STS 1700/2001, 10 de Octubre de 2001

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 19 de julio de 1.999 que resolvió, estimándolos, los recursos de apelación formulados por las acusaciones pública y particular contra la sentencia pronunciada por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado constituido en la Audiencia Provincial de Castellón en la que se condenaba a los acusados Jose Manuel y María Milagros como autores de un delito de robo con violencia y otro delito de lesiones, pero les absolvía del delito de asesinato del que también venían acusados. La sentencia del T.S.J. de Valencia declaraba la existencia de contradicciones entre los hechos declarados probados en la sentencia apelada, así como advirtió parcialidad en las instrucciones dadas a los jurados por el Magistrado Presidente, y sostiene que estas irregularidades son "prueba incontestable de la concurrencia de los defectos señalados en los apartados d) y e) del art. 63.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y en el art. 846 bis c) apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También, y "a mayor abundamiento" afirma la falta de motivación o razonamiento, siquiera sucinto, sobre las pruebas en virtud de las cuales se excluye en los acusados la intención de matar a la víctima del hecho, ni exponen las consideraciones con base a las que se mantiene la inexistencia de homicidio a título de imprudencia, todo lo cual supone -sostiene la sentencia recurrida ante esta Sala de casación- "la conculcación de lo estatuido en los artículos 24 y 120 de la Constitución, 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia resuelve, en consecuencia, la declaración de nulidad del juicio y la devolución de la causa a la Audiencia de su procedencia a fin de que se celebre nuevo juicio por nuevos jurados y Magistrado Presidente del Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 846 bis f) L.E.Cr., si bien subraya que dicha nulidad no afecta al resto de los acusados que resultaron absueltos en la sentencia apelada, respecto de los cuales ésta "se declara válida".

RECURSO DEL ACUSADO Jose Manuel

El primer motivo de casación que formula el representante procesal de este coacusado se articula al amparo del art. 847 L.E.Cr., y con invocación del art. 849.1º, por aplicación indebida del art. 63.1º, d) de la L.O.T.J. en relación con el art. 846 bis c) L.E.Cr. alegando como fundamento de su censura que no concurre en la sentencia del Tribunal del Jurado el vicio de contradicción en la declaración de hechos probados que el T.S.J. de Valencia declara.

El T.S.J. de Valencia sostiene la existencia de la contradicción fáctica en el fundamento de derecho Cuarto de su sentencia al señalar que "el análisis de las actuaciones patentiza que el Jurado, efectuada la nueva deliberación y votación, hizo entrega de copia de las actas extendidas al Magistrado-Presidente, quien tras su examen, no se percató de que continuaban existiendo determinadas contradicciones entre los hechos declarados probados, cual evidencia el que declararan probado, por unanimidad, que Jose Manuel valiéndose de su superioridad física había inmovilizado a Luis María y le había asestado una puñalada en partes blandas y hallándose por ello inconsciente y sangrando lo había introducido en el maletero del Citroën ZX con el que marchó a buscar un lugar donde quemar dicho vehículo con Luis María vivo en su interior (puntos A.8 y A.9 del objeto del veredicto de Jose Manuel en el delito contra la vida), y al propio tiempo, también declaran probado, por unanimidad, que dicho Jose Manuel , al ver que tras haberle asestado la puñalada a Luis María no se movía, pensó que lo había matado y lo creyó muerto, lo que le indujo a introducirlo en el maletero del referido Citroën ZX, dirigiéndose al túnel existente bajo la CN 340, donde roció con gasolina dicho vehículo con Luis María en su interior y le prendió fuego para deshacerse del cadáver (puntos B.9, B.10 y C.2 del antes mencionado objeto del veredicto)". Estima la Sala de apelación que tal contradicción se contempla en el art. 63.1, d) L.O.T.J. como causa obligada de devolución al Jurado del Acta del veredicto, y al no haberse realizado así por el Magistrado Presidente, se habría incurrido en el grave defecto previsto en el art. 846 bis c), a) L.E.Cr. que fundamentaba la resolución anulatoria de la sentencia del Tribunal del Jurado que ahora se combate en casación.

El recurrente sostiene que no existe contradicción, y esta Sala comparte su criterio. En efecto, tal y como argumenta el motivo, los puntos A.8 y A.9 del objeto del veredicto que se declaran probados, reflejan una realidad física y objetiva, esto es, que Luis María estaba vivo cuando fue introducido en el maletero del coche. En cambio, los extremos B.9, B.10 y C.2 no se refieren al hecho físico, objetivado, y real anteriormente relatado, sino a la percepción equivocada que del mismo tuvieron los acusados creyendo, erróneamente, que Luis María estaba muerto cuando incendiaron el coche con lo que, en su conciencia, era el cuerpo de un cadáver del que trataban de deshacerse y no de una persona viva. Se trata, en definitiva, de la consignación de dos distintas realidades, una física y material del estado en que se encontraba la víctima tras la agresión, y otra anímica o intelectiva de la convicción de los autores de los hechos de que Luis María había fallecido de resultas de dicha agresión.

Entendemos por ello que no aparece contradicción en la descripción de estas dos realidades que el veredicto declara probadas, por ser una y otra perfectamente compatibles entre sí y no excluirse recíprocamente, pues, a la postre, lo que está describiéndose es un hecho objetivo por un lado, y la errónea percepción por los agentes de esa realidad física, por otro, que es lo que configura la figura jurídico-penal del error.

La sentencia del T.S.J. de Valencia ha aplicado indebidamente el art. 63.1, d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado como basamento de su fallo anulatorio y el motivo debe ser estimado.

Se impugna también por el recurrente el pronunciamiento de la sentencia objeto de este recurso de casación sobre la parcialidad del Magistrado-Presidente que a éste se le atribuye, invocando la vulneración del derecho de defensa del art. 24.2 C.E., así como los artículos 63.1, e) de la Ley del Tribunal del Jurado en relación con el 846 bis c), a) L.E.Cr.

La sentencia del T.S.J. fundamenta el pronunciamiento de parcialidad señalando que "al observar el Magistrado-Presidente que en el apartado tercero de las copias de las actas de los veredictos relativos a los delitos contra la vida de que eran acusados Jose Manuel y María Milagros , el jurado había declarado, por unanimidad, culpables a los mismos del hecho de la muerte de Luis María , estimando que ello era contradictorio, y no consecuente, con los hechos que habían declarado probados y no probados en sus veredictos, les indicó e instruyó que debían corregir y modificar dicho apartado tercero y, en su lugar, declarar a los referidos dos acusados no culpables de dicho hecho, por considerar que la muerte de Luis María se había producido de forma involuntaria". A este argumento se añade que la devolución del acta al jurado se efectuó "sin que conste de manera expresa, el cumplimiento de la audiencia de las partes que previenen los arts. 63.3 y 53 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado".

El recurrente alega que la falta de imparcialidad mencionada no fue planteada en ninguno de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, lo que provoca que la sentencia del T.S.J. incurra en "reforma peyorativa" (sic) con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, así como del derecho de defensa al no poder defenderse los recurridos en apelación de algo que desconocían.

No le falta razón al recurrente teniendo en cuenta que ninguno de los motivos de apelación articulados por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular aducen la falta de imparcialidad a que se refiere la sentencia del T.S.J. Valencia, pues tal causa de impugnación no figura en la relación de motivos formulados por el Fiscal que se reseñan en Antecedente de Hecho Tercero de la sentencia objeto de este recurso de casación, ni tampoco en los aducidos por la acusación particular que figuran en el Antecedente Cuarto. Es más, hemos examinado los dos recursos de apelación que obran en el rollo de Sala y hemos constatado la ausencia de tal específico reproche en ambos recursos, advirtiendo que, en relación al acto procesal en el que el Magistrado Presidente devuelve el Acta del veredicto al jurado con la instrucción que sirve de base al T.S.J. para considerar la parcialidad de aquél, lo que se reprocha en los motivos de apelación -de la acusación particular- no es lo acertado o desacertado de dicha instrucción a los jurados, sino el hecho de que el Magistrado Presidente hubiera aceptado una modificación de los Hechos Probados que ya habían sido declarados previamente, censura ésta que poco o nada tiene que ver con las instrucciones que el Magistrado Presidente dio al jurado a la vista de la nueva resultancia fáctica, siendo, por cierto, de destacar que la dicha modificación de los hechos declarados probados que censuraba la acusación particular la rechaza el T.S.J. al afirmar explícitamente que el Jurado obró "con acierto" al "realizar una total y completa deliberación y votación de todos los puntos objeto de los veredictos".

Parece claro, por tanto, que las mencionadas instrucciones al Jurado por parte del Magistrado-Presidente, indicándole a aquél que el pronunciamiento de culpabilidad de los acusados en relación al delito contra la vida resulta incompatible con los hechos declarados probados y no probados, no fueron objeto de impugnación en apelación como constitutivas de una actuación parcial de aquél y, por consiguiente, las partes apeladas se han visto sorprendidas y perjudicadas de manera real y efectiva en su derecho a la defensa al haberse fundamentado la resolución que resolvía los recursos de apelación -al menos parcialmente- en un motivo desconocido por los apelados del que, por consiguiente, no tuvieron oportunidad de alegar y defenderse de manera mínimamente eficaz.

Pero es que tampoco podemos validar la sentencia recurrida desde una perspectiva de fondo, porque entendemos que las repetidas instrucciones no configuran una tan grave irregularidad en el proceder del Magistrado-Presidente como la parcialidad que le atribuye la resolución que examinamos.

No sólo se aprecia en la sentencia del T.S.J. una absoluta falta de argumentación que sustente la declarada parcialidad que allí se sostiene, sino que no podemos compartir ese pronunciamiento. En efecto, si el propio Tribunal Superior estima que el Jurado actuó "con acierto" cuando les fue devuelta el Acta del veredicto por la existencia de contradicciones, lagunas e irregularidades en el veredicto y, volvió a realizar una total y completa deliberación y votación de todos los puntos objeto del veredicto; siendo ello así, el Magistrado-Presidente, a la vista del nuevo relato de hechos, se limitó a cumplimentar lo que dispone el apartado d) del art. 63 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que impone la devolución del Acta al Jurado cuando el Magistrado-Presidente apreciase "que los diversos pronunciamientos son contradictorios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre sí, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados". Por ello mismo, advertido que el pronunciamiento de culpabilidad respecto del "delito contra la vida resultaba incongruente con el hecho probado de que la muerte de la víctima se había producido de manera involuntaria, no cabe calificar de incorrectas las instrucciones del Magistrado-Presidente ya referidas, máxime cuando el delito que se imputaba a los coacusados era de asesinato y no se habían formulado por las partes acusadoras clasificaciones alternativas a dicho tipo delictivo, por lo que todavía con menos fundamento cabe tildar de falta de imparcialidad la actuación de aquél.

El motivo debe ser estimado.

Igualmente debe ser acogido el motivo casacional que impugna el tercer soporte de la sentencia recurrida que considera, "a mayor abundamiento" falta de motivación o razonamiento, siquiera sucinto, en el veredicto del Jurado ni en la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente, de las pruebas en que basan la apreciación de que los acusados no tenían intención de matar, invocando el recurrente a este respecto los artículos 61.1º d) y 67 de la Ley del Jurado.

Sostiene el motivo que en el apartado de la motivación, el jurado expone en el Acta que "no les consta ningún plan preconcebido para acabar con la vida de Luis María ", con lo que están explicando que no existe prueba alguna de que pretendieran la muerte de la víctima y, por tanto, añade, la motivación del veredicto se estructura al amparo de la presunción de inocencia, en la inexistencia de prueba en contra de los acusados.

Precisamente esa carencia de elementos probatorios que pudieran avalar las tesis de las acusaciones, es lo que ha fundamentado la declaración del jurado de que la agresión de Jose Manuel a Luis María se produjo "sin intención de matarlo", y la valoración de las diversas pruebas practicadas lo que sustenta el pronunciamiento de que los acusados "prendieron fuego al vehículo con Luis María con vida en el interior, aunque le creían muerto ....".

Como se expone en la STS de 29 de mayo de 2.000 en relación con el contenido de la motivación de las resoluciones del Tribunal del Jurado "Hemos declarado que la motivación de la sentencia se integra como un requisito esencial de toda resolución judicial. A través de la necesaria motivación no sólo se va a satisfacer la necesaria tutela judicial efectiva, explicando las razones que llevan al Tribunal sentenciador a dictar la resolución, sino que va a permitir al Tribunal Superior, en virtud de la impugnación, que pueda comprobar la lógica y la racionalidad de la función jurisdiccional. Ambas direcciones de la motivación tienen como destinatario el ciudadano que requiere la actuación judicial, y el pueblo del que emana la Justicia. Además, a través de la motivación, el propio Tribunal de instancia podrá comprobar, a manera de autocontrol jurisdiccional, si el ejercicio de esa función responde a los presupuestos legales que permite la adopción de la resolución, pues la exteriorización de la decisión, a través de la motivación, permite la comprobación de la concurrencia de los presupuestos de la aplicación de la norma penal. (STS 1658/99 de 15 de noviembre).

En esta exigencia hemos de distinguir, de una parte, la motivación sobre los hechos y la motivación sobre la aplicación del derecho, o motivación de la subsunción, cuyas exigencias son distintas. La motivación sobre los hechos supone la parte esencial de la exigencia motivadora en tanto es aquélla por la que se conoce el proceso de convicción del órgano jurisdiccional sobre la culpabilidad de una persona, en el sentido de participación en el hecho delictivo imputado, la que justifica el ejercicio de la jurisdicción. Esta función sólo la puede realizar el órgano jurisdiccional que ha percibido la prueba con la inmediación derivada de la practica de la prueba. De otra parte, su exigencia será, obviamente, distinta si la sentencia es condenatoria o absolutoria. En este supuesto, la motivación debe satisfacer la exigencia derivada de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 de la Constitución), en tanto que el órgano jurisdiccional debe señalar que en el ejercicio de su función no ha actuado de manera injustificada, sorprendente y absurda, en definitiva, arbitraria. En la sentencia condenatoria la motivación, además de este contenido, debe expresar las razones por los que entiende que el derecho fundamental a la presunción de inocencia ha sido enervado por una actividad probatoria tenida por prueba de cargo. En otras palabras, la motivación de la sentencia absolutoria se satisface en cuanto expresa una duda sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no enervación del derecho a la presunción de inocencia.

Por otra parte, tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado es obvio que no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional y por ello la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado exige una "sucinta explicación de las razones..." (art. 61.1 d) en el que ha de expresarse las razones de la convicción, las cuales deberán ser complementadas por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal atento al desarrollo del juicio, en los términos antes analizados, motivando la sentencia de conformidad con el art. 70.2 de la LOTJ.".

Con la descripción de los hechos probados, el específico rechazo a la intención de matar y a la convicción de los acusados de que la víctima ya estaba muerta cuando incendiaron el coche, el Jurado está expresando su convencimiento absolutorio del delito de asesinato que se les imputaba a aquéllos y señalando implícitamente la falta de prueba de cargo capaz de enervar el derecho de los mismos a la presunción de inocencia respecto de tal delito. Por ello, y abundando en lo que subraya la STS mencionada, la exigencia de sucinta motivación debe efectuarse "valorando su suficiencia sobre un baremo consistente en que alguien ajeno a la deliberación encuentre justificado el ejercicio de la jurisdicción, permitiendo conocer el motivo de la absolución .... que en este caso se constata".

Por lo demás, la sentencia elaborada por el Magistrado-Presidente del Tribunal ofrece en su fundamento de Derecho Quinto cumplida y rigurosa argumentación para rechazar la falta de pronunciamiento del Jurado en relación con el tipo de homicidio imprudente, señalando que "no fue alegado por las partes y por ello no se incluyó en el objeto del veredicto (como tampoco lo estuvo en el Auto de hechos justiciables) sin objeción alguna de las partes en el trámite de audiencia previo a la entrega del veredicto a los Jurados del art.. 53 de la L.O.T.J....." razonando cumplida y extensamente sobre la improcedencia de exigirse al Jurado un pronunciamiento sobre tal figura delictiva, a cuyas consideraciones nos remitimos.

RECURSO DE LA COACUSADA María Milagros

El único motivo impugna también la sentencia del T.S.J. de Valencia rechazando las irregularidades que en aquélla sustentan el fallo estimatorio de los recursos de apelación formulados por las partes acusadoras de contradicción fáctica, parcialidad del Magistrado-Presidente y falta de suficiente motivación que se atribuyen a la sentencia del Tribunal del Jurado.

Las consideraciones precedentes son perfecta y plenamente aplicables a este otro recurso, no ya por las censuras que se alegan, sino, en último extremo, en aplicación del art. 903 L.E.Cr. en relación a las omisiones de que pudiera adolecer en el desarrollo de las mismas.

Finalmente, estimados los recursos, debemos plantearnos el alcance de la necesidad de dictar una segunda sentencia según lo que dispone el art. 902 L.E.Cr. cuando este Tribunal acoge la impugnación casacional de los recurrentes. Siguiendo también aquí la STS de 29 de mayo de 2.000, cabe subrayar que el mencionado precepto, nacido en un sistema de única instancia con impugnación casacional, permite que estimado un recurso articulado por infracción de ley, consecuentemente casada la sentencia, debe dictarse una segunda sentencia fijando definitivamente el contenido del fallo que resuelva el contenido del proceso penal, con condena o absolución. Pero no debe ser aplicado en aquellos supuestos en los que, como en el presente, la sentencia de esta Sala ha casado la recurrida de apelación recobrando vigencia la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado en primera instancia. Por ello el contenido del fallo de la sentencia de casación será el de estimar el recurso formalizado, casar la sentencia dictada por el T.S.J. y, consecuentemente, declarar la firmeza de la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado.

Para finalizar, no parece ocioso significar la conveniencia de que la Sala de Apelación se pronuncie y de la oportuna respuesta a la totalidad de los motivos de apelación que le son formulados por las partes, con el fin de evitar las notorias y graves dilaciones que habrían de producirse ante una eventual impugnación casacional fundamentada en dichas omisiones que pudieran articular las partes apelantes; hipótesis plausible y real que ya fue puesta de manifiesto en sentencia de esta misma Sala de 19 de octubre de 2.000 y en el subsiguiente Auto de 28 de marzo de 2.001 al disponer, en un supuesto similar al presente, la firmeza de la sentencia del Tribunal del Jurado y no la devolución al Tribunal Superior de Justicia por no resolver todos los motivos de apelación suscitados, argumentando al respecto las graves perturbaciones de lo que podríamos denominar el "efecto ascensor", generador de espectaculares dilaciones, y también, la propia inactividad de los apelantes que se abstuvieron de impugnar la falta de respuestas a cuestiones planteadas y no resueltas por el T.S.J. (véase también STS de 22 de marzo de 2.001).

III.