STS 397/1995, 5 de Mayo de 1995
| Ponente | D. EDUARDO FERNANDEZ-CID DE TEMES |
| Número de Recurso | 2827/1992 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 397/1995 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº dos de Valladolid; cuyo recurso fue interpuesto por D. Juan Miguely su mujer Dª. Amanda, representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. Cristina González Alonso; siendo parte recurrida Dª. Fátima(hoy su heredero D. Rubén), Dª. Elviray Dª Ángeles, representados por el Procurador de los Tribunales Dª. Margarita Duprot Barredo.ANTECEDENTES DE HECHO
El Procurador de los Tribunales D. Vicente Arranz Pascual, en nombre y representación de Dª. Fátimay Dª. Elviray Dª. Ángelesformuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra D. Juan Miguely contra su esposa Dª. Amanda, estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia: "Por la que se condene a los demandados a pagar a mis mandantes la cantidad de seis millones dieciséis mil trescientas noventa y cuatro pesetas (6.016.394) incrementada en el interés legal del dinero desde el día 8 de Octubre de 1975, fecha del fallecimiento de D. Marcos, hasta el día en que se haga efectivo el pago, todo ello en concepto de compensación indemnizatoria por la detracción del haber hereditario del abuelo paterno de las actoras, mediante la escritura de 30 de enero de 1975, y con expresa imposición de las costas causadas a los demandados".
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- Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció el Procurador de los Tribunales D. Carlos Muñoz Santos en nombre y representación de D. Juan Miguel, quien contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia: "Por la que se absuelva a mis representados de las pretensiones contenidas en la demanda promovida en su contra por Dª. Fátima, Dª. Elviray Dª. Ángelesy todo ello con imposición de las costas a la parte actora dada su manifiesta temeridad y mala fe en la promoción de esta litis"
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- Recibido el pleito a prueba se practicaron las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes y figuran en los autos.
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- Tramitado el procedimiento, el Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valladolid dictó sentencia de fecha 4 de junio de 1990, cuyo fallo dice literalmente: FALLO.- Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Vicente Arranz Pascual, en nombre y representación de Dª. Fátima, Dª. Elviray Dª. Ángeles, debo de absolver y absuelvo a D. Juan Miguely a Dª. Amandade todos los pedimentos que contra ellos se formulaban en el Suplico de la demanda, con todos los pronunciamientos favorables e imponiendo expresamente las costas de este procedimiento a la parte actora.
Apelada la anterior sentencia por la representación de Dª. Fátima, Dª. Ángeles, Dª. Elvira, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid dictó sentencia con fecha 29 de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo fallo dice literalmente así: FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dª. Ángeles, Dª. Fátimacontra la sentencia dictada por el Juzgado de 1º Instancia nº 2 de Valladolid, en autos nº 762/89, debemos condenar y condenamos a los demandados D. Juan Miguely Dª. Amandaa abonar a los actores la suma de cuatro millones diez mil novecientas veintinueve pesetas (4.010.929 ptas.), más el interés legal desde la fecha 8.10.75 hasta el completo pago, sin hacer condena en las costas de la dos instancias.
Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de D. Juan Miguely su esposa Dª. Amandacon amparo en los siguientes motivos: MOTIVOS DE CASACION.- Primero: Amparado en el nº 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. (en sucesivos apartados alega la infracción de los arts. 1274, 1275 y 1276 del Cc. y también del art. 1301 del propio texto legal; el apartado sexto cita como infringidos los arts.
1108 y 1303 del Cc.
No habiéndose solicitado por todas las partes celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES
D. Marcos, de estado viudo, falleció el 8 de octubre de 1975 bajo testamento otorgado el 16 de septiembre del propio año, en el mejoró "a su hijo D. Clementecon el tercio de mejora en pleno dominio" e instituyó "herederos de todos sus bienes, erechos y acciones por partes iguales a sus dos hijos llamados: D. Clementey D. Juan Miguely a sus nietas Fátima, Elviray Ángeles(hijas del que fue su hijo D. Baltasar), los cuales heredarían , los dos primeros por cabezas y las últimas por estirpes". Previamente, en 30 de enero de 1975, D. Marcoshabía transmitido en escritura pública a su hijo D. Juan Miguel, casado con Dª. Amanda, dos fincas por un precio confesado de 162.000 ptas.
Dª. Fátima, Dª. Elviray Dª. Ángelespresentaron demanda, el 27 de octubre de 1989, contra D. Juan Miguely su esposa Dª. Amanda, señalando la ilicitud de la venta, cuyos bienes se valoraron en 18.049.183 ptas., y que su abuelo había formalizado en la misma fecha otra escritura de análogo contenido en favor de su otro hijo y heredero D. Clemente(cuestión esta última ajena al litigio), ejercitando una acción personal, cuyo contenido era "la compensación económica exigible por las actoras a los demandados como resultado del acto ilícito de la venta .... de bienes..... que.... debieron formar parte del haber hereditario y que.... fueron detraidos de él, integrando la situación prevista en el apartado 2 del art. 7 del Cc. en relación con el nº 4 del art. 6 del mismo cuerpo legal, lo que obliga a indemnizar a los terceros perjudicados", por todo lo cual solicitaron sentencia que condenase a los demandados a pagar a las actoras 6.016.394 ptas. incrementadas en el interés legal del dinero desde el 8 de octubre de 1975, fecha del fallecimiento de D. Marcos, hasta el día en que se hiciese efectivo el pago.
El Juzgado desestimó la demanda, al considerar que, para el acogimiento de la acción indemnizatoria, había que determinarse previamente si las fincas transmitidas eran colacionables, lo que requería, a su vez, la nulidad de la compraventa por encubrir una donación y, al alegarse la ilicitud de la causa, por haber transcurrido los cuatro años para el ejercicio de la acción de anulabilidad (art. 1301), la compraventa estaría perfeccionada, con independencia de la inmoralidad de las enajenaciones.
Apelaron las actoras y la Sección Primera de la Audiencia de Valladolid, por sentencia de 29 de junio de 1992, revocó la del juzgado y acogió parcialmente la pretensión inicial, dejando sentado que: cuando, en 30 de enero de 1975, D. Marcosvende las fincas en escritura pública a su hijo Juan Miguel, sin contar con las actoras, haciendo constar como recio recibido el de 162.000 ptas., siendo la valoración de las fincas en aquella fecha superior a los dieciocho millones de pesetas, se está ante un supuesto de ilicitud de la causa del art. 1275 del Cc., máxime al no acreditarse siquiera el abono del precio indicado y establecer la jurisprudencia que si la escritura de compraventa se otorga con la exclusiva finalidad de defraudar los derechos legitimarios del resto de los herederos, procede declarar también inexistente el contrato de donación por ser ilícita la causa (S., entre otras, de 20 de octubre de 1961), mostrándose con evidencia tal circunstancia al ocurrir que, además de lo indicado, se valoró el montante total de la herencia en 15.973.648 ptas., no solicitándose la declaración de nulidad de la compraventa ni de la donación que tal negocio encubría, improcedente en principio al tratarse de fincas inscritas en el Registro, no mediar lo dispuesto en el art. 38, párrafo 2º, de la L. Hipotecaria y haberse vendido la mayor parte de las fincas a terceros registrales, por lo que sí cabe, al menos, la indemnización a las actoras, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6- 4º y 7-2º del Cc., si bien, partiendo de la valoración dada a las fincas en los informes aportados a los autos y ratificados en el período procesal oportuno (18.049.183 ptas.) y atendiendo al testamento de D. Marcos, que atribuyó a su hijo Clementeel tercio de mejora, a las actoras correspondería la tercera parte de los tercios de legítima y libre disposición, es decir, 4.010.929 ptas, incrementada tal cantidad en el interés legal desde la fecha en que debió ser incluida en su patrimonio -8 de octubre de 1975, en que falleció D. Marcos- hasta el completo pago, que es a lo que se condena a los demandados.
Recurren en casación D. Juan Miguely su esposa Amanda.
Conviene recordar que el presente recurso de casación se interpone vigente ya la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que suprimió el motivo 4º del art. 1692 de la LEC., que contemplaba el "error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios", lo que implica que la base fáctica de la sentencia recurrida permanece inconcusa en casación, salvo que incida en error de derecho, solo apreciable si se acredita la infracción de alguna norma de hermenéutica, que ha de ser citada al efecto, azonando el por qué de tal infracción. Sin duda los recurrentes conocen tales extremos, pues bajo la rúbrica "motivos de casación" dicen "amparado en el nº 4º de la LEC.: infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones que fueren objeto del debate", para después desarrollar una serie de apartados que numeran, haciendo pensar que se pretende abarcar a todos ellos con tal motivo; mas no es así; el apartado uno pretende atacar la valoración dada a las fincas objeto de la escritura de compraventa de 30 de enero de 1975, sin cita de norma interpretativa alguna, lo que indica, no solo hacer caso omiso de la modificación aludida, sino, lo que es mas grave, querer convertir la casación en una tercera instancia, todo lo cual obliga a su rechazo.
No hay apartado dos.
El apartado tres insiste en tratar de introducir hechos nuevos desde la perspectiva de la actual casación, como no tenidos en cuenta por la sentencia recurrida, para, partiendo de su propia valoración de las fincas, entender que no aparece atacado el tercio de legitima estricta y afirmar que, al no producirse lesión patrimonial, no puede invocarse el abuso de derecho y existe aplicación indebida del art. 7-2º del Cc. Tal como aparece formulado, tampoco puede ser acogido, pues ni siquiera alude a que el daño se ocasione al ejercitar abusivamente un derecho por medio de un negocio jurídico y que ello legitimaba a las perjudicadas para ejercitar la correspondiente acción de nulidad, de forma que no estamos ante "un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica", al que ya aludía la Sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 1944, o el carácter subsidiario que debe atribuirse al abuso del derecho. Nada de esto se alega; pero es mas, en modo alguno puede olvidarse que la sentencia recurrida se basa en la de esta Sala de 20 de octubre de 1961, en cuyo considerando tercero se decía...... "..... que la compraventa de ... fue simulada entre el demandado D..... y su madre, sin que mediara precio, habiendo tenido por objeto privar de su legítima a los otros dos hijos de la supuesta vendedora..... y como ello constituye una causa ilícita, la donación encubierta no ya solamente por defectos de forma, en relación con el art. 633 de dicho Código, sino por aquel vicio sustancial, ha de considerarse, aún dentro de los límites de la legítima nula e ineficaz a tenor de los arts. 1275 y 1276 y a las mismas sentencias que se invocan, a as que se pueden añadir las de 12 de abril de 1946, 24 de marzo de 1950, 13 de febrero de 1951 y otras, según cuya doctrina cuando la escritura de compraventa se otorga con la exclusiva finalidad de defraudar los derechos legitimarios de los demás herederos, procede declarar también inexistente el contrato de donación por ser ilícita la causa", y todo ello, sin necesidad de acudir a la doctrina del abuso del derecho, dado el fin defraudatorio de los derechos legitimarios, obliga a mantener el fallo recurrido, dada la inexcusibilidad del cumplimiento de las normas jurídicas y la antijuridicidad pretendida de dañar derechos ajenos, actos que, según el art. 6.4 del Cc. "no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir" (la intangibilidad de la legítima), de manera que la eficacia sancionadora de la norma, dentro de la cual ha de contemplarse el fraude de ley, permite la indemnización de daños y perjuicios, y no solo la nulidad, para no dañar, como en el caso que nos ocupa, derechos de terceros, a lo que también alude la sentencia recurrida. Y como según la Audiencia no se pueden traer las ficnas a la Herencia por haber pasado a poder de terceros hipotecarios, procede, sí, traer su valor, de manera que, auqnue no se tratase de propia indemnización, al computar su valor (prestación sustitutoria) el resultado sería el mismo.
Y tampoco pueden acogerse las infracciones de los arts. 1274, 1275 y 1276 del Cc., o del art. 1301 del propio texto legal, que denuncian los apartados cuarto y quinto, ya que, ante la doctrina que ha quedado expuesta, es claro que hacen supuesto de la cuestión, cosa prohibida en recurso extraordinario como el que nos ocupa.
Finalmente, el apartado sexto, que cita como infringidos los arts. 1108 y 1303 del Cc., parece que considera también infringido el principio in iliquidis non fit mora, por el hecho de que, junto al abono de los 4.010.929 pesetas, se condene al pago de los intereses legales desde el 8 de octubre de 1975, fecha de fallecimiento del causante, con lo que se olvida que, de no estimarse así, el fraude pretendido habría producido sus efectos al menos en parte, que es lo que tratan de impedir tanto el ya citado art. 6.4 del Cc. cuanto el 11.2 de la LOPJ, razón por la que la sentencia recurrida no cita los preceptos que se pretenden violados, y porque estamos hablando de prestación sustitutoria.
Por imperativo legal (art. 1715, párrafo último, de la EC.), al no haber lugar al recurso, han de imponerse las costas del mismo a los recurrentes, sin que haya lugar a pronunciamiento sobre depósito, no constituido al ser disconformes las sentencias de instancia.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Procuradora Dª. Cristina González Alonso, en nombre y representación de D. Juan Miguely su esposa Dª. Amanda, contra la sentencia dictada, en 29 de junio de 1992, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid; condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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SAP Zaragoza 602/2000, 10 de Octubre de 2000
...simulación se lleva a cabo para defraudar derechos de terceros o para eludir una prohibición legal, y así pueden ser citadas las STS n° 397/1995, de 5 de mayo , en que se declara la nulidad cuando la simulación persigue privar de su legitima a algún heredero forzoso, y la STS n° 542/1999, d......
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SAP Zaragoza 400/2000, 7 de Junio de 2000
...simulación se lleva a cabo para defraudar derechos de terceros o para eludir una prohibición legal, y así pueden ser citadas las STS nº 397/1995, de 5 de mayo , en que se declara la nulidad cuando la simulación persigue privar de su legitima a algún heredero forzoso, y la STS nº 542/1999, d......