STS, 18 de Marzo de 2002
| Ponente | Manuel Vicente Garzón Herrero |
| ECLI | ES:TS:2002:1931 |
| Número de Recurso | 5457/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 18 de Marzo de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Marzo de dos mil dos.
Visto el recurso de casación interpuesto por la entidad inmobiliaria "El Casstell, S.A.", representado por el Procurador D. Alberto Pérez Ambite, bajo la dirección de Letrado; siendo parte recurrida el Ayuntamiento de Palamós, representado por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, y defendido por Letrado; y, estando promovido contra la sentencia dictada el 10 de Marzo de 1997 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; en recurso sobre aprobación inicial del Plan Parcial "Sector Paratge de Castell".
Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha seguido el recurso número 679/94, promovido por la entidad inmobiliaria "El Castell, S.A.", y en el que ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Palamós, sobre impugnación del acuerdo de denegación de la aprobación inicial del Plan Parcial "Sector Paratge de Castell", de Palamós.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 10 de Marzo de 1997 con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad inmobiliaria "El Castell, S.A." contra los acuerdos municipales antes dichos, conforme a cuanto se ha razonado en la anterior fundamentación jurídica; sin hacer expresa imposición de costas.".
Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación por la entidad inmobiliaria "El Castell, S.A.", y elevados los autos y el expediente administrativo a este Alto Tribunal, por la entidad recurrente se interpuso el mismo, y una vez admitido por la Sala, se sustanció por sus trámites legales.
Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día 6 de Marzo de 2002 en cuya fecha tuvo lugar.
Se impugna, mediante este recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Alberto Pérez Ambite, actuando en nombre y representación de la entidad inmobiliaria "El Castell, S.A.", la sentencia de 10 de Marzo de 1997, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo número 679/94 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.
El citado recurso había sido iniciado por quien hoy es recurrente en casación contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palamós de 16 de Noviembre de 1993 por el que se resolvió denegar la aprobación inicial del Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector Paraje del Castell porque, de un lado, no se ajustaba a las previsiones del Programa de Actuación establecido en el Plan General de Ordenación Municipal de Palamós, y, por otro lado, porque infringía lo establecido en el artículo 179/5 de las normas urbanísticas del Plan General.
La sentencia de instancia afirmaba en su tercer fundamento de derecho refiriéndose a su sentencia de 30 de Mayo de 1995, recaída en el recurso número 1453/92: "Resolución esta que aún cuando no sea firme, como expresamente recoge en la certificación de la Sentencia, unida a las actuaciones, vincula al Tribunal en coherencia con sus propias decisiones. Por ello, y dado el carácter normativo y jerárquico de nuestra ordenación urbanística, una vez declarada la nulidad de las determinaciones del Plan General se ha de producir asimismo la de aquellos otros instrumentos urbanísticos de planeamiento inferior derivados de aquella, conforme a lo dispuesto en los artículos 47/2 de la L.P.A. en relación con el 28 de la L.R.J.A.E., entonces aplicables. Por ello, y declarada judicialmente la naturaleza del suelo no urbanizable del sector de autos, el mismo no pudo ser objeto de desarrollo mediante el Plan Parcial cuya no aprobación inicial es objeto de este recurso, lo que ha de comportar la necesaria desestimación del mismo, sin que sea tampoco posible, por cuanto se ha razonado, confirmar en este pronunciamiento el acto administrativo recurrido en esta litis.".
Consecuentemente, aunque añadió otras razones para nosotros irrelevantes, la sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo.
Esta Sección, en sentencia de 28 de Noviembre de 2000, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, de 30 de Mayo de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 1453/92. Se confirma pues la sentencia que declaro en cuya parte dispositiva se afirma: "FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de la entidad mercantil "Inmobiliaria Camo, S.A.", contra la sentencia dictada el 30 de Mayo de 1995 por la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. E imponemos expresamente a la recurrente las costas del presente recurso.".
Siendo esto así, como lo es, es patente la conformidad con el ordenamiento de la denegación de la aprobación inicial del Plan Parcial, pues es claro que tales instrumentos urbanísticos no son posibles sobre el suelo "no urbanizable".
Lo razonado comporta la desestimación del recurso, debiendo añadirse, únicamente, que pese a que el recurrente dice en su escrito de interposición del recurso que formulará motivos contra la sentencia al amparo de los números 3 y 4 del artículo 95, es lo cierto que luego, en la realidad, no lo hace, limitándose a alegar infracciones por la vía del número 4 del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional.
En materia de costas, y en virtud de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional, procede su imposición a la entidad recurrente.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Alberto Pérez Ambite, actuando en nombre y representación de la entidad inmobiliaria "El Castell, S.A.", contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 10 de Marzo de 1997, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 679/94; todo ello con expresa imposición de las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzón Herrero, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.
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