STS, 2 de Octubre de 2002
| Ponente | Emilio Pujalte Clariana |
| ECLI | ES:TS:2002:6395 |
| Número de Recurso | 1931/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION?? |
| Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JOSE MATEO DIAZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Octubre de dos mil dos.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 1931/98, interpuesto por la entidad "Cosecheros Abastecedores, S.A.", representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Valentina López Varelo, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada en 16 de Mayo de 1995 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, en el Recurso número 1170/95, sobre Desgravación Fiscal a la Exportación, en el que aparece como parte recurrida, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
La Sala de esta Jurisdicción, Sección Octava, de la Audiencia Nacional, con fecha 16 de Mayo de 1995, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido: PRIMERO DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por COSECHEROS ABASTECEDORES, S.A., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 4 de Julio de 1990, de que se hizo suficiente mérito, por entender que se ajusta a Derecho. SEGUNDO DESESTIMAR las demás pretensiones de la actora. TERCERO No hacer especial pronunciamiento sobre costas".
Contra la anterior sentencia, la representación procesal de la mercantil "Cosecheros Abastecedores, S.A.", preparó recurso de casación. Emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente formuló escrito de interposición, que articuló sobre la base de tres motivos, todos ellos amparados en el artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción aquí aplicable, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente considera infringidos el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17-7-1958, por inaplicación, artículos 64, 153 de la Ley General Tributaria, en conexión con los artículos 15.2 del Decreto 1255/1970, y 14 de la Circular nº 814 de la entonces denominada Dirección General de Aduanas, inaplicación del artículo 86.2 de la LRJCA, en conexión con los artículos 14 y 24.1 de la Constitución, así como infracción de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo que cita, respecto de la nulidad del Real Decreto 2950/1979, y obligada pervivencia de los tipos porcentuales aplicables a la Desgravación Fiscal a la Exportación, vigentes con posterioridad al 10 de Enero de 1980, terminando por suplicar sentencia, en la que se estime el recurso, "casando la impugnada y se ordene a la Administración demandada a que inicie el trámite de revisión y lo concluya, previo dictamen del Consejo de Estado, para, una vez remitido, y en consonancia con el mismo elevar en su caso, la pertinente Propuesta de Resolución al Consejo de Ministros, al objeto de practicar las liquidaciones denegatorias por exportaciones de la mercantil anónima "Cosecheros Abastecedores, S.A.", con aplicación de los tipos subsistentes con anterioridad a las normas reductoras iniciadas en su fase de elaboración".
Conferido traslado a la representación del Estado, se opuso al recurso, solicitando sentencia en la que se declare no haber lugar a casar la recurrida, con expresa condena en costas a la parte recurrente; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar el día de ayer, y
El planteamiento que hace la recurrente en su escrito de interposición parte de la premisa de que el Real decreto 2950/1979 había sido declarado nulo de pleno derecho y expulsado del ordenamiento jurídico y que las liquidaciones desgravatorias practicadas a su amparo eran susceptibles de impugnación en el momento en que se solicitó la aplicación de los tipos desgravatorios precedentes y el consiguiente abono de cantidades superiores a las percibidas por el exportador, por lo que los tres motivos de impugnación pueden ser analizados conjuntamente.
Pues bien, las cuestiones que vienen a plantearse desde distintos ángulos han sido tratadas por esta Sala -entre otras- en Sentencias de 26 y 29 de Enero , 1 de Febrero, 8 y 25 de Noviembre de 1999, 15, 21 y 24 de Junio, 8 y 14 de Julio de 2000 y 11 de Octubre de 2001.
En la primera de las citadas se dice: "Efectivamente, la doctrina de esta Sala sobre la cuestión se encuentra recogida en diversas sentencias y entre las mas recientes en las de 9 de Diciembre de 1996, 19 de Diciembre de 1997, y 19 de Septiembre de 1998, donde se reconoce, que desde el punto de vista doctrinal y teórico se mantiene que, en materia de nulidad de disposiciones administrativas de caracter general, rige el principio no solo de que esa nulidad es de pleno derecho, como, por otra parte, establecía el artículo 47.2. de la Ley de Procedimiento Administrativo y sigue estableciendo el artículo 62.2. de la vigente, sino tambien el de que, con la misma calificación, dicha nulidad se comunica, poco menos que ineluctablemente, a todos los actos administrativos que en la disposición anulada encontraran su cobertura legal y, además, con la eficacia "ex tunc" y con la imprescriptibilidad de las posibilidades de impugnación que es característica de la nulidad de tal naturaleza. Sin embargo -se añade en dichas Sentencias- no es menos cierto que este sistema no es el legal. La antigua Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 120. 1. , establecía ya una primera limitación consistente en que la anulación no podría afectar a los actos anteriores firmes y consentidos, como no podía ser hoy de otra forma ante la vigencia del principio constitucional de seguridad jurídica -artículo 9 de la Constitución - y ante el hecho de que ni siquiera en el supuesto máximo de nulidad de disposiciones generales, como es el de inconstitucionalidad de las normas con fuerza de Ley - artículo 40.1. de la Ley 2/1979 , de 3 de Octubre, Organica del Tribunal Constitucional - puede aceptarse una solución diferente. Es más : como este último Tribunal tiene declarado , STC 45/1989, de 20 de Febrero, no solo deben declararse no susceptibles de revisión las situaciones decididas mediante sentencia con eficacia de cosa juzgada, sino tambien - por exigencias del mencionado principio de seguridad jurídica - las derivadas de actuaciones administrativas que hubieren ganado esa condición - la de firmeza, se entiende - en su ámbito. Y todo ello con la finalidad de evitar que resulte de peor condición quien acudió a los Tribunales, sin éxito, en impugnación de actos aplicativos de disposiciones administrativas declaradas nulas con fundamento en que vulneraban o contradecían otras de rango superior, que quien, teniendo la misma posibilidad, consintió la resolución administrativa que las aplicaba, como resume la Sentencia de esta misma Sala de 31 de Octubre de 1996, a propósito de la diferencia entre los efectos de la impugnación directa o indirecta de disposiciones administrativas, es decir, la que tiene lugar, respectivamente, en virtud de lo establecido en los artículos 1.1, 28.1.b), 37.1. y 3 y 39 .1 y 3, por un lado y artículo 39.2. y 4, por otro , todos de la Ley de esta Jurisdicción. En el primer caso hay actos que siguen siendo válidos pese a haberse dictado en virtud de una disposición que se entendió nula: los anteriores a la Sentencia anulatoria que hubieran quedado firmes. En el segundo siguen siendo válidos todos, excepto el específicamente impugnado y anulado".
En el caso de autos, -continua la citada sentencia- las liquidaciones a que se refiere la inicial reclamación de la recurrente para que le fueran abonadas mayores cantidades que las aplicables, en concepto de Desgravación Fiscal a la Exportación, fueron giradas y resultaron consentidas y firmes, al no ser impugnadas, con lo que serían inatacables, aunque se hubieran anulado después las normas en que se fundaban, máxime cuando, como en este caso, lo dictado son Sentencias que inaplicaron dichas normas en recursos indirectos, sin haberse producido la expulsión del ordenamiento jurídico del Real Decreto 2950/79.
Por otra parte, en la Sentencia de 29 de Enero de 1999 en relación con la Jurisprudencia, aquí tambien invocada, sobre la declaración de nulidad de pleno derecho del Real Decreto 2950/1979, de 7 de Diciembre y consiguiente vigencia de los tipos desgravatorios anteriores a su entrada en vigor y sobre que el efecto anulatorio se expande a personas distintas de los litigantes, se declara que dichas tesis son contrarias a la jurisprudencia consolidada de esta Sala, constituyendo la Sentencia de 29 de Octubre de 1996 un compendio de esta doctrina, y por ello conviene reproducir sus argumentos jurídicos: En efecto dijimos: El desarrollo de la anterior tesis ha sido reiteradamente rebatido por una abundante doctrina de esta Sala contenida, por ejemplo y entre otras muchas, en sus sentencias de 11 de febrero, 6 y 27 de marzo de 1995 que, pese a su notoriedad, conviene recordar. Así, dice la últimamente citada que "Como tantas y tantas veces ha repetido esta Sala, la sentencia de 14 de noviembre de 1987 ... no anuló el Real Decreto 2.950/1979, porque no podía anularlo. Dicha sentencia recayó en un recurso de apelación... contra sentencia de la Audiencia Nacional, que anuló unas liquidaciones dictadas en aplicación del Real Decreto 2.959/1979, por entender que tal disposición era nula por falta de dictamen del Consejo de Estado; la sentencia de la Audiencia Nacional no anuló el Real Decreto porque no tenía competencia para anularlo. Y esta Sala...tampoco lo anuló, porque lo que se interpuso en primera instancia fue un recurso indirecto, al amparo del Art. 39, párrafos 2 y 4, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en ese recurso indirecto, es evidente que no se podía anular un Real Decreto.- ... La sentencia mencionada, de 14 de noviembre de 1987, no es aplicable al presente recurso, puesto que solamente anulaba unas liquidaciones, mediante un recurso interpuesto contra ellas en tiempo hábil para hacerlo, a diferencia de lo que ocurre en el caso del presente recurso, en el que la entidad exportadora dejó firmes y consentidas las liquidaciones que le fueron practicadas.- ... Lo que antecede se dice respecto del Real Decreto 2.950/1979, pero respecto del otro Real Decreto impugnado, es decir, el número 1313 de 20 de Junio de 1984, si bien es cierto que fue anulado por la sentencia de 25 de Abril de 1991, fue a su vez rescindida esta sentencia por la de la Sala de Revisión de este Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1992, por lo que dicha anulación quedó sin efecto".
Como recoge la Sentencia, tambien citada, de 1 de Febrero de 1999, lo mismo cabe decir respecto de otros fallos ( como los de 16 de noviembre de 1987 invocado por la recurrente y el de 22 de Julio de 1988), que tambien reconocieron la nulidad del referido Real Decreto 2950/79, pero para confirmar la anulación de las liquidaciones impugnadas, que habían sido giradas con base en dicha norma y no para expulsarla del ordenamiento jurídico, lo que además y como queda dicho, no era posible, debiendo además resaltar -continúa la Sentencia de 1 de Febrero de 1999 que estamos glosando- que tales Sentencias tuvieron efecto exclusivamente sobre las partes personadas en los respectivos recursos, sin transcendencia "erga omnes", y lo que es más importante, que tales sentencias a pesar de tratarse de recursos indirectos y en contra de una constante doctrina de esta Sala, fundaron la anulación de las liquidaciones impugnadas, en la falta de dictámen del Consejo de Estado, que al ser un vicio formal, sólo se podía alegar en los recursos directos.
En consecuencia, ni se ha anulado el Real Decreto 2.950/1.979, ni existe infracción manifiesta de la Ley de naturaleza sustancial, ni la Sentencias citadas tienen efectos "ergo omnes", y ni siquiera es posible mantener la doctrina que sostuvieron, por tratarse de recursos indirectos.
Por otra parte la tambien citada Sentencia de 29 de Enero de 1999, distingue entre plazo de Preclusión para la interposición del recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa contra la liquidación tributaria, que es el de 15 dias y el plazo de prescripción de los derechos, que es de cinco años, en el caso de devolución de ingresos, pero sin que este -añadimos ahora- pueda enervar a aquel, impidiendo la firmeza del acto no impugnado que es cuestión sometida al principio de seguridad jurídica, por lo que cabe concluir que no se produjeron en la sentencia de instancia las infracciones legales y jurisprudenciales denunciadas.
Debiendo rechazarse todos los argumentos casacionales opuestos, en cuanto a costas ha de estarse a lo establecido en el art. 102.3 de la Ley de la jurisdicción, en la redacción de 1992 e imponerse al recurrente.
Por lo expuesto en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.
Que debemos desestimar y desestimamos la casación interpuesta por la representación procesal de "COSECHEROS ABASTECEDORES, S.A.", contra la Sentencia dictada, en fecha 16 de Mayo de 1995, por la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso administrativo nº. 1170/95. con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
-
STSJ Comunidad de Madrid 171/2005, 21 de Marzo de 2005
...día a los representantes del Colegio recurrente, y ello también en aplicación de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. La STS. de 2-10-2002 , reproduce dicha jurisprudencia en los siguientes términos: «Efectivamente, la doctrina de esta Sala sobre la cuestión se encuentra reco......
-
STSJ Comunidad de Madrid 739/2004, 8 de Septiembre de 2004
...los representantes de los Colegios recurrentes, y ello también en aplicación de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. La STS. de 2-10-2002 reproduce dicha jurisprudencia en los siguientes términos: «Efectivamente, la doctrina de esta Sala sobre la cuestión se encuentra recogid......
-
STSJ Comunidad de Madrid 856/2004, 18 de Octubre de 2004
...día 4 de junio de 1999 al Colegio de Pontevedra, y ello también en aplicación de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. La STS. de 2-10-2002 reproduce dicha jurisprudencia en los siguientes términos: «Efectivamente, la doctrina de esta Sala sobre la cuestión se encuentra recogi......