STS, 5 de Julio de 2002
| Ponente | D. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2002:5009 |
| Número de Recurso | 5437/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 5 de Julio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Julio de dos mil dos.
La Sala Tercera de este Tribunal Supremo ha conocido, con la composición reseñada al margen, de recurso de casación contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; fue dictada el 26 de marzo de 1998 en autos de recurso contencioso administrativo contra acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona de 18 de diciembre de 1995 sobre transferencia de aprovechamiento urbanístico.
El recurso extraordinario de casación ha sido interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación del Ayuntamiento de Pamplona, siendo recurrida la Comunidad Foral de Navarra, representada, como parte procesal, por la Procuradora de los Tribunales Doña Isabel de Oro Sanz; resultando los siguientes:
La Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha conocido del recurso número 222/96, promovido por la representación de la Comunidad Foral de Navarra; ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Pamplona y fue promovido contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento demandado en sesión de 18 de diciembre de 1995, sobre imposición del deber de adquirir 55'81 unidades de aprovechamiento urbanístico a Don Pedro Jesús con el fin de poder obtener licencia de apertura de local.
Dicho Tribunal dictó sentencia el 26 de marzo de 1998, con la siguiente parte dispositiva:
FALLAMOS: Estimado el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la Comunidad Foral de Navarra frente al Acuerdo ya identificado en el encabezamiento de esta resolución, acuerdo que anulamos por ser contrario al ordenamiento jurídico. No se hace condena en costas.
La parte demandada preparó recurso de casación; fue tenido por preparado y se remitieron los autos originales a esta Superioridad, emplazándose a las partes para su comparecencia ante la Sala Tercera de este Tribunal Supremo para hacer uso de su derecho, por término de treinta días.
Dentro del término del emplazamiento compareció ante la Sala el Procurador Don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre del Ayuntamiento de Pamplona; presentó escrito de interposición del recurso de casación que fue admitido a trámite por providencia de la Sección Primera de 21 de junio de 1999 que remitió las actuaciones a la Sección Quinta, formalizando escrito de oposición la parte recurrida.
Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para deliberación y fallo y se acordó designar para dicho trámite la audiencia del día 3 de julio de 2002, en cuya fecha ha tenido lugar.
VISTO, y en atención a los fundamentos de Derecho que se expresan
El Ayuntamiento de Pamplona se alza en esta casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ha estimado un recurso interpuesto por la Comunidad Foral contra Acuerdo del Ayuntamiento recurrente de 18 de diciembre de 1995, sobre imposición del deber de adquirir 55´81 unidades de aprovechamiento urbanístico a Don Pedro Jesús en el local sito en DIRECCION000NUM000 , al objeto de obtener licencia de apertura para la actividad de consulta de acupuntura.
La sentencia anula el acuerdo municipal por entender que la transferencia de aprovechamiento urbanístico es nula conforme al derecho sobrevenido aplicable tras la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. Considera, en un razonamiento amplio y bien fundamentado, que las reparcelaciones económicas discontinuas de carácter obligatorio previstas en el PGOU de Pamplona no son conformes a Derecho según el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y la jurisprudencia de este Supremo dictada en su interpretación.
En este caso, en el que ha habido una impugnación indirecta del Plan General de Pamplona, debemos excluir la inadmisión por razón de la cuantía que opone la Comunidad Foral recurrida (artículo 93.3 LJCA). Sí procede atender, no obstante, a la otra causa de inadmisión -que deviene ahora motivo de desestimación del recurso- que se invoca acertadamente en el contrarrecurso de la expresada Comunidad de Navarra.
Los motivos del recurso extraordinario de casación en vía contencioso-administrativa son limitados. Por la vía casacional no se puede denunciar cualquier vicio, sino únicamente aquellos que la ley señala en relación con el hacer judicial (tanto con la tarea de juzgar como con la de sustanciar los recursos) del Tribunal de instancia. Por eso dispone el artículo 100.2 b) de la LJCA, que invoca la Comunidad Foral, que la Sala dictará auto de inadmisión cuando el motivo o motivos invocados en el escrito de interposición del recurso no se encuentren comprendidos entre los que se relacionan en el artículo 95 de la misma Ley. Del citado precepto se deduce también que la parte recurrente tiene la carga procesal, de inexcusable cumplimiento para ver satisfecho su interés, de expresar el motivo o los motivos en que fundamente su recurso procediendo, en otro caso, la inadmisión del mismo.
La fundamentación de la declaración de inadmisión de la casación en tales casos resulta clara, ya que el recurso de casación no nos traslada el conocimiento plenario del proceso sustanciado en la instancia, sino sólo con el alcance limitado que resulta de la concurrencia de los motivos enumerados en el artículo 95.1 de la LJCA, en la medida en que la parte recurrente los haya desarrollado en forma suficiente en su escrito de interposición del recurso. Con excepciones que no son del caso, no resulta posible a este Tribunal apreciar de oficio motivos no formulados por las partes ni suplir la inactividad de éstas al articular su recurso.
En el escrito de interposición del recurso del Ayuntamiento de Pamplona no se especifica el motivo o los motivos que, en su caso, pudieran justificar la casación de la sentencia ni se concretan los preceptos legales o la jurisprudencia que pudiera fundamentarlos. La estructura formal del escrito y su misma argumentación recuerdan la técnica de los recursos de apelación - separados en hechos y fundamentos de Derecho - y resultan inadecuados para un recurso extraordinario como el planteado. Un examen somero de los alegatos que se formulan en los tres breves apartados de los fundamentos de Derecho nos va a confirmar esta impresión.
Se aduce que la sentencia infringe la jurisprudencia en un doble sentido porque, por una parte, se aplica -según dice- una jurisprudencia que no recoge exactamente el supuesto planteado ante la Sala y, por otra parte, se deja de aplicar otra jurisprudencia que se entiende que puede dar cabida al supuesto. No se especifica en el escrito qué razones deberían llevar a excluir la jurisprudencia que rechaza la posibilidad de reparcelaciones económicas discontinuas obligatorias, salvo excluir que se esté en el caso ante una de ellas sin hacer crítica alguna de los sólidos razonamientos de la Sentencia recurrida que demuestran lo contrario.
Si parece anunciarse, en fin, una jurisprudencia supuestamente favorable a la existencia de reparcelaciones económicas discontinuas obligatorias bajo el régimen de la Ley del Suelo de 1976, pero, como es obvio, no se alcanza a desarrollar tal alegato, limitándose la Administración municipal a remitirse en forma inconcreta a la contestación a la demanda en instancia o a efectuar una cita desnuda de fechas de supuestas resoluciones de esta Sala, sin exponer qué casos resolvieron qué doctrina sentaron o cómo podrían invocarse, en su caso, como precedente, por lo que es obvio que carecen de relieve en esta casación.
Todas estas circunstancias obligan a corroborar, junto a la causa de carencia manifiesta de fundamento (artículo 100.2 c) LJCA), la causa de inadmisión antes expuesta y conducen ya a dictar sentencia que, conforme a reiterada jurisprudencia, debe ser desestimatoria del recurso de casación.
La desestimación del recurso comporta la consiguiente imposición de las costas del mismo a la parte recurrente, por imperativo del artículo 102.3 de la LJCA.
En virtud de lo expuesto,
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don José Manuel Dorremochea Aramburu en representación del Ayuntamiento de Pamplona, contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 1998 por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. E imponemos expresamente a la parte recurrente las costas del presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrado Ponente en estos autos, lo que como Secretaria certifico.- Fdo.: Doña María Fernández Martínez.
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