STS 259/94, 17 de Marzo de 1994
| Ponente | D. ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA |
| Número de Recurso | 1346/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 259/94 |
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Iltma. Audiencia Provincial de Oviedo, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número DOS de Gijón, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por BANCO BILBAO- VIZCAYA, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales Don Emilio García Guillén, y asistido del Letrado Don Luis Soto Escandón, en los son recurridos DOÑA Marcelina y DOÑA Angelina, y en los que también fueron parte DON Roberto y DON Jesús María, éstos últimos no comparecidos ante este Tribunal Supremo.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Gijón, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra Don Roberto, Doña Marcelina, Don Jesús María y Doña Angelina, éstos con la misma representación procesal, sobre reclamación de cantidad.
Por la representación de la parte actora se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... previo recibimiento del juicio a prueba, que desde ahora se interesa expresamente, hasta dictar en su día sentencia, por la que estimando esta demanda se condene a los demandados, solidariamente, a abonar a mi representada la cantidad de cuatro millones setecientas dieciocho mil quinientas cuarenta y cinco pesetas (4.718.545.- pts.), con sus correspondientes intereses y les imponga expresamente las costas del juicio, así como ratifique el Auto que se dicte en su día decretando el embargo preventivo de los bienes del demandado". Asimismo interesaba el embargo preventivo de los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe litigioso y las costas del juicio".
Admitida a trámite la demanda, por la representación de Don Roberto y Don Jesús María, se contestó la misma alegando falta de legitimación activa y prescripción, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y en su día, previo el recibimiento del juicio a prueba, dictar sentencia desestimando la demanda por las excepciones invocadas, o por las demás razones de fondo y con expresa imposición de costas a la actora".
Por providencia de fecha 21 de Marzo de 1.990, se declaró la rebeldía de las demandadas Doña Angelina y Doña Marcelina.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 25 de Julio de 1.990, cuyo fallo es como sigue: "FALLO.- Que debo de estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por Banco Bilbao Vizcaya, S.A. representada por el Procurador Sr. Arias de Velasco contra Roberto, Marcelina, Jesús María y Angelina y condeno a estos a satisfacer solidariamente a aquel la suma de 4.379.432.- pesetas e intereses por demora pactados.- No se hace expreso pronunciamiento en cuanto a las costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Iltma. Audiencia Provincial de Oviedo, dictó sentencia en fecha 24 de Marzo de 1.991, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por los demandados Don Roberto y Don Jesús María, y por la entidad actora, Banco Bilbao Vizcaya, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número Dos de los de Gijón en los autos del juicio de menor cuantía del que dimana el presente rollo, confirmamos íntegramente la resolución recurrida, con imposición de las costas de la segunda instancia a ambas partes apelantes".
Por el Procurador de los Tribunales Don Emilio García Guillén, en nombre y representación del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:
"Al amparo del apartado 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción de normas del Ordenamiento Jurídico señalando como precepto infringido por no aplicación del mismo, el artículo 1.969, del Código Civil".
"Al amparo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil apartado 5º se alega infracción del artículo 1.964 del Código Civil al no aplicarse su plazo de prescripción".
"Al amparo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil apartado 5º se alega infracción de la doctrina legal constituida entre otras por las Sentencias siguientes de la Sala ante la que se recurre: Sentencias de 24 de Mayo de 1.918 y 3 de Junio de 1.932".
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día OCHO DE MARZO, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA
La entidad "Banco Bilbao-Vizcaya, S.A." promovió juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra Don Roberto y Doña Marcelina, y contra Don Jesús María y Doña Angelina, sobre reclamación de la cantidad de 4.718.545.- pesetas, con sus correspondientes intereses legales, pretensión que se basaba en determinada Póliza de Préstamo formalizada entre el "Banco de Bilbao, S.A.", como prestamista, y Don Roberto y Doña Marcelina, como prestatarios, siendo garantes solidarios de éstos, Don Jesús María y Doña Angelina, cuya Póliza, fue suscrita, con intervención de Corredor Colegiado de Comercio, en 4 de Marzo de 1.982 y con vencimiento a igual fecha en 1.985, ascendiendo el importe del préstamo a 3.000.000.- de pesetas, y siendo la suma objeto de reclamación, el saldo deudor resultante al día 22 de Noviembre de 1.989, a tenor de la liquidación final practicada en la cuenta de Préstamo abierta en razón a la Póliza relacionada. El Juzgado de Primera Instancia número Dos de Gijón, por sentencia de 25 de Julio de 1.990 y con estimación parcial de la demanda, condenó a los demandados a satisfacer solidariamente a la entidad bancaria la suma de 4.379.432.- pesetas e intereses por demora pactados, resolución que fue confirmada por la dictada, en 24 de Marzo de 1.991, por la Sección Primera de la Iltma. Audiencia Provincial de Oviedo, y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por el referido "Banco Bilbao-Vizcaya, S.A." a través de la formulación de tres motivos amparados en el ordinal 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción anterior a la Ley 10/1.992, de 30 de Abril.
En el primer motivo del recurso se denuncia como precepto infringido, por no aplicación del mismo, el artículo 1.969 del Código Civil, pues aún cuando la prescripción de intereses compensatorios esté sujeta al pago de los cinco años establecido por el artículo 1.966.3º, según se estiman por los Juzgadores de instancia, el cómputo debe realizarse de conformidad a las reglas del artículo 1.969, esto es, desde que pudieran ejercitarse las acciones. Asimismo, se alega que la sentencia recurrida establece como inicio del plazo el último periodo de computación que determina el Corredor Colegiado de Comercio en su certificación del saldo, el día 31 de Diciembre de 1.984, y si bien no se resta importancia a dicha certificación a los efectos de liquidar las pólizas de préstamo, no se le otorga tanto como para desvirtuar el propio negocio, un contrato de préstamo personal que vence el 4 de Marzo de 1.985, y, por tanto, el plazo de prescripción, sea el del 1.964 ó el del 1.966.3º, debe computarse desde esa fecha, y al presentarse la demanda el 22 de Enero de 1.990, estaría dentro de ambos plazos para poder efectuar la reclamación.
El motivo en cuestión ha de decaer porque si la sentencia de instancia, cuya fundamentación fue aceptada por la recurrida, tuvo en cuenta la certificación emitida por el Corredor de Comercio y a tenor de la misma, el último periodo de computación de los intereses ordinarios fue el de fecha 31 de Diciembre de 1.984, hecho admitido por el recurrente, está fuera de duda que desde ese día comenzó el plazo que permitía reclamar el importe de los intereses liquidados, especialmente, cuando en la propia Póliza se propugna que los intereses, previa liquidación, deberán ser satisfechos por trimestres naturales anticipados, a partir de la fecha del contrato, y esto así, es evidente que el plazo de cinco años prevenido en el artículo 1.966.3º, había transcurrido al momento de la fecha de presentación de la demanda, 26 de Enero de 1.990, con lo cual, no resultó infringido el artículo 1.969 del Código Civil, careciendo, por tanto, de virtualidad la alegación del recurrente referida a entender inherente al contrato de préstamo el tema de los intereses a efectos de coincidencia en el cómputo inicial del plazo prescriptivo.
En el segundo motivo se invoca la infracción del artículo 1.964 del Código Civil al no aplicarse su plazo de prescripción, al entender la entidad recurrente que al estarse ante un contrato de préstamo, en el que una obligación principal única con sus intereses se divide en fracciones periódicas, es de aplicación la prescripción de quince años, ya que, como bien manifiesta el Juzgador, parece más adecuado en caso de deuda buscar la eficacia del negocio, y no tendría sentido que para reclamar el principal del préstamo se establezca un plazo y para sus intereses otro menor de prescripción, sin que pueda deducirse de la literalidad del ordinal 3º del artículo 1.966, que se refiera a intereses, cuando hace referencia a otros pagos que deban hacerse por años.
Aunque en el contrato de préstamo de que se trata, la obligación principal se divida, a efectos de devolución, en amortizaciones periódicas a fecha fija, periodicidad que también se establece para el pago de los intereses, los pagos por uno y otro concepto, no coinciden con las respectivas fechas de su realización, como evidencia la lectura de las condiciones 3ª y 4ª del apartado I de la Póliza, lo cual, para nada afecta a la eficacia del negocio, y cuando el Juzgador de instancia habla de buscar la protección de esa eficacia, se está refiriendo a la deuda del principal, y así, para ésta, aplica el plazo de prescripción del artículo 1.964, y para la deuda derivada de los intereses, el correspondiente al del 1.966.3º, toda vez que la prestación impuesta para el pago del principal siempre tendrá carácter de unitaria, a pesar de pactarse su abono fraccionado para facilitar su cumplimiento, sin que, desde luego, la dualidad de plazos prescriptivos quepa estimarla como carente de sentido, siendo de decir, por último, que la aplicación del número 3º del artículo 1.966 al abono de intereses, se encuentra reconocida jurisprudencialmente, con las puntualizaciones que luego se dirán, y las reflexiones que anteceden originan el perecimiento del motivo ahora analizado.
En el tercer motivo del recurso, único que resta por estudiar, se alega la infracción de doctrina legal, constituida, entre otras,por las sentencias de 24 de Mayo de 1.918 y 3 de Junio de 1.932, en las que se admite como plazo de prescripción a los intereses, el del artículo 1.964, ya que se recoge en las mismas que el número 3º del 1.966 no es aplicable en su plazo de prescripción, tratándose de intereses.
La certificación del Corredor de Comercio a la que se aludió en el tercer fundamento de la presente, diferencia los intereses ordinarios y los de demora, distinción que se recoge por el Juez de instancia, en armonía con la significación atribuida por la jurisprudencia, y así, reconoce, para ser objeto de distinto trato prescriptivo, los intereses compensatorios, que son los debidos como retribución o rendimiento, y los moratorios, que son los debidos como indemnización por retraso en el cumplimiento de la obligación. En este punto, por mas que la jurisprudencia ha sido confusa e, incluso, contradictoria a veces, el criterio mayoritario de la misma se ha decantado en el sentido de declarar aplicable la prescripción del artículo 1.966.3º a los intereses compensatorios, no así, a los moratorios, y, precisamente, de los antecedentes históricos de semejante prescripción se infiere que fue establecida como medida protectora frente a los intereses de los préstamos. El indicado criterio mayoritario se desprende de las sentencias reseñadas en la recurrida y en la recaída en primera instancia, así como de las de fechas de 14 de Noviembre de 1.934 y 14 de Marzo de 1.964, e, incluso, las citadas en el motivo no parecen desvirtuar la doctrina generalizada mantenida al respecto, y, por consiguiente, las consideraciones que han sido hechas permiten concluir que el último motivo del recurso ha de correr la misma suerte que los precedentes, es decir, su inviabilidad. La improcedencia de los tres motivos del recurso de casación formalizado por la sociedad "Banco Bilbao-Vizcaya, S.A.", lleva consigo, en virtud de lo dispuesto en el rituario artículo 1.715, en su párrafo final, la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente, y la pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de la sociedad "Banco de Bilbao-Vizcaya, S.A.", contra la sentencia de fecha veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y uno, que dictó la Sección Primera de la Iltma. Audiencia Provincial de Oviedo, y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso, y a la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal oportuno. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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