STS, 14 de Octubre de 1991
| Ponente | FRANCISCO JOSE HERNANDO SANTIAGO |
| Número de Recurso | 1834/1988 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 1991 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Octubre de mil novecientos noventa y uno.
Visto por esta Sala el presente recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de D. Victor Manuel, contra la sentencia dictada por Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fecha 12 de junio de 1987, en su pleito núm. 928/84. Sobre renovación del acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, de fecha 19-10-84, justipreciando la finca expropiada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Siendo parte apelada el Sr. Abogado del Estado en la representación que es propia.
La sentencia apelada contiene la parte dispositiva del
tenor literal siguiente: "FALLAMOS. - Que desestimamos el recurso
Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación legal de D.
Victor Manuel contra el acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Madrid e 19 de octubre de 1984, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 4 de julio de 1984, fijando el justiprecio de la finca NUM000, Pradolongo, Calle DIRECCION000, propiedad del recurrente expropiada por la Gerencia Municipal Urbanismo que fijó la indemnización en 6.481.046 pts. e intereses legales de los artículos 52, 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa en cuanto sean aplicables, por ser ajustados a derechos y sin hacer condena en costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de D. Victor Manuel, que fue admitido en ambos efectos, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes, personándose en tiempo y forma como apelante el D. José Pizarroso Mora en representación del expresado señor como parte apelada el Sr. Abogado del Estado en la representación que por su cargo ostenta.
Desarrollada la apelación por el trámite de alegaciones
escritas, evacuó el mismo D. José Pizarroso Mora, abogado en representación de D. Victor Manuel, por escrito en el que después de manifestar cuanto estimó de aplicación, terminó suplicando a la Sala se dicte sentencia en todo conforme con el suplico de la demanda.
Continuado el mismo por el Sr. Abogado del Estado, lo
evacuó en la representación que le es propia, por escrito en el que después de alegar cuanto estimó pertinente, terminó suplicando a la Sala se dicte sentencia confirmando la de instancia y los actos impugnados, con condena en costas de la parte apelante.
Se señaló para votación y fallo el día DIEZ DE OCTUBRE
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO , previa notificación a las partes.
Las alegaciones que por la parte actora y apelante se
formulan ante esta Sala al evacuar el trámite previsto en el art. 100 de Ley de esta Jurisdicción, no pueden considerarse con entidad suficiente
como para desvirtuar los razonamientos en que se funda el fallo recurrido para desestimar el recurso contencioso administrativo deducido por D. Victor Manuel, impugnando acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, que justipreciaron unos terrenos propiedad del actor (parcelas NUM000), calle DIRECCION000 s/n), expropiadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para ejecución del proyecto "Pradolongo II Fase", en razón a que como tiene reiteradamente declarado la Jurisprudencia de este Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de diciembre de 1988, por todas) las resoluciones de los Jurados de Expropiación gozan de la presunción "iuris tantum" de veracidad y acierto derivada de su variada composición y de la formación jurídica técnica de sus miembros, precisamente exigida para asegurar la independencia y objetividad de su actuación, pero no es posible desconocer, sin embargo, que sus apreciaciones no son vinculantes y lo fijado en ellas se corresponde a lo que la doctrina conoce como concepto jurídico indeterminado, sujeto, por tanto, a control jurisdiccional, quebrando
aquella presunción de veracidad cuando en la adopción de sus acuerdos estos Jurados incidan en errores de hecho, de apreciaciones , de cálculo o de derecho o concurran circunstancias debidamente probadas, reveladoras de el justiprecio señalado no corresponde al valor real del bien o derecho expropiado; sin embargo para destruir esta presunción no bastan meras afirmaciones, por muy lógicas que resulten, sino que se hace preciso, para imponerlas, unas pruebas específicas y concretas sobre cada uno de los puntos en los que se discrepa con la resolución del Jurado.
En el caso que se contempla en el presente proceso no
existe la menor prueba eficaz demostrativa de la equivocación o yerro en
que pudo incurrir el Jurado, pues la única prueba que existe en los autos es la aportada por la parte recurrente y apelante en esta segunda
instancia, al acceder la Sala al recibimiento del pleito a prueba,
consistente ésta, en el dictamen pericial emitido a instancia de parte
sin la contradicción y, garantías exigidas por los arts. 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sabido es que tal dictamen no puede
reputarse eficaz para desvirtuar la presunción de acierto y veracidad de
que los acuerdos de los Jurados gozan, al no estar dotado de las
imprescindibles condiciones de objetividad e imparcialidad, conforme a
doctrina jurisprudencial reiterada y de la que puede ser muestra la
contenida en la sentencia de esta Sala de 23 de noviembre de 1984. Por
parte, tal dictamen, que debe considerarse como prueba documental y no pericial al no ser evacuada conforme a las prescripciones de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes citados, al estar respaldado por un Arquitecto Técnico, tampoco ha de considerarse prevalente respecto de los acuerdos combatidos en razón a que el Jurado sigue en la determinación del justiprecio el informe rendido por su vocal técnico -Arquitecto- dada la diferente cualificación técnica y profesional entre uno y otro.
Las razones que preceden deben de conducir a la
desestimación del recurso de apelación articulado y a la confirmación
la sentencia apelada, sin que se aprecien méritos suficientes, a efectos
realizar una expresa declaración respecto de las costas producidas en el
presente recurso de apelación, al no darse las circunstancias exigidas
el art. 131 de la Ley Jurisdiccional para ello.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Victor Manuel, contra la sentencia dictada a antigua Audiencia Territorial de Madrid-hoy Tribunal Superior de Justicia d e Madrid-, de fecha 12 de junio de 1987, al conocer del recurso contencioso administrativo promovido por el expresado señor y tramitado el núm. 928/84, impugnando acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, cuya sentencia confirmamos en todas sus partes, sin efectuar expreso pronunciamiento respecto de las costas producidas en el presente recurso de apelación.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Magistrado ponente, el Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago, audiencia pública, celebrada en el mismo día de la fecha. Certifico.José Gabriel Martínez Morete. Rubricado.
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SAP Alicante 38/2004, 16 de Noviembre de 2004
...del interés insito en él, mediante una amplia consideración de los supuestos legales a que se atribuye aquella eficacia ( SSTS de 14 de octubre de 1991, 12 de mayo y 20 de junio de 1994 ). Ahora bien, para que se produzca la interrupción del lapso prescriptivo por una actuación extrajudicia......
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SAP Tarragona 168/2012, 25 de Abril de 2012
...25-5-2000 ). Que se cite a dueño o dueños de predios colindantes, aunque este requisito se limita sólo al lindero objeto de discusión ( SSTS 14-10-1991 y 27-1-1995 Estos requisitos coinciden esencialmente con lo que prevé el art. 544-10 CCC para fincas situadas en Cataluña ( art. 10.1 CC ).......