STS, 21 de Septiembre de 2004

En el recurso contencioso administrativo núm. 791/94 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se dictó sentencia, con fecha 12 de noviembre de 1998, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 791 de 1994, interpuesto por "el Pedrejón S.L.", para la eficacia y ejecución del acto administrativo presunto de resolución por incumplimiento del Consorcio Forestal de la FINCA000, sita en término municipal de Hornachuelos y denegación de indemnización de daños y perjuicios, por reputar los actos recurridos conforme a derecho. Sin costas".

Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de la entidad El Pedrejón S.L. se preparó recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.

Dicha representación procesal, por escrito presentado el 15 de Junio de 1999 formaliza recurso de casación e interesa la estimación de los motivos alegados y que se case la sentencia recurrida resolviendo conforme al suplico contenido en el recurso contencioso- administrativo.

La Letrada de la Junta de Andalucía formalizó, con fecha 31 de Octubre de 2001, escrito de oposición al recurso de casación interesando la desestimación de éste, confirmando la sentencia impugnada.

Por providencia de 17 de Junio de 2004 se señaló para votación y fallo el día 15 de septiembre de 2004, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

La representación procesal de la entidad El Pedrejón SL interpone recurso de casación contra la sentencia dictada el 12 de noviembre de 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 791/1994 en cuya virtud acordó desestimar el recurso interpuesto contra el acto administrativo presunto de resolución por incumplimiento del Consorcio Forestal de la FINCA000" suscrito el 5 de abril de 1960 por Doña. Araceli con el Patrimonio Forestal del Estado y la denegación de los daños y perjuicios interesados.

La defensa de la administración autonómica recurrida opone, con carácter previo, la inadmisibilidad del recurso por cuanto no se ha justificado en su preparación el carácter determinante y relevante para el fallo de la sentencia de los preceptos que se invocan como infringidos. Ciertamente la admisión inicial del recurso no impide abordar de nuevo el examen del cumplimiento o no de las cargas procesales.

En el supuesto de autos debemos rechazar tal alegato por cuanto, aunque de forma breve y concisa, el escrito de preparación del recurso de casación cumple lo preceptuado en los arts. 86.4, 89.2 y 90.2 de la LJCA 1998, realizando una explicación somera de la relevancia exigida.

Un adecuado análisis de los motivos del recurso hace necesario destacar parte de los razonamientos de la sentencia impugnada, dejando constancia del contenido esencial de sus fundamentos: "Tercero.- El art. 42 de la Ley de Montes autoriza al Estado, a través del Patrimonio Forestal, a suscribir y establecer consorcios para la repoblación forestal en montes públicos o privados, de acuerdo con la Ley de 10 de Marzo de 1991, del Patrimonio Forestal del Estado, cuyo art. 9 prevé la adquisición de montes o terrenos forestales aportados por los particulares temporal o definitivamente a través de los Consorcios, con o sin reserva de derechos sobre los mismos para obtener una participación en los beneficios que en su día se obtengan de las masas arbóreas creadas. Por su parte, los arts. 287 y ss del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 5 de Noviembre de 1964, se refieren a los consorcios en el ámbito de la repoblación y conservación forestal. El consorcio lo configura como un contrato entre la Administración y el propietario del suelo, de carácter administrativo (art. 288), mediante el que se constituye un derecho real de vuelo a favor del Patrimonio Forestal del Estado, que faculta a éste, mientras dure el contrato, para poseer el monte, repoblarlo y aprovechar su arbolado, reservando al propietario el derecho a una participación en el valor neto de los productos que se obtengan, pudiéndose concertar en favor del propietario del suelo una parte de los beneficios que en su día se obtengan de las masas arbóreas creadas, llamando como normativa aplicable a la Ley de Patrimonio Forestal del Estado ya mencionada ya su reglamento (art. 287). Por su parte, el art. 228.2 detalla el contenido mínimo de las bases del Consorcio, que constituyen el título contractual de su constitución.

Del Consorcio sometido a nuestra consideración, que se ajusta al patrón jurídico descrito, interesa destacar: a) que en cuanto al estado forestal de la finca, se describe como cubierta de matorral y desmontados; b) que el Patrimonio Forestal del Estado aporta la totalidad de los gastos de repoblación, conservación y mejora del arbolado, la dirección técnica y administrativa de los trabajos y la guardería forestal, mientras la actora aporta los terrenos de su propiedad; c) que los proyectos de repoblación y los planes de aprovechamiento, así como las propuestas anuales para su ejecución, y los de conservación y mejora, junto con los presupuestos respectivos, se redactarán por el Servicio Forestal encargado del monte, y se someterán a la aprobación del Patrimonio Forestal del Estado. Los proyectos, planes y propuestas aprobados serán ejecutados por el referido Servicio, que redactará y someterá a la consideración del propietario de los terrenos aportados al Consorcio una memoria anual de la labor realizada; d) El Servicio Forestal encargado de la ejecución de los trabajos formalizará trimestralmente las cuentas de gastos, que serán sometidas a la aprobación del Patrimonio Forestal del Estado, y dentro del mes de febrero le presentará la memoria de ejecución del año precedente, que será sometida a su aprobación; e) que de los beneficios líquidos producidos por el aprovechamiento y explotación del arbolado creado en virtud de Consorcio, el Patrimonio Forestal del Estado cederá al propietario del terreno el 30%, y el 100% de los aprovechamientos del vuelo ya existente. De los rendimientos del arbolado ya existente y mejorado por el Consorcio, se cederá al propietario el 75% de los rendimientos. Por último, de los aprovechamientos de pastos, matorrales y leñas muertas se beneficia la propiedad del terreno, con subordinación a las necesidades de repoblación y conservación del arbolado; f) que la duración del Consorcio será la del turno de los pinos. Si a la terminación del plazo el Patrimonio Forestal del Estado no se hubiese resarcido de todos los gastos efectuados a consecuencia de los trabajos y obras del Consorcio con la participación de los beneficios reportados por el mismo, se prorrogará el Consorcio hasta que tal resarcimiento tenga lugar, bien con los beneficios antes indicados o bien mediante la entrega por el dueño del suelo al Patrimonio Forestal del Estado de la cantidad que corresponda. En dicho momento se reintegrará el vuelo al propietario del terreno previa petición de éste. En cuanto a la extinción del Consorcio, la Ley 2/92, Forestal de Andalucía, en su disposición transitoria primera, dispone que los débitos a la Administración por repoblaciones realizadas, en ningún caso podrán ser superiores al valor estimado del vuelo creado."....................

Un primer bloque de incumplimientos imputados a la Administración es la falta de elaboración de los proyectos de repoblación y los planes de aprovechamiento, así como las propuestas anuales para su ejecución, y los de conservación y mejora, junto con los presupuestos respectivos, que se debían redactar por el Servicio Forestal encargado del monte, y se someterían a la aprobación del Patrimonio Forestal del Estado ..............

Por sí solo, su incumplimiento, a menos que se traduzca en una mala gestión del monte, no genera responsabilidad frente al propietario del monte.........

Por ello, el incumplimiento de estas obligaciones contractuales, por su carácter no principal, no impiden el cumplimiento del fin del contrato de manera que frustren las legitimas expectativas de la parte que las reclama y no determinan la resolución del contrato por su incumplimiento (STS 23 de febrero de 1995).

.... No puede desconocerse que la rendición de cuenta, se configura como necesaria para el control del cumplimiento de la obligación de entregar una parte de los rendimientos del monte. Sólo conociendo la contabilidad puede fiscalizarse y comprobarse la corrección de la liquidación de los productos de la explotación. Ahora bien, queremos resaltar el carácter meramente accesorio e implícito de esta obligación, lo que devalúa su peso para generar el derecho a la resolución por su incumplimiento.

Establecido lo que precede queda por analizar la responsabilidad que pudiera derivarse de una incorrecta elección de la especie con la que se efectuó la repoblación................

Hemos de partir nuevamente del documento contractual. En él se determina que la repoblación se hará con pino, sin especificar la especie dentro de este género. Pero es que además, si la responsabilidad contractual ha de deducirse de un comportamiento negligente en el cumplimiento de la obligación de repoblar, el nivel de diligencia media a que se refiere el art. 1104.2 del Código Civil se agota con la aplicación de las técnicas y conocimientos existentes en la época. Y en ese sentido se refiere. en el expediente administrativo como los estudios de la época sobre el pino pinaster (Martín Bolaños 1947) revelan los buenos resultados del Plan General de Repoblación Forestal de España que, elaborado en 1939, se pone en práctica a partir de 1941 como lo demuestra las conclusiones de la Asamblea Técnica Forestal de 1963........Se afirma incluso que el pinaster produce mejores resultados que el piñonero...

Con ello.... la elección efectuada se presentaba como razonable y ajustada al conocimiento de la época, sin que pueda por tanto decirse que hubo negligencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales que conforme a los arts. 1102 del Código Civil hagan surgir la obligación de indemnizar".

De lo hasta aquí enunciado constatamos que la relación entre los litigantes es un Consorcio que tiene por objeto la explotación de una finca para su repoblación forestal repartiéndose los beneficios obtenidos entre la propiedad del terreno y la Administración -en origen la estatal y actualmente, la autonómica- .

Consta en autos que en fecha 24 de noviembre de 1975 los herederos de la Sra. Araceli aportaron la antedicha finca a la entidad "El Pedrejón SL" la cual se subrogó en las condiciones del Consorcio forestal suscrito en 1960.

Lo que acabamos de reseñar obligar a tomar en consideración que el Consorcio se constituyó en el año 1960 y la entidad demandante no se convierte en titular del terreno repoblado hasta el año 1975, es decir que la sociedad recurrente se ha subrogado en los derechos de su causante en el Consorcio a todos los efectos. Por ello podrá reclamar el resultado del Consorcio (reparto de beneficios), pero no la adopción de decisiones (elección de arbolado) que, caso de reputarse erróneas, debieron ser contestadas y combatidas por su causante en tiempo oportuno, lo que, en autos, no se acredita que sucediera. No cabe, pues, reclamar una indemnización por daños producidos con anterioridad a la adquisición de la propiedad.

Sentado lo anterior vamos a entrar en el examen de los concretos motivos de casación.

Aduce la recurrente como primer motivo de casación, al amparo de] art. 95.4 LJCA, la infracción del art. 832 LECivil (querrá decir art. 632) y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 9 de noviembre de 1984 y 16 de julio de 1986, 30 de abril de 1990 y 21 de septiembre de 1991 que obliga a los jueces a apreciar la prueba pericial según las reglas de la sana critica cuando la valoración de instancia hubiere sido ilógica. Mantiene que la sentencia no ha tenido en cuenta el mayor rigor técnico del dictamen del perito Sr. Jaime, que lo elaboró a petición suya y acepta dogmáticamente los de la administración. Concluye su argumento aduciendo que los perjuicios han sido confirmados por un perito independiente designado por insaculación, la Sra. Remedios.

La defensa de la Junta de Andalucía rechaza este primer motivo de] recurso de casación al amparo del art. 95.4 (en realidad 88.1.d) LJCA 1988 por cuanto esta última ya estaba en vigor al interponerse el recurso). Entiende que la reputada infracción lo que pretende es una nueva valoración de la prueba.

Resulta incontrovertible la imposibilidad de revisar en sede casacional el resultado de la prueba salvo que fuere irracional o arbitrario, en cuyo caso debería estimarse infringido el principio del ordenamiento que obliga al juzgar a apreciar la prueba sujetándose a las reglas de la sana crítica, o que contraviniere las reglas de la prueba tasada, es decir las normas que afectan a la eficacia de un determinado medio probatorio o, en su caso, las reglas que regulan la carga de la prueba (sentencias de 8 de julio de 2003, 11 de noviembre y 18 de noviembre de 2003 con amplia cita de otras muchas ).

Por ello hemos de atender a las conclusiones fácticas mantenidas por la sentencia al no poder incluirse un dictamen pericial en el epígrafe de prueba tasada sino que su valoración se ha de llevar a cabo con arreglo a las reglas de la sana crítica. No estamos, pues en el caso a que se refiere la sentencia de 30 de abril de 1990 respecto a unos documentos que obraban en autos acreditativos del error del juzgador en la apreciación de la prueba, motivo eliminado del recurso de casación tras la reforma operada por la Ley 10/1992, de 30 de abril. Y no cabe sustituir la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia por las conclusiones efectuadas por la recurrente.

Tal cual se mantuvo por este Tribunal en su sentencia de 17 de noviembre de 2003 hemos de concluir que la Sala de instancia parte de una premisa que no puede ser tachada de arbitraria: la de que la especie arbórea elegida fue históricamente correcta, demostrándose errónea con el devenir del tiempo. A partir de esta premisa, y de los presupuestos que hemos sentado en el fundamento anterior no es procedente acceder a la pretensión indemnizatoria formulada.

Si la elección arbórea fue históricamente correcta resulta improcedente exigir hoy una indemnización por el hecho de que hoy esta decisión haya resultado errada. La elección para repoblar una finca de "matorral y desmontado" se tomó en un momento histórico ( 1960) y con los datos que entonces se tenían. El hecho de que esas decisiones hayan resultado erróneas no es más que la consecuencia, no infrecuente, de que el futuro no se ajuste a nuestras previsiones, pero, evidentemente, la falta de ajuste entre las previsiones imaginadas y las realidades no genera, por sí solo, derecho indemnizatorio. Reiteramos, pues, lo vertido en la citada sentencia de 17 de noviembre de 2003 en cuanto que el Consorcio se firmó para la repoblación con pino sin especificar la especie dentro de este género razón por la que la errónea decisión adoptada es imputable por igual, a ambos intervinientes.

No cabe, pues, acoger el motivo alegado.

Como motivo segundo arguye la infracción del art. 1258 C. Civil, al amparo del art. 95.4 LJCA ante el sentido exculpatorio que tiene la sentencia al considerar que no tiene importancia alguna el incumplimiento de todas las obligaciones de elaborar proyectos de repoblación, planes de aprovechamiento, presupuesto y rendición de cuentas. Considera que supone el incumplimiento de obligaciones formales que se imponen en contratos parecidos como el de mandato. Invoca en su apoyo una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

El letrado de la Junta de Andalucía rebate también el segundo motivo sustentado en art. 1258 C. Civil por cuanto los fundamentos sexto y séptimo analizan debidamente la cuestión de inexistencia de responsabilidad.

Ciertamente tal cual aduce la sociedad recurrente el precepto esgrimido establece que "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley", sin que, por ello, debamos atender a lo vertido por una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca al no constituir jurisprudencia invocable en el ámbito del recurso de casación.

Hemos de reconocer que la sentencia de instancia admite y razona el incumplimiento de algunos deberes formales por parte de la Administración, lo que, en el caso de autos, no debe generar la resolución del Consorcio por reputarse obligación no principal que no impide el cumplimiento del fin del contrato. Se atiene así al criterio ya vertido por este Tribunal en su sentencia de 23 de febrero de 1995, que expresamente cita, vuelto a manifestar en la reciente sentencia de 18 de mayo de 2004 en que se reputa no sustancial para la vida del contrato el incumplimiento acreditado - proyectos de repoblación, aprovechamiento, conservación o mejora- análogos a lo aquí discutido. Ciertamente existe algunas otras sentencias referidas a Consorcios forestales, las cuales aporta la recurrente en su escrito pronunciándose en sentido contrario, mas incumbía a aquella analizar en el pertinente motivo los argumentos correspondientes lo que no ha hecho.

Por ello, procede la desestimación del motivo.

Un tercer motivo de casación se articula al amparo del art. 95.4 LJCA en la infracción de los arts. 1101, 1103 Y 1104 Código Civil. Rechaza que la sentencia excluya de culpa a la administración por error en la elección del pino pinaster para la repoblación forestal del Consorcio alegando que esa responsabilidad no era exigible con arreglo a las técnicas y conocimientos existentes en la época. Aduce que en el informe del ingeniero Sr. Alberto ya figura una alerta sobre el problema de extensas plantaciones de pino pinaster.

Nada expreso opone la defensa de la administración autonómica.

Y, ciertamente, no era preciso por cuanto el presente motivo supone una reiteración de los argumentos esgrimidos en el anterior. Así aunque sustentado en distinta norma la pretensión se dirige a una revisión de la prueba ateniéndose a lo vertido en el dictamen pericial no asumido por el Tribunal de instancia. Negada la existencia de negligencia en la conducta de la administración eligiendo el pino pinaster, al haber aplicado las técnicas y conocimientos de la época, no los conocimientos actuales ni la experiencia desarrollada a lo largo de las últimas décadas, resulta improcedente la pretensión indemnizatoria sustentada en un informe no tomado en consideración por el Tribunal de instancia.

No acogemos, por ello, el motivo de casación.

Al amparo del art. 95.4 LJCA infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia por infracción arts. 1101 y 1106 C. Civil aduce un cuarto motivo respecto al que manifiesta que si bien la sentencia que impugna se limita a excluir de responsabilidad a la administración no formula la más mínima objeción respecto a la cuantía de los daños y perjuicios. Sostiene que existiendo incumplimiento contractual debe ser reconocido el derecho a daños y perjuicios.

El letrado de la Comunidad autónoma andaluza defiende la inexistencia de negligencia alguna lo que hace decaer cualquier eventual responsabilidad.

Estamos de nuevo ante un motivo que implica reiteración de los argumentos inicialmente esgrimidos. Negada la existencia de incumplimiento contractual resulta insostenible cualquier pretensión indemnizatoria al amparo de un incumplimiento no declarado. Otro tanto acontece con la negada existencia de negligencia en el cumplimiento de la obligación de repoblar.

Los preceptos esgrimidos parten de la existencia de una responsabilidad derivada de dolo, negligencia o morosidad. En cambio, venimos reiterando que en la elección de la especie a repoblar se obró de conformidad con los conocimientos existentes en el momento en que dicha decisión se adoptó, y en cualquier caso, con el consentimiento de los propietarios originarios de la finca. Por ello resulta indiscutible que no se infringieron estos preceptos por la elección de la especie a repoblar.

Por ello procede la desestimación del motivo.

Un quinto motivo de casación es articulado al amparo del art. 95.4 LJCA por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable al entender conculcado el art. 14 CE que consagra el principio de igualdad. Defiende que en los recursos 4894 y 5392/1990 se obtuvo sentencia favorable desistiendo el letrado de la Junta del recurso de casación interpuesto, en el recurso 2230/90 se obtuvo sentencia favorable a la resolución de los consorcios y la indemnización por daños y perjuicios denegándose el recurso de casación por interposición fuera de plazo, en el recurso 4893/90 se obtiene sentencia favorable confirmada por el Tribunal Supremo el 21 de enero de 1997. Añade otros en los que hubo denegación de daños y perjuicios.

La defensa de la administración autonómica reputa manifiestamente improcedente la invocación del art. 14 CE por cuanto la sentencia valora adecuadamente el supuesto enjuiciado.

En la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 13/2004, de 9 de febrero se expone la posición del citado órgano sobre cuándo un tratamiento distinto supone contradecir lo que el art. 14 de la Constitución veda con una amplia cita de decenas de sentencias anteriores. Entiende necesario que se den acumuladamente un conjunto de requisitos que vamos a resumir:

1. El juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial que en casos sustancialmente iguales hayan resuelto de forma contradictoria.

2. No cabe comparar consigo mismo sino con referencia a otro.

3. La existencia de identidad en el órgano judicial, Sala y Sección para que no queda una doble vara de medir.

4. La ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio. Justificación que no ha de venir necesariamente explicitada en la resolución judicial cuya doctrina se cuestiona, sino que podrá, en su caso, deducirse de otros elementos externos que indiquen un cambio de criterio, como podrían ser posteriores pronunciamientos coincidentes con la línea abierta en la sentencia impugnada.

Concluye los citados requisitos recordando lo vertido en las sentencias 8/1981, de 30 de marzo y 25/1999, de 8 de marzo acerca de que "lo que invariablemente hemos exigido en tales supuestos es que un mismo órgano no modifique arbitriamente sus decisiones, en casos sustancialmente iguales" .

Observamos, pues, que la viabilidad de la citada lesión constitucional exige que los supuestos de hecho enjuiciados deben, ser sustancialmente iguales. Por ello es indiscutible que la aplicación del principio de igualdad en la aplicación y en la interpretación de la norma requiere la prueba de que las situaciones que se pretenden comparar son idénticas. Tal justificación no se ha llevado a cabo en el caso de autos. Mantiene el recurrente que los asuntos antes mencionados resuelven casos exactamente idénticos pero lo cierto es que no solo no analiza individual y pormenorizadamente las sentencias aportadas, lo que haría decaer el argumento, sino que, a mayor abundamiento una vez realizada tal labor por este Tribunal no conduce a la conclusión sostenida por la actora.

Una cosa es que las distintas sentencias dictadas por el Tribunal de instancia y , en su caso, las subsiguientes dictadas por este Tribunal guarden semejanza con el supuesto de autos en lo que se refiere a la concertación de un Consorcio y otra que exista una absoluta identidad fáctica en las condiciones de su concertación. La Sala enjuiciadora ha analizado en cada caso sus particularidades con la respuesta judicial oportuna.

Y, contrariamente a lo sostenido, la situación fáctica no guarda relación con la aquí controvertida, no sólo en la especie elegida -pino pinaster, pino negral- cuestión significativa en orden a la imputada negligencia sino tampoco en las condiciones previas - "matorral y desmontado", "arbolado preexistente", "existencia de ejemplares arbóreos" etc.- de las fincas rústicas en cuanto a los efectos derivados de su explotación.

Así constatamos que:

1. En la sentencia de 6 de julio de 1992 dictada en el recurso 4894/1990 por la Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se produjo desistimiento del recurso presentado por la administración autonómica el Consorcio se suscribe en 1970 no solo para la repoblación forestal del predio, luego repoblado con pino negral, sino también para la conservación de arbolado preexistente.

2. En la sentencia de 9 de diciembre de 1993 dictada en el recurso 4893-90 por la Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirmada por este Tribunal mediante sentencia del 21 de enero de 1997 al desestimar el recurso de casación formulada contra aquella se refleja la desaparición de importantes superficies de ejemplares arbóreos y la repoblación con pino negral.

3. La sentencia de 24 de setiembre de 1993 dictada por la Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en el recurso 2331/1990 fue confirmada por este Tribunal en el recurso de casación 7626/1993 fallado el 21 de septiembre de 1999 afirmando este Tribunal que el análisis y seguimiento de los distintos recursos que sobre esta materia habían sido promovidos en la Sala de instancia y ante esta Sala han tenido la correspondiente respuesta judicial rechazando el invocado quebranto del art. 14 CE.

4. Pronunciamiento análogo al anterior se produce en la sentencia de este Tribunal de 17 de septiembre de 1999 rechazando el recurso de casación formulado contra la también esgrimida sentencia dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 14 de mayo de 1993 en el recurso 5331/1990.

Por otro lado, aunque hubiera existido, lo que no se ha justificado, la igualdad alegada es reiterada la doctrina que afirma que no se produce la vulneración del principio invocado cuando la Sala explica las razones del cambio de criterio operado. Ya consignamos que no resulta absolutamente necesario especificar las razones del cambio sino adoptar la correspondiente decisión motivada en el supuesto sometido a consideración del Tribunal. En el caso de autos la Sala de instancia realiza un amplio razonamiento sobre el supuesto objeto de enjuiciamiento que, por otro lado, coincide en lo esencial con el mantenido por esta Sala respecto de otros asuntos ( sentencias de 17 de noviembre de 2003, y 18 de mayo de 2004) enjuiciando Consorcios forestales así como consta que lo vertido en la sentencia constituye la línea mantenida por la Sala de instancia en posteriores pronunciamientos.

Tampoco este motivo puede ser estimado en razón a las anteriores consideraciones.

De lo anteriormente expuesto se deduce la necesidad de desestimar el recurso con expresa imposición de costas a la entidad recurrente a tenor de lo establecido en el artículo 139.2 y 3 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,