STS 1256/1995, 5 de Febrero de 1996

Por Infracción de Ley por la vía del art. 849.1 de la L.E.Criminal se invoca la inaplicación de los arts. 407, 302 y 51 del C.Penal, así como aplicación indebida de los arts.420 y 421.1 del C.Penal.

Se canaliza por la misma vía por inaplicación de lo establecido en los arts. 101.3º y 104 del C.Penal en relación con el art. 19 y resolución de 20.1.94 de la D.General de Seguros.

La representación del acusado Luis María basó su recurso de casación en los siguientes motivos:

Por Infracción de Precepto Constitucional por la vía del art. 5.4 de la L.O.P.J. se invoca la vulneración del art. 24.2 de la C.Española.

Por la misma vía se invoca vulneración del derecho fundamental a la Presunción de Inocencia del Artª 24.2 de la C.E..

Por la vía del art. 849.1 de la L.E.Criminal se invoca infracción por no aplicación de la eximente incompleta de legítima defensa del nº 4 del art. 8 del C.Penal.

La representación de Oscar basó su recurso de Casación en los siguientes motivos:

Se invoca por la vía del nº 2 del art. 849 de la L.E.Criminal.

Por la misma vía se invoca vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la C.E.

Por igual vía se invoca vulneración del principio pro reo consagrado por el art. 24.2 de la C.E.

Al amparo del nº 1 del art. 849 de la L.E.Criminal, se invoca infracción del art. 6 bis b).

Por la vía del nº 1 del art. 849 de la L.E.Criminal, por infracción del art. 421.1 en relación con el art.420 del C.Penal por indebida aplicación de la agravación contenida en el art. 421.1

Al amparo del nº 1º del art. 849 L.E.Criminal, por incidir el fallo en infracción del nº 7º del art. 8 del C.P. vigente al inaplicarlo.

Al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal por infringir el fallo el nº 10 del art. 8 del C.P. vigente al inaplicarlo.

Al amparo del nº 1º del art. 849 L.E.Criminal por incidir el fallo en violación, por inaplicación del nº 1º del art. 9 en relación con el nº 7º y/o 10º del art. 8 ambos del C.Penal vigente.

Al amparo del nº 1º del art. 849 L.E.Criminal, por incidir el fallo en violación, por inaplicación del nº 10 del art. 9 del C.P. vigente.

Al amparo del nº 1º del art. 849 L.E.Criminal, por incidir el fallo en violación por inaplicación del nº 8º del art. 9º del C.Penal vigente.

5. - Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el oportuno señalamiento se celebró la Vista prevenida el día 1 de diciembre de 1.995, manteniéndose el recurso por el letrado recurrente Dña. Josefa Olivares por Germán, informando en apoyo de su escrito de formalización y solicita se dicte sentencia de acuerdo con sus pedimentos. Por el letrado D.Mariano López por Luis María informe en apoyo de su escrito de formalización y solicita se dicte sentencia de acuerdo con sus pedimentos. Por el letrado de Oscar, se informa en apoyo de su escrito de formalización y solicita que se dicte sentencia de acuerdo con sus pedimentos.

Por el Ministerio Fiscal, se impugna los tres recursos formalizados y defendidos en este acto y solicita la confirmación de la sentencia por ser ajustada a derecho. Se han cumplido los requisitos legales excepto en el trámite para dictar sentencia, por acumulación de asuntos.

El primero de los motivos de recurso del condenado D. Oscar se articula al amparo del nº 2º del art. 849 de la L.E.Criminal por error de hecho en la apreciación de la prueba, citando como documentos demostrativos del error del Tribunal sentenciador el atestado y el acta del juicio oral.

La doctrina de esta Sala (Sentencias de 24 de enero de 1.991 y 22 de septiembre de 1.992, entre otras muchas) considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el art. 849.2º de la L.E.Criminal, es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa; 2º) Que este documento acredite la equivocación del juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar; 3º) Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la L.E.Criminal; 4º) Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

En el caso actual no concurren, en absoluto, los requisitos necesarios para la estimación del motivo. En efecto los documentos citados no son idóneos para fundamentar la prueba de error alguno del Tribunal sentenciador ya que no son documentos propiamente dichos sino pruebas de otra clase, aún cuando estén documentadas en la causa.

El recurrente cita como documentos a los efectos de acreditar el error del Tribunal sentenciador, el atestado policial y el acta del juicio oral. Es reiterada la doctrina de esta Sala en el sentido de que ni el atestado (Sentencias 13 de marzo de 1.987, 28 de octubre de 1.988, 26 de enero de 1.989, 15 de abril de 1.991, 9 de septiembre de 1.992, entre otras) ni las declaraciones de testigos y acusados obrantes en el acta del juicio oral (Sentencias de 24 de octubre de 1.988, 28 de febrero de 1.990 o 15 de marzo de 1.991) son documento en sentido propio a los efectos de acreditar error en la apreciación de la prueba por el Tribunal sentenciador. El motivo, por tanto, debe ser desestimado, sin que sea procedente, como pretende el recurrente, efectuar una nueva valoración de las declaraciones prestadas durante el juicio oral, lo que significaría desconocer tanto la naturaleza esencial del recurso de casación como la relevancia del principio de inmediación en la apreciación de la prueba.

El segundo de los motivos de recurso de este condenado, al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal invoca la violación del principio constitucional de presunción de inocencia.

En este trámite casacional la invocación de dicho derecho constitucional impone constatar que se ha practicado en el juicio oral prueba de cargo suficiente y legítima, pero sin que sea procedente entrar en la valoración de la prueba, que es competencia del Tribunal sentenciador.

En el caso actual se ha practicado legítimamente una abundante prueba de cargo, lo que no discute el recurrente, el cual discrepa de la valoración que de la misma efectúa la Sala. Dicha discrepancia valorativa es ajena al cauce casacional elegido, máxime cuando lo que discute el recurrente es el juicio de inferencia de la Sala acerca de la concurrencia de "animus laedendi", elemento subjetivo que la Sala deduce razonada y razonablemente de los datos objetivos acreditados, sin que concurra en absoluto el vacío probatorio que podría justificar el reproche a la sentencia impugnada de haber vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

En el tercer motivo de recurso se invoca nuevamente el derecho constitucional a la presunción constitucional de inocencia en relación con el principio "in dubio pro reo". El motivo tiene necesariamente que ser desestimado ya que para que la duda deba resolverse en favor del reo es necesario que exista, lo que no sucede en el caso actual en el que el Tribunal sentenciador no expresa duda alguna acerca de los hechos, declarando probados de forma contundente y clara los que representan la base fáctica de la condena impuesta al recurrente. La expresión citada por el recurrente "si Oscar, como tiene dicho estaba asustado y lo que pretendía era huir, no se comprende como no siguió por el camino, sentido Ossa de Montiel, en vez de, como hizo, enfilar el coche hacia el erial -donde, por las características del suelo las posibilidades de alejarse rápidamente eran menores- y además hacia el sitio donde precisamente estaban los hermanos Luis María Germán ", no expresa una duda, como pretende el recurrente, sino que valora ponderadamente una declaración exculpatoria, descartando la versión del recurrente que no resulta aceptable como verosímil al contrastarla con la lógica y la propia dinámica de la acción.

El cuarto motivo de recurso, al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal, alega infracción por falta de aplicación del art. 6 bis b) del C.Penal, por estimar que el hecho se produjo por mero accidente.

El cauce casacional obliga a respetar los hechos probados; en los mismos se describe una actuación en la que el recurrente con el fin de arrollar a Luis María y Germán y dañar su integridad física, lanzó el vehículo sobre ellos, lo que configura una actuación deliberada incompatible con el caso fortuito cuya aplicación se invoca.

También por infracción de ley, al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal se denuncia la violación del nº 1º del art. 421 del C.Penal al entender el recurrente que no se debió valorar la utilización del automóvil como un instrumento susceptible de causar grave daño.

El art. 421.1º del C.Penal considera como agravación de las lesiones que en la agresión se hubiesen utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, modos o formas susceptibles de causar graves daños en la integridad del lesionado o reveladores de una acusada brutalidad de la acción. Como señala la sentencia impugnada es evidente que un turismo, que fue el medio empleado para la agresión, por sus características, es susceptible de causar graves daños, que es la "ratio legis" de la agravación. Tanto el desvalor de la acción como el desvalor del resultado (el peligro para la integridad física de la víctima) son mayores cuando se utiliza deliberadamente un vehículo en marcha para causar lesiones arrollando o atropellando a la víctima. El motivo debe ser desestimado.

En sus motivos sexto al décimo el recurrente aduce infracción de ley a través del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal, alegando la falta de aplicación de las eximentes de estado de necesidad, -nº 7 del art. 8 del C.Penal- (motivo sexto), de miedo insuperable (nº 1º del art. 8 del C.Penal, motivo séptimo), las mismas circunstancias en su calidad de eximentes incompletas (nº 1 del art. 9 del C.Penal, motivo octavo) y las mismas circunstancias como atenuantes analógicas (nº 1º del art. 10 del C.Penal, motivo noveno).

Dichos motivos deben ser desestimados dado que de los hechos probados no se deducen los presupuestos fácticos necesarios para la apreciación de las circunstancias alegadas ni como eximentes completas o incompletas ni como atenuantes, siendo obligado en el cauce casacional del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal respetar los hechos que el Tribunal sentenciador ha declarado acreditados.

RECURSO DE D. Germán.

En el primer motivo del recurso del perjudicado D. Germán, al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal, se denuncia la falta de aplicación de los arts. 407, 3.2 y 51 del C.Penal y en el segundo la aplicación indebida de los arts. 420 y 421.1º del mismo texto legal, planteando ambos motivos el mismo tema: que el hecho debió ser calificado como homicidio frustrado y no como lesiones, al entender que la conducta del condenado estuvo presidida por un "animus necandi" y no "laedendi".

Ambos motivos deben ser desestimados, respetando el criterio del Tribunal sentenciador, que en el apartado 2º del Fundamento Jurídico Segundo motiva de modo adecuado y suficiente su juicio de inferencia, fundamentando de una forma razonada y razonable porqué estima que no existió en el acusado ánimo de matar y sí únicamente de herir, motivación que no cabe calificar, en absoluto, de errónea, arbitraria o ilógica, por lo que procede hacerla nuestra.

Asimismo procede también desestimar el tercer motivo del recurso de este procesado que impugna el "quantum" de la indemnización concedida, dado que ésta se estima ponderada y justa atendiendo a las circunstancias concurrentes acertadamente valoradas por el Tribunal de Instancia, sin que quepa apreciar infracción de ley alguna.

RECURSO DE Luis María

El recurso del condenado Luis María plantea en primer lugar la supuesta vulneración del derecho al Juez Predeterminado por la ley por haber actuado como Ponente en la Sentencia un Magistrado distinto del que figuraba como tal en la providencia inicial de 1.988 (el juicio se celebró en 1.994). El Juez Predeterminado por la Ley es la Audiencia Provincial de Albacete y no una determinada composición de la Sala. En el caso actual el Magistrado que actuó finalmente como Ponente integraba la Sala desde un primer momento, figurando en la providencia inicial de incoación del rollo de Sala de 23 de agosto de 1.988 y ha formado parte en todo momento de la Sala (Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Albacete) que tramitó el procedimiento ante la Audiencia y a la que correspondía el enjuiciamiento, figurando en las sucesivas resoluciones (providencia de 15 de marzo de 1.989, Auto por el que se revoca la conclusión del sumario de 17 de abril de 1.989, Providencia de 20 de abril, 13 de octubre, 16 de marzo de 1.989, así como Providencias de 7 y 22 de noviembre de 1.991, Auto confirmando la conclusión del sumario, una vez devuelto tras la revocación de 17 de diciembre de 1.991 (folio 46), Auto de Apertura del Juicio Oral, de la misma fecha (folio 47), Providencia de 17 de marzo, 27 de abril y 16 de junio de 1.992, Auto de señalamiento del Juicio Oral y admisión de pruebas de 3 de noviembre de 1..992, etc., e incluso figuraba en la Portada del Rollo como Magistrado Ponente. Es decir que la parte recurrente tenía pleno conocimiento de que el Magistrado que actuó como Ponente en la sentencia era uno de los que integraban la Sala sentenciadora y que a lo largo de todo el procedimiento ante la Audiencia (que por diversas vicisitudes, incluídas la revocación de la conclusión del sumario, se dilató notablemente) participaba en las sucesivas resoluciones adoptadas, sin que en momento alguno se plantease la posibilidad de su recusación, siendo idénticas las causas legales de recusación para los ponentes que para los demás miembros del Tribunal. No ha habido, por tanto indefensión alguna para la parte recurrente que conociendo durante años la integración del Ilmo.Sr.Espinosa Serrano en la Sala encargada del enjuiciamiento no formuló recusación alguna, -obviamente porque no concurría causa legal para ello- razón por la cual procede desestimar el motivo.

El segundo motivo del recurso de este condenado alega vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Como ya se ha señalado al amparo de este motivo no procede interesar una revisión de la valoración probatoria. En el caso actual existe una abundante y legítima prueba de cargo, practicada regularmente en el acto del juicio oral, y analizada de modo razonable y razonado en el fundamento jurídico 1º1 de la sentencia impugnada, de la que se deduce que los disparos fueron realizados por el acusado. La Sala sentenciadora, ante cuya presencia se practicó la prueba, valora las declaraciones testificales y justifica sobradamente la referida conclusión. El motivo debe ser desestimado.

Por último se alega por el referido condenado, como tercer motivo de su recurso y al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal, la infracción por falta de aplicación del art. 8.4º del C.Penal, eximente de legítima defensa.

Como ha señalado esta Sala (sentencia 27 de diciembre de 1.985, entre otras), la legítima defensa, como causa excluyente de la responsabilidad penal, necesita para poderla apreciar, como primer y esencial requisito, la concurrencia de una agresión ilegítima, verdadero eje, piedra angular o espina dorsal sin la cual no puede aplicarse la circunstancia eximente ni como completa ni como incompleta, consistiendo en un ataque material o físico, grave, real y efectivo y, desde luego, actual o al menos inminente, sin que pueda ser admitida con referencia a un supuesto ataque producido con anterioridad y totalmente concluido, es decir en un momento en el que los supuestos atacantes se encuentran huyendo, alejándose de quien pretende la aplicación de la eximente, y que actúa en realidad con ánimo vindicativo y no defensivo. En el caso actual los hechos probados son expresivos pues fué despúes de que hubiese cesado el acometimiento cuando el recurrente "efectuó dos disparos en dirección al turismo susodicho, el cual, que continuaba su marcha, había cambiado de rumbo para salir del erial, impactando uno de ellos en el neumático trasero y el otro en una piedra. Seguidamente Luis María (el recurrente) se dirigió corriendo a otro punto del erial con el fin de tener más a tiro a los ocupantes del turismo, y ya desde ese punto, cargando nuevamente la escopeta, efectuó, con ánimo de matar a Pedro Antonio, otros dos disparos, en esta ocasión postas que penetrando por la ventanilla trasera derecha del turismo, atravesaron el reposacabezas del asiento ocupado por dicho Pedro Antonio e impactaron en el mentón, pecho y brazo derecho de éste...". No existe, por tanto, ningún acometimiento actual sino un intento de fuga de la víctima, abortado por la actuación vindicativa, que no defensiva, del recurrente. El motivo debe ser desestimado y con él, la totalidad del recurso.

III.