STS, 6 de Octubre de 2005
| Ponente | ENRIQUE CANCER LALANNE |
| ECLI | ES:TS:2005:5938 |
| Número de Recurso | 2108/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 6 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil cinco.
Visto el recurso de casación nº 2108/2002, interpuesto por D. Leonardo, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María del Mar Moreno Hernández contra la sentencia dictada en fecha 16 de enero de 2002 y en su recurso nº 1462/00, por la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sobre inadmisión a trámite de solicitud de asilo, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de D. Leonardo se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de marzo de 2002; al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 2 de abril de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se estime el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 11 de febrero de 2004. Se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Administración General del Estado) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 31 de marzo de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 4 de Octubre de 2005, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de Sala
Se impugna en este recurso de casación nº 2108/02 la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 8ª) dictó en fecha 16 de enero de 2002, y en su recurso contencioso administrativo nº 1462/00, por medio de la cual se desestimó el formulado por D. Leonardo contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 31 de octubre de 2000 (que inadmitió a trámite su solicitud para la concesión del derecho de asilo) y contra la resolución de dicho Ministerio de fecha 2 de noviembre de 2000 (que desestimó su petición de reexamen y ratificó la inadmisión a trámite).
El peticionario de asilo manifestó en su solicitud, tras señalar que la historia de persecución era compartida también por su hermano Juan Pablo, lo siguiente: "Motivos de venir tienen muchos, porque la vida y la atmósfera de represión y control en Cuba les hacía insoportable vivir allí. Los planes son trabajar y vivir de su salario, de forma libre, mandar dinero a sus esposas. No han estado arrestados, detenidos, ni encarcelados. Juan Pablo Ingeniero Superior trabaja en Compañía Eléctrica. Leonardo era músico profesional en la banda del pueblo.". En la propia instancia de solicitud de asilo se aclaraba al pie de la misma que "Juan Pablo estuvo una vez arrestado 24 horas por un comentario contra el sistema".
La Administración inadmitió a trámite la solicitud de asilo "al concurrir la circunstancia contemplada en la letra b) del art. 5.6 de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94, por cuanto el solicitante no alega en su petición ninguna de las causas previstas en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y/o en la Ley 5/84, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, modificada por la Ley 9/94 de 19 de mayo, como determinantes para el reconocimiento de la protección solicitada, no siendo los motivos invocados suficientes para la concesión de la protección solicitada por no estar incluidos dentro de las causas de reconocimiento del derecho de asilo y el Estatuto del Refugiado señaladas en los mencionados textos legales, habida cuenta que los mismos únicamente hacen referencia a alegaciones de contenido socio-económico como la causa generadora de la salida de su país, lo que no constituye por tanto una persecución ni es objeto de protección por la Convención de Ginebra de 1951".
En la petición de reexamen, añadió el solicitante "que es incierto lo alegado por la OAR ya que no se trata de motivos socioeconómicos sino discrepancia con el régimen político. Que se ha vulnerado sus derechos humanos y no quiere acogerse a la protección del gobierno cubano. Que desea hablar con el representante de ACNUR en España."
Esta petición de reexamen fue desestimada en resolución de 2 de noviembre, por considerar la Administración que subsistían los criterios que la motivaron y que se plasmaron en la Resolución de 31 de octubre, no viéndose alterados éstos por las alegaciones aducidas en oposición a los mismos.
Impugnadas esas resoluciones en la vía contencioso administrativa, la Sala de la Audiencia Nacional desestimó la impugnación en la sentencia aquí impugnada porque:
"El examen de lo actuado, no pone de relieve, ni aun con el carácter meramente indiciario que considera suficiente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de derecho de asilo, ninguna concreta persecución personalizada y particularizada sufrida por el actor Sr. Leonardo que determinaría la condición de asilado por cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes y Convenios Internacionales suscritos por España y en especial la Convención de Ginebra de 1951. El recurrente hace especial mención a las circunstancias socio-políticas existentes en su país de origen Cuba, pero las circunstancias de ese género, globalmente consideradas, no sirven para deducir sin más esa persecución individualizada en la que debería fundarse la concesión del asilo. Es por ello que deviene ajustada a derecho la Resolución impugnada, basada en el apartado b) anteriormente mencionado. El propio ACNUR en su Informe entiende que no hay un fundado temor de persecución por alguno de los motivos previstos en la Convención de Ginebra por lo que se muestra contrario a la admisión a trámite de la solicitud formulada por el Sr. Leonardo, a quien además se ha autorizado la entrada en España en aplicación del Art. 23.4 de la Ley 4/2000, consideraciones estas que exigen la desestimación del recurso."
Contra esa sentencia ha formulado la parte actora recurso de casación, en el cual esgrime un solo motivo de impugnación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción que funda en dos tipos de alegaciones, la primera, por la infracción de los artículos 3 y 8 de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94, en relación con el artículo 1-A-2) de la Convención de Ginebra de 28 de Julio de 1951 modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de Enero de 1967. Y la segunda, por infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la regla de congruencia que en él se establece.
Examinaremos ambas alegaciones siguiendo criterios de lógica jurídica.
Como acabamos de apuntar, la segunda alegación, se funda en infringir e l artículo 218 LEC, por incongruencia de la sentencia. Entiende el recurrente que dicha incongruencia se produce porque la administración inadmite la solicitud de asilo al concurrir la circunstancia contemplada en la letra b) del art. 5.6 de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94, esto es, por no haberse alegado hechos que constituyen una persecución protegible, y sin embargo la sentencia desestimó el recurso -dice el recurrente- por considerar que el relato no resultaba verosímil ; es decir , resolvió el recurso pronunciándose sobre la causa de inadmisión establecida en la letra d) del art. 5.6 de la citada Ley .
No hay tal incongruencia. La Sala de instancia no basa su pronunciamiento desestimatorio en la falta de verosimilitud del relato del actor, ni, por ende, en la circunstancia d) del art. 5.6 de la Ley de Asilo. Al contrario, nada dice su sentencia sobre esa supuesta inverosimilitud. El Tribunal a quo centra debidamente la cuestión en torno a la única causa de inadmisión aplicada por la Administración, esto es, la prevista en la letra b)del mencionado artículo 5.6, y dice expresamente que no se aprecia en el relato del interesado ninguna persecución protegible, sin que pueda tenerse como tal la alusión genérica a las circunstancias sociopolíticas de Cuba.
En la primera serie de alegaciones se denuncia la infracción de los artículos 3 y 8 de la Ley de Asilo, en relación con el artículo 1-A-2) de la Convención de Ginebra . Alega el recurrente que sufre persecución de carácter político en su país de origen, por tener ideas contrarias al régimen dictatorial de Fidel Castro. Añade que abandonó su trabajo a causa de su discrepancia con el régimen y que esta actuación es considerada como un delito de traición a la revolución, por lo que su vida y su integridad física corren un -sic "enorme riesgo" en su país de origen, Cuba.
Tampoco este primer motivo puede ser estimado.
El artículo 5-6-b) de la Ley 5/84, de 26 de Marzo (modificada por la Ley 9/94, de 19 de Mayo), atribuye al Ministerio del Interior, a propuesta del órgano instructor y con audiencia previa del representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la competencia para inadmitir a trámite las solicitudes de asilo cuando, entre otros casos, en la solicitud no se alegue ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado.
Y esto es lo que ocurre en el caso de autos, tal como informa el A.C.N.U.R. en fecha 31 de octubre de 2000 (folio 3.6 del expediente administrativo).
Ante todo, no pueden tomarse en consideración, a efectos de la resolución de este recurso, las alegaciones referidas al supuesto abandono del puesto de trabajo por causa de su oposición al régimen y las consecuencia políticas que ello implicó; toda vez que es ahora, en este recurso de casación, la primera vez que se alegan estos hechos. En efecto, ni en la instancia de la solicitud de asilo, ni en la petición de reexamen en vía administrativa, ni siquiera en la escueta demanda, se hizo referencia alguna a ese abandono de su puesto de trabajo por causas políticas y a las consecuencias que del mismo pudieron haber derivado; desde luego, no se hizo la menor alusión a ninguna clase de "enorme riesgo" para su vida e integridad física por tal concreta razón, como se dice ahora, en el escrito de interposición del recurso de casación. El interesado se limitó entonces a realizar, o bien genéricas manifestaciones de descontento hacia la situación política y social de su país, o bien alegaciones no menos genéricas sobre problemas derivados de su discrepancia política con el régimen cubano, carentes de la menor especificación o concreción. La única medida represiva a que aludió no era referida a él sino a su hermano, y consistía tan solo en un arresto de breve duración del que no se expuso que hubiera derivado en ningún tipo de consecuencias desfavorables ni para el arrestado ni para sus familiares.
Así las cosas, no ha de olvidarse que es carga del solicitante de asilo "exponer de forma detallada los hechos, datos o alegaciones en que fundamente su pretensión" (art, 8.3 del reglamento de desarrollo de la Ley 5/84, de Asilo, aprobado por R.D. 203/95) y en este caso los hechos relevantes son los que el solicitante de asilo expuso ante la Administración, que son únicamente los que se han indicado.
Pues bien, esos hechos, en los que se fundó la petición de asilo, no son de aquellos que, según el artículo 1º del Convenio de Ginebra de 28 de Julio de 1957 pueden fundar el derecho de asilo, es decir, los temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, por quien se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. No es, desde luego, causa de asilo la discrepancia genérica hacia el régimen cubano, como ha declarado este Tribunal Supremo en multitud de resoluciones.
Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo (artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional 29/98). Esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cifra máxima de 200'00 euros, a la vistas de las actuaciones procesales.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación nº 2108/2002 interpuesto por D. Leonardo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 8ª) en fecha 16 de enero de 2002 y en su recurso contencioso administrativo nº 1462/00. Y condenamos a la parte recurrente en las costas del presente recurso de casación; esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cifra máxima de 200'00 euros.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
