STS, 28 de Septiembre de 2001
| Ponente | SANZ BAYON, JUAN MANUEL |
| ECLI | ES:TS:2001:7314 |
| Número de Recurso | 1317/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Septiembre de dos mil uno.
Visto el recurso de casación nº 1317/97 interpuesto por la procuradora Dª Matilde Marín Pérez, en nombre y representación de D. Eugenio , promovido contra la sentencia dictada el 20 de junio de 1996, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en las Palmas de Gran Canaria, en recurso contencioso-administrativo nº 840/93 sobre demolición de obras. Siendo parte recurrida la Comunidad Autónoma de Canarias, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Sanz Bayón.
Ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, se ha seguido el recurso nº 840/93 interpuesto por D. Eugenio , contra: 1º.- La Resolución del Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental del Gobierno de Canarias, de fecha 30 de marzo de 1992, que decidió: "El restablecimiento del Orden Jurídico Infringido y de la realidad alterada mediante la demolición de la edificación, sita en La Montañeta -El Raso- del término municipal de Santa Brígida, promovida por Don Eugenio . 2º. Interpuesto por el recurrente recurso de alzada en fecha de 19 de noviembre de 1991, fue el mismo expresamente resuelto por la Administración demandada, en sentido desestimatorio, mediante Orden del Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias de fecha 17 de marzo de 1993. Siendo parte demandada la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 20 de junio de 1996, con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido: 1º.- Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Eugenio contra el Decreto del Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental del Gobierno de Canarias, de fecha 30 de marzo de 1992 (Antecedente 1º), y la Orden Departamental del Consejo de Política Territorial del mismo Gobierno de Canarias, de fecha 17 de marzo de 1991, que ordenaron la demolición de las obras realizadas en la zona de La Montañeta El Raso; resoluciones que declaramos ajustadas al Ordenamiento Jurídico. 2º.- No imponer las costas del recurso".
Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación por D. Eugenio , y elevados los autos a este Tribunal, por el recurrente se interpuso el mismo. Por resolución de la Sección Primera de esta Sala de 1 de septiembre de 1997 se admitió el recurso, remitiéndose a la Sección Quinta, dictándose providencia de 10 de octubre de 1997 dando traslado a la recurrida para su oposición, formalizándose por escrito de fecha 30 de octubre de 1997 señalándose día para la votación y fallo, fijado a tal fin el día 26 de septiembre de 2001, en cuya fecha tuvo lugar.
Como con acierto alega el Letrado de la Comunidad Canaria en su escrito de oposición, e recurso de casación ahora enjuiciado bien pudo ser inadmitido a trámite. El artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción dispone que las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, no comprendidas en el nº 2 de dicho artículo, respecto a actos o disposiciones de las Comunidades Autónomas, sólo serán susceptibles de recurso de casación cuando el recurso se funde en infracción de normas no emanadas de los órganos de aquéllas que sea relevante y determinante del fallo de la sentencia, y el artículo 96.2 de la expresada Ley, referido al escrito de preparación, establece que en el supuesto previsto en el artículo 93.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma no emanada de los órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
Pues bien, de acuerdo con lo declarado por esta Sala (por todos, Auto de 18 de septiembre de 1995), del análisis conjunto de los citados preceptos es obligado inferir lo siguiente: A) que el recurso de casación se ha de fundar en infracción de normas no emanadas de los órganos de las Comunidades Autónomas; B) que esa infracción sea relevante y determinante del fallo de la sentencia y C) que es el recurrente quien en el escrito de preparación del recurso de casación ha de justificar que la infracción de la norma no emanada de los órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En el presente caso el escrito de preparación del recurso, dice que: "2º.- El Recurso de Casación se fundamentará en el motivo cuarto, del artículo 95 de la repetida Ley Jurisdiccional, es decir, en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones debatidas".
Es evidente que no se ha cumplido lo que exige el artículo 96.2 de la LRJCA, porque no se ha justificado que la infracción de normas no emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma -que ni siquiera se citan- haya sido relevante y determinante del fallo -justificación que, como ha dicho esta Sala, ha de ser acreditada por el que prepara el recurso de casación, haciendo explícito cómo, por qué y de qué forma ha influido y ha sido determinante del fallo-.
En consecuencia, conforme al artículo 100.2.a), en relación con los artículos 93.4 y 96.2 de la LRJCA, procedería haber declarado la inadmisión del recurso de casación por defectuosa preparación del mismo.
Las causas de inadmisión del recurso de casación se convierten en causas de desestimación del mismo, y en virtud de los establecido en el artículo 102-3 de la Ley Jurisdiccional, procede condenar a la parte recurrente en las costas del recurso de casación.
Vistos los artículos que se citan y los demás de general aplicación.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación nº 1317/97 condenando al recurrente en las costas del mismo
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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Los procedimientos especiales de revisión en materia tributaria
...pág.64; Bayón Mariné,I.: "La llamada revisión de oficio en materia tributaria", en Rev.Esp.Der.Fin. 1 (1974) pág.117. [21] SSTS de 28 de septiembre de 2001 (RJ 2001/7631) y de 30 de noviembre de 2001 (RJ 2002/5517). [22] Informe-2003, cit. pág. 80. [23] "Memoria justificativa del proyecto d......