STS, 29 de Noviembre de 2001
| Ponente | YAGUE GIL, PEDRO JOSE |
| ECLI | ES:TS:2001:9350 |
| Número de Recurso | 8356/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
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JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil uno.
Visto el recurso de casación nº 8356/96, interpuesto por el Procurador Sr. Abajo Abril, en nombre y representación del Ayuntamiento de Logroño, contra la sentencia dictada en fecha 26 de Septiembre de 1996, y en su recurso nº 850/94 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sobre impugnación de Convenio de enajenación onerosa de parcela del Patrimonio Municipal del Suelo, siendo parte recurrida la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de la Rioja, representada por la Procuradora Sra. Sanz Angulo. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, dictó sentencia estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Ayuntamiento de Logroño se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de Noviembre de 1996; al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 9 de Diciembre de 1996, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se desestimara el recurso contencioso administrativo.
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 10 de Julio de 1998, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de la Rioja) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 4 de Septiembre de 1998, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 24 de Mayo de 2001 se acordó oír a las partes a fin de que pudieran alegar lo que a su derecho conviniera acerca de los posibles efectos que en este recurso pudiera tener la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de Marzo, habiendo alegado el Ayuntamiento de Logroño que, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 284 y 285 del TRLS-92, el acto recurrido tiene su apoyo en los artículos 166,169-1-c) y 170-1.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976.
La Asociación demandante no ha hecho alegación alguna.
Por providencia de fecha 11 de Octubre de 2001, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de Noviembre de 2001, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dictó en fecha 26 de Septiembre de 1996 y en su recurso contencioso administrativo nº 850/94, por medio de la cual se estimó el formulado por la "Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de la Rioja" contra el acuerdo del Ayuntamiento de Logroño de fecha 6 de Octubre de 1994 que aprobó el Convenio a suscribir entre el Instituto Riojano de la Vivienda S.A. y el Ayuntamiento de Logroño para la enajenación de forma directa y onerosa de una parcela del Patrimonio Municipal del Suelo al citado Instituto.
El Tribunal de instancia estimó el recurso contencioso administrativo y anuló el Convenio impugnado. Lo hizo con base en el argumento principal de que la enajenación objeto del Convenio infringía el artículo 285 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de 1992, que sólo permite las cesiones a título gratuito, así como su artículo 284.1, que exige como regla general que la enajenación de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo sea por concurso.
El Ayuntamiento de Logroño ha interpuesto contra esa sentencia recurso de casación, en el cual esgrime como motivo de impugnación la infracción del artículo 285 del T.R.L.S. de 1992. Considera, en efecto, el Ayuntamiento demandado que ese precepto permite en el caso que regula la enajenación a título gratuito, pero no excluye la enajenación onerosa.
Lo primero que debemos decir es que los artículos 284 y 285 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de 1992, en que se basó el Tribunal de instancia para anular el acto recurrido, han sido posteriormente declarados anticonstitucionales por el Tribunal Constitucional en su sentencia 61/97, de 20 de Marzo, (sobre lo cual han sido oídas las partes en este recurso de casación), de suerte que para decidir si la Sala de instancia acertó o no al anular el acto recurrido hemos de acudir al artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 3/80, de 14 de Marzo y al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976 (toda vez que los artículos 278 y 280 del TRLS-92 ---que son los únicos que no han sido declarados anticonstitucionales por el Tribunal Constitucional--- no se refieren al problema de autos).
Pues bien. La enajenación aquí impugnada (que es directa y a título oneroso) no tiene apoyo jurídico ni en el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley citado ni en el Texto Refundido de 1976. En efecto:
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Que no lo tiene en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley 3/80, de 14 de Marzo, sobre promoción del Suelo y Agilización de la Gestión Urbanística, es claro, pues, aún en el caso de que el Instituto Riojano de la Vivienda S.A. pudiera ser considerado Administración Pública, siempre resultaría que la enajenación impugnada no cumple el requisito de ser a titulo gratuito, que es una exigencia clara de ese precepto.
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Tampoco puede tener su apoyo en los preceptos del T.R.L.S. de 9 de Abril de 1976 que el Ayuntamiento de Logroño trae ahora a colación, porque:
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- El "Instituto Riojano de la Vivienda S.A." no es un organismo oficial, sino una sociedad anónima, y, por lo tanto, resulta inaplicable el artículo 169-1-c) de aquel Texto Refundido, que permite la enajenación directa a título oneroso de terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo para "la construcción de viviendas por Organismos Oficiales". Una sociedad anónima no es en ningún caso un organismo oficial y, por lo tanto, el precepto no es aplicable.
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- El citado Instituto tampoco es una Entidad de carácter beneficio y social, y para ello basta observar los fines que en sus Estatutos se consignan. En efecto, en el artículo segundo se dice que su objeto lo constituye la "rehabilitación y promoción de viviendas (...), la adquisición de suelo para constituir reservas (...), la redacción y gestión de planeamiento preciso para la ejecución de los programas, la adquisición y enajenación de viviendas, (...) la participación en otras empresas nacionales o extrajeras que tengan por objeto programas de construcción de viviendas", etc, finalidades todas ellas que, siendo lícitas y plausibles, no puede decirse que tengan un carácter benéfico-social, palabras estas que ni siquiera se citan en el precepto estatutario que describe el objeto social.
Por lo tanto, resulta también inaplicable el artículo 170-1-a) del Texto Refundido de 1976.
La sentencia de instancia es, por lo tanto, conforme a Derecho, aunque sea en aplicación de normativa distinta a la que aplicó; en consecuencia, el recurso de casación debe ser desestimado.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 102-3 de la L.J. procede condenar al Ayuntamiento de Logroño en las costas del presente recurso de casación.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el recurso de casación nº 8356/96 y, en consecuencia, confirmamos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en fecha 26 de Septiembre de 1996 y en su recurso contencioso administrativo nº 850/94. Y condenamos al Ayuntamiento de Logroño en las costas del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. PEDRO JOSÉ YAGÜE GIL.
En mi opinión, el presente recurso de casación debió ser estimado, con revocación de la sentencia de instancia y desestimación del recurso contencioso administrativo, sin hacer condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Mi desacuerdo se centra en el fundamento de Derecho cuarto de la sentencia de casación pues opino que una enajenación directa y a título oneroso hecha por el Ayuntamiento de Logroño al "Instituto Riojano de la Vivienda S.A." para la construcción y venta de viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial, tiene su apoyo jurídico en los artículos 169-1-c) y 170-1-a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976, que permiten la enajenación directa y onerosa de terrenos "para la construcción de viviendas por Organismos Oficiales" y también la enajenación a "entidades de carácter benéfico y social que sean promotoras de viviendas de protección oficial" para edificar estas. Es cierto que dicho Instituto no es propiamente un Organismo Oficial ni una entidad de carácter benéfico y social, pero ---tal como dice la sentencia impugnada--- se trata de una entidad creada por la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin ánimo de lucro, que asume la promoción pública de la vivienda, y de la que son únicos socios el Gobierno de la Comunidad Autónoma, con un 92'7% del capital y el Ayuntamiento de Logroño, con un 7'3%. Como se ve, esa entidad, habida cuenta de estas características, puede encuadrarse, si no en la letra, sí en el espíritu de los artículos 169-1-c) y 170-1-a) citados.
Madrid, 29 de Noviembre de 2001.
Fdo. Pedro José Yagüe Gil
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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