STS, 24 de Marzo de 1996

En la causa seguida por el delito de apropiación indebida contra Gabriel, Inocencio, Mauricioy Carlos Manuelrecayó sentencia absolutoria por la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid.

Recurre contra tal fallo la acusación particular, a cargo del DIRECCION000. con un variado recurso de casación en que como expresa el propio encabezamiento de dicho escrito de formalización del recurso, se interpone por infracción de Ley, infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, y se desarrolla en nueve diferentes motivos.

En su examen por esta Sala, deben anteponerse los motivos pro forma, no sólo por motivos lógicos, sino por imperativo legal de los artículos 901 bis a), 901 bis b) y 902 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tan sólo en el supuesto de desestimación de tales motivos de quebrantamiento de forma, examinará este Tribunal los motivos que aducen vulneración de precepto constitucional y, por último, los motivos de infracción de ley penal, pero anteponiendo los de error de hecho sobre los de error iuris.

MOTIVOS DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

El recurso dedica los motivos tercero y cuarto. El primer de éstos, se ampara en el nº 1º del art. 850 de la Ordenanza procesal penal y denuncia denegación de prueba testifical propuesta que motivó la oportuna protesta de la parte recurrente. Se insiste por la parte recurrente en que la prueba era pertinente, útil y esencial y resulta incoherente la afirmación de la sentencia recurrida porque tal prueba tendría que practicarse por medio de comisiones rogatorias y entiende paradójico que tras haber inadmitido la prueba, se descubre en momento posterior la pertinencia y utilidad de la misma, pero no realizó los actos necesarios para llevarla a cabo y llegado el caso no suspendió el juicio oral.

Para percatarse de lo realmente acaecido, conviene precisar que en el escrito de calificación provisional de la acusación particular -folio 78 y 78 vº del Rollo de Sala de instancia- se solicitaba la citación como testigos de Don Juan Francisco, Don Alexandery Don Mariano, los dos primeros residentes en Brasil, diciendo que debiera hacerse por Comisión rogatoria en los domicilios que señalaban. Por auto de 5 de septiembre de 1994 y en su fundamento jurídico tercero se declaró no haber lugar a citar a tales testigos, "sin perjuicio de la valoración de la prueba indicada a resultas de la vista oral". Señalada la Vista para el 19 de octubre de 1994 se suspendió, a instancia del Ministerio Fiscal y de la totalidad de las partes, ante la incomparecencia de algunos testigos, y en tal acto el Letrado de la acusación particular manifestó que podía contactar con tal entidad (DIRECCION000) y que podían hacerse las citaciones de los tres empleados de dicho Banco por su mediación, accediéndose a ello por el Tribunal, pero apercibiendo a dicha parte, que de no comparecer al próximo llamamiento no se suspenderá el juicio oral por este motivo. La nueva Vista del recurso se celebró el 18 de mayo de 1995, sin que la parte proponente trajera a dichos testigos.

El motivo tiene que ser desestimado. Desde la perspectiva de la denegación provisional de tal prueba, porque si bien es cierto que la parte proponente de la prueba formuló la oportuna protesta, no explicitó las preguntas que pretendía formular a tales testigos, lo que se exige inexcusablemente para que el Tribunal quede debidamente informado de la relevancia de la prueba y pueda calibrar con fundamento su importancia y trascendencia, de cuya doctrina se ha hecho eco el propio Tribunal Constitucional -sentencias de 7 de diciembre de 1983 y 26 de marzo de 1990- y de esta propia Sala de Casación -sentencias, por todas, de 5 de marzo de 1987, 29 de febrero de 1988, 31 de octubre de 1990, 18 de octubre de 1991, 10 de julio de 1992, 1391/1993, de 7 de junio y 180/1995, de 15 de febrero-. Pero, con independencia de lo expuesto, se produjo una novación, comprometiéndose la parte ahora recurrente motu propio, sin condicionante alguno, a traer a tales testigos y aceptó la manifestación del Tribunal que no se suspendería el juicio oral por su incomparecencia. No puede ahora dicha parte, sin quebrantar la lealtad procesal y la buena fe, plantear este motivo formal, cuando una carga que asumió espontáneamente no la ha cumplido y ello, con independencia de lo fácil que resultaría a la parte acusadora, ahora impugnante, hacer comparecer a unos empleados suyos en un plenario.

El motivo debe ser desestimado.

El cuarto motivo se acoge a la vía casacional del art. 851,1º inciso primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncia que la sentencia recurrida no expresa de manera clara y terminante si la DIRECCION002de Madrid tenía conocimiento de la existencia de dos contabilidades y cual era la que remitía a la citada DIRECCION002de Madrid.

Sostiene además que tan sólo si la Caja citada conocía la existencia de esa doble contabilidad llevada por el DIRECCION000sobre su cuenta tesorera tendría razón el relato histórico y añade que para que este relato histórico tuviese alguna virtualidad sería imprescindible que la DIRECCION002de Madrid también recibiera del DIRECCION000la contabilidad real (es decir, aquella en que se adeudaban los sedicentes préstamos al Sr. Inocencio), lo que tampoco aparece en ningún lado de la sentencia.

El motivo tiene que perecer.

El vicio procesal denunciado en la sentencia de falta de claridad en los hechos probados concurre cuando el relato histórico de la resolución está redactado de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que aquella aparece estructurada, el pronunciamiento final (condenatorio o absolutorio), por la presencia de ambigüedades, dudas, vacilaciones o lagunas esenciales, o la necesaria precisión y categoría sobre elementos esenciales que sirvan a la descripción típica -sentencias, por todas, de 10 de mayo de 1984, 4 de julio de 1985, 6 de marzo de 1986, 18 de julio de 1987, 15 de abril, 24 de septiembre y 16 de octubre de 1991, 17 de enero, 27 de febrero, 13 de abril, 6 de mayo, 1 y 8 de junio, 14 de septiembre y 31 de octubre de 1992, 107/1993, de 20 de enero y 777/195, de 13 de junio-. Pero nada de esto ocurre en el caso traído ahora a la censura casacional, donde el relato fáctico fluye con toda claridad, sin oscuridades o frases y periodos ininteligibles y donde todo lo expresado resulta de fácil y sencilla comprensión.

El motivo debe ser desestimado. En todo caso, tiene razón el Ministerio Fiscal al destacar que el DIRECCION000llevaba doble contabilidad, como expresa el factum, pero como la DIRECCION002llevaba la suya bien, como era su obligación, conocía si la que se le presentaba era la auténtica o la falsa. Por eso, se esclarece a la parte recurrente con tal explicación la sentencia absolutoria dictada, como el propio motivo proclama in fine.

MOTIVOS DE VULNERACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL

El motivo primero se acoge a la vía casacional del art. 5,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y denuncia vulneración del principio de la tutela judicial y de que pueda producirse indefensión, porque en el fundamento jurídico segundo respecto al documento obrante a los folios 7 a 9 de la causa supone una apariencia de justicia.

En realidad el Tribunal de instancia resolvió tal cuestión y no se infringió derecho constitucional alguno. Lo que de forma encubierta parece denunciarse en el motivo es un error de hecho en la apreciación de la prueba.

Esta Sala en su actividad de censura casacional tiene que proclamar que la resolución es motivada y aunque ello no implique, ni tenga por qué ser exhaustiva la argumentación y razonamiento, ni mucho menos que convencer y contentar a la parte recurrente, el órgano a quo ha seguido una interpretación lógica y razonable.

No se puede poner el acento, como hace la parte impugnante, en cuestionar la tutela judicial efectiva y aducir su vulneración cuando se trata de la interpretación de un documento y tal hermenéutica se ha producido con diversas pruebas que la Sala de instancia valora y aprecia libremente. la interpretación de la audiencia no es irracional y lo que pretende la parte acusadora recurrente es realizar una valoración distinta, propia, personal y subjetiva, en lugar de la objetiva, imparcial y oficial del órgano a quo.

El motivo, pese a su inteligente montaje y brillantez dialéctica, carece de fundamento y razón, porque el derecho que proclama conculcado consiste en obtener de los Tribunales una resolución, pero no el de conseguir una decisión acorde con sus pretensiones o intereses formulados. Es un derecho fundamental que se satisface siempre que el órgano judicial competente haya resuelto en Derecho y razonadamente sobre las pretensiones deducidas en el proceso -sentencias del Tribunal Constitucional 126/1984, de 26 de diciembre, 4/1985, de 18 de enero, 24/1987, de 25 de febrero, 47/1990, de 20 de marzo, 93/1990, de 23 de mayo y 42/1992, de 30 de marzo-. Tan solo supondría un desconocimiento de tal derecho, la negativa a pronunciarse sobre el fondo del asunto, que careciera manifiestamente de base legal alguna -sentencia 212/1991, de 11 de noviembre-.

Tiene razón el Ministerio Fiscal que lo que el motivo denuncia no es otra cosa que la falta de motivación, pero para ello hubiera debido utilizar la vía del quebrantamiento de forma del nº 3º del art. 851 de la Ley procesal penal y ello leva a la conclusión de que el motivo no está debidamente planteado y, pese a su ropaje y amparo en la Carta Magna, debió ser inadmitido en precedente trámite y ahora debe ser desestimado.

Por el mismo cauce procesal que el precedente, el motivo segundo denuncia el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, reconocido en el art. 24,2 de la Constitución, al denegarse la prueba testifical de los Señores Alexander, Marianoy Juan Francisco.

Esta Sala, para evitar repeticiones innecesarias, tiene que remitirse al ordinal segundo de estos fundamentos jurídicos para dar una condigna respuesta al motivo, arropado con la vulneración de un derecho fundamental, pero que olvida que el art. 656,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con respecto a los testigos, permite a la parte hacerles concurrir, sin citación del Tribunal y a ello se había comprometido el Abogado de la acusación que aceptó el acuerdo del Tribunal de no suspender el juicio por su incomparecencia.

MOTIVOS DE INFRACCION DE LEY

1. ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA.

Los motivos quinto, sexto y séptimo del recurso se acogen a la vía del art. 849,2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncian diversos errores, a juicio de la parte impugnante. Así y con respecto al motivo quinto, se aduce como error el afirmar en el párrafo segundo del relato de hechos probados: "Acreditado que en el DIRECCION000se llevaba para el caso una doble contabilidad, una a efectos puramente internos en que se reflejaban la realidad de las operaciones con los consiguientes cargos en la cuenta de tesorería de la DIRECCION002y otra a efectos externos en la que no aparecían dichas operaciones" y asímismo en el fundamento jurídico segundo "que la doble contabilidad que resulta de estos documentos, la una que podemos denominar "A" en que se recoge un saldo de casi 600 millones de pesetas, como si de la cuenta tesorera de la DIRECCION002de Madrid no se hubiera detraído cantidad alguna y la otra que denominamos "B" que resultaría ser la real con un saldo de prácticamente la mitad, aparecen ambas firmadas por dicho Señor (D. Juan Francisco)", recogiéndose seguidamente que tal Sr. Director del DIRECCION000, había firmado "la existencia de un saldo falseado con destino a entidades de control". Finalmente, entiende el motivo que la sentencia impugnada yerra al afirmar en el fundamento jurídico segundo, pág. 8: "Ya con pleno conocimiento, ya con activa complacencia de los directores del Banco, conocían las operaciones realizadas por Gabriela favor de Inocencioy otros".

Tales errores, a juicio del recurrente, se deducen de diversos escritos obrantes a los folios 27, 28, 211, 208, 207, 209, 210, 275, 276 y 277, 658, 656, 674, 675, 662 y 663 del sumario y otros de la pieza de documentos. El motivo sostiene que yerra la sentencia al afirmar que por los superiores del Sr. Gabrielen el DIRECCION000se conocía que los cheques emitidos con cargo a su cuenta del Banco de España estaban siendo entregados al Sr. Inocenciocomo crédito para el mismo y a instancias del Director de la DIRECCION002de Madrid.

El motivo tiene que perecer. Ninguno de los múltiples escritos, aducidos para demostrar el error o equivocación del Juzgado de Instancia revisten el genuino y propio carácter documental para abrir la vía del error de hecho en la apreciación de la prueba, pues carecen de la literosuficiencia por sí mismos, por eso los tiene que adicionar el impugnante en bloques documentales, pero que tampoco en su conjunto revisten la exigencia de demostrar por sí mismos, sin otros corroborantes y sin duda posible la realidad de lo expresado. Aparte de ello, lo que por sí desencadena ya la desestimación del motivo, están desvirtuados por otras pruebas personales practicadas en el plenario con los principios de oralidad, contradicción o inmediación y que son objeto de libre apreciación por la Sala de instancia.

Mas con independencia de ello, el tema de si los directivos del Banco recurrente conocían las operaciones realizadas por el Sr. Gabriel, que niega el motivo, pretendiendo con los sedicentes documentos el desconocimiento de los superiores, la sentencia proclama con toda rotundidad que este ocupaba el tercer nivel o escalón en el Banco y tenía amplias facultades de gestión que excedían de un cargo nominal en el departamento de extranjeros y tesorería y estaba de facto autorizado a realizar más ambiciosas operaciones, pero desde luego con el control y supervisión de la dirección de la entidad.

La parte impugnante admite la maquinación de disposición de fondos en la cuenta tesorera de la DIRECCION002de Madrid haciéndoles llegar a través de talones contra la cuenta del DIRECCION000en el Banco de España a Inocencio, pero niega que ello fuera conocido de los directivos de la entidad bancaria extranjera. La prueba testifical que ha acreditado lo precedente no se desvirtúa por los escritos aducidos. Si lo hubiera sido con el testimonio en el plenario de los directivos, a la par que denunciantes, pero que no han querido colaborar, ni aportar dato alguno sobre lo ocurrido. Tanto la prueba testifical aludida, como la no colaboración procesal de tales directivos proclaman cuanto explicita la Sala de instancia. En todo caso y como un indicio más a la suma de los plurales existentes, está su patente falta de control y supervisión inexplicable en una entidad bancaria extranjera en España de lo realizado por sus inferiores.

La inferencia realizada por el órgano a quo, consta de una pluralidad convergente de indicios y la operación no es descabellada o ilógica y tiene que mantenerse.

En cuanto al otro extremo relativo a que el citado Gabrielllevaba una doble contabilidad para ocultar tanto al DIRECCION000como a la DIRECCION002de Madrid las entregas del dinero a Bartolomé, choca de forma frontal a lo destilado por la apreciación de la prueba en el hecho probado, párrafo segundo referido al DIRECCION000y para llegar a tal afirmación se basa en un Informe de Inspección, recogido en el sumario (folios 1089 y ss.) en donde aparece la doble contabilidad, con una primera A, como si de la DIRECCION002no se hubiera detraído suma alguna y la otra real con saldo diferentes y ambos aparecen firmados por Juan Franciscoque el denunciante de los hechos y que ahora pretende ignorar tal anomalía contable. Su doble firma en ambos supone un conocimiento de tal duplicidad.

El motivo debe ser desestimado por ello.

Igual suerte desestimatoria ha de correr el motivo sexto que denuncia el error de la sentencia impugnada que recoge que cuando el DIRECCION000liquidó con la DIRECCION002de Madrid la cuenta tesorera de ésta en aquel en 1989, "lo hace con una cantidad que viene a ser análoga a la que se hace constar en la contabilidad real o que hemos denominado «B>> no es en todo caso por la cifra de los 600 millones de pesetas de la contabilidad «A>>" y que ""se descuentan los préstamos concedidos en nombre o con dinero normal de aquel pero con cargo a esta". Ambos párrafos figuran en el fundamento jurídico cuarto, pero con base de dato fáctico. Entiende el motivo que tales afirmaciones son erróneas. Aquí el recurrente acude al rollo de Sala, al acuerdo de 28 de junio de 1989, entre ambas entidades, a los folios 212 a 218, 142, 163 y otros del sumario, para señalar que son los saldos de la contabilidad aparente los que ascienden a 600 millones de pesetas.

El hecho probado señala en su párrafo sexto "in fine": "El DIRECCION000ha liquidado cuentas con la DIRECCION002relativas a la tan repetida cuenta corriente tesorera, reintegrando a ésta en concepto de capital más intereses la suma de 461.000.000 de pesetas, procediéndose de común acuerdo a cancelar dicha cuenta con fecha 28 de julio de 1989".

Se pretende ahora que en tal liquidación no se descontaron las sumas correspondientes a los talones del Banco de España entregadas al Sr. Gabriel, cantidades que la DIRECCION002no devolvió a aquel Banco, por lo que ha sufrido un perjuicio. Pero si ambas entidades crediticias de común acuerdo zanjaron sus cuentas y existieron discrepancias, tal hecho nuevo no fué discutido en el acto del juicio oral, ni resuelto en la sentencia y repudiado por la doctrina casacional, o si no se realizó de forma debida tal liquidación, procedería su impugnación en forma adecuada, pero no en unas alegaciones pretendiendo acreditar errores fácticos no demostrados con los documentos alegados.

El motivo séptimo, por el mismo cauce que los dos precedentes, denuncia error producido en la sentencia recurrida cuando expresa que Gabrielcarece de antecedentes penales, cuyo error se comprueba al folio 906 del sumario consistente en un certificado de antecedentes penales del mismo con fecha 14 de abril de 1987. Consta que el mismo fué condenado en 23 de diciembre de 1978 por un delito de apropiación indebida a la pena de tres años de prisión menor.

A juicio del motivo, existe un claro error en la apreciación de la prueba. Ciertamente que dicho Señor fué condenado el 23 de diciembre de 1978 a la pena de tres años de prisión menor. Aunque no queda clara la fecha en que tal resolución quedó firme; por no aportarse la liquidación de condena, al no constar si el mismo sufrió prisión preventiva, ni se le aplicó alguno de los indultos generales, por lo que debe estimarse que sus antecedentes penales estaban cancelados.

Con independencia de cuanto antecede, al folio 906 de las actuaciones tan solo consta que Gabriel, hijo de Isidroy de Maite, natural de Villafranca de los Barros (Badajoz), nacido en el año 1930, fué condenado en sentencia de 23 de diciembre de 1978 en la causa 44/1970, a la pena de tres años de presidio menor. Con tan solo dicho datos y al no aclararse la fecha en que tal resolución fué declarada firme, no haberse aportado liquidación de condena y no especificarse si el penado sufrió o no prisión preventiva y asímismo si se le aplicó o no alguno de los indultos generales dictados en tales fechas, queda la duda, que debe resolverse en favor del interesado, si en la fecha de los hechos, meses anteriores a octubre de 1985 tenía sus antecedentes penales cancelados.

Mas con independencia de cuanto antecede y ello es de destacar, el hoy recurrente en sus calificaciones definitivas no apreció la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad del acusado. Tal cuestión supone una cuestión nueva repudiada en este trámite casacional.

2. ERROR DE DERECHO.

El motivo octavo y último se acoge al cauce casacional del art. 849,1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declara la inaplicación de los artículos 528, 529,7ª y 69 bis del Código Penal.

El inatacable hecho probado no describe engaño alguno, al punto que en los propios fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida se motiva la ausencia del engaño en base a los hechos probados. Así el engaño bastante, esencial en esta clase de infracciones se halla totalmente ausente y asímismo se encuentra igualmente ausente el ánimo de lucro en los acusados. Para demostrar tal extremo basta referirse al testimonio de Héctor, al informe técnico prestado por el Sr. Juan, las manifestaciones del Director a la sazón de la DIRECCION002de Madrid, así como la ausencia de acuerdo entre el Sr. Gabriel, los dos comisionistas y el Sr. Inocencio. Por muchos esfuerzos dialécticos del recurrente, no puede hablarse de un enriquecimiento de los acusados, ni un empobrecimiento de la víctima, por lo que el motivo tiene que perecer.

Por el mismo cauce que el precedente, el noveno y último motivo denuncia la inaplicación de los artículos 302,4º y 303 del Código Penal, en cuanto a la conducta de Gabriel. El Tribunal de instancia declaró no constar quien fuera el autor material de la alteración de la verdad y la propia parte recurrente que no puede afirmar la verdadera realidad, a la vista de la doble contabilidad, a la vista del fundamental principio de la presunción de inocencia que consagra el art. 24,2 de la Constitución Española, debe estimarse correcto por la sala de instancia no haber aplicado los preceptos penales que se dicen indebidamente aplicados.

El motivo debe ser desestimado y, como consecuencia, también el recurso. III.