STS, 25 de Marzo de 2003
| Ponente | Francisco González Navarro |
| ECLI | ES:TS:2003:2063 |
| Número de Recurso | 11528/1998 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN?? |
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Marzo de de mil tres.
Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrade Excmos. Sres. anotade al margen, el presente recurso de casación que con el número 11528/1998 ante la misma pende de resolución interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Madrid contra Sentencia de 17 de septiembre de 1.998 dictada en el recurso nº 1508/1994 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª). Comparece en concepto de recurrido el Sr A. E., en la representación que ostenta.
PRIMERO.- La Sentencia recurrida contiene el fallo del siguiente tenor literal: "QUE DESESTIMANDO el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Madrid, contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación de fecha 17 de noviembre de 1993, confirmada en reposición por la de 13 de abril de 1.994, en cuya virtud se fijo como justiprecio de los bienes expropiade la suma de 12.523.140 ptas. debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS como conformes a derecho, las resoluciones impugnadas, sin hacer expresa condena en costas."
SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, por el representante legal de la Comunidad de Madrid se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª) preparando recurso de casación contra la misma. Por providencia de fecha 23 de octubre de 1998 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por el representante legal de la Comunidad de Madrid se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando "se sirva dictar Sentencia por la que, con revocación expresa de la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en autos del Recurso nº 1508/94, declare como único procedente y ajustado a derecho el precio unitario de 381,- ptas/m2 fijado por la Administración expropiante o, alternativamente, que se declare como justiprecio el de 569 pesetas/m2, conforme señala el Dictamen emitido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en la alternativa de valoración efectuada con la inclusión de los costes de urbanización de los sistemas generales fijadas en el P.A.U del Arroyo Culebro, todo ello sin perjuicio de los intereses legales que fuesen procedentes."
CUARTO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala formulado por la representación procesal de la Comunidad de Madrid, por providencia de 15 de febrero de 2000 se dió traslado del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalice el escrito de oposición en plazo de treinta días, lo que realizó, manifestando abstenerse de evacuar dicho trámite.
QUINTO.- Conclusas las actuaciones, por providencia de fecha 17 de julio de 2.002 se señaló para votación y fallo la audiencia del día TRECE de MARZO deL de MIL TRES en cuyo acto tuvo lugar, habiéndee observado las formalidades legales referentes al procedimiento. que expresa el parecer de la Sala
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. de Francisco G. N..
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 17 de septiembre de 1.998 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª) dictada en el recurso nº 1508/94 interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Madrid contra acuerde del Jurado Provincial de Expropiación de 17 de noviembre de 1.993, confirmado en reposición por resolución de 13 de abril de 1994, que fijó el justiprecio de los bienes expropiade relativos a la finca nº P-4/81, de 13.251 m2, suelo urbanizable no programado con programa de actuación urbanística aprobado, propiedad de don Francisco, don Angel, don Salvador, doña María, don Antonio y don Juan J. M. L.
La Sala de instancia, después de señalar, como no podía ser menos, que nos encontramos ante una expropiación urbanística, por cuya razón los criterios de valoración del suelo expropiado han de ser los establecide en los artículos 103 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística, -textos legales aplicables, por razón de la temporalidad de la expropiación cuestionada-, resalta la evidente incorrección de las resoluciones del Jurado al mencionar como fundamento de su decisión el art. 43 de la Ley Expropiatoria, aún cuando explica que la mera cita de tal precepto no invalida, por si misma, la decisión del Jurado, si del conjunto de su motivación se desprende que ha tomado en consideración la naturaleza urbanística de la expropiación aplicando criterios de valoración urbanísticos, pues en tal caso, la cita del precepto (art. 43 L.E.F.) se transmuta en accesoria y meramente circunstancial, como se recoge en la Jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de la que puede ser muestra la sentencia de 20 de diciembre de 1996, que cita, por lo que descartando, como descarta, la posibilidad de acudir al valor alcanzado en otros predios expropiade mediante adquisiciones amistosas, o convenios, ni tampoco al valor urbanístico fijado en otros expedientes expropiatorios, habida consideración, de la gran disparidad de valoraciones ofrecidas por los peritos actuantes en otros procesos impugnatorios de valoraciones de fincas afectadas por la misma obra habilitante de la expropiación, la Sala "a quo" consideró procedente realizar una prueba pericial de "Academia" para tode ellos, que se lleva a la práctica por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, siendo con base en dicha prueba pericial del C.O.A.M., por la que justiprecia el terreno expropiado, no sin, como manda hacer el art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, valorarla con arreglo a las reglas de la sana crítica, lo que lleva a la Sala sentenciadora a rechazar los gastos de urbanización de los sistemas generales previstos en el P.A.U. pero, sin embargo, a incluir no sólo la cesión obligatoria a que alude el art. 84.3.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (los terrenos que se destinen con carácter permanente a viales, parques, jardines, etc....), sino también, el 10% del aprovechamiento medio del Sector a que alude el apartado b) del citado artículo 84.3, dado que se trata de de obligaciones legales perfectamente diferenciables, en la medida que la segunda opera respecto del suelo edificable -aprovechamiento lucrativo- (Vid. art. 46.3 c) del Reglamento de Gestión) después de realizar las cesiones de terrenos legalmente obligatorias. Con todo este bagaje, la Sala de instancia valora el suelo a razón de 1.278 pts/m2, sin embargo reduce a la cantidad fijada como justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación en virtud de la prohibición de la "reformatio in peius" y puesto que el único recurrente en el presente caso era la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Contra la citada sentencia se interpone el presente recurso de casación en el que la representación de la Comunidad de Madrid, al amparo de un único motivo, denuncia la infracción cometida por la sentencia recurrida de lo dispuesto en los artículos 103, 105 y 108 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 así como de lo dispuesto en los artículos 131, 132 y 144 a 146 del Reglamento de Gestión Urbanística y la jurisprudencia que invoca.
En realidad el motivo de casación que cita los preceptos arriba mencionade como infringide no concreta en qué sentido la sentencia recurrida contiene la infracción de los mismos sino que, olvidando la propia naturaleza y finalidad del recurso de casación, que no tiene por objeto discutir los pronunciamientos del acto administrativo sujeto a revisión, sino los de la sentencia recurrida, invoca, en el desarrollo del motivo, infracciones distintas de las anunciadas como determinantes del motivo de casación formulado al amparo del número 4 del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción. Y así comienza por alegar, imputándolo en realidad al acuerdo del Jurado, la infracción cometida por el mismo al no tener en cuenta que se trataba de una expropiación urbanística y aplicar las disposiciones del artículo 43 de la Ley de Expropiación, argumento suficientemente considerado por la Sala de instancia que censura al acuerdo del Jurado por la aplicación de dicho precepto, pero entiende que en definitiva el mismo ha tenido en cuenta y consideración las características urbanísticas de los terrenos, que la Sala de instancia igualmente considera rechazando expresamente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa. Con igual falta de consistencia la recurrente imputa al acuerdo recurrido en vía jurisdiccional la falta de fundamentación del mismo, olvidando igualmente que el objeto del presente recurso es la sentencia recurrida que aparece suficientemente motivada; sin que sea tampoco eficaz a efectos del presente recurso la invocación que indebidamente se hace de lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución genéricamente invocado para aludir a la improcedencia del justiprecio señalado por el acto administrativo y confirmado por la sentencia recurrida.
Por último y en desarrollo del motivo, la recurrente alude al hecho de que la Sala de instancia no ha tomado en consideración la improcedencia de incluir los costes de urbanización de sistemas generales.
Respecto a este extremo, basta con reiterar los argumentos recogide ya por esta Sala en Sentencias de 13 de octubre del año 2.000 (recurso nº 9.392/1.998) y reiterade en la 5 de julio de 2.002 (recurso nº 6.577/1.998) y en la de 20 de enero del 2003 (recurso de casación 7808/1998).
Como allí decíamos <
TERCERO.- Procede en consecuencia desestimar el recurso de casación interpuesto, y ello no solamente por cuanto que la infracción base denunciada al citar los preceptos que se consideran infringide y consistente en haberse aplicado indebidamente por el Jurado de Expropiación lo dispuesto en el artículo 43 sin tener en cuenta que se trata de una expropiación urbanística, carece de toda fundamentación, lo que por sí solo determina la improcedencia de declarar no haber lugar al presente recurso que en cualquier caso debe ser además desestimado en cuanto al coste de urbanización de los sistemas generales y de la cesión obligatoria del 10% por cuanto el criterio de la sentencia recurrida se adecua plenamente al de la jurisprudencia de esta Sala. Por ello procede confirmar la sentencia recurrida que, pese a fijar una valoración por metro cuadrado de 1.278 pesetas reduce ésta a la cifra asignada en la determinación del justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación teniendo en cuenta que la recurrente es la entidad expropiante y en aplicación del principio prohibitivo de la reformatio in peius.
CUARTO.- La declaración de no haber lugar al recurso de casación determina la imposición de las costas a la recurrente en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley de esta Jurisdicción de 1.956, reformada por la Ley 10/92, en relación con lo prevenido en la Disposición Transitoria 3ª. 2 y Transitoria 9ª de la vigente Ley de la Jurisdicción de 13 de julio de 1.998. No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada por la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª) con fecha 17 de septiembre de 1.998 en el recurso contencioso administrativo interpuesto por dicha Comunidad con nº 1508/1994 sobre impugnación de resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, cuya sentencia declaramos firme; con condena en las costas de este recurso a la recurrente.
