STS 513/95, 2 de Junio de 1995
| Ponente | D. PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| Número de Recurso | 2694/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 513/95 |
| Fecha de Resolución | 2 de Junio de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Junio de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra el auto de fecha 21 de noviembre de 1990 dictado por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos incidentales, procedentes del Juzgado de Distrito Número Ocho de Madrid, sobre desahucio en precario; cuyo recurso fue interpuesto por D. Luis Antonio, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan A. Caballero; siendo parte recurrida Dª Valentina, quien no ha comparecido en estas actuaciones.ANTECEDENTES DE HECHO
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- EL Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de Dª Valentinay de D. Carlos Daniel, formuló demanda de Desahucio en Precario, ante el Juzgado de de Distrito número Ocho de Madrid, contra D. Luis Antonioen la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se declare haber lugar al desahucio por precario del demandado de la vivienda sita en Madrid c/ DIRECCION000nº NUM000, piso NUM001NUM002, condenando al mismo a que dentro del término legal deje el piso expedito y a disposición del demandante, bajo apercibimiento de lanzamiento, en caso de no verificarse e imponiendo al demandado las costas del procedimiento.
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- Señalado día para la celebración del juicio, compareció el demandado oponiéndose a la demanda en base a las manifestaciones que aparecen en el acta del juicio.
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- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos la Ilma.Sr.Magistrada Juez del Juzgado de Distrito Número Ocho de Madrid, dictó sentencia en fecha 17 de enero de 1989, cuyo FALLO es como sigue: "Que, desestimando la demanda formulada por el Procurador Sr.Aguilar Fernández en nombre y representación de doña Valentinay don Carlos Danielcontra don Luis Antonio, debo absolver y absuelvo de la demanda al referido demandado; con imposición de las costas a la parte actora".
Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha 1 de junio de 1991 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS:Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de los demandantes Dª Valentinay su esposo D. Carlos Danielcontra la sentencia dictada en diecisiete de Enero de mil novecientos ochenta y nueve por la Ilma. Señora Magistrada Juez del Juzgado de Distrito número ocho de los de Madrid en los autos de que dimana este rollo, debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al mismo y, en consecuencia, CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, con expresa imposición al recurrente de las costas de esta alzada".
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- Por el Procurador D. Rafael Delgado Delgado, en representación de D. Luis Antonio, se solicitó la tasación de costas en el rollo de apelación que fue practicada en 1 de octubre de 1990.
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- El Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández en nombre y representación de Dª Valentinay de su esposo D. Carlos Daniel, impugnó la tasación practicada tanto por ser excesivos como por ser indebidos los honorarios del Letrado.
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- Por la citada Sección de la Audiencia Provincial se dictó auto en fecha 9 de octubre de 1990 declarando la nulidad de actuaciones a partir de la diligencia de ordenación que ordenaba practicar tasación de costas y se declaró no haber lugar a la practica de la tasación. Recurrida en súplica esta resolución por el Procurador D. Rafael Delgado Delgado en representación de D. Luis Antonio, la Audiencia no dio lugar a la misma por auto de 21 de noviembre de 1990.
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- Preparado recurso de casación por el Procurador Sr.Delgado Delgado contra esta última resolución, se denegó esta petición en auto de 18 de diciembre de 1990 que fue recurrido en queja ante esta Sala que por auto de 28 de mayo de 1991 estimó el recurso.
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- El Procurador de los Tribunales D. Rafael Delgado Delgado, en nombre y representación de D. Luis Antoniointerpuso recurso de casación contra el auto de fecha veintiuno de noviembre de 1990 dictado por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, con apoyo en un único motivo: "UNICO.- Al amparo del número 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción del art.2º.2 de la Ley nº10/68 de 20 de junio sobre competencia de las Audiencias Provinciales y artículos 887, 888 y 891 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".
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- Convocadas las partes se celebró la preceptiva vista el día 17 de mayo del año en curso, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA
Interpuesto recurso de casación contra el auto de fecha 21 de noviembre de 1990 dictado por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid desestimatorio del recurso de súplica formulado contra el auto de 9 de octubre del mismo año por el que se declaraba la nulidad de actuaciones y se denegaba la práctica de la tasación de costas solicitada por el Procurador de la parte aquí recurrente respecto de las causadas en el recurso de apelación de que trae causa éste de casación , en el escrito de formalización se alega ser procedente el recurso de casación contra aquel auto de 21 de noviembre de 1990 al amparo del art.1687-2º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, se dice, "establece la procedencia del recurso de casación contra los autos dictados en apelación en los procedimientos de ejecución de sentencias y el propio auto de esta Excma.Sala recaído en recurso de queja nº 38/91", articulándose el recurso de casación en un único motivo acogido al ordinal 5º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciándose infracción del art.2º.2 de la Ley 10/68, de 20 de julio sobre competencia de las Audiencias Provinciales y arts.887, 888 y 891 de la citada Ley procesal.
Para la resolución del presente recurso es necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes: Formulada demanda de desahucio por precario por doña Valentinay don Carlos Danielcontra don Luis Antonio, el Juzgado de Distrito número 8 de Madrid, al que correspondió el conocimiento del litigio, dictó sentencia con fecha 17 de enero de 1989 desestimatoria de la demanda. Apelada esta sentencia, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 1 de junio de 1990, desestimó el recurso de apelación, confirmó la sentencia apelada e hizo expresa imposición al recurrente de las costas de la alzada. Por el Procurador de la parte demandada y apelada se solicitó la tasación de costas en el rollo de apelación que fue practicada en 1 de octubre de 1990. Por la parte apelante condenada al pago de las costas se impugnó la tasación practicada tanto por ser excesivos como por ser indebidos los honorarios del Letrado. Por la citada Sección de la Audiencia Provincial se dictó auto de fecha 9 de octubre de 1990 declarando la nulidad de actuaciones a partir de la diligencia de ordenación que ordenaba practicar tasación de costas y se declaró no haber lugar a la práctica de la tasación. Recurrida en súplica está resolución, la Audiencia no dio lugar a la misma por auto de 21 de noviembre de 1990. Preparado recurso de casación contra esta última resolución, se denegó esta petición en auto de 18 de diciembre de 1990 que fue recurrido en queja ante esta Sala que por auto de 28 de mayo de 1991 estimó el recurso.
Es doctrina reiterada de esta Sala, que por conocida excusa de su cita particularizada, la de la ineludible exigencia para este Tribunal de proceder con carácter previo y "ex officio" al examen de la concurrencia de los presupuestos procesales que ha de ser efectuado no sólo a instancia de parte sino de oficio por el Juzgador en cada momento ya que el cumplimiento de los requisitos procesales es cuestión de orden público y de carácter imperativo que escapa al poder de disposición de las partes.
Alegada, como se ha anotado más arriba, la procedencia del presente recurso al amparo del art.1687.2º de la Ley Procesal Civil, tal precepto no puede servir de apoyo para que la resolución impugnada tenga acceso a la casación por cuanto dicho art.1687-2º se refiere a "los autos dictados en apelación, en los procedimientos para la ejecución de las sentencias recaídas en los juicios a que se refiere el apartado anterior", es decir, en los juicios de mayor y de menor cuantía, entre los cuales, es obvio, no se encuentra el juicio de desahucio por precario. Ello aparte de que la resolución impugnada no ha sido dictada en recurso de apelación en ejecución de sentencia y que el recurso no se articula por los motivos que se expresan en el repetido art.1687- 2º, sino en el incluido en el ordinal 5º del art.1692 lo que no es posible según consolidada doctrina jurisprudencial.
No obstante el auto de esta Sala de 28 de mayo de 1991 resolviendo recurso de queja, en este momento procesal ha de afirmarse que el auto de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de noviembre de 1990 no es susceptible de recurso de casación al amparo de los arts.402 y 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el art.404. al igual que el 759 de la propia Ley Procesal, al permitir el acceso a la casación de los autos que resuelvan los recursos de súplica establecidos en el art.402, cuando tengan el carácter de sentencias definitivas, se está refiriendo a los autos resolutorios de incidentes que se promuevan durante la segunda instancia, entendiéndose por incidentes, a tenor del art.742 del Texto Procesal, las cuestiones que tengan una relación inmediata con el asunto principal que sea objeto del pleito en que se promuevan, siendo lógica la permisión del acceso a la casación de aquellos autos al impedir dichas cuestiones, caso de ser estimadas, entrar en el fondo del asunto. Tal carácter incidental no puede atribuirse a la impugnación de la tasación de costas, procedimiento autónomo que tiene lugar, precisamente, una vez concluida la segunda instancia por sentencia firme. Tal causa de inadmisión a trámite del recurso, se convierte en esta fase procesal en causa de desestimación, con la preceptiva imposición de costas a la parte recurrente a tenor del art.1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por don Luis Antoniocontra el auto de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid. Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso.Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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ATS, 25 de Febrero de 2003
...los juicios de mayor o menor cuantía, la jurisprudencia, como ya se ha dicho, reitera una y otra vez su carencia de acceso a la casación (STS 2-6-95 en recurso 2694/91 y AATS 29-4-93 en recurso 2264/92, 27-5-93 en recurso 905/93, 13-1-94 en recurso 2665/93, 14-4- 94 en recurso 1767/93, 13-1......
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