STS, 24 de Febrero de 1992

El Sindicato Regional del Campo de la Región de Murcia, de Comisiones Obreras, ha formulado recurso de casación contra la sentencia de 13 de marzo de 1.991, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por la que se da respuesta desestimatoria, aún cuando con ciertas matizaciones, a pretensión deducida a través de conflicto colectivo, con la que se pedía se declarasen nulos el artículo 6 b) y el anexo II, ambos del convenio colectivo que fue suscrito, con valor extraestatutario, por los codemandados, Asociación de Productores Exportadores de Tomate y Lechuga (PROEXPORT) y Unión General de Trabajadores (U.G.T.), y que afecta a las empresas cosecheras y productoras de tomates y otros productos agrícolas y a los trabajadores de estas, en cuanto que representados por los firmantes del convenio.

En la versión judicial de los hechos, no combatida por la parte recurrente, se da por reproducido el texto íntegro del mencionado pacto colectivo extraestatutario, cuyo ámbito temporal abarca desde 1 de enero de 1.991 a 31 de diciembre de 1.992. Su citado artículo 6, apartado B), contiene definición del fijo discontínuo y remite, en cuanto a su régimen, a lo establecido en el Anexo II. De este, los aspectos que procede resaltar son los que se refieren a la adquisición de la fijeza discontínua y los que atañen a los llamamientos y a los ceses o interrupciones.

Por lo que respecta a lo primero, se reconoce tal condición a los trabajadores que hubieran sido contratados bajo dicha modalidad conforme a lo establecido por el Real Decreto 2104/1984. Con tal salvedad, expresamente se declara que hasta 1 de enero de 1.991 no han existido fijos discontínuos en las empresas acogidas al convenio, instaurándose a partir de entonces dicha figura y atribuyéndose fijeza discontínua a aquellos trabajadores que, con anterioridad, hubieran prestado servicios a la misma empresa, como eventuales o temporeros, durante tres o más años consecutivos, con un promedio de más de doscientos días de trabajo al año, sin interrupción que les fuera imputable; también la adquirirán, en el futuro, los que presten servicios a la misma empresa, de forma cíclica y continuada, durante tres años sucesivos, con promedio de actividad superior a doscientos días por año. No se reconoce antigüedad a aquellos a los que se atribuye fijeza discontínua a partir de 1 de enero de 1.991, si bien se conviene que, en supuestos de despido improcedente, el tiempo anterior de servicios que se dice efectuado bajo condición de temporero o eventual, será considerado a efectos de fijar la indemnización correspondiente. Por último, con relación a quienes se atribuye fijeza discontínua con efectos de 1 de enero de 1.991, se insiste en la obligación de las empresas de incluir, en la cotización por los días efectivamente trabajados, lo atinente a la contingencia de desempleo.

En lo que atañe a lo segundo, se expone que el tipo de actividad de las empresas afectadas ofrece características propias, derivadas, de una parte, de ser diversos los productos objeto de la explotación, que no sólo se contrae al tomate sino también a otros productos agrícolas, distintos de los tradicionales; y, de otra, de que los trabajadores a que se atribuye fijeza discontínua pueden prestar sus servicios en cualesquiera de las actividades agrícolas. Se señala a continuación que, no obstante lo indicado, tan sólo existirá una campaña o ciclo productivo que comienza entre el 15 de julio al 31 de agosto. Con alusión a lo dispuesto en el párrafo último, inciso final, del artículo 14 del Real Decreto 2104/1984 y haciendo mención de las especiales circunstancias que concurren en esta actividad agraria, derivadas de la ubicación del centro de trabajo, normalmente alejado de núcleos urbanos, y de residir los trabajadores en poblaciones distintas, se establece que los llamamientos, que formalmente se atemperaran a las costumbres del lugar y al sistema hasta ahora seguido, serán efectuados por grupos de trabajadores que tengan su domicilio en el mismo núcleo urbano, siguiéndose el criterio de que todos los fijos discontínuos puedan alcanzar igual o similar número de días de trabajo efectivo en cada campaña. Se garantiza, por último, que los ceses o interrupciones no tendrán lugar hasta tanto no se hubiera previamente producido el de los trabajadores eventuales. Conviene precisar, por último que el artículo 11 del Convenio, el cual no ha sido impugnado, obliga a las empresas a que, a su cargo y proporcionando medios de locomoción adecuados, cubriendo incluso el seguro de viajeros, trasladen a los trabajadores desde la población de su residencia hasta el centro de trabajo. También preve dicho artículo un sistema distinto, aunque excepcional, compensatorio de los desplazamientos.

El fallo de instancia, como se ha dicho, es de signo desestimatorio. Sin embargo, al declarar la validez de las cláusulas impugnadas cuida en precisar que ello se entiende sin perjuicio del derecho que pudiera corresponder a los trabajadores afectados a que les sea reconocida la condición de fijos discontínuos, cuando en su caso concurran las condiciones precisas según el ordenamiento legal vigente, y ello con la retroacción que proceda.

El Sindicato recurrente, para combatir dicha sentencia, aduce único motivo, en el que denuncia infracción por aquella de los artículos 3.5 y 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, así como de los artículos 11 a 14 del Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre. No razona, sin embargo, dichas denuncias -al menos no lo hace de manera sistemática-, pues se limita a rebatir, uno por uno, los distintos fundamentos jurídicos de la sentencia de instancia. Al actuar así, olvida que el recurso se da contra el fallo de la sentencia y no contra su fundamentación jurídica, salvo en cuanto sirva de soporte necesario a aquel. Tal defecto, que en el acto de la vista fue reconocido por la parte recurrente, no priva al recurso de viabilidad, dado que al hacer dichos comentarios deja suficientemente explícitas las razones que han de servir como fundamento del motivo, por lo cual deben entenderse cumplidas las exigencias formales establecidas por el artículo 1707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De estas razones solo se han de resaltar aquellas que se refieren a las denuncias que se hacen, centradas, como se ha dicho, en la supuesta infracción, por la sentencia de instancia, de los artículos 3.5 y 15.6, ambos del Estatuto de los Trabajadores y artículos 11 a 14 -en puridad, artículo 14, párrafo segundo, inciso último- del Real Decreto 2104/1984. El recurrente, en tanto que construye su recurso a modo de réplica a la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, alude a otros preceptos que en esta se citan, afirmando que también han sido infringidos, por aplicación indebida. Más esta alusión no supone la introducción de nuevos motivos, ya que dichas citas no constituyen fundamento del fallo sino consideraciones que se añaden -a veces desacertadamente- con intención de reforzar la argumentación central. Es por ello que la Sala deba limitar su actividad revisora al examen de los razonamientos que fundamentan el único motivo impugnatorio, sin entrar en dialéctica que es innecesaria para resolver sobre el mismo.

Resaltando, pues, las razones que fundamentan el único motivo aducido, cabe sintetizar así las expuestas: Afirma el Sindicato recurrente que, con independencia de que aquellos trabajadores a que se atribuye fijeza discontínua reunieran o no las condiciones legalmente requeridas para alcanzar tal condición, lo que no es válido, desde el plano normativo, es que, reconocida tal modalidad contractual, se ordene su régimen en términos distintos a los que consagra con valor de derecho necesario el ordenamiento vigente. Se añade que esta conclusión no queda desvirtuada por las dificultades que manifiesta la experiencia, puestas de relieve por la sentencia de instancia, de introducir en el sector del campo la figura del fijo discontínuo, pues tales dificultades no se avienen con el mandato del artículo 15.6 del Estatuto, que, por su carácter general, también afecta al indicado sector; como tampoco por la posibilidad, igualmente apuntada en dicha sentencia, de eludir la aplicación de convenio, a través -respecto de los no representados por el Sindicato que lo suscribió- de no adherirse individualmente al mismo, o, por lo que se refiere a los incluídos en su ámbito, de declinar su aplicación, dándose de baja en dicho Sindicato.

Partiendo de las expuestas consideraciones, las razones que se aducen para fundar el recurso, resumidamente, son las siguientes: Por lo que se refiere a la supuesta infracción del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, insiste el recurrente que referir la antigüedad de la fijeza discontínua a 1 de enero de 1.991 supone renuncia de derecho, respecto de aquellos que, por reunir las condiciones precisas, pudieran obtener el reconocimiento de la expuesta condición con retroacción más amplia; que frente a la idea expuesta no cabe argüir que han de ceder los intereses individuales de dichos trabajadores al interés colectivo del grupo afectado, pues se está en presencia de renuncia colectiva de derechos: que la homogeneización de la expuesta condición de antigüedad atenta los derechos de los más antiguos, sin costes para las empresas, incidiendo los perjuicios que a estos se irrogan no sólo en el mero respeto de la antigüedad, sino en las consecuencias que de esta se derivan en orden a llamamientos y ceses. En lo que atañe a la supuesta infracción del artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, se afirma que el criterio de la rigurosa antigüedad, a efectos del llamamiento, que impone el citado precepto, es de obligatoria observancia, dado el carácter de derecho necesario que corresponde a tal precepto. Razona en tal sentido que, aún siendo cierto que el Real Decreto 2104/1.984, en su artículo 14, párrafo segundo, último inciso, contiene remisión a la negociación colectiva, disponiendo que a través de la misma podrán establecerse las condiciones de convocatoria o llamamiento, tal precepto, por su valor reglamentario, no puede hacer que decline el mandato legal imperativo que somete el llamamiento al criterio riguroso de la antigüedad. Afirma, por último, que el régimen de llamamiento que establece el convenio genera gran inseguridad, dificultando, ante la falta del mismo, la impugnación del despido que de ello se deriva.

Al resolver sobre el motivo aducido no cabe olvidar que el convenio impugnado, aún de carácter extraestatutario, refleja autorregulación, que encuentra cobertura en la esfera de la libertad que reconoce el artículo 37.1 de la Constitución, decidida por las Organizaciones que lo suscribieron para que desplegara sus efectos con relación a sus respectivos representados.

Es cierto, desde luego, que tal esfera de libertad no tiene valor ilimitado o absoluto. La autonomía colectiva, incluso la que por someterse a la disciplina estatutaria se erige en fuente de producción del Derecho, capaz, por tanto, de generar verdaderas normas jurídicas, se encuentra sometida a la primacía de la ley, encontrando en sus mandatos de derecho necesario límites que pueden afectar, evidentemente, al contenido normativo del fruto de la negociación. Así lo tiene reiteradamente declarado esta Sala, en doctrina concorde con la sentada por el Tribunal Constitucional, como ponen de relieve, entre otras (Sentencias 177/1988, 171/1989 y 210/1990), su sentencia 58/1985, de 30 de abril, en la que se afirma que la superior posición que ocupa la ley en la jerarquía normativa determina el obligado sometimiento de la norma pactada al Derecho necesario que consagra aquella, aún cuando también resalta la imposibilidad de asimilar las relaciones entre Ley y convenio colectivo a la que se instauran entre norma delegante y norma delegada. Siendo ello así, no cabe duda, por tanto, que la negociación colectiva extraestatutaria, en tanto que situada en plano de menor relieve que la anterior, ha de respetar en todo caso las normas legales de derecho necesario, ya que la esfera de libertad en que se desarrolla se halla sometida a los límites que impone el ordenamiento positivo.

Desde esta perspectiva han de ser analizadas las denuncias que hace el Sindicato recurrente, pues, de haberse producido las infracciones que acusa, referidas a normas que según afirma son de derecho necesario, la conclusión obligada sería de signo anulatorio, frente a la que no podría prevalecer las consideraciones que figuran en la sentencia de instancia, puestas de relieve en el motivo a fin de combatirlas, relativas a las posibilidades de los trabajadores de eludir la aplicación del convenio, pues su eventual actuación en manera alguna serviría para santificar cláusulas contrarias a normas de derecho necesario y, consiguientemente nulas.

Sin perjuicio de lo expuesto, no cabe ignorar, sin embargo, el origen contractual del convenio y que este, como por ello se explica, manifiesta un complicado equilibrio entre posturas que atienden intereses opuestos; de ahí que sea necesario su consideración unitaria, pues es el convenio en su conjunto el que refleja dicho equilibrio, el cual puede ceder mediante anulación referida sólo a algunas de sus cláusulas, teniendo en cuenta que su eventual eliminación pondría en entredicho la reciprocidad de intereses que ha logrado compaginar, cohonestándolos. En el supuesto de que se trata , la anulación de las cláusulas impugnadas, manteniéndose indemne la que figura en el artículo 11 del Convenio, relativa al deber de las empresas de suministrar, a su cargo, medios de locomoción para los desplazamientos, manifestaría ruptura de tal equilibrio, pues difícilmente podría darse cumplimiento a tal deber si desapareciese el grupo de trabajadores y hubiera de hacerse el llamamiento desde la individualidad de cada uno de ellos.

En el caso, el pacto extraestatutario combatido ofrece, desde la estrategia de quienes lo suscribieron, fórmula satisfaciente de los encontradas intereses que representan, con la que se buscó solución a problema complejo, cual era la atribución de fijeza discontínua en favor de aquellos trabajadores que venían prestando servicio, hasta entonces como temporeros o eventuales, en labores agrícolas realizadas en años sucesivos.

Es de resaltar que con el pacto logrado -máxime teniendo en cuenta las matizaciones que introduce el fallo impugnado- no se lesionan derechos de quienes, por la continuidad cíclica en su prestación de servicios, por la identidad de las tareas efectuadas en cada ciclo y por concurrir, en suma, las demás circunstancias requeridas, reunieran las condiciones que impone la legalidad vigente para alcanzar reconocimiento de fijeza discontínua, condición esta que, como bien sostiene el Sindicato recurrente, no debe ser ajena al sector del campo, dado el sentido intersectorial del mandato que contiene el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Consiguientemente, la solución pactada no perjudicaba ni podía perjudicar los derechos indisponibles de tales trabajadores en orden a obtener, con la retroacción correspondiente, el reconocimiento del carácter o condición de fijos discontínuos. Así lo recoge el fallo cuando, al declarar la validez de tales cláusulas, salva el derecho de aquellos. Pero los destinatarios del pacto, a efectos de la atribución que consagra, no son los mencionados sino aquellos trabajadores cuyas circunstancias concurrentes no revistieran claridad suficiente, en orden a corresponderles la fijeza discontínua. En cuanto a estos, el pacto perseguía pacificar y clarificar su situación, a través de un reconocimiento "ex nunc" de la fijeza discontínua. Desde esta consideración se ha de entender que el acuerdo logrado constituía instrumento pacificador para situaciones de tensión, confusas hasta el momento, eludiendo procesos individuales de resultado incierto, pero sin mermar derechos de quien, gozando individualmente de los requisitos exigidos para alcanzar la condición de fijos discontínuos, pudieran lograr su reconocimiento con eficacia "ex tunc". Por ello, contrariamente a como sostiene el Sindicato recurrente, no cabe entender que el pacto alcanzado consagre renuncia individual de derechos, como tampoco renuncia colectiva de los mismos, sino acuerdo transaccional, que pacifica situaciones conflictivas. Ello es suficiente para concluir que las cláusulas impugnadas, al atribuir, bajo los requisitos que lo hacen, la condición de fijos discontínuos, no resultan contrarias a lo establecido por el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores.

La segunda alegación impugnatoria viene referida al especial sistema, en orden al llamamiento y al cese o interrupción, que consagra el pacto colectivo extraestatutario que suscribieron los codemandados. Sostiene el Sindicato recurrente que el criterio de rigurosa antigüedad que sanciona el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores tiene valor de derecho necesario, por lo cual no puede ser sustituido por criterio distinto, por mas que este se acuerde en convenio colectivo y que el artículo 14 del Real Decreto 2104/1984 ofrezca a su negociación la posibilidad de establecer las condiciones de la convocatoria o llamamiento.

Es cierto, desde luego, que la norma estatutaria que se invoca dispone que el llamamiento de los fijos discontínuos "deberá hacerse por rigurosa antigüedad dentro de cada especialidad" y que anuda al incumplimiento de tal mandato que "el trabajador podrá reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente iniciándose el cómputo desde el día que tuviere conocimiento de la falta de convocatoria".

El primero de los indicados mandatos, aún revistiendo carácter imperativo, no se establece en términos absolutos y de manera tal que sea la antigüedad individual el único criterio a considerar a efectos del llamamiento. El propio precepto así lo demuestra al referir la antigüedad no bajo meras consideraciones individuales, con abstración de otras consideraciones, sino con relación a las distintas especialidades que hubieran de atender cada ciclo de actividad. Además, el criterio que establece el artículo 15.6, ya citado, no ofrece solución a situaciones posibles, cual sería -y este es el caso- que los trabajadores de la especialidad a llamar tuvieran todos ellos la misma antigüedad. Es por ello que la remisión que efectúa a la negociación colectiva el artículo 14 del Real Decreto 2104/1.984, cobra pleno sentido, pues la posibilidad que ofrece en orden al establecimiento por el convenio logrado de las condiciones de convocatoria o llamamiento, puede operar, no para romper el criterio imperativo de la antigüedad, pero si para dar solución a supuestos como los que han sido mencionados. Y este es el caso, porque el pacto extraestatutario que parcialmente se impugna, al pacificar la tensión existente respecto a la atribución de la fijeza discontínua ofreciendo solución a situaciones hasta entonces inciertas, parte de que dicha atribución se efectúa, con relación a dichas situaciones, reconociendo para todos una misma antigüedad, por lo cual, al ser esta idéntica, no cabe entender que la fórmula que establece en orden al llamamiento sea contraria al criterio imperativo que consagra el tan citado artículo 15.6, sino acomodada al mismo, dando al par una solución, que las partes que lo suscriben consideraron adecuada, con la que se atendieran las exigencias que derivan de las características singulares de las empresas convocantes, correspondientes a la ubicación de sus centros de trabajo, y de los propios trabajadores, en tanto que residen en localidades distintas y distantes de tales centros; todo ello con solución que propiciaba un reparto equitativo del trabajo, desde la garantía de un periodo de ocupación mínimo para cada ciclo productivo, facilitando, además, el desplazamiento de los trabajadores, a través de obligarse las empresas a poner, a su cargo, medios de locomoción adecuados. El sistema referido, no atentatorio al criterio imperativo del artículo 15.6 y que fue pactado en la esfera que a la negociación colectiva refiere el artículo 14 del Real Decreto 2104/1984, tampoco genera la inseguridad que acusa el Sindicato recurrente, pues estableciéndose en el pacto colectivo las fechas en que se inician las campañas y una garantía mínima en orden al tiempo de duración de la prestación de servicios en cada ciclo, resulta evidente que los afectados pueden detectar, sin lugar a duda, cuando se produjera la falta de su llamamiento, a efectos de impugnarlo como manifestación de su despido.

No son de apreciar, por consiguiente las infracciones que se acusan, por lo que, conforme a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso, todo ello sin imposición de costas.