STS 979/2005, 18 de Julio de 2005

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebida que proclama el artículo 24.2 de la Constitución e inaplicación del artículo 21.6 del Código Penal.

Se alega que se han producido dilaciones indebidas al haber transcurrido tres años desde el comienzo del presente procedimiento.

Ciertamente, el artículo 24.2 de la Constitución proclama "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", como igualmente se declara en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al afirmar que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable" y en el artículo 14.3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York al disponer que "toda persona tiene derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas".

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala ha venido reafirmando tal derecho constitucional como son exponentes las sentencias del Tribunal Constitucional 43/85 y 133/88, en las que se declara el "derecho a un proceso que se desenvuelva en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción". Y la sentencia de esta Sala de 26 de junio de 1992 expresa que "tan notoria dilación infringe abiertamente el derecho, constitucionalmente consagrado en el artículo 24.2, a un proceso sin dilaciones indebidas. El Tribunal que juzga más allá de un plazo razonable, cualquiera que sea la causa de la demora, incluso por carencia estructurales que surgen con el aumento del número de causas, está juzgando a un hombre -el acusado- distinto en su circunstancia personal, familiar y social y la pena no cumple ya o no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y de rehabilitación o reinserción social del culpable que son los fines que la justifican".

Los criterios a tener en cuenta para determinar si se han producido o no dilaciones indebidas pueden ser variados, recogiéndose como tales: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes y e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles.

El Ministerio Fiscal, al impugnar el motivo, señala que el tiempo en el que se ha desarrollado la tramitación del Procedimiento parece razonable a la vista de su dificultad intrínseca y de la existencia de complejas pruebas periciales y la amplia documental, sin que el acusado haya formulado, sobre este particular, objeción alguna durante la fase de instrucción.

Ciertamente, en el supuesto que examinamos, no puede afirmarse que se hubieran producido dilaciones indebidas, ya que la incoación de las Diligencias Previas, como consecuencia de la denuncia presentada, tuvo lugar en marzo del año 2000, presentándose con posterioridad escrito de querella, y para recibir declaración a los querellados, que eran varios y a los testigos, fue preciso el uso del auxilio judicial, al tener sus domicilios en otros partidos judiciales, y en concreto el acusado recurrente no fue habido, debiéndose acudir a la Guardia Civil para la entrega del escrito de querella y citación en el Juzgado exhortante, no encontrándose en el domicilio señalado por su hija, también querellada, constando, al folio 399 de las actuaciones, manifestación de la Guardia Civil en la que se afirma que este querellado puede encontrarse en Gran Canaria o Tenerife, y ello determinó que hasta el día 20 de octubre de 2000 no se le pudiera recibir declaración. Igualmente se ha interpuesto recursos que han dilatado el procedimiento, hasta que se pudo convocar, para el acto del juicio oral, en julio del año 2003, que se desarrolló en varias sesiones hasta septiembre de ese mismo año, mes en el que se dictó sentencia.

Así las cosas, y acorde con la doctrina que se ha dejado antes expresada, no concurren los presupuestos para poder apreciar las dilaciones indebidas que se solicitan.

El motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho de presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo y se afirma que las declaraciones testificales en las que se ha basado la sentencia recurrida son parciales y vertidas con interés directo en un pronunciamiento condenatorio.

El Tribunal de instancia, en el primero de sus fundamentos jurídicos, va analizando los medios de prueba que ha tenido en cuenta para alcanzar su convicción sobre los distintos extremos en los que se sustenta la sentencia recurrida.

Así, sobre la fecha en la que se inició la obra, se acredita que tuvo lugar después de que Juan Francisco hubiese renunciado a su cargo de administrador mancomunado de CONSTRUMAR, S.L., y ello en base a las siguientes pruebas o elementos indiciarios: la declaración tanto del citado Juan Francisco como la de su socio Jesús Luis; el contrato entre VALMOLL, S.A. y CONSTRUMAR, S.L., relativo al suministro y colocación de pavimentos y revestimientos internos, añadiéndose que es inverosímil que se inicien unas obras subcontratadas, como sostienen los dos acusados, antes de que se otorgue el contrato que causa la subcontrata; el hecho acreditado de que el propio contrato que INCONISOL, S.A. debía cumplir, no fue firmado por Juan Francisco en nombre y representación de CONSTRUMAR, S.L., cuando de haberse firmado durante la vigencia de su cargo, su firma hubiera sido necesaria, al tratarse de dos administradores mancomunados; el que estuviera preparado un contrato de resolución respecto a dicha obra en el que se había consignado que el contrato resuelto se había otorgado en el mes de enero de 1995 (folio 116 reconocido en el plenario); las obras realizadas que constan en las certificaciones; y declaraciones de testigos que trabajaron en la obra.

Respecto a que los documentos aportados al procedimiento civil se hallaban alterados, en especial los de los contratos de trabajo de los empleados Abelardo y Raúl, se señalan, como pruebas, el ejemplar del contrato registrado en el INEM, en el que se halla consignado un centro de trabajo distinto al de la obra cuyos trabajos se reclaman, y el mismo contrato de trabajo, ejemplar para la empresa, después de que se le estampara el sello de dicho organismo público en el que de forma rudimentaria y a simple vista se ve superpuesto a máquina el centro de trabajo correspondiente al litigio (folios 101, 310, 97 y 284); la pericial practicada en el plenario, añadiéndose, a mayor abundamiento, que dichas alteraciones no pudieron realizarse posteriormente por administrativa de la empresa, enmendando un supuesto error, ya que lo negó categóricamente en el plenario y porque una vez registrados en el INEM ya no tenía utilidad tal modificación, por lo que dicha alteración sólo tenía como finalidad la de aportar los documentos al procedimiento civil.

Respecto a que la demanda civil, en la que se incluía a Juan Francisco como demandado y en la que se presentaron documentos de trabajo con alteraciones y testigos que faltaron a la verdad, fue estimada y hubo pronunciamiento condenatorio respecto a este demandado, queda acreditado, en el acto del juicio oral, por las declaraciones del acusado Ildefonso y de los testigos Juan Francisco y Jesús Luis y corroborado por Auto del Tribunal Supremo por el que se suspende el curso del recurso de revisión precisamente por encontrarse pendiente el presente procedimiento penal.

El hecho de que algunos de los testimonios lo fuesen de personas que resultaron perjudicadas por la conducta de los acusados, ello no les priva de todo valor, especialmente cuando en el presente caso vienen corroboradas por otras pruebas.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 392 del Código Penal.

Se niega la concurrencia de los elementos que caracterizan el delito de falsedad sin que se haya producido ninguna mutación de la verdad y que únicamente se produjo un error material en los contratos de trabajo por parte de la administrativa que los confeccionó, para reparar un error.

El cauce procesal elegido para defender el recurso exige el más escrupuloso respeto al relato fáctico de la sentencia de instancia y en él encontramos cuantos elementos objetivos y subjetivos caracterizan el delito de falsedad apreciado en la sentencia recurrida.

Así se dice que el acusado Ildefonso, en su condición de administrador de hecho y apoderado de la mercantil INCONISOL, S.L. convino con CONSTRUMAR, S.L. la subcontratación de la empresa que representaba para realizar alicatados en una obra. Estos trabajos se iniciaron y ejecutaron después que Juan Francisco hubiese renunciado de su puesto de administrador mancomunado de CONSTRUMAR, S.L., esa constructora libró tres pagarés a favor de INCONISOL, S.L, para abonar las obras realizadas, lo cuales resultaron impagados. Como CONSTRUMAR, S.L. y su único administrador Jesús Luis, eran insolventes, el acusado dio instrucciones para que se presentará, en representación de INCONISO, S.L. demanda contra aquella constructora y contra el anterior coadministrador Juan Francisco, ante los Juzgados, y a fin de probar la supuesta legitimación pasiva de este último facilitó a los profesionales diversos contratos de trabajo referidos a otras obras distintas a la encargada a CONSTRUMAR, S.L, que habían sido firmados con anterioridad al inicio de esta última obra y por lo tanto con fecha anterior a que Juan Francisco hubiera renunciado a su cago y a que constara su renuncia en el Registro Mercantil. Para lograr engañar al Juzgado, el acusado o persona siguiendo sus instrucciones, borró con tinta blanca correctora el centro de trabajo que figuraba en dichos contratos, estampando a máquina, en su lugar la situación de la obra cuyos trabajos reclamaba judicialmente y también dio instrucciones para que se presentara como prueba de una persona para que dijera que había trabajado para INCONISOL, S.L., lo que era cierto y que las obras que se reclamaban había dado comienzo en una fecha anterior a la realidad. Como consecuencia de lo anterior el acusado logró que el órgano judicial dictara, en el procedimiento civil de reclamación de cantidad, sentencia por la que se condenó, entre otros, a Juan Francisco a que abonara las sumas reclamadas.

Ha existido falsificación, por consiguiente, de elementos esenciales de los contratos que accedieron a un organismo oficial como lo fue el Juzgado de Primera Instancia, con evidente intención de engañar al Juzgado y conseguir una sentencia favorable a los intereses de la sociedad que representaba, como así ocurrió, habiéndose, por consiguiente, alterado la verdad y al mismo tiempo las funciones que cumplen estos documentos oficiales, como son las de prueba, perpetuación y garantía y ello implica la alteración de elementos o requisitos esenciales del documento. Mutación de la verdad que lo fue de tal modo que tuvo aptitud para inducir a error al órgano jurisdiccional, es decir, que crea la apariencia de que lo inveraz es auténtico.

La falsedad lo ha sido de un documento oficial, como acertadamente se declara en la sentencia recurrida, mencionando sentencias de esta Sala, como es exponente la número 79/2002, de 24 de enero, en la que se expresa que si bien ha de estarse a la naturaleza del documento en el momento de la alteración falsaria, esta doctrina experimenta una inflexión cuando el documento nace con el único destino de producir efectos en el orden oficial o en el seno de las Administraciones Públicas, como ha sucedido en el supuesto que examinamos. En esa misma línea también se pronuncian otras sentencias de esta Sala, como son las de 31 de mayo de 1995 y 17 de mayo de 1996.

Así las cosas, los hechos que se declaran probados han sido correctamente calificados como de falsificación de documento oficial.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 248.1 y 250.1, segundo párrafo, ambos del Código Penal.

Se niega el delito de estafa al no concurrir los elementos que le caracterizan y en concreto se refiere a la ausencia del ánimo de lucro, engaño y acto de disposición de la víctima en perjuicio propio o ajeno.

Tiene declarado esta Sala -cfr. sentencia de 23 de abril de 1997- que el delito de estafa precisa como elementos esenciales los siguientes: 1) un engaño precedente o concurrente; 2) dicho engaño ha de ser bastante para la consecución de los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el traspaso patrimonial; 3) producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la situación real; 4) un acto de disposición patrimonial por parte del sujeto pasivo, con el consiguiente perjuicio para el mismo; 5) nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio a la víctima y 6) ánimo de lucro.

En el supuesto que examinamos el recurrente, con conocimiento de que el querellante ya había renunciado a su cargo de administrador mancomunado de CONSTRUMAR, S.L., para acreditar su supuesta legitimación pasiva, en la demanda interpuesta contra esta sociedad, había facilitado contratos de trabajo con fecha anterior a que el querellante hubiese renunciado, pero referidos a otras obras distintas de las que eran objeto de la demanda civil, y para lograr engañar al Juzgado, se borró con tinta blanca correctora el centro de trabajo que figuraba en dichos contratos, estampándose a máquina, en su lugar, la situación de la obra cuyos trabajos se reclamaba judicialmente, ello y el presentar un testigo que declaró que las obras habían comenzado en diciembre de 1994, en lugar de la fecha de su verdadero inicio, determinó que el órgano judicial dictara, en el procedimiento civil, de reclamación de cantidad, una sentencia condenatoria contra el querellante.

Ciertamente, esos extremos del relato fáctico se subsumen en un delito de estafa, en su modalidad agravada de empleo de fraude procesal, acorde con la doctrina de esta Sala, que tiene declarado, como es exponente la Sentencia 493/2005, de 18 de abril de 2005, que en la llamada estafa procesal se justifica la agravación específica porque al daño que supone al patrimonio del particular se une el atentado contra el Poder Judicial, que se utiliza como instrumento al servicio de finalidades defraudatorias, y que la peculiaridad de la estafa procesal radica en que el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del órgano jurisdiccional a quién, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el Juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado), diferenciación de sujetos que se reconoce expresamente compatible en la figura de la estafa del artículo 248.1 C.P. 1995, cuando se refiere al "perjuicio propio o ajeno". Es más, también la Jurisprudencia ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el Juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o en cualquier caso determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia (S.S.T.S. 32, 457 o 1980/02 y la numerosa Jurisprudencia citada en las dos últimas). (S.T.S. 878/04). En relación con la consumación de este delito la reciente S.T.S. 172/05 expone que si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerase como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento o la presentación del documento falso en juicio, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como cuando éste ya se está tramitando. Pero al ser considerado como un delito patrimonial, la consumación hay que derivarla hacia el resultado.

Los presupuestos que se dejan expresados, para apreciar el delito de estafa agravado por el empleo de fraude procesal, concurren, pues, en el presente caso y el motivo no puede prosperar.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por inaplicación indebida, del artículo 130.5 del Código Penal.

Se alega la prescripción del delito de falsedad.

Se dice que entre la fecha de alteración de los documentos -enero de 1995- y la fecha del Auto de admisión a trámite de la querella -12 de mayo de 2000- habría transcurrido el plazo de prescripción que en este caso lo era de cinco años.

Olvida el recurrente que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta el plazo de prescripción que corresponde a los delitos mediales en cuanto la falsedad fue instrumental para cometer el delito de estafa y al no estar éste último prescrito tampoco lo estaría el que le sirvió de instrumento.

Ciertamente, es doctrina de esta Sala, como es exponente la Sentencia 590/2004, de 6 de mayo, que en los supuestos en los que un delito sea medio necesario para cometer otro, conocido como concurso medial o instrumental, se produce una unidad delictiva cuya prescripción se produce de modo conjunto, es decir que no cabe apreciar la prescripción aislada del delito instrumental mientras no prescriba el delito más grave o principal. Y en igual sentido se expresa la sentencia 630/2002, de 16 de abril, en la que se declara que en supuestos de unidad delictiva la prescripción debe entenderse de modo conjunto y no cabe apreciar aisladamente la del delito instrumental mientras no prescriba el delito más grave o principal.

Y en el presente caso, el delito de estafa no estaba prescrito ya que, como bien señala el Ministerio Fiscal, al impugnar el motivo, las fechas de referencia, en cuanto al inicio del cómputo, no sería la de la alteración del documento sino la de presentación de la demanda en el procedimiento civil -año 1996-, en cuanto es en ese momento cuando se realiza la acción que exige el delito de estafa procesal, habiéndose presentado denuncia por el perjudicado con fecha 16 de febrero de 2000, es decir antes de que hubiese trascurrido el plazo de prescripción de la estafa agravada, que el recurrente señala como de cinco años, cuando de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 131.1, párrafo tercero, del Código Penal, en relación con la pena, de uno a seis años de prisión, que resulta de los artículos 249 y 250.2 del mismo texto legal, para la estafa procesal, el plazo de prescripción sería de diez años.

El motivo no puede prosperar.

III.