STS, 19 de Noviembre de 2004
| Ponente | JUAN GONZALO MARTINEZ MICO |
| ECLI | ES:TS:2004:7504 |
| Número de Recurso | 4897/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
RAMON TRILLO TORRESJAIME ROUANET MOSCARDORAFAEL FERNANDEZ MONTALVOMANUEL VICENTE GARZON HERREROJUAN GONZALO MARTINEZ MICO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Segunda por los Excmos. Sres. Magistrados anotados al margen, el presente recurso de casación que con el num. 4897/1999 ante la misma pende de resolución, promovido por el AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON, representado por Procurador y dirigido técnicamente por Letrado, contra la sentencia de 10 de febrero de 1999 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de dicho orden jurisdiccional seguido ante la misma bajo el num. 510/95. Se ha personado como parte recurrida MYE S.A., representada por Procurador y asistida de Letrado.
Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo las resoluciones del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de 29 de octubre y 12 de diciembre de 1994, 13 de enero y 27 de febrero de 1995, que desestimaron los recursos presentados por la entidad MYE S.A. contra liquidaciones complementarias practicadas por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, modalidad decenal, que confirmaron el Acta de prueba preconstituida nº IVTb) - 243/94 que practicó la liquidación siguiente: cuota 1.283.001, intereses de demora 625.999 y sanción 100.000 ptas. con una deuda tributaria de 2.009.000 ptas. devengada con ocasión de la transmisión de la parcela num. 21 situada en la Urbanización Las Encinas, que adquirió el 28 de diciembre de 1987, liquidación correspondiente al período impositivo comprendido entre el día 28 de diciembre de 1987 y el 31 de diciembre de 1989.
La sentencia cuya casación se pretende dijo en su parte dispositiva lo siguiente: "FALLAMOS: Que estimamos el recurso promovido por el Procurador D. Francisco Reina Guerra en representación de la entidad MYE S.A. contra los acuerdos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de 29 de octubre, 12 de diciembre de 1994, 13 de enero y 27 de febrero de 1995 que confirmaron el acta de prueba preconstituida nº IVTb) 243-94 que dió lugar a la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, modalidad tasa de equivalencia, y declaramos la nulidad de dichos acuerdos y la de la liquidación de referencia por no ser tales actos conformes a derecho; sin hacer declaración sobre costas".
Contra la citada sentencia el Ayuntamiento de Pozuelo preparó recurso de casación que se tuvo por preparado por providencia de 11 de diciembre de 2000. Interpuesto el recurso en plazo ante esta Sala, se desarrolló después, procesalmente, conforme a las prescripciones legales; se personó en concepto de recurrido la entidad MYE S.A., recurrente en la instancia, que, cuando fue requerida para ello, formalizó escrito de oposición, quedando los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar en la audiencia del día 17 de noviembre de 2004.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JUAN GONZALO MARTÍNEZ MICÓ, Magistrado de la Sala.
La sentencia de instancia estima el recurso "por entender que el valor final que se ha tenido en cuenta es inaplicable. A este respecto debe tenerse en cuenta que el art. 355.2º regla primera del Texto Refundido de 18 de abril de 1986, establece que los Ayuntamientos fijarán periódicamente los tipos unitarios del valor corriente en venta de los terrenos, sin que el período de vigencia de valores tipos pueda ser inferior a un año. Por otra parte, la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales prevé que el nuevo Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, comience a exigirse el 1 de enero de 1990, continuando exigiéndose hasta dicha fecha, el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos.
De lo expuesto se deduce que el Texto Refundido de 18 de abril de 1986 no establece un período máximo de vigencia de los índices, aunque si el período mínimo (1 año), y, por otra parte, que el nuevo Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana empezará a exigirse en todo el territorio nacional, de acuerdo con la regulación contenida en la Ley de Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988, el 1 de enero de 1990.
Para armonizar ambas disposiciones, es necesario que la entrada en vigor de los índices de valores modificados se produjera con anterioridad al 31 de diciembre de 1988, a fin de que el período de vigencia de los tipos unitarios del valor corriente en venta no sea inferior a un año.
El art. 357.1 del Texto Refundido de 18 de abril de 1986 establece que los tipos unitarios del valor corriente en venta serán aprobados por los Ayuntamientos con sujeción y aprobación de las ordenanzas de los tributos. Dichos trámites se encuentran regulados en los arts. 188 y siguientes del mencionado texto legal, y en lo que aquí interesa, el párrafo 2 del art. 190 señala que no entrarán en vigor hasta que se haya publicado íntegramente el texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, esto es, 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo por la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma (art. 70.2 de la Ley anteriormente citada).
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en sesión plenaria celebrado el 15 de febrero de 1989, aprobó definitivamente el índice de valores y regla de aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos para el bienio 1989-1990, publicando dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 16 de marzo de 1989, no constando la fecha de recepción de la comunicación del acuerdo por la Administración Estatal y la Administración Autonómica.
A la vista de lo expuesto no existe duda de que la entrada en vigor de los tipos unitarios del valor corriente en venta contenidos en el índice de valores se produjo con posterioridad al 16 de marzo de 1989, fecha de publicación en el Boletín Oficial, y dado que el nuevo Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, comienza a exigirse el 1 de enero de 1990, es evidente que entre ambas no ha transcurrido el período mínimo de vigencia de los índices exigidos por el art. 355.2 regla primera del Texto Refundido de 18 de abril de 1986, por lo que procede estimar la demanda en este punto, debiéndose aplicar los índices vigentes en el bienio anterior, es decir, los correspondientes a los años 1987-1988, prorrogados durante 1989 automáticamente, conforme al art. 357.2 de la mencionada disposición legal, sin que sea necesario, en consecuencia, examinar las demás alegaciones vertidas respecto al índice durante 1989, o a la existencia de un incremento de valor excesivo en el índice de 1989 respecto al vigente en 1988.
Según el criterio anteriormente expuesto, al ser los índices aplicables al momento inicial y al momento final del período impositivo los correspondientes al bienio 1987.1988, es decir los mismos, no resulta incremento de valor en dicho período impositivo, por lo que no existe base imponible, debiendo declararse nula la liquidación tributaria, lo que supone la estimación de este recurso".
El Ayuntamiento de Pozuelo interpuso recurso de casación porque entendió que la sentencia recurrida infringe el Indice de Valores del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para el bienio 1989-1990, que tiene naturaleza de disposición general de rango reglamentario engarzada con la correspondiente Ordenanza Fiscal, y, al propio tiempo, inaplica la jurisprudencia de esta Sala Tercera porque no tuvo en cuenta la sentencia de esta Sala y Sección de 21 de octubre de 1996, dictada en el recurso num. 7410/1993, interpuesto también por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón contra la sentencia de 24 de septiembre de 1993 dictada en el recurso num. 297/90 por el mismo Tribunal que ha dictado la sentencia aquí recurrida y que había anulado el Indice de Valores del Impuesto para el Bienio 1989- 1990.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Pozuelo entiende que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de ejecución de sentencias.
Como se ha indicado, la sentencia de instancia fue dictada el 10 de febrero de 1999 y por ello la legislación aplicable debe ser, en principio, la contenida en la LJCA 29/1998, pues, como se indica en su Disposición Transitoria Tercera , apartado 1, se está ante una resolución de un Tribunal Superior de Justicia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley (que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1998).
Sentada esta premisa, la cuestión a resolver es el tratamiento que, a efectos impugnatorios, debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 en los procesos pendientes antes de esa fecha cuya competencia corresponde, conforme a la misma, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, como es el caso, y que la Disposición Transitoria Primera, apartado 1, preceptúa que continuarán tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión, como ha ocurrido en este caso.
Pues bien, a estas sentencias, y por ende a la que es objeto de impugnación en el presente recurso, se les debe aplicar - como ha dicho retiradamente esta Sala en resoluciones que por lo numerosas eximen de cita concreta - la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, que establece: "En tanto no entren en funcionamiento los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -- lo hicieron el día siguiente a la entrada en vigor de la mencionada LJCA 29/1998, es decir, el 15 de diciembre de 1998 --, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ejercerán competencia para conocer de los procesos que, conforme a esta Ley, se hayan atribuido a los Juzgados. En estos casos, el régimen de recursos será el establecido en esta Ley para las sentencias dictadas en segunda instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia", y, puesta tal norma en relación con los arts. 8.1.b) y 86.1 de la propia LJCA, se ha de llegar a la conclusión de que, al haberse constituido los citados Juzgados unipersonales en la fecha antes indicada y al haberse regulado por esta misma Ley el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por dichos Juzgados, las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia deben entenderse pronunciadas en segunda instancia y no en única instancia (como, hasta la vigencia de LJCA 29/1998, venía aconteciendo).
Al disponer el art. 86.1 de la mencionada LJCA que serán susceptibles del recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, quedan, consecuentemente, excluidas de tal recurso las sentencias que, como la de estos autos, deben considerarse pronunciadas en segunda instancia, en cuanto que, con arreglo a lo previsto en el art. 8.1.b), son los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo los que han de conocer de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades Locales cuando tengan por objeto la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de Derecho público regulados en la legislación de Haciendas Locales, como ocurre en el caso que nos ocupa.
Es doctrina reiterada de esta Sala (autos de 7 de marzo, 16 de junio, 30 de octubre, 13 de noviembre y 4 y 18 de diciembre de 2000 y 27 de noviembre de 2003, entre otros) que a las sentencias como la de instancia de estos autos se les debe aplicar la ya comentada Disposición Transitoria Primera , apartado 2, in fine, de la LJCA 29/1998, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en esa Ley para las sentencias dictadas en segunda instancia, contra las que, evidentemente, no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede (ex artículo 86.1) contra las sentencias recaídas en única instancia.
Es cierto que el apartado 1 de la antes citada Disposición Transitoria Primera, que contempla los "procesos pendientes ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia", guarda silencio al respecto, pero no lo es menos que el inciso final del apartado 2, es decir, la regla que equipara el régimen de impugnación de las sentencias de las expresadas Salas a las dictadas en segunda instancia, cuando se trata de procesos que, conforme a la LJCA 29/1998, se hayan atribuido a los Juzgados, está redactada en plural, "en estos casos" - dice -, expresión que permite entender que comprende tanto los casos del apartado 2 como los del apartado 1, en el que se encuentra contemplada la sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso que nos ocupa.
La interpretación contraria vaciaría prácticamente de contenido el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera, y, además, sería difícilmente conciliable con la "plena aplicación" del nuevo régimen de la casación a las resoluciones dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de LJCA 29/1998 (Disposición Transitoria Tercera), plena aplicación que comporta que sólo pueden ser susceptibles de casación las sentencias que hubieran podido ser dictadas en única instancia con arreglo a la vigente Ley de esta Jurisdicción.
Debe añadirse que la aplicación de la nueva Ley de esta Jurisdicción no supone vulneración de los principios de igualdad, irretroactividad de las leyes y tutela judicial efectiva, pues el dato de que la sentencia haya sido dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 no es un factor discriminatorio, que es lo que proscribe el art. 14 de la Constitución, sino un supuesto de hecho contemplado objetivamente por la nueva normativa procesal, a lo que debe añadirse que la aplicación al caso de las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera de la Ley 29/1998, en los términos que se han expuesto, no supone una aplicación retroactiva de la Ley 29/1998 más allá de lo que resulta de sus propios términos, y por ello acorde con el art. 2.3 del Código Civil, y asimismo que el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, que garantiza el art. 9.3 de la Constitución, no es obstáculo para que una nueva normativa procesal, como la que aquí ha sido objeto de examen, cierre el acceso al recurso de casación respecto a determinados asuntos, pues, como ha puesto de manifiesto la doctrina constitucional en la STC 37/1995, de 7 de febrero, "(...) El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le de cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1995, 37/1988 y 106/1998). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983) (...)".
Procediendo, por tanto, inadmitir el presente recurso de casación, no deben de imponerse las costas causadas en el mismo a la parte recurrente, a tenor de lo al respecto prescrito en el art. 139.2 de la LJCA 29/1998, por lo reciente de la doctrina jurisprudencial que nos ha llevado a la inadmisión del recurso.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos inadmitir e inadmitimos el presente recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón contra la Sentencia dictada, en fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin imposición de las costas causadas en este recurso casacional a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. JUAN GONZALO MARTÍNEZ MICÓ, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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ATS, 28 de Junio de 2023
...alguna, se alega la existencia de interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la SSTS de 14 de febrero de 2006, 19 de noviembre de 2004 y 26 de junio de 2015 sobre la presunción de capacidad de las personas no declaradas incapaces y el carácter iuris tantum de la misma para......