STS, 23 de Enero de 1995

La Audiencia Provincial de Cáceres dictó la sentencia 8/94, de 1 de febrero, por la que condenaba a Ildefonsopor los delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, estafa y coacciones y a Silviopor un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular. Ambos acusados han recurrido en vía casacional dicha resolución y articulan sus respectivos recursos en cuatro diferentes motivos, coincidentes sustancialmente, pese a ser dirigidos por diferentes defensores, los dos primeros motivos por quebrantamiento de forma, coincidiendo los dos siguientes de infracción de Ley, pues el tercero del primer recurrente viene a ser semejante al cuarto de su compañero y viceversa.

Ello permite a esta Sala un examen conjunto de ambos recursos, sin perjuicio de matizar, en su caso, las peculiaridades de cada uno.

Como ya ha quedado expuesto el primer motivo de ambos recursos se articula como quebrantamiento de forma con base en los artículos 238,3 y 240,1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del artículo 24 de la Constitución Española y de una interpretación extensiva de los artículos 850 y 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ambos impugnantes postulan la nulidad de las siguientes actuaciones: a) Las declaraciones de Silvioobrantes a los folios 22 vº y 181 de las actuaciones y b) Los prestados por Tomás, Augusto, Rodrigo, Baltasar, Vicentey Alvaroque aparecen en los folios 189 y 191 a 195 y de todas las actuaciones en que intervinieran como DIRECCION002o DIRECCION003, Don Alberto, Don Felixy cualquiera de los hermanos Rosendoe Erica.

Sostienen los recurrentes que la Audiencia basa su argumentación probatoria del delito de falsedad en la declaración prestada por tales testigos ante el Juzgado de Paz de Nuñomoral y negadas después en el plenario.

Se sostiene en los correlativos motivos que las declaraciones del acusado, hoy recurrente, Silviofueron firmadas ante el Secretario, Rosendo, hermano de la denunciante y enemigo y denunciante también de los acusados y la primera declaración ante Erica, parte activa en este procedimientos.

Ya atribuyó el acusado, Silvio, graves imputaciones, al negar en el acto del juicio oral los extremos de sus declaraciones prestadas ante el Juzgado de Paz -folios 22 vº y 181- pero ello fué analizado por la propia Sala de instancia en el fundamento jurídico tercero de su sentencia, con unos argumentos y razones de tal lógica y sentido que este Tribunal de casación tiene que hacer suyos y ratificar plenamente.

Entonces se atribuyó la intervención como DIRECCION003en ambas declaraciones a Jose Enrique, ahora se pretende que la primera lo fué ante la hermana de este y parte acusadora en la causa, pero ello, a más de no estar demostrado, supone el planteamiento de una cuestión nueva, tema totalmente proscrito en casación. Se hace preciso recordar aquí que la doctrina jurisprudencial es contraria al acceso a la casación de las "cuestiones nuevas", admite, tan sólo aquellos supuestos en que sin proposición de parte, la narración fáctica evidencia la apreciación de una circunstancia modificativa determinada -sentencias de 21 de diciembre de 1984, 22 de julio de 1986, 9 de abril de 1987, 18 de enero de 1990, 16 de mayo de 1991, 14 de abril de 1992 y 246/1993, de 8 de febrero-. Con tal planteamiento de una cuestión nueva se conculcan los principios de bilateralidad y contradicción fundamentales del proceso penal, al no haber permitido a la otra u otras partes cuestionar tales alegaciones.

En cuanto a las deposiciones testificales de Tomásy otros, este tema, traido ahora a la censura casacional, ya fué resuelto en la instancia. Todos ellos afirmaron ante el Juzgado de Paz no haber visto trabajar en las obras Comunitarias a Ildefonsoy luego en el acto del juicio negaron que hubieran realizado tales declaraciones, diciendo que firmaron en blanco o que al menos no sabían lo que firmaban y lo realizaron tanto en el Juzgado como en el bar y que creían que era para pedir el agua o el repetidor de televisión.

Esta Sala nuevamente tiene que aceptar los razonamientos del órgano a quo , pues existen declaraciones contrarias, como la de Javier, que a cada una de las preguntas formuladas afirma que no lo sabe o no lo recuerda -folio 187- y otro tanto ocurre con la de Augusto-folio 357- que también fueron tomadas por tal Secretario o recogidas por el mismo y la cosa llega a más, porque la propia retractación de Aureliose produce ante el Secretario del Juzgado de Paz de Nuñomoral -folio 33 del rollo de Sala-. Estos datos contradicen lo manifestado por los recurrentes y a los argumentos de la Audiencia que esta Sala acepta y tan importantes como el dato de que si hubiera existido manipulación o alguna queja seria debieron denunciarlo formalmente, ya que las representaciones hacen referencia a conductas delictivas, haciéndolo patente ante el Juzgado de Instrucción de Plasencia o ante la Audiencia Provincial.

Los recurrentes vuelven ahora con cuestiones nuevas -ambas referidas a los que intervinieron como Jueces de Paz en tales declaraciones- y una vez más este Tribunal de Casación tiene que hacer referencia al tema de las cuestiones nuevas y a su improcedencia casacional.

Al cuestionarse ahora la imparcialidad del Juez de Paz, con alegaciones referentes a que no estaba presente en tales declaraciones y que los documentos del Juzgado los firmaba juntos y al final, no pasan de constituir manifestaciones realizadas muy extemporáneamente y carentes de todo acreditamiento. Abandonados los recurrentes por este camino, llegan a afirmar que firmó una denuncia contra el acusado Ildefonso- folio 51- lo cual es totalmente inexacto, pues al citado folio lo que aparece es un documento municipal. Parece que quiere referirse el motivo al documento obrante a los folios 60 y 61 y repetido a los 74 y 74 vº, pero dicho escrito es un documento de contestación o respuesta a la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Territorial -hoy Tribunal Superior de Justicia- y que se encuentra dentro de los cometidos del Juzgado de Paz en su relación gubernativa jerárquica con sus superiores judiciales, pues si cualquier Juez es independiente en su función jurisdiccional, tiene funciones ajenas a lo puramente judicial y tal escrito se encuentra en dicha actividad extraprocesal.

Otro tanto ocurre con el documento obrante en el folio 59 donde participa al Excmo. Sr. Presidente.

Tampoco empece a su función el que, citado como testigo, depusiera en el plenario e hiciera las manifestaciones en conciencia y verdad y nada de ello, por mucho que se magnifique se exagere o deforme, como realiza el motivo, supone algo determinante de nulidad. Este Juez no presenta causa alguna de abstención, ni fué recusado y no puede ahora, prolongando una alegación rechazada con condignas y suficientes argumentos, incidir en la misma línea bajo aspectos diferentes que por su novedad y alojamiento de la instancia, rechinan como cuestiones nuevas. La cosa aún se exagera con relación al otro Juez de Paz sustituto, que actuó por ausencia o impedimento del titular, Don Felix, que el propio recurrente sólo atribuye una intervención, la declaración prestada por Augusto, que, por cierto tal y como aparece al folio 183 es una declaración incompleta a la que no sólo falta el texto de lo manifestado por tal testigo, sino las propias firmas hallándose tan sólo el encabezamiento de dicha declaración. La otra declaración, a la que parece referirse el motivo, obrante al folio 357, no parece una declaración muy relevante en el terreno incriminatorio del acusado Augusto, y en todo caso es en el acto del plenario donde este testigo manifestó con todo detalle como se confeccionaban las nóminas -obrantes a los folios 46 a 49 de la instrucción- lo que patentiza la falsedad por la que aparecen condenados ambos recurrentes.

Se dice que este Juez de Paz fué denunciante ante el Fiscal y se le atribuye una de las firmas que se encuentran al folio 2 vº. No es misión del Tribunal de Casación realizar comprobaciones grafológicas, pero, en todo caso, tiene que proclamar que el escrito figura suscrito por tres denunciantes, Aurelio, Gerardoy Jesús Luis, de los que se expresan sus circunstancias y su D.N.I., todos ellos Vocales, además, de la Junta Local del Plan Comunitario, que son los que ratifican en Cáceres ante el Excmo. Sr. Fiscal su denuncia -folio 3- y en Plasencia, se les recibe declaración y se les hace el ofrecimiento de acciones -folio 4-.

Para desarbolar el inane andamiaje del motivo, basta tener en cuenta que el recurrente Ildefonso, el verdadero artífice, según la sentencia de instancia de la falsedad en documento oficial, no ha prestado declaración por esta causa en el Juzgado de Paz, sino en el de instrucción de Plasencia.

Si la enemistad de jueces de paz, titulares y suplentes y Secretarios de dicho Juzgado, se produce contra tal persona, porque la denunciante y acusadora solo imputa coacciones a Ildefonso, como DIRECCION000, extender tal situación a testigos e incluso al otro acusado, ajeno totalmente a tal denuncia, solo parece realizarse para sembrar confusión, levantar sospechas e infundios en favor del principal responsable.

Las imputaciones, muy graves, realizadas contra el Secretario del Juzgado de Paz, referentes a que recogía firmas en blanco y rellenaba las declaraciones no son admisibles con única finalidad defensiva en el plenario o en la casación, pues de ser tales hechos ciertos, pesaba el deber y obligación de denunciarlos en forma ante la autoridad judicial, asumiendo las responsabilidades como denunciante falso a acusador calumnioso.

Los motivos primeros de ambos recursos deben ser desestimados por ello.

El segundo motivo se ampara en el art. 850,3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aduce a que la Ilma. Sra. Presidente de la Sala de instancia se negó a que el testigo, Alberto, DIRECCION002de Nuñomoral, contestara las preguntas de los defensores de los acusados, en la primera sesión del juicio oral, del 13 de enero de 1994, refiriéndose tales preguntas a si el testigo, como Juez de Paz, había estado presente en las declaraciones. Se añade en ambos recursos que manifestó el interrogado que él no se hallaba presente.

Una vez más los recurrentes pretenden introducir alegaciones, sin apoyo en la causa, basadas en sus propias manifestaciones por mor de defensa, porque lo cierto y real es que dicho testigo no contestó, como afirman ambos recursos que no se hallaba presente cuando actuando como Juez de Paz prestaron declaraciones diversos testigos, tal respuesta no se produjo. Basta leer la extensa acta del juicio oral para percatarse de ello. El acta tiene presunción de veracidad y se encuentra amparada bajo la fe pública judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 473 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo mismo que los Letrados defensores formularon su más respetuosa protesta, debieron consignar, al firmar dicha acta, que tal respuesta se había producido. Ahora no es posible introducir de matute dicha cuestión.

Por el contrario, si a lo que parece referirse el motivo es a impugnar la actuación de la Presidencia denegatoria de que el testigo contestara a una pregunta, a que hace referencia el art. 850,3º de la Ley procesal penal, también ha de seguir igual suerte desestimatoria.

El artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "el Presidente no permitirá que el testigo conteste a repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes". Esta Sala ha estimado correctas y pertinentes las preguntas propuestas congruentemente con los puntos debatidos, debiendo rechazarse los que no puedan influir en el fallo definitivo -sentencia de 11 de abril de 1969-.

Ya señalaron las sentencias de esta Sala de Casación de 20 de octubre de 1972 y 11 de noviembre de 1992, que los números 3 y 4 del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, requieren previa protesta, pronunciándose en igual sentido otras resoluciones de este Tribunal ( ad exemplum , las de 18 de febrero de 1989 y 20 de diciembre de 1990), y señalando la de 9 de junio de 1984, que para que el motivo prospere se requiere: a) Que cualquiera de las partes haya dirigido preguntas a un testigo. b) Que el Presidente haya denegado alguna pregunta. c) Que la misma sea pertinente, es decir, relacionada con los puntos controvertidos. d) Que tal pregunta fuera de manifiesta inferencia en la causa. e) Que se transcriba literalmente en el acta del juicio oral y f) Que se haga constar en el acta la oportuna protesta.

La indefensión se produce sólo cuando la inadmisión de la pregunta pueda tener tal trascendencia que el fallo hubiera podido ser otro si se hubiera admitido y probado lo que con ella se pretendía. Por ello ha señalado el Tribunal Constitucional -sentencias 158/89 y 33/92- y las de esta Sala -sentencias de 20 de enero, 26 de mayo y 6 de julio de 1992, 12 de febrero de 1993 y 2333/1993, de 22 de octubre- que para que tenga consistencia una queja motivada en el rechazo indebido de una prueba es preciso que se argumente por el recurrente la trascendencia que dicha inadmisión pudo tener en la sentencia.

Es doctrina examinada en la sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 1993, que se refiere a la del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 1983, que no puede exigirse a un Juez o Tribunal que deba admitir todos los medios de prueba (o todas las preguntas que se formulen a un testigo), sino aquellos que el juzgador valore libremente de manera razonada como necesarios y convenientes.

Estima esta Sala que la pregunta, cualquiera que fuera su respuesta, carece de virtualidad, habida cuenta que, aún reconociendo el testigo no hallarse presente en el momento que los testigos deponían en sus declaraciones, ello no implicaría que las manifestaciones de los declarantes fueran diferentes a las realizadas y, por otra parte, la respuesta del testigo pudiera incriminarle, con olvido de lo dispuesto en el art. 418 de la Ley procesal, que "ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material (o moralmente) y de una manera directa o importante, ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes a que se refiere el art. 416".

Decir que no estaba presente en algo que constituía su obligación de asistencia pudiera incriminar al testigo y por ello estuvo bien denegada la pregunta. El motivo debe desestimarse por ello.

El tercer motivo del recurso de Ildefonso, se acoge al nº 2º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a error en la apreciación de la prueba, basado en documentos antitéticos y no contradichos que obran en los autos y que han conducido a la equivocación del juzgador.

Se sostiene, en definitiva en el breve motivo, que existe un error en la sentencia al manifestar que la retractación de Aurelio, traída al juicio oral, que está hecha ante el Secretario Don Rosendo, hermano de la denunciante, por Jose Enriquees el actual DIRECCION003del Juzgado de Paz de Nuñomoral, persona distinta de Rosendo, bastando comprobar las firmas.

Tal motivo viene a ser sustancialmente coincidente con el cuarto del acusado Silvio, que añade también los escritos de denuncia presentados por el Fiscal en la segunda sesión del juicio oral celebrado el 26 de enero de 1994, que no atribuye carácter fáctico a lo no acaecido. Se hizo constar en el acta la correspondiente protesta.

El motivo ha de decaer inexcusablemente.

El error de hecho en la apreciación de las pruebas aparece condicionado, según la doctrina de esta Sala de casación - ad exemplum , sentencias de 24 de junio de 1991, 13 de enero, 14 de abril, 18 de mayo, 16 de junio, 9 y 29 de septiembre y 11 de noviembre de 1992- por los siguientes requisitos: a) Que se invoque error de hecho en la apreciación de las pruebas cometido por la Audiencia. b) Que dicho error se evidencia mediante la cita del documento o documentos. c) Que los referidos documentos se encuentren incorporados a la causa, lo que quiere decir que obren en ella. d) Que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada o desmentida merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa. A lo que debe añadirse también el elemento denominado de literosuficiencia , que comporta que el documento o documentos citados basten por sí mismos, sin necesidad de acudir a otros acreditamentos de menor rango para probar el error de hecho que se denuncia y que con ellos se pretende demostrar.

Fundamental en este cauce casacional es la existencia de un documento o documentos que no deben simplificarse en una parificación con los escritos, ni tampoco con la "documentación" de pruebas personales. Según una reiterada jurisprudencia de esta Sala carecen del carácter documental las declaraciones de acusados y testigos -sentencias de 13 de diciembre de 1990, 15 de abril y 25 de noviembre de 1991 y 9 de septiembre de 1992- porque no constituyen documentos en sentido estricto, sino meros actos documentados que el Tribunal a quo valora y pondera libremente conforme a lo señalado en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto al otro grupo de "escritos" recogidos en el motivo cuarto del recurso del coacusado, Silvio, que pretenden demostrar que el recurrente Augustointentó que los denunciantes se retractaran, esta Sala, por mucho que lo ha intentado no ha logrado comprender en qué dichos presuntos documentos acreditan error alguno en la apreciación probatoria por parte del Tribunal de instancia, pues aunque se aceptaran y admitieran como tal prueba documental, no alterarían el fallo.

Tampoco alteraría el fallo, aunque se admitiera como documento el aducido escrito por la defensa de Augusto, pues el mismo "per se" no demuestra que Jose Enriqueno sea Rosendo. En definitiva que el documento debe rechazarse y con él el motivo en que pretende apoyarse.

El cuarto y último motivo del recurso del acusado Ildefonso, coincidente con el tercero del de Silvio, si bien éste ampliado al derecho a no declarar contra sí mismo, se reconduce, por el cauce del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el art. 5,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 9 y 53 de la Constitución, aduciendo la vulneración de los principios constitucionales de presunción de inocencia, interdicción de la indefensión, y derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba pertinentes, consagrados en el art. 24 del Texto Fundamental.

Se señala en ambos motivos que la Audiencia Provincial de Cáceres basa su argumentación probatoria con referencia al delito de falsedad en documento oficial, ante la ausencia de prueba de cargo en el acto del plenario, en la preconstituida prueba de la instrucción, declaración del coacusado Silvio-folios 22 vº y 181- y las declaraciones de los testigos negadas en el juicio oral.

Esta Sala, para evitar repeticiones innecesarias, se remite a cuanto expresó en el ordinal segundo de estos fundamentos jurídicos, añadiendo que no es esta la única prueba incriminatoria y demostrativa de la falsedad imputada, pues la declaración en el plenario del director de las obras Augustofué fundamental para determinar y concretar el tiempo y forma de confección de las nóminas obrantes a los folios 46 y siguientes, añadiendo que dicha relación hacía referencia a los obreros que podían ir a trabajar y que era el capataz el que aportaba la definitiva relación de los asistentes a la tarea, con lo cual quedaba contrastada la falsedad al aparecer el nombre del acusado en la relación del P.E.R. donde figura incluido en nómina y cobrando 40.640 pesetas.

Como ha expuesto esta Sala en el ordinal segundo, tales probanzas se prestaron con todas las garantías.

Resulta absurdo involucrar a un hermano de una denunciante, no de este delito precisamente, para anular unas declaraciones, cuando no se ha presentado la denuncia correspondiente por unos hechos, que de ser ciertos debieron ser denunciados y perseguidos, y cuando el poder fáctico del acusado principal ha pretendido modificar declaraciones y desvirtuar legítimas y extemporáneas denuncias.

A más de cuanto antecede, los recurrentes hacen por este cauce valoraciones probatorias y críticas a la libre y soberana facultad atribuida al juzgador a quo por el art. 117,3 de la Constitución y 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo cual extravasan el ámbito propio de la presunción de inocencia, limitado exclusivamente a comprobar si existió o no prueba de cargo, pero no a entrar a realizar apreciaciones o valoraciones particulares y subjetivas.

Hay que concluir que no se ha conculcado ningún precepto constitucional, los acusados han podido proponer prueba e intervenir en la ajena, han sido juzgados por un Tribunal imparcial y con todas las garantías para su defensa y no se les ha obligado a declarar contra sí mismos y por ello los motivos y recursos deben ser desestimados. III.