ATS, 16 de Septiembre de 2003
| Ponente | Dª. MILAGROS CALVO IBARLUCEA |
| ECLI | ES:TS:2003:8792A |
| Número de Recurso | 4347/2002 |
| Procedimiento | Inadmisión |
| Fecha de Resolución | 16 de Septiembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Septiembre de dos mil tres.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MARÍA MILAGROS CALVO IBARLUCEAHECHOS
Por el Juzgado de lo Social Nº 23 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 28 de febrero de 2002, en el procedimiento nº 92/01 seguido a instancia de Antonietacontra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 3 de octubre de 2002, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 18 de noviembre de 2002 se formalizó por el Procurador D. Javier Soto Fernández en nombre y representación de Antonieta, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 5 de mayo de 2003 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que carezcan de contenido casacional de unificación de doctrina aquellos recursos interpuestos contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo (autos de 21 de mayo y 7 de octubre de 1.992 y sentencias de 14 de diciembre de 1.996, 21, 23 de septiembre y 27 de octubre de 1.998, 17 de julio de 2000 y 19 de septiembre de 2002, entre otras).
La sentencia recurrida, confirmando el fallo de instancia, ha declarado ajustada a derecho la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se acordaba cursar de oficio el alta y baja de la actora en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con fecha 1/6/96 y 31/12/99, respectivamente, y efectos de 1/2/00, por el ejercicio de la actividad de subagente de seguros, constando que durante el indicado periodo la demandante ha percibido retribuciones que superan en cómputo anual el importe del salario mínimo interprofesional.
La parte recurrente pretende que los efectos del alta cursada de oficio en el RETA no pueden ir más allá de la sentencia de 29 de octubre de 1997, pero el recurso carece de contenido casacional porque la tesis de la sentencia impugnada se ajusta a la doctrina unificada establecida en sentencias de 29 (dos) y 30 (dos) de abril, 3 de mayo, dictadas en Sala General, 18 de junio, 18 de julio, 25 de septiembre y 23 de octubre de 2002, entre otras muchas y en las que la Sala ha declarado: « No cabe atribuir o negar a la doctrina jurisprudencial efectos retroactivos, pues tal eficacia temporal es propia de las normas y no de las resoluciones judiciales que las interpretan. Bien es cierto que los cambios en la doctrina jurisprudencial pueden crear efectos de notoria gravedad. Pero aún así, las sentencias que la crean se limitan a poner de manifiesto la voluntad legislativa, que ha de ser la aplicada en los casos que se enjuicien con posterioridad aunque los hechos que los determinan hubieran tenido lugar en fecha anterior a la de la doctrina judicial. En este sentido el Tribunal Constitucional, en la sentencia 95/1.993, ante situación similar a la aquí enjuiciada (referida a la diferente doctrina sentada por los Tribunales de los órdenes contencioso- administrativo y social, acerca de la norma rectora de los plazos de prescripción para reclamar al FOGASA), señalaba que "no puede hablarse de una aplicación retroactiva in peius de la normativa ordenadora de la prescripción, porque la unificación de criterios sobre la selección de la norma aplicable, haya descartado la corrección jurídica de una interpretación anterior, sostenida sobre todo por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que no pueden recibir aplicación ultra activa normas o interpretaciones cuya validez o razón jurídica ha sido descartada por la propia jurisdicción. No es que, como parece sostenerse, el órgano judicial haya optado por la interpretación menos favorecedora del más pleno ejercicio del derecho fundamental, sino que ha hecho decir a la norma lo que la norma desde un principio decía, sin que pueda entenderse que la jurisprudencia contradictoria anterior haya alterado esa norma, o pueda imponerse como Derecho consuetudinario frente a lo que la norma correctamente entendida dice. Por consiguiente, ha de rechazarse que haya existido violación del derecho a la tutela judicial efectiva por haberse aplicado una norma que no estaba en vigor en el momento de la reclamación">>.
De conformidad con el informe emitido por el Ministerio Fiscal, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.LA SALA ACUERDA:
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. Javier Soto Fernández, en nombre y representación de Antonietacontra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 3 de octubre de 2002, en el recurso de suplicación número 3688/02, interpuesto por Antonieta, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 23 de los de Madrid de fecha 28 de febrero de 2002, en el procedimiento nº 92/01 seguido a instancia de Antonietacontra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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ATS, 7 de Octubre de 2003
...éste que, aun admitiendose en ningún caso modificaría el sentido de la sentencia por las razones expuestas (AATS de 15 de julio y 16 de septiembre de 2003 en recursos 266/2003, 611/2003, 359/2003, 362/2003, 386/2003, 159/2003, 281/2003, 904/2003 y - Por último en el apartado 3.4 del escrito......