STS, 16 de Septiembre de 2004

La Sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo; sin imposición de las costas del proceso."

Notificada la anterior Sentencia, por la representación procesal de la recurrente se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 4ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando recurso de casación contra la misma. La Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por la representación procesal de la recurrente se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se fundan y suplicando a la Sala se case y anule la Sentencia y se sustituya por aquélla que sea conforme con los pedimentos contenidos en el escrito de demanda.

Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación preparado por la parte recurrente, se acordó dar traslado del escrito de interposición al Sr. Abogado del Estado y a la Procuradora Sra. Arroyo Morollón a fin de que formalicen sus escritos de oposición, en el plazo de treinta días, lo que realizaron, oponiéndose al recurso.

Conclusas las actuaciones, se procedió a señalar para su votación y fallo la audiencia del día 15 de septiembre de 2.004, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

En este recurso de casación se impugna la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Madrid (Sala de lo contencioso-administrativo, sección cuarta) que resolvió, desestimándolo, el recurso contencioso administrativo interpuesto contra acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid sobre valoración de finca expropiada para el Proyecto Aeropuerto de Madrid-Barajas, Desarrollo de Nueva Zona Aeroportuaria 1ª Fase: A. Pista 01L-19R y calles de rodaje: B- Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves.

La parte recurrente invoca, en apoyo de su recurso de casación, los cuatro motivos siguientes:

En el motivo primero, al amparo del articulo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción se denuncia infracción de los articulos 11, 12, 57, 105 y concordantes del texto refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1.976 y los artículos 22, 25 y concordantes del Reglamento de Planeamiento de 25 de Agosto de 1.978 así como el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1.992.

El motivo segundo al amparo del mismo precepto contiene la denuncia por infracción del artículo 36 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y de los artículos 9 y 14 de la Constitución.

En el motivo tercero se invoca como infringida, al amparo de la misma norma, la jurisprudencia de esta Sala en materia de valoración de los sistemas generales representada por la jurisprudencia que invoca.

Por último, en el motivo cuarto, y al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del articulo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se invocan como infringidas las normas reguladoras de la sentencia al haberse valorado de un modo irracional e incongruente el conjunto de la prueba que obra en las actuaciones sin haber atendido a las pretensiones y analizado todos los argumentos jurídicos introducidos en el debate.

Antes de seguir adelante, y para la adecuada comprensión de cuanto luego ha de decirse, importa reproducir los números 1º al 5º, ambos inclusive, del fundamento 4º, de la Sentencia dictada por esta sección 6ª, Sala 3ª, del Tribunal Supremo en 21 de mayo del 2002 (recurso ordinario 80/1998), así como el fundamento 8º de la misma.

En ese proceso, iniciado a instancia de «Minersa» y «Sepiolsa», y en el que figuraban como recurridos el Ministerio de Obras públicas, Transportes y Medio Ambiente, y AENA, se discutió sobre la nulidad radical del procedimiento expropiatorio incoado para ejecutar las obras del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Madrid Barajas, en los términos municipales de Madrid-Barajas y Alcobendas, pues según los recurrentes se había omitido la imprescindible declaración de utilidad pública.

La sentencia recaída en el citado proceso desestimó el recurso interpuesto por las dos citadas sociedades mineras.

He aquí, en lo que aquí y ahora interesa, lo que en esos fundamentos 4º (apartados 1º al 5º) y 8º se dice: a) Fundamento cuarto: «1º El denominado Plan Director del Sistema Aeroportuario de Madrid-Barajas, que se dice aprobado con fecha 26 de diciembre de 1990, al que se alude en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de junio de 1993, por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de infraestructura del Aeropuerto de Madrid-Barajas, no es sino un documento interno bajo el título "asistencia técnica para planificar y programar las actuaciones necesarias en el Aeropuerto de Madrid-Barajas", que está fechado en diciembre de 1991 y que responde a una recomendación de la Organización Internacional de Aviación Civil, pero nunca fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 1990, dado que el Ministerio de la Presidencia ha informado el 3 de marzo de 1999 que en tal fecha no se celebró Consejo de Ministros. 2º El acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su reunión de 31 de julio de 1992 y denominado "acuerdo por el que se autoriza la realización de las obras de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas", no contiene en sus dos apartados tal autorización expresa, pues en el primero se limita a autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a que, directamente o a través de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y la Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento del Suelo, participe en un consorcio con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para la ordenación y puesta en valor urbanístico de la zona de desarrollo creada en torno a la ampliación del Aeropuerto de Barajas con el fin de promover un entorno aeroportuario de servicios para la expansión de las áreas de actividad económica de Madrid, y en el segundo dispone que la ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas será financiada íntegramente con cargo a los recursos de AENA, según se establezca en sus respectivos programas de actuación, inversiones y financiación, sin aportaciones de los Presupuestos del Estado, debiendo ser realizadas las inversiones con rapidez suficiente para evitar la saturación de ese Aeropuerto pero de forma gradual. 3º El día 8 de enero de 1993 el Director de la Unidad de Gestión Diferenciada de Aeropuertos Españoles aprobó, a efectos de iniciar el correspondiente procedimiento de expropiación forzosa, el proyecto básico "Ampliación y Desarrollo del Aeropuerto de Madrid - Barajas", que incluye los proyectos clave titulados: "Pista de vuelo O 1L-19R", "Calles de Rodaje", "Plataforma de estacionamiento de aeronaves" y "Edificio Terminal y Accesos", elaborado por la Dirección de Planificación de Sistemas Aeronáuticos (Documento remitido a esta Sala el 30 de diciembre de 1996 por la Oficialía Mayor de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento unido sin foliar a los autos), cuyo Proyecto está dentro del Plan de Inversiones, según certificado de AENA, con un importe para las expropiaciones de veintidós mil millones de pesetas (22.000.000.000 pts). 4º El aludido Proyecto Básico consta de los siguientes apartados y anexos: Capítulo I.- Memoria: 1.1 Antecedentes Administrativos. 1.2 Justificación de la Solución Adoptada. 1.3 Situación Actual de la Zona Afectada. 1.4 Solución Adoptada. 1.5 Incidencia de las Obras sobre Operatividad del Aeropuerto. 1.6 Afecciones al Medioambiente y Dominio. 1.7 Expropiaciones. 1.8 Estimación del Coste de las Obras. Capítulo II.- Planos: Nº 1. Localización, Situación, Emplazamiento e Indice de Planos. Nº 2. Estado Actual. Nº 3. Topografía Zona Afectada. Nº 4. Servicios Afectados. Nº 5. Subfase Preliminar. Nº 6. Estado Definitivo (Primera Fase Máximo Desarrollo). Nº 7. Reposición de Servicios. Nº 8. Plano de Pendientes. Anexos: Anexo 1. Previsiones de Tráfico. Distribución y Asignación. Anexo 2. Cálculo Justificativo de Longitud de Pista 36L-18R. Anexo 3. Real Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas. Anexo 4. Estudio sobre el Impacto Ambiental del Proyecto. Anexo 5. Optimización de Rasantes para Movimiento de Tierras. Anexo 6. Estudio Geotécnico Previo. Dentro del Capítulo I, Apartados 1.6 y 1.7, centrados en el campo expropiatorio, se expresa: "Dada la gran magnitud y volumen de las obras y el desarrollo de éstas, prácticamente en la totalidad se realizarán fuera del límite de propiedad actual del aeropuerto, haciéndose necesario proceder a realizar las expropiaciones de las fincas afectadas por la ampliación del sistema aeropuertario de Madrid/Barajas". La superficie de la zona a expropiar se estima en 857 Has., de las que, suponiendo un grado de parcelación de 1,5 parcelas/Ha., resultan del orden de 1.200 parcelas afectadas directamente (propietarios; arrendatarios; cultivadores; aparceros), y de sus planos se deduce que la superficie a ocupar es la misma que la contemplada en el aludido documento interno, titulado "asistencia técnica para planificar y programar las actuaciones necesarias en el Aeropuerto de Madrid-Barajas", sin que en el proyecto ni en el documento referido se mencione el yacimiento de sepiolita. 5º El Consejo de Ministros, mediante acuerdo de 11 de junio de 1993, declaró urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados de expropiación forzosa para la realización de las obras de infraestructura del Proyecto "Aeropuerto de Madrid-Barajas.- Expropiación de terrenos para desarrollo de nueva zona aeroportuaria: 1ª Fase: A.- "Pista de vuelo 01L-19R y Calles de Rodaje"; B.- "Plataforma de Estacionamiento Aeronaves. Edificio Terminal y Accesos", en los términos municipales de Madrid- Barajas y Alcobendas, en el que se recogen los motivos de tal declaración, entre otros, como ya hemos indicado, que las actuaciones están previstas en el Plan Director del Sistema Aeroportuario de Madrid-Barajas y en el Proyecto Básico elaborado por la Dirección de Planificación de Sistemas Aeronáuticos, aprobado con fecha 8 de enero de 1993 por el Director de la Unidad de Gestión Diferenciada de Aeropuertos Españoles». b) Fundamento octavo: «Debe entenderse, sin embargo, implícitamente declarada la utilidad pública en este caso con la inclusión de las obras de ampliación en un plan de obras del Estado, según lo establecido por el primer inciso del artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa. Este precepto se limita a las expropiaciones de inmuebles, naturaleza de la que participa la concesión minera, conforme a lo dispuesto por el artículo 334. 8º y 10º del Código civil, de modo que, si bien no existe un reconocimiento formal y expreso por el Consejo de Ministros de la utilidad pública de las obras de ampliación del aeropuerto de Madrid- Barajas, tales obras están implícitamente declaradas de utilidad pública, al estar contempladas en un plan de obras del Estado, en virtud de la aprobación del tantas veces citado Proyecto Básico de "Ampliación y Desarrollo del Aeropuerto de Madrid-Barajas", aprobado, conforme a lo dispuesto concordadamente en los artículos 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, 11 y 29 del Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, por la Unidad de Gestión Diferenciada de Aeropuertos Españoles e incluido dentro del Plan de Inversiones con un importe para las expropiaciones de veintidós mil millones de pesetas».

En los tres primeros motivos del escrito interpositorio, y en esencia, la parte recurrente imputa a la sentencia infracción de los preceptos que invoca que justifican a su entender la calificación de los terrenos expropiados como afectos a sistemas generales y la procedencia de su valoración conforme a su condición de suelo urbanizable.

Ante todo conviene precisar que la sentencia 61/1.997 del Tribunal Constitucional anuló los artículos 59, 60 y 61 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92 generando así un vacío en el sistema configurado por ese Real Decreto Legislativo que ha hecho necesario acudir a las normas del texto refundido de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 1.346/76, de 9 de abril, y por consiguiente a las del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3.288/78, de 25 de agosto, que las desarrollan y en cuanto a lo que se refiere al cálculo del valor urbanístico, ya que, al haberse anulado también por el Tribunal Constitucional la expresada sentencia la disposición derogatoria única 1 en lo relativo al Real Decreto 1.346/76, de 9 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, volvió éste a adquirir vigencia en aquellas materias no reguladas por las normas subsistentes del nuevo texto refundido de 1.992. Y así lo ha declarado esta Sala en múltiples sentencias que recogen la sentencia de 17 de junio de 2.004.

Partiendo de la aplicación de las normas anteriores de 1.976 y disposiciones que lo desarrolla ha de examinarse la naturaleza de sistema general que tienen los sistemas de comunicaciones y, entre ellos los aeropuertos, en la que en la medida en que contribuyan a «crear ciudad», como es aquí al caso y al procedimiento de su valoración de este suelo de sistema general.

Como venimos diciendo desde nuestras sentencias de 3 de diciembre de 2.002, primeras que se dictaron por esta Sala en relación con las expropiaciones de ampliación del aeropuerto de Barajas, es un dato de fácil comprobación que la atribución de este carácter a los aeropuertos es una constante en nuestra legislación urbanística, anterior, coétanea o posterior al caso que nos ocupa. En efecto, el artículo 3.1, letra h) del texto refundido de la Ley del Suelo de 1.976 incluía en el planeamiento la localización de los aeropuertos; el artículo 8.1, letra d) de la misma ley atribuía a los Planes Directores Territoriales de Coordinación el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas de las comunicaciones aéreas; y el 12.1 asignaba a los Planes Generales Municipales los sistemas generales de comunicación y sus zonas de protección. Estos preceptos se reiteran en el texto refundido de 1.992 de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, cuyo art. 84.1 preveía la posibilidad de formular Planes especiales con la finalidad -entre otras- de desarrollar las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas. Finalmente, el art. 166.2 de la Ley 13/1.996, de 30 de diciembre ratifica este criterio toda vez que dispone expresamente que "los Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana calificarán a los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario y no podrán incluirse determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencia de explotación aeroportuaria.

Por esto el Municipio de Alcobendas, donde la clasificación del suelo era de no urbanizable debió haber cambiado el planeamiento para hacerlo sistema general, pese a lo cual no lo hizo y ha mantenido su clasificación como no urbanizable.

Por otra parte, el concepto de sistema general, con independencia de que las normas citadas hayan dispuesto que es de aplicación al aeropuerto de Madrid-Barajas, figura descrito en el art. 25 del Reglamento de Planeamiento al señalar que en el Plan General se definirá «el sistema general de comunicaciones tanto urbanas como interurbanas estableciendo las reservas del suelo necesarias para el establecimiento de las redes viarias y ferroviarias, áreas de acceso a las mismas y todas aquellas otras instalaciones vinculadas a este sistema, como son estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos, aeropuertos y otras instalaciones análogas». El sentido de este precepto es el de referir el sistema general a un primer concepto jurídico precisado de determinación como son las redes viarias y ferroviarias de las comunicaciones urbanas e interurbanas, determinación que habrá en cada caso de concretar si una red tiene trascendencia urbana, como ha dispuesto en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo al analizar las conexiones urbanas con las autovías (Sentencia, entre otras muchas, de 23 de mayo de 2.000 para la Autovía Alcorcón-Leganés). Sin embargo la segunda parte del precepto cita una serie de instalaciones en las que la norma considera vinculadas al sistema y entre ellas se menciona expresamente a los aeropuertos. Por ello las instalaciones citadas forman parte, sin necesidad de determinación alguna, del sistema de comunicaciones y como tal deben ser tratadas.

En consecuencia entiende la Sala la diferencia entre la normativa sobre clasificación sectorial o urbanística del suelo desaparece a partir de la Ley de 1.976, en el sentido de que las primeras, cuando impliquen la consideración de los elementos propios del planeamiento, han de estar reflejadas en las segundas, relegando así el hipotético conflicto entre ambas clases de normas a las competencias administrativas en el ejercicio del planeamiento pero no a los propios conceptos utilizados, desaparición que fue ratificada, además, a partir del texto refundido de 1.992 en el que, al igual que sucede con el artículo 23 de la Ley 6/1.998, se dispone que todo el suelo, sin importar la clase de expropiación, se valora por los criterios de las leyes citadas.

El sistema general de comunicaciones -repetimos: en la medida en que sirva para crear ciudad-, es materia específica de los Planes de urbanismo y estos lo tienen que recoger en sus determinaciones. Cuando el Plan General de Madrid lo hace, está cumpliendo un mandato que - como hemos dicho- es una constante en nuestra legislación urbanística; en cambio, cuando el de Alcobendas lo omite, está incumpliéndolo. Y por eso tal circunstancia no puede alterar el mandato mencionado hasta el punto de desvirtuar su contenido por la fuerza de los hechos. En suma, al tratarse de una instalación vinculada al sistema general de comunicaciones, es indiferente que se encuentre reflejada o no en el planeamiento urbanístico, para que tenga un tratamiento conforme a lo dispuesto en dicho planeamiento.

A la misma conclusión se llega partiendo del concepto material del propio sistema general, que la doctrina jurisprudencial ha vinculado al "destino" del suelo expropiado, destino que, según dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1.997, «no depende del título que formalmente se le atribuye». Es de citar también la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1.999, en la que se contempla el supuesto de un terreno clasificado como no urbanizable, clasificación que, después de ejecutar el Proyecto, se altera en las Normas Subsidiarias para posibilitar así la creación de un centro universitario. Y por ello la sentencia habla de que hay propósito fraudulento en tal forma de proceder con la finalidad única de evitar el valor urbanístico en la expropiación realizada, argumento que incide en la falta de relevancia de la formal descripción del planeamiento al no recoger éste el uso dotacional.

Así pues, y habida cuenta de que, en el caso que nos ocupa, nos hallamos ante un suelo incluido en un sistema general dotacional, resta que nos pronunciemos sobre su condición de urbanizable o no urbanizable con abstracción de su clasificación formal. A este respecto la doctrina jurisprudencial recaída al efecto es concluyente: en virtud del principio de equitativa distribución de beneficios y cargas del planeamiento (art. 3,2 b) y 87,1 del Texto de 1.976, 3 b) b) del Texto del 92 y art. 5 de la Ley 6/1.998) y «a pesar de estar clasificado como no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales, su valoración, a efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase», razón por la que «el justiprecio del suelo ha de atender a la finalidad urbanística del mismo, por lo que no cabe valorar como no urbanizable aquel cuyo destino es ser urbanizado» (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1.999, 1 de abril de 2.000, 16 de enero de 2.001 y otras muchas). La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2.000 y otras que se refieren a igual Proyecto señala que «el suelo de sistemas generales, si cuenta con los servicios que marca la Ley, es suelo urbano. Y si no cuenta con ellos, cabe decir, como única posible alternativa contraria, que, cualquiera que sea el tipo de suelo en el que está incluido, tendrá, a efectos de su valoración, naturaleza de suelo urbanizable, con apoyo legal en el art. 26.2 del Reglamento de Planeamiento y su tasación ha de hacerse con arreglo al valor urbanístico. Ello es plenamente coherente con la equidistribución y los sistemas de obtención de sistemas generales».

Así las cosas, es patente que los tres primeros motivos del escrito de interposición han de ser estimados en cuanto en ello se postula la aplicación de la doctrina de la Sala relativa a sistemas generales aptos para «crear ciudad» y la normativa aplicable.

En cuanto al último motivo casacional entiende el recurrente que se han infringido las normas reguladoras de la sentencia al haber sido valorado de un modo irracional e incongruente el conjunto de la prueba sin haberse enjuiciado tampoco las pretensiones y argumentos jurídicos introducidos en el debate.

El motivo expresado ha de ser rechazado y ello, en primer término, por resultar ya irrelevante al haberse estimado los motivos anteriores y porque, además y cualquiera que sea el criterio que se mantenga en cuanto a la decisión y valoración de la prueba efectuada por la Sala, es lo cierto que la misma solamente puede ser combatida como entiende el recurrente cuando ésta resulte irracional e incongruente y en el presente caso lo que se produce no es una errónea valoración de la prueba sino una infracción de normas legales como se deduce de la estimación de los motivos anteriores sin que, por otro lado, se incurra en la falta de motivación que se imputa a la sentencia recurrida cuando ésta argumenta sobre la calificación de los terrenos y sin que las características de la finca aparezcan fijadas en el informe pericial obrante en las actuaciones que llega incluso a plantear la condición urbana de los terrenos en contra del criterio del propio recurrente que mantiene en este recurso de casación la procedencia de su calificación como urbanizable.

Estimado el recurso de casación procede resolver sobre la valoración del terreno, teniendo en cuenta que la superficie expropiada es de 18.080 m2. Así lo hacía constar la parte recurrente y así aparece aceptado por el Jurado provincial de expropiación, dato por nadie cuestionado.

Para calcular el valor urbanístico del suelo expropiado debemos aplicar las normas establecidas en el Real Decreto-Ley 31/1.978, de 31 de octubre, y en el Real Decreto reglamentario que lo desarrolla, que es el 3.148/1.978, de 10 de diciembre. Para lo cual tendremos que tener en cuenta también las órdenes ministeriales correspondientes que establecen para cada año y para cada área geográfica, los módulos para la venta de viviendas de protección oficial. Todo ello según lo viene admitiendo nuestra Sala en sentencias de 15 de marzo de 1.997, 24 de enero, 4 de abril, 18 de mayo, 10 de julio, 29 de octubre, 19 de noviembre, 15 y 28 de diciembre de 1.998, 1 de abril, 16, 18 y 22 de mayo, 1 de julio, 30 de septiembre, y 6 de noviembre del 2.000, y 10 de febrero de 2.001.

La expropiación se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, cuya declaración tuvo lugar por acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de junio de 1.993, y el expediente de valoración se inició el año 1.996, siendo el 2 de marzo de 1.996 cuando la expropiada -parte recurrente en este recurso de casación- presentó la hoja de aprecio. Por tanto, el módulo por metro cuadrado de superficie útil aplicable es el previsto en la Orden de 15 de febrero de 1.996 por la que se determinan para 1.996 los módulos y su ponderación para las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el período 1.996-1.999 a los que se refiere el Real Decreto 2.190/95.

Conforme al anexo de dicha norma el precio máximo de venta del metro útil de viviendas de protección oficial para las áreas de influencia de Madrid y Barcelona es de 116.763 pesetas.

Para el cálculo del aprovechamiento hay que tener presente que el art. 1.3.b) de la Ley de la Comunidad de Madrid 20/1.997, de 15 de julio señala que los suelos destinados a sistemas generales integrarán «una sola área de reparto». Por otra parte, el sistema general al que nos estamos refiriendo tiene su máxima influencia en el municipio de Madrid. Y siendo esto así, nuestra Sala -coincidiendo con el criterio que se recoge por la Sala de instancia en sentencias posteriores a la aquí impugnada- estima que esta regla, en el caso del Aeropuerto de Madrid, conduce a estimar un solo coeficiente de aprovechamiento para todo el suelo que integre dicho sistema. Ello es así porque el impacto del aeropuerto en la ordenación urbanística alcanza a los dos municipios mencionados en su Plan Especial, Madrid y Alcobendas, y carece de sentido, después de establecerse en la ley el principio o regla de equidistribución de los beneficios y cargas del planeamiento, considerar que haya que aplicar coeficientes diferentes según el término municipal donde los terrenos se encuentren ubicados, siendo así que todos ellos están afectos a un mismo y único proyecto, que es además desarrollado por una sola norma, el Plan Especial del Aeropuerto, que, aun siendo de fecha posterior al inicio del expediente expropiatorio, no viene sino a cumplir una exigencia anterior a aquél.

Llegados a este punto resta decidir cuál es el aprovechamiento aplicable a la única área de reparto, o cuál puede ser la media ponderada de los aprovechamientos referidos al uso predominante. Pues bien, tres son los coeficientes entre los que, en principio, cabe optar: 1º) El 0,36 que es el previsto para el suelo urbanizable no programado en el Plan General de Madrid. 2º) El 1 m2/m2, que es el designado en la norma 11.14.24 del Plan Especial al que se remitió el Plan General de Madrid, cuya ficha A PR 00.02 efectúa dicha remisión renunciando a fijar «un techo de aprovechamiento», coeficiente que es también el residual que contemplaba el art. 62.1 del texto refundido de 1.992 y la regla 4ª de la norma 9, 3º del Real Decreto 1020/93 que establece las normas de las Ponencias de Valores Catastrales. 3º) El 0,39 que dispone el Plan General de Madrid para el suelo urbanizable programado y que ha sido reiteradamente aplicado por la doctrina jurisprudencial antes mencionada para suelo de sistemas generales en los casos de ausencia de determinación del planeamiento.

Lo que en modo alguno podría aplicarse en el coeficiente del 1'71 previsto para el suelo urbano, puesto que el Plan de Madrid clasifica el sistema del Aeropuerto como suelo urbanizable.

Así pues, repetimos, tenemos tres coeficientes: el coeficiente de 1/1 m2, que únicamente se establece para una de las subzonas del proyecto, desconociéndose el dato de cuál es la relación de la misma con la totalidad del suelo urbanizable; el coeficiente 0,39 para el urbanizable programado de Madrid, y el 0,36, para el urbanizable no programado.

Por todo ello, la Sala considera que no es razonable ni justo aplicar tres coeficientes distintos en el caso que nos ocupa, Las circunstancias singulares del proyecto y su repercusión en los dos municipios de Madrid y Alcobendas, así como la realidad de la edificabilidad del aeropuerto, que ni siquiera puede considerarse cerrada a la vista de la indefinición de las normas que la regulan, nos llevan a entender que, para adecuar la actuación administrativa de que aquí se trata a la ley y al derecho, tal como impone el artículo 103 de la Constitución, hay que aplicar un coeficiente resultante de hallar la media aritmética de esos tres que hemos señalado. Esa operación aritmética nos da un coeficiente de 0,583 que es aplicable a la totalidad del sistema general Aeropuerto Madrid-Barajas, a que se refiere el proyecto. Y con ello está dicho también que nuestra Sala acepta- por razonable y justo-, el criterio que ha aplicado la Sala de instancia en esas sentencias posteriores a la aquí impugnada que ha aportado el recurrente.

Estamos ya en condiciones de calcular el justiprecio que corresponde abonar por los terrenos que han sido expropiados a los recurrente.

1. La superficie expropiada, como ha quedado dicho es de dieciocho mil ochenta metros cuadrados (18.080 m2).

2. Conforme al art. 84.3, letra b, y 105.2 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, para obtener la superficie edificable debemos multiplicar la superficie expropiada por el aprovechamiento que es -recuérdese- 0,583:

   18.080 m2 x 0,583 = 10.540,64 m2 edificables.

3. Procede ahora deducir un 10% de cesión obligatoria de suelo (según lo establecido en los artículos 84,3, letra "b" y 105.2 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976):

   10.540,64 - 1.054,06 = 9.486,58 m2.

4. Para convertir esa superficie edificable resultante después de deducir el 10% de cesión obligatoria, en superficie edificable útil, debemos multiplicar por el coeficiente 0,8 tal como manda el artículo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre:

   9.486,58 m2 x 0,8 = 7.589,26 m2 útiles.

   e)Para calcular el valor de repercusión en metros cuadrados útiles debemos multiplicar el precio de venta en m2/útil para Madrid, año 1.996 que es de 116.763 (Anexo de la Orden citada de 15 de febrero de 1.996) por el 15%, y el producto así obtenido habrá que multiplicarlo por los metros cuadrados útiles:

   116.763 x 15% = 17.514,45 ptas.

   17.514,45 x 7.589,26 = 132.921.784,86 ptas.

6. Lo que quiere decir que el metro cuadrado de superficie expropiada se pagará a 7.351, 86 ptas (resultado de dividir 132.921.784,86 ptas por 18.080 m2 de superficie expropiada) que es el valor urbanístico unitario.

7. Sobre los 132.921.784,86 ptas. habrá que girar el 5% de premio de afección:

   5% de 132.921.784,86 ptas.= 6.646.089,24 ptas.

   TOTAL: 132.921.784,86 + 6.646.089,24 = 139.567.874,10 ptas.

   Esta es la cifra en la que fijamos el justiprecio de la finca expropiada a la que se refiere este pleito.

   La cantidad fijada como justiprecio (en la que va ya incluido el 5% de premio de afección) devengará los intereses legales al tipo fijado en las leyes anuales de Presupuestos, hasta su completo pago.

Por lo que respecta a las costas del presente recurso de casación, y habiéndose preparado este recurso cuando ya había entrado en vigor la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, debemos estar a lo prevenido en el artículo 139 de la misma.

En consecuencia y puesto que el recurso formalizado por el recurrente han sido estimado, y no apreciamos mala fe ni temeridad en quienes se han opuesto al recurso, cada parte abonará las suyas.

Por lo expuesto,

Ha lugar al recurso de casación formalizado por la representación procesal de Fomento Hispania S.A., contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Madrid (Sala de lo contencioso-administrativa, sección cuarta), de 8 de febrero de 2.000, dictada en el recurso 657/97, sentencia que anulamos, casamos, y dejamos sin valor ni efecto alguno.

Por ello, en el citado recurso contencioso-administrativo dictamos sentencia sustitutoria de la anulada, con la siguiente parte dispositiva: 1º.- Debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Fomento Hispania S.A contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación forzosa de Madrid, de 12 de febrero de 1.997 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de ese Jurado, de 4 de diciembre de 1.996, que fijó el justiprecio del terreno objeto de valoración correspondiente a las fincas 17 y 18 del Proyecto Aeropuerto de Madrid-Barajas, Desarrollo de Nueva Zona Aeroportuaria 1ª Fase: A. Pista de Suelo 01 L-19R y calles Rodaje: B. Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves. 2º.- Anulamos las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación forzosa de Madrid, por ser contrarias a derecho. 3º.- Valoramos la finca objeto de este recurso en la cantidad de ciento treinta y nueve millones quinientas sesenta y siete mil ochocientas setenta y cuatro pesetas con diez céntimos (139.567.874,10 ptas), equivalente a ochocientos treinta y ocho mil ochocientos diecinueve euros con ochenta y dos céntimos (838.819,82 euros), cantidad en la que está incluido el 5% de premio de afección, y sobre la que se girarán los intereses legales al tipo fijado en las leyes de presupuestos, hasta su completo pago. Sin que haya lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas del recurso contencioso-administrativo.

En cuanto a las costas del presente recurso de casación cada parte abonará las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, , definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Agustín Puente Prieto, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico.