instancia de que la eventual caducidad del expediente sólo operará y podrá alegarse como motivo impugnatorio una vez ---si es que llega a dictarse--- se acuerde la expulsión, es equivocada. La caducidad opera y puede alegarse (y su no declaración, expresa o presunta, puede impugnarse) por el puro transcurso del plazo.
Se está, pues, en el caso de declarar haber lugar al recurso de casación, por infracción de aquellos preceptos, a fin de que continúe ante la Sala de instancia la tramitación del recurso contencioso administrativo.
Al declararse haber lugar al recurso de casación procede no condenar en las costas de casación (artículo 139-2 de la L.J .), y no existen razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia. Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos haber lugar al recurso de casación nº 5274/2004 interpuesto por D. Bartolomé contra el auto de fecha 19 de diciembre de 2003, confirmado en súplica por el de fecha 3 de marzo de 2004, dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 8ª, por los cuales se inadmitió el recurso contencioso administrativo nº 2275/03, y en consecuencia:
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- Revocamos dichos autos.
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- Declaramos que el recurso contencioso administrativo nº 2275/03 debe continuar su tramitación.
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- No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
