STS, 26 de Septiembre de 2001
| Ponente | RODRIGUEZ ARRIBAS, RAMON |
| ECLI | ES:TS:2001:7202 |
| Número de Recurso | 9369/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 26 de Septiembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JOSE MATEO DIAZD. ALFONSO GOTA LOSADA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Septiembre de dos mil uno.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 9.369/96, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada en 4 de Noviembre de 1996 por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso número 172/95, sobre retenciones practicadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no habiendo comparecido en esta instancia el recurrido D. Blas .
La Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con fecha 4 de Noviembre de 1996, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto con anulación de la resolución impugnada y acto que confirma, debiendo proceder la Administración a la devolución de las retenciones practicadas al actor a partir del 1 de Enero de 1994, sin costas".
Contra la anterior sentencia, el Abogado del Estado, preparó recurso de casación, y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito, fundado en un único motivo amparado en el artículo 95.1.4º de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la Jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente considera infringido el apartado uno letra c) de la Ley 18/1991, de 6 de Junio, en la redacción dada por la Ley 21/1993, de Presupuestos para 1994, así como la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 134/96, de 22 de Julio, terminando con la súplica de que se dicte sentencia en la que se case y anule la recurrida, dictando otra más conforme a Derecho declarando ajustada a Derecho la resolución administrativa impugnada; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer,
Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisiblidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
La casación contencioso-administrativa es un recurso extraordinario y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el artículo 93.2.b) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (versión anterior a la Ley 29/1998, de 13 de Julio) que al relacionar las resoluciones judiciales excluidas de ser impugnadas en casación, menciona las sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía, cualquiera que fuere la materia, no exceda de seis millones de pesetas.
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia o el ofrecimiento del mismo al notificarse la resolución impugnada, siempre, naturalmente, que la cuantía sea estimable e inferior al límite legalmente establecido.
A lo anterior hay que añadir que es doctrina reiterada de este Tribunal (por todos, Auto de 30 de Abril de 1999, Rº 4097/1998) que en asuntos como el que ahora se examina, en que las pretensiones deducidas son, además de las dirigidas a obtener la anulación de los actos recurridos, que se declare el derecho a que las pensiones que se perciban estén exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de su sistema de retenciones a cuenta, que para determinar la cuantía litigiosa debe acudirse a la regla 6ª del artículo 489, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 51.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
En este asunto, la cuantía del recurso fue fijada por la Sala de instancia como indeterminada, teniendo en cuenta la consignada en el escrito de interposición del recurso. La sentencia impugnada estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla-La Mancha de 23- Noviembre de 1994, desestimatoria a su vez de las reclamación deducida por D. Blas contra los actos de retención tributaria a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre las mensualidades percibidas a partir de Enero de 1994 en concepto de pensión de jubilación por incapacidad permanente, con cargo al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Pues bien, teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento anterior, para determinar la cuantía litigiosa en el presente caso, habría de estarse al importe anual de las retenciones practicadas al recurrente en la instancia Sr. Blas -ex artículo 50.2 de la LRJCA- multiplicado por diez, para así saber si la sentencia es o no recurrible, con arreglo a lo que establece el artículo 93.2.b) de la LRJCA, ya mencionado. Y como las retenciones mensuales practicadas ascienden a 15.012 pesetas, esta cantidad referida a una anualidad y multiplicada por diez, revela que la cuantía de las pretensión, individualmente considerada, no supera la cifra de seis millones de pesetas, por lo que en aplicación de los artículos 50.3 y 51 de la LRJCA, aquí aplicable, aunque la cuantía del recurso contencioso-administrativo venga determinada por la suma del valor de las pretensiones acumuladas, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir.
En consecuencia, de acuerdo con la constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala, concurriendo una patente causa de inadmisibilidad, llegado este trámite se convierte en motivo de desestimación, lo que obliga a declararlo así; y en cuanto a costas, se deben imponer al recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley de esta Jurisdicción.
Por lo expuesto en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada en 4 de Noviembre de 1996, por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-administrativo número 172/95, con imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
-
STSJ País Vasco 1344/2014, 1 de Julio de 2014
...descartando la doctrina jurisprudencial la posibilidad de introducción de cuestiones nuevas en suplicación laboral ( STS 4.10.07 y 26.9.01, recursos 5404/2005 y 4847/2000 La excepción de caducidad de la acción despido se planteó en la instancia, y por tanto si es posible reproducirla en est......
-
STSJ Andalucía 320/2018, 1 de Febrero de 2018
...de suplicación, por lo que no podría ser tenida en consideración de acuerdo con la jurisprudencia reiterada (por todas en la STS de 26 de septiembre de 2001, RJ 2002, 323), es absolutamente irrelevante a los efectos del recurso, dado que, lo que se le imputa a la trabajadora es una falta de......
-
STSJ La Rioja 134/2015, 16 de Junio de 2015
...nos hallamos ante una cuestión nueva que no hace posible su examen y resolución en este recurso extraordinario de suplicación (por todas, STS 26/09/2001, RJ 2001/323), dando ello lugar a la desestimación del En coherencia con lo expuesto procede desestimar el recurso planteado y confirmar l......