STS 936/2004, 22 de Julio de 2004

Al amparo genérico de infracción de ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se desarrolla el motivo, que a su vez se divide en cinco apartados, pero con la paradoja injustificable de que cuatro de ellos tienen su sede en el artículo 24.1 de la Constitución sobre la tutela judicial efectiva y el quinto (presunción de inocencia) en el artículo 24.2 de la Constitución. Además es de resaltar que en todos ellos se parte de la base de que el recurrente no fué el autor de los hechos, sino que, en todo caso, lo fué su hermano Gabino porque él se limitó a auxiliar a la víctima, aunque la verdad es que nada se demuestra, ni siquiera trata de demostrarse en este sentido. También en la mayoría de ellos se dice de manera resaltada y con mayúsculas la frase de que "los jueces aplican la Ley, no la reforma", principio que está fuera de lugar y que no sabemos lo que significa aplicado al contexto y a las pretensiones que se contienen en el motivo.

La realidad es que todo él nos muestra una amalgama de alegaciones fácticas y jurídicas, amén de repetidas una y otra vez, muy difíciles de desentrañar adecuadamente, de tal manera que si no se hubiera tratado de un supuesto tan grave como el aquí enjuiciado, el motivo podría haber sido inadmitido "a límine" por aplicación, tanto del artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento, como del 884.3º del mismo texto.

No obstante ello, haciendo un esfuerzo interpretativo de lo que se pide y del modo como se pide, contestaremos de forma concisa a los cinco apartados en que, como hemos indicado, se divide el motivo.

1. Tiene su sede en el artículo 24.1 de la Constitución por vulneración de preceptos legales y, en concreto, por haberse aplicado indebidamente el artículo 139.1 del Código Penal y no el artículo 138, en relación con el 22.2, del mismo Código. Con este enunciado, que hemos tratado de simplificar, el recurrente alega que la calificación hecha, tanto en la sentencia del Juez Presidente del Jurado, como la ratificada por la de apelación, es errónea al considerar los hechos como constitutivos de asesinato por aplicación de la agravante específica de alevosía y no como delito de homicidio, aunque lo fuera con la agravante genérica de abuso de superioridad.

   Lo primero que hemos de indicar es que la tutela judicial efectiva, en que parece basarse la pretensión, puede aceptarse cuando no se hayan obtenido de los Tribunales las contestaciones adecuadas y fundadas en derecho de las cuestiones y problemas que puedan plantearse en el proceso, causándose con ello indefensión al interesado. No cabe alegarla, sin embargo, como ocurre en el presente caso, para tratar de atacar la sentencia recurrida empleando argumentos que favorezcan al recurrente en su defensa de manera diferente a los empleados por el Tribunal sentenciador. Esto último tiene su vía casacional en la infracción de ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que constriñe la argumentación al respeto que ha de tenerse a los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida.

   Aquí, esos hechos no se respetan y son precisamente de ellos de los que infiere la sentencia la calificación jurídica de delito de asesinato y no de simple homicidio, basándose en el veredicto del Jurado que por unanimidad consideró que "Jose Luis (el actual recurrente) propinó a Ramón (la víctima) las dos puñaladas de forma tan súbita y sorpresiva que impidió a éste cualquier tipo de defensa". Es decir, describe con precisión lo que supone una de las modalidades de la alevosía (la acción súbita y por sorpresa), apostillando también por si cupiera alguna duda que la realización de esa acción produjo en la víctima una completa indefensión.

   Frente a ello el recurrente trata de demostrar que la víctima se defendió si nos atenemos al informe de autopsia cuando le describe como una persona atlética capaz de repeler cualquier agresión. Esto, sin embargo, podría corresponder al apartado 5º del motivo en donde se alega la presunción de inocencia, bastándonos aquí decir que de ese informe de autopsia y de otros informes médicos obrantes en autos también se desprende que el atacado no tenía ningún signo externo, como señales de cortadura en las manos, que pudieran hacer presumir que realmente existió cualquier tipo de actitud defensiva.

   Este primer apartado carece de verdadera virtualidad defensiva.

2. - El apartado correlativo contiene el siguiente enunciado, "al incurrir la sentencia recurrida en infracción del precepto constitucional art. 24.1 C.E., en relación con la vulneración por dicho fallo de preceptos legales; al no aplicarse los artículos 21.5 (la de haber procedido el culpable a reparar el daño o disminuir sus efectos ...) en relación con el artículo 66.4, como atenuante muy cualificada, y de forma subsidiaria a lo anterior el art. 21.5 como atenuante simple, y de manera subsidiaria a lo antedicho el art. 21.6 como atenuante analógica".

   Con independencia de que este enunciado constituye un verdadero dislate expositivo (fijémonos, por ejemplo, en la cita del artículo 24.1 de la Constitución) , la base esencial de la defensa es aseverar que, según dijo su letrado y así consta en los antecedentes de la sentencia, "Jose Luis se limitó a socorrer a la víctima en el lugar de los hechos, a colaborar en su traslado al hospital "Doce de Octubre" y a comunicar junto con otras dos personas los hechos a la familia".

   Se parte, pués, de la base de que el recurrente no fué el autor de los hechos (luego se dice que fué su hermano Gabino), con lo que nos encontramos que esa argumentación entra en colisión directa y es antitética con lo que se pretende en el motivo, pués si se parte de la base de la falta de autoría, mal puede aplicarse a ese pretendido "no autor" cualquier tipo de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal.

   La falta de fundamento de este submotivo es tan evidente que debió determinar, sin lugar a dudas, su inadmisión "a límine" por aplicación de lo dispuesto en el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. - Este apartado o submotivo se enuncia así: "Por el mismo instrumento legal, y al objeto de diferenciación nítida respecto a los motivos primero y segundo, al incurrir la sentencia recurrida en el precepto constitucional art. 24.1 C.E, en relación con la vulneración por dicho fallo al no aplicarse el art. 46.5 de LOPJ, y dar valor probatorio a las declaraciones efectuadas en fase de instrucción, cuando conforme a dicho artículo de carácter imperativo carecen del mismo".

   Se parte de la base falsa de que el fallo condenatorio tuvo su fundamento exclusivo en los testimonios vertidos en fase de instrucción siendo la verdad, por el contrario, que la práctica totalidad de las declaraciones testificales de carácter inculpatorio fueron hechas dentro del plenario con las adecuadas garantías de publicidad, contradicción e inmediación.

   No obstante ello, hemos de reconocer las contradicciones en que incurre el indicado artículo 46.5 de la Ley del Jurado y las dificultades que entraña su adecuada interpretación. En efecto, de un lado se dice que "El Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y los de la defensa podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existe entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción. Sin embargo, no podrán darse lectura a dichas previas declaraciones, aunque se unirá al acta el testimonio de quien interroga debe presentar en el acto", para a continuación añadir en el último párrafo que "las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmadas". Es evidente, por tanto, la contradicción interna del propio precepto, pués si lo manifestado por los acusados, testigos y peritos realizados en fase sumarial carecen de todo valor probatorio, difícil es tenerlas en cuenta en cualquier caso aunque sea para detectar contradicciones entre ellas y las vertidas en el acto del juicio oral. Sin embargo, la primera parte de la norma admite esa posibilidad (clarificar las contradicciones) utilizando el mecanismo, no de la lectura, que se prohibe, sino el de la presentación de testimonios de quién interroga, que ha de hacerse en el propio acto y quedar unidos al acta que se extienda.

   Sin embargo, este precepto con aparente contradicción interna, hay que interpretarle poniéndole en relación con otros de la Ley Orgánica que se refieren a la misma materia probatoria, cual son el artículo 34.3 y 53.3, al decir el primero que "las partes podrán pedir, en cualquier momento, los testimonios que les interesen para su ulterior utilización en el juicio oral", y el segundo que "el Secretario del Tribunal del Jurado incorporará al escrito con el objeto del veredicto al acta del juicio, entregando copia de ésta a las partes y a cada uno de los jurados, y hará constar en aquélla las peticiones de las partes que fueron denegadas.".

   En la interpretación jurisprudencial que se ha hecho de este problema, se ha tratado de armonizar la posible autonomía entre esas normas y así la sentencia de 16 de octubre de 2001 razona que "si de lo que se trata es de alcanzar la verdad material de lo sucedido, como objetivo del proceso penal, es inaudito que convencido el Jurado de que el testigo mintió en el plenario y fué veraz en el sumario, no pueda proclamarla así en su veredicto", añadiéndose que "si las declaraciones sumariales fueron traídas y reconducidas al juicio oral y sometidas en él a la debida contradicción, desde entonces constituyen prueba válida y eficaz". En el mismo o parecido sentido se pronunciaron las de 19 de abril de 2000 y la de 17 de enero de 2003, indicándonos la primera, entre otras cosas, que "por este conocimiento de las actuaciones sumariales no se produce "sin et simpliciter" la quiebra del principio de que "nada llegue juzgado al plenario", y por otro lado, "el conocimiento de la diversidad de declaraciones ofrecidas en el sumario puede ser conocida por el Colegio de Jurados a través del interrogatorio contradictorio en el que, aún sin leer tales contradicciones, de acuerdo con el 46.5, aquéllas quedan evidentes y documentadas en el acta". En este o parecido sentido se pronuncian las de 17 de marzo de 1.993, 7 de noviembre de 1.997, 23 de septiembre de 1.998, 14 de mayo de 1.999 y 14 de enero de 2000.

   Aplicando esta doctrina al presente caso, hay que concluir que no se conculcó ninguna norma y se guardaron en el trámite de pruebas todas las garantías necesarias. No obstante, es de resaltar que sería conveniente modificar legislativamente el artículo 46.5 de la Ley del Jurado para evitar cualquier interpretación forzada, modificación que podría consistir simplemente en la supresión de su último párrafo.

   Se rechaza el submotivo.

4. - Con sede en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera infringido nuevamente el artículo 24.1 de la Constitución por no haberse respetado lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En el breve desarrollo de este apartado se trata de plantear la misma problemática que la planteada en el anterior. Bástenos razonar en el sentido ya hecho para desestimar este submotivo.

5. - Por vulneración del principio de presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución. Como hasta la saciedad ha venido diciendo la jurisprudencia de esta Sala y la del Tribunal Constitucional, para que pueda aceptarse este principio presuntivo es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bién por falta de pruebas, bién por haber sido obtenidas éstas de manera ilícita, bién cuando la interpretación de esas pruebas se hubiera hecho por quien corresponde de manera irracional o ilógica, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo y directas o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria.

   En el caso enjuiciado existen múltiples pruebas que desvirtúan ese principio, tanto respecto a la autoría material de la muerte como a la existencia de la agravante de alevosía. Así tenemos, muy resumidas, las siguientes: declaraciones del hermano del recurrente también acusado y condenado como inductor, recogidas en el acta del día 19 de febrero de 2003; declaraciones de la madre de la víctima, María Teresa, que constan en el acta del día 20; declaraciones de los testigos presenciales Luisa, Benedicto y Paulino; las declaraciones así mismo de los testigos protegidos nº 1 y 2, vertidas en el mismo acta del día 19 de febrero; los informes de los médicos forenses D. Juan Pablo y D. Federico plasmados en el informe de autopsia y también del Doctor Carlos Jesús quienes concretaron que la víctima no tenía cortes ni en las manos ni en los dedos, de lo que infieren sin lugar a dudas que aquélla no intentó defenderse. A todas estas pruebas en sus contenidos concretos y personalizados nos remitimos a lo que se expone en la sentencia de instancia y en la de apelación.

   Frente a ello, el recurrente opone la declaración de algún testigo al que el Jurado no da credibilidad alguna teniendo en cuenta las contradicciones en que incurre y que denotaron que estaba previamente preparado para exculpar al acusado de la acción por él realizada.

   En cualquier caso, el recurrente, a través de esta alegación de inocencia, lo que hace, más que negar la existencia de pruebas, es valorarlas de forma distinta y a su acomodo de la valoración hecha por el Jurado que, por otro lado, hemos de entenderla aquí adecuada a la lógica y a las normas de la experiencia.

   Se desestima esta alegación señalada con el nº 5º.

El correlativo se interpone al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error de hecho en la apreciación de la prueba.

Como ha venido reiterando la jurisprudencia a través de diversas sentencias (citamos como importante la de 28 de noviembre de 2.003 y 20 de mayo de 2004), el requisito esencial que debe presidir este cauce casacional es el de que el documento o documentos en que trata de sustentarse el error "facti" consista en que tales documentos que le sirven de sostén evidencien por si solos el error de algún dato o elemento fáctico de la sentencia impugnada y ello "por su propio y literosuficiente valor demostrativo directo", es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir "a conjeturas o complejas argumentaciones" o, lo que es lo mismo, que en los hechos probados de la sentencia recurrida aparezcan como tal elementos fácticos en contradicción con aquello que el documento es capaz de acreditar por su propia condición y contenido.

Otro de los elementos imprescindibles para que esa prueba documental pueda tener efectividad respecto a cualquier pretendido error, es el de que el contenido del documento no esté contradicho por otras pruebas practicadas en los autos. Tampoco cabe darle valor cuando el documento señalado ya hubiera sido tenido en cuenta por el Tribunal sentenciador al describir los hechos acaecidos, pués de lo contrario nos hallaríamos ante una nueva y diferente valoración de la prueba documental de la hecha por la Sala de instancia, valoración que corresponde en todo caso a ésta, según lo establecido en el artículo 741 de la Ley Procesal, precepto que tiene su razón de ser en un principio tan importante como es el de inmediación.

En el motivo se señalan como documentos los diversos informes médicos obrantes en autos que según la tesis recurrente culpabilizan a su hermano Gabino de ser el autor material de la muerte, quedando exonerado él de cualquier intervención delictiva, a no ser la de haber auxiliado a la víctima para que se la trasladase al hospital. Además prueban que no existió alevosía.

Pues bién, aún aceptando la naturaleza documental de esos informes médicos, queda muy claro, no sólo que carecen de literosuficiencia impugnatoria, sino sobre todo que demuestran lo contrario de lo aquí querido, según lo antes brevemente expuesto al tratar de la presunción de inocencia. Es de añadir también que tales informes fueron tenidos en cuenta por el jurado al dictar por unanimidad su veredicto de culpabilidad.

El motivo no puede prosperar.

RECURSO DE Gabino

El inicial motivo de este recurrente se alega por quebrantamiento de forma del artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por existir contradicción en los hechos probados.

La pretendida contradicción trata de sustentarse entre las declaraciones existentes de la madre del fallecido, María Teresa, y la calificación jurídica de asesinato hecha por la Sala de instancia.

Obvio es decir que, en primer lugar, para que exista ese defecto de forma es necesario que las contradicciones lo sean dentro de la narración fáctica y no extramuros de la misma como aquí se argumenta; y, en segundo término, que tal defecto lo sea de carácter gramatical y no conceptual y, en este sentido, es claro que en los hechos no existe ni un solo vocablo ni una sola frase que pueda sustentar el quebrantamiento formal.

No obstante ello, se puede añadir que no se puede afirmar, según aquí se hace, que aunque la víctima estuviera temerosa de que algo malo le iba a ocurrir, y así se lo manifestó el día antes a su madre, ello no evita, según ha quedado probado, que la agresión mortal que sufrió por parte del hermano del recurrente, lo fuera con carácter súbito y por sorpresa.

Se rechaza el motivo "pro forma".

El correlativo carece de cualquier sustento procesal y se limita a hacer unos juicios de valor parciales e interesados sobre que no puede considerársele como inductor del asesinato cometido por su hermano. Al final de su breve desarrollo, trata de justificar esta pretensión alegando que el problema surgió al formularse la pregunta nº 12 del veredicto que dice textualmente: "El acusado Gabino es CULPABLE O NO CULPABLE de haber convencido a su hermano Jose Luis para matar a Ramón por la discusión que previamente había mantenido con éste. Le acompañó hasta las inmediaciones del bar, le facilitó el arma blanca con la que lo apuñaló y después la recogió y la hizo desaparecer".

De este texto infiere el acusado que tuvo que producir confusión en los miembros del Jurado en cuanto en él se describen dos diferentes grados de participación, autoría por inducción y complicidad.

En efecto, en la pregunta se recogen dos conductas diferentes pero ambas son fruto de una misma acción que se realiza sin solución de continuidad, de ahí su inclusión en un solo texto.

Sin embargo, tal no pudo producir confusión de ningún tipo, pués al llevarse a cabo la correspondiente calificación jurídica de lo sucedido es obvio que si fué autor por inducción del delito según el primer párrafo de la propuesta, queda necesariamente excluido del segundo, ya que no se puede al mismo tiempo ser autor y cómplice de si mismo.

Se desestima el motivo.

III.