STS, 24 de Junio de 2004

Con fecha 26 de septiembre de 2002 el Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos: "1º) La parte actora, DNI Nº NUM000, venía prestando servicios para la demandada desde el 15-10-2001, con categoría de Agente censal y salario de 31,37 Euros/día. 2º) La parte actora fue contratada en virtud de un contrato temporal por obra o servicio determinado, para la realización de "Censos Demográficos 2001/2002", en cuyas cláusulas segunda y tercera se establece una jornada laboral de 37,5 horas semanales y una retribución exclusiva a prima por trabajo realizado. 3º) En fecha 18- 4-2002 se comunicó verbalmente a la parte actora su cese el 4-2-2002, por terminación de la obra o servicio para la que fue contratada. 4º) La actora no fue dada de alta en la Seguridad Social hasta el 20-11-2001, estableciéndose en su contrato un período de prueba de un mes. 5º) La actora no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la condición de representante legal o sindical de los trabajadores. 6º) En fecha 26-2-2002 se interpuso la preceptiva reclamación previa, que no fue contestada por la demandada."

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Jose Carlos frente al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA sobre despido, debo declarar y declaro la improcedencia del despido, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y que, por tanto, a su elección, readmita a la actora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien la indemnice con la suma de 470,37 Euros, condenándola igualmente y en todo caso a que les abone los salarios dejados de percibir desde la fecha des despido, 4-2-2002 y hasta la de la notificación de esta Sentencia, a razón del salario declarado probado en el hecho primero: debiendo advertir por último a la demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes, desde la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión."

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, la cual dictó sentencia en fecha 17 de julio de 2003, en la que consta el siguiente fallo: "Desestimamos el recurso interpuesto por Instituto Nacional de Estadística, contra la sentencia de fecha 26.09.2002, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de las Palmas de Gran Canaria, de esta Provincia, que confirmamos."

Por la representación de INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 13 de octubre de 2003, en el que se alega infracción del art. 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, y con el art. 1255 del Código Civil. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada el 1 de octubre de 2002 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Rec.- 4338/02).

Por providencia de esta Sala de fecha 5 de febrero de 2004 se admitió a trámite el presente recurso, y no habiéndose personado la parte recurrida no obstante haber sido emplazada pasa lo actuado al Ministerio Fiscal a fin de que informe en el plazo de díez días sobre la procedencia o improcedencia del presente recurso.

Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar procede la desestimación del presente recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 17 de junio de 2004.

1.- El presente recurso lo ha interpuesto el Abogado del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística -INE-, en disconformidad con la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas de 17 de julio de 2003 (Rec.- 510/2003) por entender que la misma no fue adecuada a derecho e incurre en contradicción con sentencia de 1 de octubre de 2002 dictada por la Sala de lo Social de Cataluña que, conociendo de otro asunto a su juicio sustancialmente igual llegó a conclusión distinta respecto del problema planteado.

La sentencia recurrida resolvió la demanda de una trabajadora que fue contratada como agente censal por el INE por medio de contrato escrito en el que convinieron la celebración de un contrato para obra o servicio determinado, del art. 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores con el objeto de llevar a cabo los trabajos de preparación de material, toma de datos, revisión y apoyo administrativo con ocasión de la celebración "de los Censos Demográficos 2001/2002"; dicho cometido lo llevó a cabo hasta que en 26 de marzo de 2002 la demandada entregó a la demandante una carta de la misma fecha indicada "por finalización de las tareas específicas objeto de la contratación". Habiendo llegado la sentencia recurrida a la conclusión de que ni se había acreditado que la causa del contrato fuera la celebración de un servicio determinado de acuerdo con las exigencias legales, ni que la finalización de la actividad censal para la que fue contratada se hubiera producido cuando la trabajadora fue cesada; de donde llegó a la conclusión de que había sido objeto de un despido injustificado o improcedente.

2. - La sentencia aportada como contradictoria contempla la contratación de otra trabajadora contratada igualmente como agente censal, aunque en este caso con la especificación de que se trataba de una encargada de grupo, para la realización de la misma actividad de preparación de material, toma de datos, etc. Para la confección de los Censos Demográficos de 2001/2002. A dicha trabajadora le fue notificada la comunicación de cese con efectos de 4 de enero de 2002, y reclamó contra la misma por despido. En este caso la sentencia llegó a la conclusión de que el contrato temporal se hallaba ajustado a derecho y que la actora había sido cesada legalmente por entender que ya había finalizado la actividad para la que había sido contratada, a pesar de haber quedado probado en los autos que cuando se le comunicó el cese todavía no habían finalizado completamente en su zona las actividades censales en las que continuaron otros compañeros, alguno de ellos hasta el 28-2-2002.

1.- El examen de los escritos de preparación e interposición del recurso pone de manifiesto la existencia de dos importantes e insubsanables defectos formales que obligan a desestimarlo, sin que sea obstaculo para ello que el recurso fuera inicialmente admitido a trámite pues, como es lógico, tal decisión interlocutoria en nada limita las facultades y deberes de este Tribunal para resolver conforme a derecho, como ya ha resuelto esta Sala en STS 11-3-2004 (Rec.- 08/3679/2003) y otras posteriores al pronunciarse en un asunto semejante al presente.

2. - El primero de los defectos apuntados consiste en que el escrito de preparación no cumple las exigencias que se derivan del art. 219.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, tal y como viene siendo interpretado y aplicado por la jurisprudencia social.

   En efecto, esta Sala ha declarado, con reiteración, y a partir de los autos de 13 de noviembre de 1992, dictados en Sala General por todos los magistrados que la integran, seguida por multitud de Autos posteriores -- entre los que cabe citar los de 8 y 26 de febrero de 1993, 6 de febrero y 5 de mayo de 1997 y 4 de junio de 1998 -- que, conforme a lo previsto en dicho precepto, el escrito de preparación del recurso, ha de exponer el núcleo básico de la contradicción y citar la sentencia o sentencias con las que tal contradicción se produce. En dichas resoluciones se añade que si bien en el escrito de preparación no será necesario efectuar el análisis comparativo de las identidades que constituyen el ámbito propio de la relación precisa y circunstanciada del escrito de interposición, sí que deberá ser suficiente para identificar el "núcleo básico de la contradicción", que la Sala ha definido como "la determinación del sentido y objeto de la divergencia entre las resoluciones comparadas", (s. de 28-11-97, rec.- 1178/97) como las sentencias concretas que se tienen por contradictorias; y que el incumplimiento de estos requisitos constituye defecto procesal insubsanable, porque no está prevista su subsanación en el artículo 207.3 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con el artículo 193.3 de la misma Ley y se trata además "de una omisión injustificada imputable a quien prepara el recurso en un trámite que, a diferencia de lo que ocurre con la casación ordinaria y la suplicación, exige la intervención de Letrado, y esa omisión afecta a la regularidad del procedimiento, al retrasar, también de forma injustificada, la firmeza de la sentencia de suplicación con el consiguiente perjuicio para la parte que ha obtenido un pronunciamiento favorable".

   En ese mismo sentido se viene pronunciando, sin fisuras, una copiosa jurisprudencia que recogen, entre las más recientes, las sentencias de 22-6-01 (Rec.- 3006/00), 26-3-02 (Rec.- 2504/01), 18-12-02 (Rec.- 203/02), 30-9-03 (Rec.- 3140/01) y las que en ellas se citan. Cabe significar, finalmente, que sobre tal interpretación se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional, habiendo declarado en auto 260/93 de 20 de julio de 1993, que este criterio no es contrario al artículo 24 de la Constitución.

   En el presente caso, el escrito de preparación del recurso, cita la sentencia que considera contradictoria con la recurrida, pero no cumple con la exigencia de identificar el núcleo básico de la contradicción, pues se limita a afirmar que "entre las sentencias contrapuestas, se aprecia la concordancia de hechos, fundamentos y pretensiones, al versar todas sobre el contrato de trabajo suscrito por el INE con distintos particulares para la realización de censos". Y es claro que ese escueto relato, por su falta de concreción, es por completo insuficiente para determinar el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas. Que ello es así, lo evidencia que de su sola lectura no se alcanza a comprender, mínimamente, ni la naturaleza del "contrato suscrito" (si fijo o temporal y en este último caso de que clase), ni cual ha sido el objeto concreto de la controversia (despido, reclamación de cantidad, reconocimiento de derechos, etc) ni donde ha surgido la divergencia.

3. - El segundo defecto atañe al escrito de interposición del recurso, concretamente a la obligación que impone el art. 222 LPL de "fundamentar la infracción legal denunciada". En relación con esa exigencia esta Sala ha sentado la siguiente doctrina:

   1. El recurso de casación para la unificación de doctrina, como extraordinario que es, debe estar fundado en un motivo de infracción de ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal (sentencias de 12-6-00 (rec. 3102/99) y 14-7-00 (rec. 3339/99) entre otras). Y ello como consecuencia de que el recurso de casación unificadora "una vez lograda la constancia de la contradicción producida, consiste, sin más, en un recurso de casación clásico en que la Sala ha de examinar las infracciones cometidas en la sentencia recurrida, con el fin de determinar si la sentencia recurrida quebranta la unidad de doctrina" (Sentencias de 30-9-97 (rec. 540/1997), 24-11-99 (rec. 4277/1998) y 12-6 y 14-7-00, (rec. 3102/99 y 3339/99 respectivamente) entre otras).

   2. "No es posible suplir esta deficiencia, de acuerdo también con reiterada doctrina jurisprudencial, a través de la fundamentación del presupuesto de contradicción de sentencias, ya que este último se refiere a un presupuesto distinto, y atiende a un aspecto diferente del recurso de unificación de doctrina" (S. de 17-5-01, (rec. 3263/00).

   3. "La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, "no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia. Así se deduce no solo del art. 222 LPL, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este Orden Social, cuyo art. 477.1 prescribe que "el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", mientras que el 481.1 impone que en el escrito de interposición del recurso "se expondrán con la necesaria extensión, sus fundamentos". (Ss. de 7-7-92 (rec. 2157/91), 12-4-95 (rec. 1289/94), y 24-11-99 (rec. 4277/1998)

Con independencia de los indicados defectos en lo que hace referencia a la preparación e interposición del recurso se aprecia en este último escrito otro defecto que se refiere a la fundamentación de dicho recurso.

1. - En efecto, en el motivo dedicado a fundamentar la infracción legal la parte recurrente denuncia la infracción "del art. 15.1 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el R.D. 2720/98 de 18 de diciembre, tal como reiterada jurisprudencia que lo viene interpretando, y con el art. 1.255 del Código Civil". De nuevo nos encontramos ante una deficiencia que afecta a la exacta determinación de las normas y de la jurisprudencia aplicable. En efecto, la cita del artículo 15.1 ET es insuficiente, porque estando dividido en cuatro apartados, cada uno de los cuales disciplina un tipo contractual distinto, y en el caso no se concreta que apartado de ellos ha sido infringido; el Real Decreto 2.720/98, consta de diez artículos, y tampoco se nos dice a cual de ellos se refiere la denuncia; en relación con "la jurisprudencia que lo interpreta", no cita ni una sola sentencia de este Tribunal que apoye el reproche de infracción jurisprudencial que se formula; y, finalmente, la cita del art. 1.255 del Código Civil, dada la generalidad de sus previsiones, se muestra totalmente insuficiente para delimitar el objeto de un debate jurídico que el recurso deja sin concretar debido a las imprecisiones que acabamos de señalar. Deficiencias, insubsanables, en la delimitación de las infracciones legales, que constituyen otro motivo de inadmisión.

   No desconoce la Sala que, como señala la jurisprudencia constitucional, lo relevante no es la forma o técnica del escrito del recurso, sino su contenido (STC 18/1993) y que cuando el escrito sea suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión y de la argumentación que la sustenta el recurso no puede ser desestimado, pues se vulneraría el mandato del artículo 24.1 de la Constitución Española (SSTC 55/1993 y 37/1995)". Pero en el caso ésta Sala, dada la relevancia de los defectos apuntados, no puede suplirlos, so pena de quebrantar su obligada imparcialidad, y situarse en una posición que sólo corresponde a la recurrente, con claro perjuicio de la contraparte y de su derecho de defensa.

2. - Podría argüirse que del resto del contenido del recurso se desprende con claridad que tipo de contrato temporal se está defendiendo en él. Mas lo cierto es que las afirmaciones que se realizan al exponer la relación precisa y circunstanciada de la contradicción, están todas ellas encaminadas a sostener la validez de los contratos de trabajo temporales de "naturaleza o carácter eventual", expresión que se reitera hasta cuatro veces a lo largo de dicha relación, y que en el contexto de un recurso extraordinario y técnico, debe tomarse necesariamente en su valor jurídico y como alusiva al contrato regulado en los arts. 15.1. b) ET y 3 del Real Decreto 2.720/98.

   Resultaría entonces, de un lado, que tal pretensión no podría ser estimada, puesto que la sentencia de instancia tiene por probado que el contrato suscrito entre las partes no estableció un tiempo fijo de duración, como exige el art. 3.2.a) del citado R.D., con las previsiones que, para su incumplimiento determina el art. 9. Y, de otro, que no cabría apreciar la existencia de la necesaria contradicción con la sentencia de contraste, que está confirmando la validez del contrato "para obra o servicio determinado" regulado en los arts. 15.1.a) ET y 2 del R.D. citado.

   Lo anterior no es obstáculo para hacer constar, aunque en el caso no podamos emitir un pronunciamiento sobre el fondo por impedirlo los motivos de inadmisión del recurso que apreciamos, que ésta Sala considera acertada la solución de la sentencia referencial, como ya apuntamos en la de 26 de diciembre de 2.002 (rec.73/2002) confirmatoria de la dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 3 de abril de 2.002 al resolver conflicto colectivo de ámbito estatal, bien que limitado a decidir si el INE podía o no formalizar esos contratos para obra o servicio determinado para la realización del censo demográfico 2000-2001, "fuera del convenio colectivo Unico del personal laboral de la Administración del Estado". Y ello porque, como razonó entonces la Audiencia Nacional, la decisión del INE de acudir al contrato para obra o servicio determinado para la realización de dicho censo, estaba plenamente justificada "dada la situación extraordinaria a la que obedecía, que se presenta solo cada diez años, y su extensión a la totalidad del territorio nacional y a un número anormal de trabajadores (43.550 sobre una plantilla ordinaria de 3.000)".

De conformidad con lo razonado y con el precedente informe del Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de Estadística, al que condenamos al pago de las costas causadas en este sede (art. 233.1 LPL).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.