STS, 5 de Febrero de 2008

Por escrito de 21 de febrero de 2001, Dña. María Teresa y otros, interpusieron recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de los recursos extraordinarios de revisión a los que nos hemos referido en el encabezamiento, luego ampliado mediante providencia de 24 de mayo de 2002 a las resoluciones de 28 de junio y 30 de julio de 2001 del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y tras los trámites pertinentes el citado recurso contencioso administrativo terminó por Sentencia de 10 de febrero de 2004, cuyo fallo es del siguiente tenor: "PRIMERO.- Desestimar el presente recurso nº 132/01 interpuesto por el Procurador D. Fernando Julio Herrera González, en nombre y representación de Dª. María Teresa ; D. Alberto ; Dª Antonieta ; D. Jesus Miguel ; Dª Magdalena ; D. Carlos Miguel ; D: Cesar y Dª Camila, contra las Resoluciones del Ministerio de Educación y Cultura, descritas en el primer Fundamento de Derecho, que se confirman por ser conformes al ordenamiento jurídico. SEGUNDO.- No hacer una expresa imposición de costas".

Una vez notificada la sentencia, la parte recurrente manifiesta su intención de interponer recurso de casación, acordando la Sala sentenciadora tener por preparado el citado recurso, siendo las partes emplazadas ante esta Sala del Tribunal Supremo.

En su escrito de formalización del recurso de casación la parte recurrente interesa que se "dicte en su día Sentencia que, casando la recurrida estime totalmente el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto en la instancia y declare el derecho de mis mandantes a que por la Administración demandada se le conceda, sin condicionamiento alguno, la homologación de sus títulos de Odontólogo o Doctor en Odontología obtenidos en Argentina y Uruguay respectivamente, al español de Licenciado en Odontología, o subsidiariamente, la homologación instada por mis mandantes quede condicionada a la superación de una prueba de conjunto específica, acordada en cada uno de sus expedientes de homologación, eliminando las mismas materias que han sido reconocidas como no vigentes y por lo tanto excluídas de superación de prueba de conjunto sobre las mismas, en el expediente de homologación número 2.513-15 del Servicio de Homologación de Títulos Extranjeros Universitarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, seguido a instancia de la Dra. Esteban, en resolución dictada el 20 de junio de 2000, en el expediente número NUM000 GPS/MDG de la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; o en su defecto, la homologación de dicho título de Odontólogo o Doctor en Odontología argentinos los cinco primeros y Uruguayo el sexto, al correspondiente español de Licenciado en Odontología, previa superación de una prueba de conjunto específica sobre determinadas materias en las que el plan de estudios de mis mandantes presenten carencias al amparo de lo dispuesto en las directrices generales contenidas en el Anexo del Real Decreto 1.418/1.990, condenando a dicha Administración a estar y pasar por esta declaración y adoptando las medidas para hacerla efectiva", todo ello en base a tres motivos de casación. El primero amparado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional "por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales -que han producido indefensión a mi mandante-, a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Constitución española". El segundo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción por "infracción del Real Decreto 1.497/1.987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices generales comunes a los planes de estudios universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y el Anexo contenido en el Real Decreto 1.418/1.990, de 26 de octubre ". Y finalmente el tercer motivo fundado también en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional "por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales -que han producido indefensión a mi mandante-, a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Constitución española, y por vulneración de lo dispuesto en el artículo 118. 1.1ª y 2ª de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre ".

El Abogado del Estado en su escrito de oposición al recurso de casación, interesa su inadmisión y subsidiariamente su desestimación por las razones que expone.

Por providencia de 23 de enero de 2008, se señaló para votación y fallo el veintinueve de enero del año dos mil ocho, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Martí García, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto del presente recurso de casación, desestima el recurso contencioso administrativo y confirma la resolución impugnada refiriendo en sus Fundamentos de Derecho, lo siguiente:

"SEGUNDO.- Los recurrentes solicitan que se anulen los actos impugnados y se declare su derecho a que la Administración, sin condicionamiento alguno, homologue su título mencionado al correspondiente español o, subsidiariamente la homologación, previa superación de una prueba de conjunto específica sobre determinadas materias del plan de estudios español en las que se detecten carencias. En defensa de su pretensión alegan que obtuvieron el título de cirujano dentista por diferentes Universidades de Argentina, Chile y Uruguay; pidieron la homologación al título español correspondiente y la Administración, en lugar de aplicar directamente los Convenios culturales bilaterales en vigor, solicitó informe del Consejo de Universidades, que emitió dictamen favorable previa superación de prueba de conjunto específica, basándose en el plan de estudios aprobado por Real Decreto 970/86 de 11 de Abril. Estiman que se debe tener en consideración la vigencia de los respectivos Convenios bilaterales y añaden que las resoluciones no han tendido en cuenta el plan de estudios contenido en el Real Decreto 1418/90, pese a ser posteriores; esta gravísima equivocación ha sido reconocida por la propia Administración en su resolución de 20 de Junio de 2.000, sobre homologación del título de Odontólogo de una ciudadadana colombiana, error craso y evidente que sirve para justificar la anulación de los actos impugnados y, además, los informes del Consejo de Universidades, para que puedan ampararse en la discrecionalidad técnica, han de haber sido dictados al amparo de la legislación vigente. TERCERO.- La representación de la Administración demandada, por su parte, alega que la solicitud no cumple los requisitos del R.D. 86/87, de 16 de Enero, por lo que solicita la desestimación del recurso y la confirmación del acto impugnado. CUARTO.- Para un mejor enfoque de las cuestiones planteadas en el presente recurso, conviene señalar que, según consta en el expediente administrativo los ahora recurrentes solicitaron la homologación de sus títulos de Odontólogo al correspondiente español y, tras la tramitación prevista legalmente, el Ministerio de Educación desestimó su petición por diversas resoluciones dictadas entre los años 1992 a 1998 y, en algún caso, como el del recurrente Sr. Cesar, se interpuso recurso contencioso contra tal resolución desestimatoria que, en el momento de dictarse por la Administración la resolución aquí impugnada (27 de Noviembre de 2.002), aún no había sido resuelto; bastaría esta última circunstancia para rechazar el recurso administrativo de revisión, al ser sólo admisible frente a actos firmes, conforme al art. 118.1. de la Ley 30/1992 ; además, en ningún caso puede estimarse que concurra la causa de revisión invocada que, aunque no se concreta en la demanda, es la prevista en el nº 1 del citado art. 118 al insistir en el carácter erróneo de las resoluciones y del dictamen del Consejo de Universidades, así como la del nº 2, consistente en la aparición de documentos esenciales que evidencian el error de las resoluciones recurridas. Ello es así, porque las respectivas solicitudes fueron tratadas mediante el procedimiento previsto por el Real Decreto 86/1987 y en el informe del Consejo de Universidades se tuvo en consideración, al especificar las materias que habían de ser objeto de prueba de conjunto a la que se supeditaba la homologación, el plan de estudios vigente en las Universidades españolas; por tanto si se han producido variaciones en dichos planes, como consecuencia de su implantación progresiva, como se pone de manifiesto en las resoluciones impugnadas, ello no permite deducir que el informe o la resolución que lo incorpora fueran erróneas, ni que informes o resoluciones posteriores respecto de otros solicitantes, adoptadas conforme a la valoración de los estudios conducentes al título cuya homologación se pretende en relación con la situación existente en ese momento, constituyan documentos esenciales a que se refiere el motivo de revisión 2º del art. 118, que obliguen a revisar las resoluciones adoptadas anteriormente. Por último, hay que tener en cuenta que los solicitantes han obtenido sus título en diferentes Universidades, que no se especifican, de varios países y solicitaron la homologación en momentos diferentes a lo largo de varios años, que fueron objeto de la correspondiente decisión administrativa, analizando caso por caso el contenido y duración de los estudios y comparándolos con los estudios que determinan la obtención del título en España, y pretender una revisión general con base en que una reciente resolución del Ministerio, en relación con la homologación de un título expedido por una Universidad extranjera diferente, se somete a la prueba de conjunto un grupo de materias no coincidentes con las de los demandantes, no resulta admisible ni, desde luego, constituye causa alguna de revisión ni al amparo del art. 118 ni del 105 de la Ley 30/92, como apreciaron correctamente las resoluciones impugnadas que, por lo expuesto, procede confirmar".

Por haber aducido con carácter prioritario el Abogado del Estado la inadmisibilidad del recurso de casación, es obligado analizar en primer lugar tal alegación. Señala el representante de la Administración, al amparo del artículo 93.2.c) de la Ley Jurisdiccional, como causa de inadmisión la de haber sido "reiteradamente desestimados en cuanto al fondo recursos idéntico al que nos ocupa". Sin embargo la alegación de la referida causa en tales términos impide su apreciación por esta Sala, pues como reiteradamente hemos señalado dicha causa está orientada a evitar que lleguen a ser examinados aquellos recursos que previsiblemente habrían de ser desestimados, dada la existencia de doctrina jurisprudencial contraria a la pretensión de anulación de la resolución recurrida que se suscita en el recurso de casación, doctrina jurisprudencial que el Abogado del Estado ni siquiera cita ni trata de fundamentar su aplicabilidad y la sustancial identidad que concurriría en este caso.

Lo razonado conduce al rechazo de la causa de inadmisión invocada y al examen de los tres motivos de casación aducidos por la parte recurrente.

El primero de los motivos formalizados se realiza por los recurrentes al amparo de la letra c del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción "por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales -que han producido indefensión a mi mandante-, a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Constitución española". Alegan los recurrentes la vulneración del artículo 24.1 y 2 de la Constitución española, "toda vez que la práctica de la totalidad de la prueba oportunamente propuesta, en relación a los hechos alegados, pudo alterar dicha sentencia a favor de los recurrentes (podrían haber demostrado que las comparaciones de sus estudios se hicieron con un plan de estudios que no estaba vigente, y que con la aplicación de las directrices del nuevo plan de estudios, que redujo sensiblemente la carga horaria a 300 créditos frente a los 400-500 del contenido en el Real Decreto 970/1.986 ), habiendo sufrido así una efectiva indefensión por la privación injustificada de su derecho constitucional a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de diciembre de 1.983 )".

Según el contendido del Auto de 13 de octubre de 2003 -por el que se resolvía el recurso de súplica interpuesto contra el de 31 de octubre de 2002- el Tribunal de instancia fundamentó su decisión denegatoria de determinados medios de prueba en que "la documental referida a los expedientes administrativos diferentes al de su solicitud, por cuanto que no constituye término valido de comparación, teniendo en cuenta su antigüedad y el cambio en la doctrina jurisprudencial producido a partir de 1996 sobre improcedencia de homologación automática de títulos académicos en virtud de convenios bilaterales de cooperación cultural; en cuanto a la prueba pericial, que pretende sustituir al informe de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, porque tal sustitución es igualmente improcedente, según conocida doctrina del Tribunal Supremo, plasmada en numerosas sentencias de esta Sala en recursos similares por lo que la prueba rechazada no reunía los requisitos del art. 60.4 de la Ley de esta Jurisdicción".

Por lo tanto a la vista de lo anterior procede desestimar el motivo. En primer lugar, debe señalarse la deficiente fundamentación del motivo, pues aunque en el mismo se denuncia la infracción de las normas y garantías procesales motivada, según la parte recurrente, por la denegación por la Sala de instancia de determinados medios de prueba en la aplicación del artículo 60. 4 de la Ley 29/1998, es lo cierto que la parte recurrente no cita expresamente como infringida ninguna norma procesal, sino que el motivo aparece fundando exclusivamente en la infracción de los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Constitución por entender que la privación injustificada de su derecho constitucional a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa le ha causado indefensión.

En segundo lugar, resulta oportuno recordar que constituye doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (SSTC 37/2000, de 14 de febrero, 19/2001, de 29 de enero y 133/2003, de 30 de junio) que "el contenido esencial del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso".

Derecho no absoluto que, por tanto, no se ve menoscabado por la inadmisión de una prueba en aplicación estricta de las normas legales (SSTC 1/1996, de 15 de enero, 246/2000, de 16 de octubre ). Por ello no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba conduce a entender producida una lesión en el meritado derecho de defensa sino solo cuando comporta una efectiva indefensión (SSTC 246/2000, de 16 de octubre y 35/2001, de 12 de febrero ).

Con base en los anteriores criterios el máximo interprete constitucional (por todas la STC 99/2004, de 27 de mayo, con una amplia cita de otras anteriores) insiste en que el alcance del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa resulta condicionado por su carácter de garantía constitucional de índole procedimental, lo que exige que para apreciar su vulneración quede acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, que se traduce en la necesidad de argumentar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos en la resolución del pleito, al ser susceptible de alterar el fallo a favor del recurrente.

Se observa, por tanto, que la conculcación del derecho fundamental exige dos circunstancias. Por un lado la denegación inmotivada o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable (SSTC 1/1996, de 15 de enero, y 133/2003, de 30 de junio ) o que la inejecución sea imputable al órgano judicial. Y, por otro, que la prueba denegada o impracticada sea decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida (SSTC 217/1998, de 16 de noviembre, 219/1998, de 27 de enero y 133/2003, de 30 de junio ). Esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada comporta, además, que se muestre la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas y no practicadas así como argumentar la incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones que hubiera tenido la admisión y práctica de la prueba (SSTC 133/2003, de 30 de junio, y 42/2007, de 26 de febrero ).

Por su parte este Tribunal jurisdiccional viene insistiendo en que cuando existe verdadera y sustancial contradicción en los hechos que determinan la imposición de una sanción se hace necesario el recibimiento a prueba (Sentencia 15 de octubre de 2003 ), actualmente positivizado en el último párrafo del artículo 60.3 LJCA 1998, máxime cuando la denegación de la prueba fuere inmotivada (Sentencia de 2 de julio de 2004 ). También se ha afirmado que no cabe denegar la práctica de prueba de los hechos en que se basaba la pretensión para luego reprochar que no se ha practicado aquella (Sentencia de 22 de mayo de 2003 ) o que el recurso de casación ha de ser estimado porque la sentencia se apoya en esta falta de prueba, previamente denegada por la Sala, para obtener sus conclusiones lo que evidencia, sin ningún género de dudas la efectiva indefensión (Sentencia de 4 de febrero de 2004 ).

Se constata, pues, que debe darse a las partes la oportunidad para acreditar las alegaciones en que funden sus pretensiones (Sentencias de 13 y 26 de mayo de 2003 y de 30 de octubre de 2003 ). Se trata de no producir indefensión a la parte que no ha tenido ocasión de demostrar los hechos en que sustentaba su pretensión, incluso cuando se pretende demostrar una actuación que ofrece dificultades probatorias al concernir a la motivación interna del acto como es la desviación de poder (sentencia de 1 de diciembre de 2003 ). Todo ello no es óbice para que quepa denegar las inútiles, impertinentes, innecesarias o inidóneas, es decir que no guarden conexión con el objeto del proceso (Sentencia de 27 de enero de 2004 ).

Pero el adecuado ejercicio del derecho a la prueba en vía casacional exige al recurrente que, frente a la denegación, no se aquiete en la instancia, sino que recurra oportunamente utilizando para ello los medios de impugnación establecidos (Sentencia de 20 de octubre de 2003 con cita de otras anteriores 22 de abril y 24 de junio de 2002, 17 de marzo de 2003 ). Es decir cumpla con lo preceptuado actualmente en el art. 88.2. de la Ley Jurisdiccional. Requisitos que sí fueron cumplidos en el caso formulando el oportuno recurso de súplica.

Pues bien, en este caso, tal y como ya hemos señalado, procede rechazar tal motivo de casación. De una parte porque el derecho a la prueba, según reiteradamente han establecido el Tribunal Constitucional y esta Sala del Tribunal Supremo, no se configura en nuestro ordenamiento como un derecho absoluto a la practica de cualquier medio de prueba, y sí, como un derecho a obtener y practicar las pruebas que en cada caso procedan, y al respecto conviene recordar que el articulo 60 de la Ley de la Jurisdicción, dispone, que el proceso se recibirá a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y estos fueran de trascendencia a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito, de lo que obviamente se infiere que es el órgano jurisdiccional, el que tiene potestad para admitir o denegar cualquier medio de prueba, cuando los hechos que con el mismo se traten de acreditar no tengan trascendencia para la resolución del pleito. Circunstancia esta que concurre en el supuesto que nos ocupa, donde acertadamente expone la Sala de instancia las razones que determinaron la denegación del recibimiento de proceso a prueba al resolver el recurso de súplica antes referido.

Y de otra parte, porque el articulo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción no otorga trascendencia a cualquier defecto, -que en este caso se concreta en la denegación de la prueba-, sino sólo a los defectos que hubieran ocasionado indefensión, y en el caso de autos, los recurrentes no han acreditado que concurriera tal indefensión.

El segundo de los motivos formalizados lo ampara la parte recurrente en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "infracción del Real Decreto 1.497/1.987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices generales comunes a los planes de estudios universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y el Anexo contenido en el Real Decreto 1.418/1.990, de 26 de octubre ".

Ahora bien, conviene recordar que el recurso contencioso-administrativo se interpuso contra la desestimación de un recurso extraordinario de revisión del artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y que fue desestimado por la Sala de instancia por entender que "en ningún caso puede estimarse que concurra la causa de revisión invocada que, aunque no se concreta en la demanda, es la prevista en el nº 1 del citado art. 118 al insistir en el carácter erróneo de las resoluciones y del dictamen del Consejo de Universidades, así como la del nº 2, consistente en la aparición de documentos esenciales que evidencian el error de las resoluciones recurridas".

Lo anterior evidencia la carencia de fundamento del motivo al estar incurso en la causa de inadmisión del artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional, que en este trámite decisorio se convierte en causa de desestimación, pues siendo la finalidad del recurso de casación la de depurar la aplicación del Derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la resolución de instancia, no puede prosperar un motivo en el que la infracciones que en el se denuncian evidencian una falta de correspondencia con la concreta fundamentación de la Sentencia que se recurre y que están más relacionadas con la actuación administrativa contra la que se interpuso el recurso extraordinario de revisión en vía administrativa que con la resolución recaída en instancia.

A mayor abundamiento, esa falta de correspondencia se ve agravada por los términos en los que se desarrolla el motivo cuyo contenido es una copia literal- aunque parcial- del escrito de demanda, técnica impugnatoria impropia de un recurso extraordinario como es la casación, ya que la reiteración de los argumentos expuestos en la instancia, resulta incompatible con la técnica procesal de la casación, cuyo objeto, como hemos dicho, es la impugnación de la resolución judicial recurrida y no el acto administrativo, y en el que el debate y consiguiente examen del litigio por el Tribunal Supremo queda limitado a la crítica de las eventuales infracciones jurídicas en que pudiera haber incurrido la resolución judicial que pretende ser casada, y no la resolución administrativa precedente.

En el tercer y último motivo interpuesto la parte recurrente, al amparo también de la letra c del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, denuncia el "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales -que han producido indefensión a mi mandante-, a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Constitución española, y por vulneración de lo dispuesto en el artículo 118. 1.1ª y 2ª de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre ".

Pues bien, formulado el motivo de casación en estos términos resulta evidente su carencia de fundamento incurriendo en la causa de inadmisión del artículo 93.2.d) de la Ley Jurisdiccional, que en este trámite decisorio se convierte en causa de desestimación al ser patente la falta de correspondencia entre la infracción que se denuncia y el cauce procesal utilizado.

Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el motivo del artículo 88.1.c) de la LRJCA solo es idóneo para hacer valer el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, es decir, para denunciar errores "in procedendo" en que haya podido incurrir el órgano jurisdiccional "a quo" desde la iniciación del proceso hasta la sentencia misma, como acto procesal, cuando en su formación se desatienden normas esenciales establecidas al efecto (motivación, congruencia, claridad, precisión) y siempre que tales vicios generen indefensión al recurrente. En cambio, es inapropiado para denunciar los errores "in iudicando" de que pueda adolecer la resolución recurrida.

Pues bien, la parte recurrente cita únicamente como infringido el artículo 118.1 1ª y 2ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pero sin que en el sucinto desarrollo argumental del motivo se realice una exposición razonada de una infracción procesal reconducible al referido subapartado c) del artículo 88.1 de la Ley en el que funda el motivo, más bien la contrario, lo que se plasma en éste es su discrepancia con las conclusiones alcanzadas por el Tribunal a quo, lo que es una cuestión atinente al tema de fondo, no residenciable en ese subapartado del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional.

Las valoraciones anteriores obligan, conforme a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley de la Jurisdicción, a declarar no haber lugar al recurso de casación, con expresa condena en costas a la parte recurrente y al amparo del articulo 139 de la Ley de la Jurisdicción, se señala como cantidad máxima a reclamar por el Abogado del Estado, la cantidad de 2400 euros y ello en atención; a), a que las costas se imponen por imperativo legal y en tales casos esta Sala, de acuerdo además con las propias normas del Colegio de Abogados de Madrid, exige una especial moderación; y b), al criterio reiterado de esta Sala del Tribunal Supremo en asuntos similares al de autos.