STS, 29 de Abril de 2003
| Ponente | D. Nicolás Maurandi Guillén |
| ECLI | ES:TS:2003:2918 |
| Número de Recurso | 2155/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION (D.F.) |
| Fecha de Resolución | 29 de Abril de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. MANUEL GODED MIRANDAD. JUAN JOSE GONZALEZ RIVASD. FERNANDO MARTIN GONZALEZD. NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEND. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Abril de dos mil tres.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el número 2155/2000 ante la misma pende de resolución, interpuesto por el señor Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2000 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 729/98.
Siendo parte recurrida, Don Cosme , representado por la Procuradora Doña Marta Isla Gómez; y habiendo intervenido también el Ministerio Fiscal.
La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva que copiada literalmente dice:
"FALLAMOS; "Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso administrativo número 729/98, interpuesto por D. Cosme (sic), representado en autos por el Letrado D. Antonio Hernández Vera, contra la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 13 de julio de 1998 que acordó denegar el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo, anulamos la expresadas (sic) resolución y reconocemos la condición de refugiado y el derecho de asilo al solicitante, a cuyo cumplimiento condenamos a la Administración; sin condena en costas".
Notificada la anterior sentencia, por el ABOGADO DEL ESTADO se preparó recurso de casación, y por Providencia de 29 de febrero de 2000 se tuvo por preparado por la Sala de instancia y se remitieron las actuaciones a este Tribunal, con emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones, por la parte recurrente se presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que, tras expresar los motivos en que lo apoyaba, se terminaba con este Suplico a la Sala:
"(...) se dicte resolución por la que, estimando este recurso, se case y anule el fallo recurrido, dictando en su caso otro por el que sea declarada la conformidad a Derecho de la resolución administrativa recurrida, según los motivos expuestos".
La representación de Don Cosme se opuso al recurso y pidió su desestimación.
El MINISTERIO FISCAL presentó escrito en el que sostenía la desestimación del recurso.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 22 de abril de 2.003, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
El proceso de instancia se inició en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Cosme , ciudadano de Argelia, contra la resolución del Ministerio del Interior por la que se le denegaba el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo, y se tramitó por las normas contenidas en la Ley 62/1.978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.
La sentencia aquí recurrida de casación estimó el anterior recurso jurisdiccional, anuló el acto impugnado y reconoció al solicitante la condición de refugiado y el derecho de asilo.
El presente recurso de casación ha sido interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, e intenta apoyarse en los tres motivos que luego se analizan.
Y hay que decir que las cuestiones principales que en dichos motivos se suscitan ya han sido resueltas por un elevado número de anteriores sentencias de esta Sala y Sección (entre otras las de 21 de enero y 30 de septiembre de 2002), cuyos razonamientos deben ser reiterados, tanto por el principio de unidad de doctrina como porque no se han aducido razones que resulten convincentes para modificar ese anterior criterio.
El primer motivo de casación, amparado en la letra b) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción de 1.988 -LJCA.-, denuncia la inadecuación de procedimiento, alegando que, en lugar del procedimiento ordinario que debió tramitarse, se siguió el procedimiento especial de la Ley 62/1.978.
El segundo motivo, amparado en la letra c) del antes citado artículo 88.1 de la LJCA, invoca el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Y aduce para ello que el artículo 372.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 establece que las sentencias habrán de citar las leyes o doctrinas que se consideren aplicables al caso y que, tratándose de un proceso seguido por el procedimiento especial de la Ley 62/1.978, no se menciona, para dictar una sentencia estimatoria, cuál es el precepto de la Constitución, de los previstos en el artículo 53.2 de la misma (esto es, de los que permiten acudir al referido procedimiento especial), que ha sido infringido.
Ambos motivos deben ser desestimados.
El primer motivo porque en realidad no llega a formalizarse, ya que no se postulan los efectos que resultan procedentes para la estimación de esta específica clase de motivo en el artículo 95.2.b). En la "súplica" del recurso de casación no se pide la reposición de las actuaciones para que se siga el procedimiento adecuado, sino que se anule el fallo recurrido y se declare la conformidad a Derecho de la resolución administrativa impugnada.
El segundo porque la sentencia de instancia, como reconoce la propia Administración aquí recurrente, sí cita las normas que considera aplicables, en cuanto que como tales expresamente menciona las leyes españolas de 26 de marzo de 1984 y 19 de mayo de 1994.
La aplicación al caso del procedimiento especial de la Ley 62/1.978 lo fue en virtud de lo prevenido en el artículo 20.3 de la Ley 5/1.984, en su redacción anterior a la Ley 9/1.994, según el cual las resoluciones del Ministerio del Interior no admitiendo a trámite las peticiones de asilo , y las del Gobierno que revoquen el asilo previamente concedido, serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ajustándose, en cuanto a su interposición y procedimiento, a lo previsto en las normas que regulan la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Y habiéndose aplicado el procedimiento especial de la Ley 62/1.978 por la razón que acaba de apuntarse, la sentencia de instancia no tenía porqué citar precepto de la Constitución relativo a los derechos fundamentales que entendiese vulnerado.
La cuestión que el Abogado del Estado plantea y reitera en este motivo es la de la posible inadecuación del procedimiento, que no puede ser acogida por lo que ya se ha dicho al examinar el primer motivo de casación, pero la sentencia de instancia, en la motivación que emplea para justificar el pronunciamiento contenido en su fallo, no ha incurrido en la infracción del precepto que se menciona como base de este segundo motivo casacional.
El tercer motivo de casación se ampara expresamente en la letra d) del artículo 88.1 de la LJCA de 1998, y alega infracción, por omisión, del artículo 53.2 de la Constitución, la disposición transitoria segunda , apartado 2, de la Ley Orgánica 2/1.979, del Tribunal Constitucional, los artículos 1.2 y 6 de la Ley 62/1.978 y, por analogía, del artículo 55.1 de la ya citada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Se razona que, aun cuando los artículos 21 y 24 de la Ley 5/1.984, en su primitiva redacción, remitían al procedimiento especial de la Ley 62/1.978, dicha normativa no era aplicable al presente caso, porque, dada la fecha de la petición de asilo, ya se encontraba vigente la modificación de la Ley 5/1.984 verificada por la Ley 9/1.994, de 19 de mayo.
Y se señala a este respecto que el nuevo artículo 21 no impone la tramitación obligatoria de las cuestiones de asilo y refugio a través del proceso de la Ley 62/1978, sino que se limita a decir que "Los recursos tendrán tramitación preferente".
Este motivo tampoco puede ser estimado, ya que, debiendo calificarse la infracción alegada como una inequívoca inadecuación del procedimiento (se ha tramitado el recurso contencioso- administrativo por el procedimiento especial de la Ley 62/1.978 cuando debió utilizarse el ordinario), el motivo no se ha amparado en la letra b) del artículo 88.1 de la LJCA ("incompetencia o inadecuación del procedimiento") sino en la letra d) ("infracción de las normas del ordenamiento jurídico").
Como la Sala tiene declarado (cfr. auto de 7 de julio de 1.993), el motivo indicado es el marco preciso en el que debe resolverse el recurso de casación. Este marco constituye una limitación para el órgano jurisdiccional en cuanto a su ámbito de conocimiento, ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario que sólo puede ser articulado por alguno de los motivos que señala la ley. Y si el motivo se encuentra invocado erróneamente la Sala no tiene facultades para encuadrar el vicio alegado en motivo diferente del que se ha hecho valer, dado el principio de justicia rogada que preside la articulación del recurso de casación, precisamente por su carácter extraordinario.
En el presente caso, de haberse invocado el motivo de la letra b) y de haberse postulado los efectos legalmente previstos para el mismo, como era lo procedente, la Sala, al resolver, habría tenido que aplicar lo prevenido en el artículo 95.2.b) de la LJCA de 1998, mientras que, al haberse hecho valer el motivo de la letra d), ello conducía al apartado d) de este mismo artículo 95.2, con las importantes diferencias que ello comporta.
Procede declarar no haber lugar al recurso de casación, con imposición de costas a la parte recurrente (artículo 139.2 de la LJCA).
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- Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el señor ABOGADO DEL ESTADO, en representación de la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2000 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 729/1998.
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- Imponer a la Administración recurrente el pago de las costas ocasionadas por el recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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STSJ País Vasco , 18 de Noviembre de 2003
...pues se aborda la excepción interpuesta, y, se intenta una predeterminación vetada por la jurisprudencia del TS (por toda la sentencia del TS de 29-4-03), y, desde otra perspectiva, no se introducen cuestiones nuevas (TS 28-5-03), por lo que la modificación debe En orden al segundo motivo, ......