STS 271/2004, 5 de Marzo de 2004

Al amparo de lo dispuesto en el art. 5.4 LOPJ,. por infracción de precepto constitucional, al entender vulnerado el art. 24 CE., derecho a la tutela judicial efectiva.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 5.4 LOPJ, por infración de precepto constitucional, al entender vulnerado el art. 24 CE, derecho a la presunción de inocencia.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 850.1 LECr, por haber denegado la suspensión del juicio oral por incomparecencia de testigos propuestos en tiempo y forma.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2 LECr por error en la apreciación de la prueba.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 LECr, por aplicación indebida del art. 163.1 y 2 CP e inaplicación indebida del art. 455.1 CP.

5. - Instruidas las partes de los recursos interpuestos la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la vista el día 24 de febrero de 2.004, acto al que acudieron tanto el Letrado recurrente, como el de la parte recurrida, quienes mantuvieron sus respectivos escritos, así como el Ministerio Fiscal, que ratificó su informe de 23 de julio del pasado año.

Iniciaremos el estudio del recurso con el análisis conjunto de los motivos primero y tercero, ya que ambos, por la vía de la vulneración de la tutela judicial efectiva y por la denegación de diligencias de prueba, suscitan una misma cuestión con dos vertientes que, en definitiva, afectan a sus posibilidades de defensa.

1. - A través de una extensísima argumentación, vienen a denunciar que la negativa del Tribunal a la suspensión del juicio, ante la incomparecencia de los testigos propuestos en tiempo y forma, que además son las víctimas del delito, le ha generado indefensión por ser las personas que han señalado a los acusados, como autores materiales de los delitos por los que han sido condenados. Señala que sus testimonios en la fase de instrucción, fueron la base de la condena, sin que tuviera posibilidad de someterlos a contradicción.

   En el curso del desarrollo de los motivos, se hacen una serie de consideraciones sobre el derecho a un juicio justo, con todas las garantías y a la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala, que no dudamos en compartir. Además acude al Convenio Europeo de Derechos Humanos para recordar, de forma reiterada, que todo acusado tiene derecho a interrogar y hacer interrogar, tanto a los testigos de cargo como de descargo.

   Centrándose en el caso concreto, vuelve a insistir, con argumentos reiterados, en la necesidad de que hubieran comparecido los testigos y muestran extrañeza ante su incomparecencia si se tiene en cuenta que, en todo momento, uno de los testigos, estuvo representado por Procuradora, que no ha facilitado datos sobre el paradero de su representado.

2. -Las alegaciones sobre la necesidad de interrogar a los testigos de cargo, hay que proyectarlas sobre la realidad del presente proceso. Su curso ha tenido unas vicisitudes, que han sido omitidas en el extenso alegato de la defensa de los condenados. En todo caso, una de las víctimas compareció en el juicio oral y fue interrogado por todas las partes presentes.

   El Ministerio Fiscal ha realizado un análisis meticuloso de los datos objetivos que figuran en las actuaciones por lo que, haciéndolo nuestro, es oportuno reproducir la cronología de los acontecimientos.

   En efecto, el juicio oral fue señalado para su celebración, inicialmente, para el día 8/11/00, debiendo procederse a la suspensión del mismo, como consecuencia de la incomparecencia de los referidos testigos, lo que dio lugar a que se señalase de nuevo, en una segunda ocasión para el día 9/5/01, fecha en la que también hubo de ser suspendido si bien, en esta ocasión, la causa no fue la incomparecencia de los testigos. Se había realizado la citación personal y la presencia del testigo Luis Francisco estaba asegurada por haberse acordado su traslado al centro penitenciario de Almería, no así la del otro testigo Julián que, desde su única declaración, en sede de instrucción, se halla en situación de ignorado paradero. En esta ocasión el juicio oral se suspendió, a petición de la defensa de los recurrentes, por padecer el acusado Lucio una torcedura de la rodilla derecha; la tercera ocasión, con fecha 21/11/01, nuevamente ha de suspenderse, por la falta de comparecencia de los dos testigos referidos, a los cuales se intentó citar, no síolo recurriendo a los centros penitenciarios en los que se tenía conocimiento había estado ingresado Luis Francisco , sino también requiriendo a su representación letrada para que presentase a su defendido, requerimiento que dio lugar a que por ésta se facilitase, como había hecho con ocasión del señalamiento anterior, el domicilio que le constaba como de residencia. Finalmente, el último señalamiento de la vista oral, se convoca para el día 5/3/02, esto es, un año y tres meses más tarde, desde que se intentase celebrar el juicio por primera vez, fecha en la que, ante la petición de suspensión, que formula de nuevo la defensa, la Sala de Instancia decide la continuación del juicio oral, sin la presencia de los dos testigos referidos.

3. - Como se aprecia por desarrollo de las actuaciones, lo cierto es que los intentos de localizar a los testigos han sido constantes. Con respecto a Julián , del que sólo se tiene constancia de su denuncia efectuada ante la Guardia Civil con fecha 11/2/98 (folio 348), desde ese momento se ha encontrado en paradero desconocido, y en cada ocasión en que se ha intentado celebrar el juicio oral, la búsqueda por la policía, ha resultado, en todos los casos, infructuosa. Con relación a Luis Francisco , no sólo se ha intentado su citación personal mediante su búsqueda en el domicilio que inicialmente señaló, sino en el facilitado por su representación letrada al tener que suspenderse el primer señalamiento, al igual que hizo cuando tuvo conocimiento de su ingreso en la prisión de Granada, extremo que fue conocido, simultáneamente, por la Sala de Instancia al ir a citarle en el domicilio facilitado anteriormente por la citada representación letrada. Se lleva a cabo su traslado, desde el Centro Penitenciario de Granada hasta el de Almería, para asistir a juicio oral aunque, finalmente, no pudiera celebrarse el mismo, por la causa alegada por el acusado Lucio .

4. - Ante tal situación y a la vista de resto de las pruebas que podían practicarse en el acto del juicio oral, la decisión de la Sala de Instancia fue correcta. No se podía admitir un nuevo retraso que implicaba otra suspensión del juicio oral sin la garantía de localización de los testigos, en cuanto a Julián , por su permanente situación de ignorado paradero y respecto de Luis Francisco , por la constante y reiterada dificultad para su localización.

   Considera el recurrente que, ante la ausencia de tales testigos, la petición del Ministerio Fiscal para que se diera lectura a las declaraciones de ambos, lesiona su derecho de defensa, porque se habían practicado sin la presencia de letrado y en situación de secreto de las actuaciones. Sobre este dato, ha de hacerse la oportuna matización, pues no resulta del todo cierto tal planteamiento. El Ministerio Fiscal solicita en juicio oral, con respecto al testigo Luis Francisco , la lectura de diversos folios, en concreto, los folios 13 y 14, que contienen la declaración prestada ante la Guardia Civil con fecha 13/12/97 denunciando la agresión sufrida; los folios 345 y 346, que contienen la declaración prestada ante la Guardia Civil con fecha 4/2/98 sobre la identidad del segundo agresor y, finalmente, los folios 465 y 466 en las que se contiene la diligencia de reconocimiento en rueda efectuada por el testigo en sede judicial respecto del recurrente Lucio .

5. -Es sobre tales manifestaciones, sobre las que ha de examinarse la alegada indefensión que refieren los recurrentes. Con respecto a los folios en los que se contienen las primeras declaraciones ante la Guardia Civil, efectivamente no tuvo intervención la defensa de los recurrentes, ni podía tenerla porque aún no se encontraban plenamente identificados los agresores del denunciante, de forma que en la realización de tal diligencia no se infringe derecho alguno, lo mismo que tampoco puede afirmarse que hubiera lesión alguna, por la lectura de los folios 465 y 466 en los que consta, la diligencia de reconocimiento en rueda, efectuada por el referido Luis Francisco sobre la persona del recurrente Lucio . Esta diligencia se acuerda, precisamente, para identificar a quien hubiera podido ser el autor de los hechos denunciados por el referido testigo, diligencia que se lleva a cabo estando presente su defensa, garantizándose, de este modo, la necesaria contradicción y posibilitándose la defensa. En la práctica de tal diligencia no se hizo por dicha representación letrada observación o alegación alguna. Y no puede estimarse que la lesión del derecho de defensa derivase de la situación de secreto de las actuaciones porque tal declaración de secreto, se produjo por Auto de fecha 18/12/97 (folio 79) siendo así que hasta ese momento se habían practicado por la Guardia Civil las siguientes diligencias: en su atestado toma declaración sobre los hechos o recibe las denuncias que presentan Rogelio (folios 2-3-4- 6), Julieta (folios 7-8), Cesar (folios 9-10-11), Luis Francisco (folios 13-14), procediendo, a la detención del recurrente Lucio y al reconocimiento de la furgoneta de su propiedad (folios 16 a 27). El detenido se ampara en su derecho a no declarar en sede policial (folio 31). Tras ser presentado en el juzgado de guardia, presta declaración, con fecha 15/12/97, sobre los hechos asistido del letrado de su designación (folio 41), se recibe en el juzgado declaración con esa misma fecha a Luis Francisco (folio 43) y a Cesar (folio 45), emitiéndose informe forense sobre las lesiones que presentan los mismos (folios 47 y 48), dictándose por el Juzgado la detención judicial del recurrente Lucio y practicándose las referidas diligencias el día siguiente, 16/12/97, que son realizadas por Dª Julieta (folio 65), Cesar (folio 67) y Rogelio (folio 69) hallándose presente, en la practica de las mismas, el letrado defensor del recurrente, tras lo cual se llevó a cabo la comparecencia prevista, a los efectos de resolver sobre la prisión provisional del detenido (folio 72), acordándose la prisión provisional sin fianza del mismo (folio 74) habiéndose acordado el secreto de las actuaciones por medio de auto de fecha 18/12/97 (folio 79).

6. -Como se aprecia por el desarrollo de las actuaciones, hasta el momento en que se dicta el auto por el que se acuerda el secreto de las actuaciones, no ha existido limitación alguna del derecho de defensa del referido recurrente Lucio , habiendo intervenido en todas las diligencias practicadas la defensa por el mismo designada, de forma que las actuaciones practicadas antes de tal declaración de secreto, habían posibilitado el conocimiento concreto y preciso de los hechos imputados a dicho recurrente. Al llevarse a cabo la diligencia de reconocimiento en rueda por parte del testigo Luis Francisco , los hechos por los que el mismo efectuaba el reconocimiento, eran perfectamente conocidos por la defensa del citado recurrente Lucio .

   Las alegaciones de indefensión referidas al recurrente Lucio , carecen de fundamento. Con respecto a las del segundo de los recurrentes Carlos , es lo cierto que las actuaciones se declararon secretas, precisamente para la identificación de los demás agresores que acompañaban al anterior en la realización de los hechos que habían sido denunciados y, efectivamente, las actuaciones de declaración del referido Luis Francisco a los folios 345 y 346, referidas a éste segundo acusado, se practican en situación de secreto de las actuaciones y sin intervención de la defensa del mismo, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta por la Sala que, de hecho, no las tiene en cuenta en cuanto que la prueba de la intervención del referido acusado Carlos , la obtiene la Sala de Instancia mediante prueba distinta a tales declaraciones, pues, por un lado, se refiere el Tribunal al reconocimiento en rueda efectuado por Cesar , en las condiciones antes señaladas y con la asistencia de la defensa de su designación (folio 463) quien asiste al acto del juicio oral manteniendo sus declaraciones y ratificando el reconocimiento practicado, y por la diligencia de reconocimiento en rueda efectuada por Luis Francisco , en las condiciones referidas anteriormente (folio 465), por lo que las declaraciones indicadas no han sido tenidas en cuenta por la Sala de Instancia para fundamentar la condena del mismo y, por lo tanto, sin que exista lesión alguna del derecho de defensa pretendido.

7. - Nuestro sistema procesal, avalado por reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, y de esta Sala, ha contemplado la posibilidad de celebrar el juicio oral en condiciones excepcionales, cuando existen datos y elementos que permitan mantener las tesis de la defensa e intentado, por todos los medios disponibles, ordinarios y extraordinarios, la localización de las víctimas del delito. También es necesario valorar la actitud procesal de los acusados, en orden a su predisposición a la celebración del juicio, sin poner trabas u obstáculos al normal funcionamiento de la justicia. Cuando concurren esta serie de circunstancias, el sistema no puede permanecer impasible y contemplar impotente, como conductas de la gravedad y trascendencia social de la es objeto de esta causa, permanecen indefinidamente sin ser juzgados.

   El Estado de derecho no puede permitir inactivo y sin adoptar medidas correctoras, que la prepotencia, el abuso de la situación social de las víctimas, o cualquier otra circunstancia espúrea, pueda paralizar la necesaria acción de la justicia. Ello no supone que el juicio puede celebrarse en condiciones tales que vulneren las reglas y garantías constitucionales pero si puede acudirse a fórmulas que permitan conjugar la respuesta del derecho con el respeto a la debida defensa.

   Por lo expuesto los motivos deben ser desestimados

El motivo segundo denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

1. -En el desarrollo del motivo no denuncia la valoración de la prueba vulneradora de los derechos fundamentales, y por tanto plenamente nula, sino la existencia de un vacío probatorio, por estimar que la manejada por la Sala sentenciadora, no tiene carácter incriminatorio, ni es hábil para enervar la presunción de inocencia.

   En realidad, lo que mantiene, es que las pruebas practicadas en el juicio oral, no han sido suficientes para acreditar su participación en los hechos y que se ha manejado indebidamente material probatorio obtenido en el curso de la investigación judicial, pero sin cumplir las previsiones legales para introducirlas válidamente en el debate del plenario.

2. -Como ya se ha puesto de relieve al contestar a los motivos anteriores, la actividad probatoria se ha desarrollado de forma trabajosa, a lo largo de una investigación, continuamente obstaculizada, con unas víctimas pertenecientes a un sector de la población, procedente de los flujos migratorios y con serios problemas para integrarse y actuar, como si se hubiera tratado de un ciudadano residente con todos los requisitos legales

   Existen pruebas de reconocimiento que se ha traído al proceso después de haber sido realizadas con todas las garantías legales y con la presencia de los abogados de los recurrentes. La valoración realizada por la Sala sentenciadora no sólo ha sido acertada, sino que responde a su contenido.

   La versión sobre un hecho objetivo incuestionable como es el de la aparición de los objetos contundentes utilizados para golpear a las víctimas, en el interior del vehículo perteneciente a uno de los recurrentes y con manchas de sangre que corresponden a los grupos sanguíneos de los agredidos, es un prueba irrefutable que difícilmente se puede desmontar con la alegación de que fueron introducidos en el vehículo por terceras personas.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo cuarto se canaliza por la vía del error de hecho, citando como documentos acreditativos del error del juzgador los informes de la Guardia Civil obrantes en las actuaciones.

1. -Con este bagaje probatorio, pretende demostrar que las cerraduras de coche estaban forzadas para colocar los objetos en el interior y que las lesiones que padecieron los denunciantes lo fueron en un incidente anterior.

2. - Como pone de relieve el Ministerio Fiscal, es más que discutible la efectividad probatoria de un dictamen de estas características, pero en todo caso, el Tribunal llega a la conclusión de que la cerradura no funcionaba adecuadamente, pero descarta su forzamiento. En cuanto las lesiones, se ha acreditado que el incidente en la farmacia, nada tiene que ver con el origen de las mismas y que han sido el objeto del enjuiciamiento en la presente causa.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

El motivo quinto, se canaliza por la vía del error de derecho, denunciando la vulneración, por aplicación indebida, de los artículos 163.1 y 2 del Código Penal, e inaplicación del artículo 455.1 del mismo texto legal.

1. -En su opinión, del relato de hechos sólo se desprende que, la retención de los secuestrados, tenía como finalidad tomarles declaración sobre los objetos que creían que les habían robado. Reconoce, no obstante, que introdujeron a dos de ellos en el vehículo, donde los retuvieron por espacio de una hora.

   En consecuencia, pretende sustituir la calificación de detención, ilegal por la de realización arbitraria del propio derecho.

2. -El esfuerzo argumental no se corresponde con el texto inalterable del relato fáctico, en el que se dibuja, de manera indiscutible, la existencia de una detención de mas de una hora. Se hace un recorrido por diversos lugares, salpicado de vejaciones y golpes, que denotan que la voluntad de los autores, era la de privarles de su libertad de movimientos, por un tiempo más allá de lo que pudiera constituir una simple retención momentánea. Con este elemento subjetivo y el resto de los datos facticos, no existe duda alguna, sobre la adecuación de la calificación seguida por la Sala sentenciadora.

3. - La tesis alternativa, de solicitar la aplicación del delito de realización arbitraria del propio derecho, no sólo supone el reconocimiento de los hechos, objetivamente considerados, sino que además trata de refugiarse en un tipo penal que es de imposible aplicación. Lo esencial, en la realización arbitraria del propio derecho, es que el sujeto pasivo sufre las coacciones o violencia para devolver unos bienes que pertenecen al sujeto activo, por lo que el sujeto pasivo debe ser necesariamente un deudor suyo. Se trata de proteger con este tipo penal, que los ciudadanos renuncien a las vías de hecho, para hacerse pago o hacer cumplir obligaciones, ya que ello deterioraría de forma insoportable, la convivencia social. Por ello, de manera acertada, el Código Penal considera que se trata de un delito contra la Administración de justicia y no de un delito contra la libertad y seguridad de las personas. El Estado de derecho quebraría, si los particulares actuasen a su libre arbitrio y conveniencia, usurpando el monopolio de la fuerza ejecutiva, que corresponde a cada unos de los tres Poderes del Estado.

   Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

   III.