STS 264/1995, 25 de Marzo de 1995
| Ponente | D. PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| Número de Recurso | 508/1992 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 264/1995 |
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de Menor Cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, sobre contrato de opción a compra, cuyo recurso fue interpuesto D. Constantino, representado por el Procurador de los Tribunales D. Luis Pozas Granero, y asistido del Letrado D. Vicente Garcia Valero; siendo parte recurrida Dª María Inmaculaday D. Ángel Daniel, representados por el Procurador de los Tribunales D. Juan Antonio García San Miguel y Obueta, y asistidos del Letrado D.Alfredo Sosa Santana.ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El Procurador de los Tribunales D. José Javier Marrero Alemán, en nombre y representación de Dª María Inmaculaday D. Ángel Daniel, formuló demanda de Menor Cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, contra D. Constantino, en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que: "1º) Se declare que el contrato de opción de compra, suscrito entre los actores y el demandado, el día 8 de julio de 1988 es válido, habiéndose perfeccionado la compraventa de las dos fincas objeto de dicho contrato. 2º) Se declare la obligación del demandado de cumplir lo estipulado en el contrato de opción de compra y, en consecuencia, se condena dicho demandado a otorgar la correspondiente escritura pública de compraventa, de las dos fincas descritas en lo hechos segundo y tercero de la demanda, a favor de los actores por el precio y condiciones convenidas en el contrato suscrito, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se otorgará dicha escritura por el Juzgado y a costa del demandado. 3º) Se condene al demandado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por lucro cesante cuyo importe se determinará en ejecución de sentencia. 4º) Se condene al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones y condena y al pago de las costas de este procedimiento.
-
- Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, se personó en autos el Procurador D. Carmelo Roberto Jiménez Rojas, en representación de D. Constantino, quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por pertinentes, terminó suplicando que estimando la demanda reconvencional se dicte sentencia declarando: a) que la posesión de la vivienda ubicada en la planta cuarta del edificio sito en la CALLE000núm NUM000, de esta Ciudad, corresponde a su dueño, su mandante; B) Que, del mismo modo le corresponde la posesión del ático del mismo inmueble; C) Que los Sres. Ángel Daniely María Inmaculadademandados reconvencionales, han cobrado indebidamente las rentas de dicha vivienda y que comprende el periodo de noviembre de 1988 hasta la fecha, lo que totaliza la suma de cuatrocientas noventa y cinco mil pesetas. D) Que, al proceder a liquidar el contrato suscrito el 8 de julio de 1988 aportado por los Sres. María Inmaculaday Ángel Danielal escrito de demanda, mi confiriente ha de entregar la cantidad resultante de la liquidación correspondiente deduciéndose de la misma el treinta por ciento de la misma, como se prevé en la condición quinta de lo pactado, y la suma indebidamente cobrada por los demandados reconvencionales, o sea, cuatrocientas noventa y cinco pesetas, haciendo entrega del resto; todo ello, además, con expresa condena en costas a los demandados en esta reconvención.
-
- Dado traslado de la reconvención formulada a la parte actora reconvenida ésta la contestó en cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia:
"por la que se acoja el suplico de la demanda y se desestime totalmente la reconvención, con imposición de costas a la parte contraria, por su evidente temeridad y mala fe procesal".
-
- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Iltmo.Sr.Magistrado- Juez de Primera Instancia Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia en fecha 21 de diciembre de 1990, cuyo FALLO es como sigue: "Que estimando parcialmente la demanda promovida por el Procurador de los Tribunales Don José Javier Marrero Alemán, en nombre y representación de Doña María Inmaculaday Don Ángel Danielcontra Don Constantino, representado por el Procurador de los Tribunales Don Carmelo Roberto Jiménez Rojas, debo declarar y declaro: 1) Que el contrato de opción de compra, suscrito entre los actores y el demandado, el día 8 de julio de 1988 es válido, habiéndose perfeccionado la compraventa de las dos fincas objeto de dicho contrato. 2) La obligación del demandado de cumplir con lo estipulado en el referido contrato de opción de compra y, consecuentemente con los pronunciamientos anteriores, debo CONDENAR Y CONDENO al expresado demandado. A) A otorgar la correspondiente escritura pública de compraventa, de las dos fincas descritas en los hechos segundo y tercero de la demanda, a favor de los actores, por el precio y condiciones convenidos en el contrato suscrito. B) A estar y pasar por los anteriores pronunciamientos, declaraciones y condena. Y, desestimando íntegramente la demanda reconvencional, debo ABSOLVER Y ABSUELVO de la misma a los actores principales y demandados reconvencionales. Sin hacer especial imposición de costas".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia, y tramitado el recurso con arreglo derecho, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia en fecha 10 de diciembre de 1991, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Constantinocontra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Las Palmas de 21 de diciembre de 1990, así como la adhesión formulada a la apelación por la representación de Don Ángel Daniely Doña María Inmaculada, confirmamos la expresada resolución, sin hacer expresa imposición de las costas del recurso".
1.- El Procurador de los Tribunales D. Luis Pozas Granero, en representación de D. Constantino, interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto la sentencia recurrida incurre en error en la apreciación de la prueba, al considerar como contrato la compraventa el celebrado entre las partes, con denominación de opción de compra. SEGUNDO.- al amparo del art.1692,5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en la inaplicación del artículo 1451,2º del Código Civil, en cuanto determina como consecuencia del incumplimiento de la promesa de vender, la aplicación de las normas generales acerca de las obligaciones y contratos, previstas en el Libro IV del propio Código.TERCERO.- Al amparo del art.1692,5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia aplicable para la resolución de las cuestiones objeto de debate. CUARTO.- Al amparo del artículo 1692,5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas del ordenamiento jurídico, concretamente del artículo 1454 del Código Civil".
-
- Convocadas las partes se celebro la preceptiva vista el día 9 de marzo del año en curso, con la asistencia de los Letrados de ambas partes litigantes, quienes informaron por su orden en defensa de sus respectivas pretensiones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA
El motivo primero del recurso se articula por el cauce procesal del ordinal 4º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril, por cuanto, dice, la sentencia recurrida incurre en error en la apreciación de la prueba, al considerar como contrato la (debe querer decir "de") compraventa el celebrado entre las partes, con denominación de opción de compra, el 8 de julio de 1988.
Como pone ya de manifiesto el encabezamiento del motivo y se desarrolla en su exposición, se trata de combatir la calificación jurídica que de los convenios celebrados entre las partes y que plasmaron en el documento de fecha ocho de julio de 1988, hace la Sala "a quo", razón por la cual, además de por las alegadas por el Ministerio Fiscal en su informe sobre admisión del recurso, procede su desestimación; es doctrina reiterada de esta Sala (sentencias de 20 de julio de 1992, 30 de marzo, 16 de mayo y 3 de junio de 1994, entre otras muchas) la de que la calificación jurídica de las relaciones que unen a las partes litigantes es función privativa de los Juzgadores de instancia y ha de ser mantenida en casación en tanto no se revela como ilógica o contraria a las normas de herméneutica contractual contenidas en los arts. 1281 a 1289 del Código Civil, lo que ha de hacerse valer en casación por la vía del ordinal 5º (hoy 4º) del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con cita del precepto legal de los antes citados que se considere infringido, lo que no se hace en el presente motivo que por ello, se repite, no puede prosperar.
La desestimación de este primer motivo determina la de los motivos segundo y tercero en los que, por vía del número 5º del art.1692 de la Ley Procesal Civil, se alega infracción por inaplicación del art.1451-2º del Código Civil (motivo segundo) y de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 11 de noviembre de 1943, 16 de octubre de 1965, 6 de abril de 1984 y 10 de marzo de 1986 (motivo tercero); inalterada la calificación como contrato de compraventa que hace la Sala sentenciadora de instancia de las relaciones contractuales habidas entre recurrente y recurridos, resultan inaplicables al caso tanto el invocado artículo del Código Civil como la jurisprudencia que se cita, atinentes a la promesa de compra y venta.
El motivo cuarto, por el cauce procesal del art.1692-5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción del art.1454 del Código Civil pues entiende la recurrente que la condición 2ª A del contrato de 8 de julio de 1988 que fija la entrega de una cantidad en concepto de señal, conllevaría la posibilidad de rescisión unilateral del contrato. Dice la sentencia de 10 de marzo de 1986 que "en torno al contrato de arras, ha declarado esta Sala en sentencia de 7 de julio de 1978 que existen dos premisas ineludibles de carácter general: a) que el concepto de arras no es en el Derecho moderno tan simple y uniforme como se pretende en el recurso, ya que admite la existencia de varias clases de las mismas: unas llamadas penitenciales que son las que parece contemplar el art.1454, concebidas a manera de multa o pena, correlativa al derecho de las partes de desistir, a su arbitrio, del contrato; otras, denominadas conformatorias que son índice o expresión de un contrato con fuerza vinculante que no facultan, por tanto, para resolver las obligaciones contraídas y que normalmente se corresponden con las entregas o anticipos "a cuenta del precio", de lo que es ejemplo en nuestro sistema el supuesto del art.343 del Código Civil de Comercio junto a las cuales pueden ponerse además las conocidas como penales (identificadas en algún ordenamiento jurídico, como el italiano, según resulta del art.1385 del Código Civil de 1942) con las que en efecto se confunden cuando lo entregado como arras no se imputa el precio, sino que funciona de modo similar a lo que ocurre en la cláusula penal del art..1154, como resarcimiento, en este supuesto anticipado, para caso de incumplimiento y siempre con la posibilidad de reclamar que la obligación pactada sea estrictamente cumplida, diferencias clasificatorias y conceptos que frente a la escueta regulación del art.1454 fueron reconocidos por la doctrina tanto científica como jurisprudencial, al amparo de la libertad contractual consagrada en el art.1255 de nuestro primer Código sustantivo; y b) que las dudas que puedan surgir a cuál de ellas es la recogida en cada caso concreto, ha de resolverse utilizando las normas de interpretación de los contratos en orden a lo que quisieron fuese el alcance y eficacia de dichas arras, como se dijo, entre otras, en las sentencias de este Tribunal Supremo de 1 de abril de 1958, 7 de febrero de 1966 y 20 de mayo de 1967; siendo doctrina constante de la jurisprudencia la de que las arras o señal que, como garantía permite el art.1454, tienen un carácter excepcional que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales.....de las que resulte la voluntad indúbitada de las partes en aquel sentido......, según declararon las sentencias de 24 de noviembre de 1926, 8 de julio de 1945, 22 octubre de 1956, 7 de febrero de 1966 y 16 de septiembre de 1970, entre otras, debiendo entenderse en caso contrario que se trata de un simple anticipo a cuenta del precio que sirve, precisamente, para confirmarlo".
Acordado por las partes en la condición quinta (no en la 2ª A, como erróneamente se dice en el motivo) del contrato de 8 de julio de 1988 que "el incumplimiento de la opción por parte de los compradores, en la fecha pactada, daría ocasión a la pérdida del treinta por ciento (30%) del dinero entregado, resolviéndose la compraventa", es claro que no se ha establecido ninguna facultad rescisoria a favor del vendedor recurrente por lo que, no habiendo sido impugnada en debida forma la interpretación que de esa cláusula contractual hace la Sala "a quo", no puede aceptarse la tesis recurrente que, además, hace supuesto de la cuestión atribuyendo a los recurridos un incumplimiento contractual que en modo alguno resulta probado en autos ni declarado por la sentencia recurrida que, por ello, no conculca el invocado art.1454 del Código Civil, lo que hace decaer el motivo.
La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso determina la de éste en su integridad con la preceptiva condena en las costas del recurso y a la pérdida del depósito constituido, a tenor del art.1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por Constantinocontra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria el día diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
SAP Guadalajara 30/2005, 3 de Febrero de 2005
...7 julio 1978, 17 febrero 1982, 19 octubre 1984, 12 julio 1986, 30 abril y 2 diciembre 1988 y 9 marzo 1989 ); en sentido análogo STS 264/1995 de 25 marzo que tras enumerar las diversas clases de arras: unas llamadas penitenciales que son las que parece contemplar el artículo 1454, concebidas......
-
SAP Guadalajara 25/2008, 18 de Enero de 2008
...el cumplimiento de la obligación, generando directamente sus efectos cuando se da el incumplimiento previsto; en tal sentido, SSTS núm. 264/1995 de 25 marzo y núm. 1156/1995 de 30 diciembre , que enumeran las diversas clases de arras, reservando el calificativo de penitenciales, que son las......
-
SAP Madrid 426/2022, 4 de Noviembre de 2022
...de confirmatorias, dando al art. 1454 CC una interpretación restrictiva. En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 264/1995, de 25 de marzo, que a su vez menciona jurisprudencia anterior, de manera que la parte demandada no ostenta ningún derecho ni a retener......
-
SAP Madrid 167/2010, 26 de Marzo de 2010
...sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de: 1016/2002 de 24 de octubre de 2002; 1156/1995 de 30 de diciembre de 1995; 264/1995 de 25 de marzo de 1995; 633/1994 de 21 de junio de 1994; 1221/1992 de 24 de diciembre de 1992; 31 de julio de 1992; 9 de marzo de 1989; 2 de diciembre de......