ATS, 11 de Noviembre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 11 Noviembre 2020 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 11/11/2020
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 772/2020
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego
Procedencia: T.S.J. MADRID SOCIAL SEC. 5
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
Transcrito por: MTC/R
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 772/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
Dª. María Lourdes Arastey Sahún
D. Sebastián Moralo Gallego
D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín
En Madrid, a 11 de noviembre de 2020.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego.
Por el Juzgado de lo Social N.º 41 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 26 de septiembre de 2018, en el procedimiento n.º 592/2018 seguido a instancia de D.ª Luisa contra la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, sobre reconocimiento de derechos, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 16 de diciembre de 2019, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 10 de febrero de 2020 se formalizó por el letrado D. Óscar Torres Valverde en nombre y representación de D.ª Luisa, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 5 de octubre de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
Recurre la trabajadora la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2019, R. 514/19, que desestimó su recurso frente a la sentencia de instancia que había desestimado su demanda de reconocimiento de la condición de indefinida no fija. La trabajadora suscribió el 1 de septiembre de 2000 un contrato de trabajo de duración determinada a tiempo parcial para cubrir el puesto de trabajo número 45773, para prestar servicios como Educadora, vinculado a la Oferta de Empleo Público de 2000. En 2002 y 2003 se amplió el porcentaje de jornada y en julio de 2010 el contrato pasa a ser a tiempo completo.
La sala indica que el contrato suscrito es de obra o servicio determinado, ocupando una plaza vacante, pero, de acuerdo con la STS de 4 de julio de 2019, R. 2357/2018, el mero transcurso de los 3 años previstos en el artículo 70 EBEP, no convierte la relación laboral en indefinida no fija, sino que es necesario que se acredite la existencia de fraude o abuso. En la línea seguida por la sentencia citada entiende que la limitación del gasto público por la grave crisis económica sufrida por España, acordada por el Real Decreto ley 20/2011 y la Ley 22/2013, que proscribieron la incorporación de nuevo personal , incluso temporal, y la convocatoria de procesos selectivos para la cobertura de vacantes, aunque estuvieran ocupados por personal interino y en proceso de consolidación de empleo, impiden entender que el contrato suscrito es fraudulento, amén de que el único motivo de la parte actora para defender el fraude de su contrato es la duración del mismo.
La parte recurrente solicita, como motivo previo al recurso, la suspensión del procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el seno del recurso de suplicación 876/2018, a su parecer similar al presente. Sobre el particular, debe recordarse que la Sala Cuarta resolvió por Auto de 21 de enero de 2020, R. 3767/2019, desestimando dicha pretensión suspensiva presentada por el mismo letrado en otro recurso ante esta Sala, por no cumplirse las condiciones previstas en el artículo 86 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social ni haber superado el trámite de admisión el recurso presentado. Debe concluirse, a la luz del mismo, que únicamente la admisión del presente recurso permitiría proceder a la suspensión del mimo. Por tanto, no cabe la mencionada suspensión con carácter previo al examen de admisión.
La sentencia de contraste es la dictada por la Sala Cuarta de 24 de abril de 2019, R. 1001/17. En ella se declara indefinida no fija la relación laboral de la actora, que viene prestando servicios para la demandada como directora del centro de servicios sociales de Ribadavia, en virtud de los siguientes contratos: 1.- Contrato de fomento de empleo desde el 28/7/92 al 27/7/95. 2.- Contrato de interinidad desde el 28/7/95 para cubrir la vacante de directora del centro de servicios sociales de Ribadavia hasta que se cubriera la vacante por el procedimiento legalmente establecido o se amortizara la plaza.
La sala parte de la base de que la superación de los plazos previstos en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público no implica la conversión de la relación laboral en indefinida no fija, pero entiende que deviene inadmisible el mantenimiento de una contratación temporal en circunstancias como la concurrente en el presente caso. Así, dadas las circunstancias del presente caso, no es necesario resolver sobre la naturaleza y carácter del plazo de tres años contemplado en el art. 70 EBEP, ni sobre la posible incidencia en el carácter temporal de la contratación de interinidad por vacante, pues notoriamente -como se ha señalado- estamos ante un supuesto en el que la duración inusualmente larga del contrato (más de 20 años) hace que devenga fraudulenta, y que justifica la aplicabilidad de la doctrina expuesta de esta Sala IV/TS, y del TJUE por imperativo del art. 4 bis de la LOPJ (" Los jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea").
El recurso debe inadmitirse por falta de contenido casacional que se aprecia en un doble sentido. Por una parte, la duración inusualmente larga de la contratación como motivo autónomo no fue alegado en la demanda que se ciñó exclusivamente a la superación del período de tres años previsto en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. La Sala ha señalado con reiteración que el carácter extraordinario del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que la identidad de la controversia se establezca teniendo en cuenta los términos en que esta ha sido planteada en suplicación, de suerte que todo motivo formulado en este recurso que no coincida con el recurso de suplicación constituye una cuestión nueva, dado que la identidad, a efectos de la contradicción exigida en el art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se produce a partir de la controversia en suplicación, en cuanto el término de referencia en el juicio de contradicción "es una sentencia que al decidir sobre un recurso extraordinario, está limitada por los motivos propuestos por el recurrente en el recurso de suplicación" [( sentencias de 21 de diciembre de 2011 (rcud 1300/2011) y 3 de noviembre de 2015 (rcud 3768/2014) y las que en ellas se citan)], de modo que la contradicción basada en una cuestión no suscitada en el grado jurisdiccional de suplicación impide lógicamente que pueda apreciarse dicha contradicción.
Por otra parte, es doctrina reiterada de esta Sala que el término de referencia en el juicio de contradicción ha de ser necesariamente "una sentencia que, al decidir sobre un recurso extraordinario, está limitada por los motivos propuestos por el recurrente" y, por esa razón, la identidad de la controversia debe establecerse teniendo en cuenta los términos en que el debate ha sido planteado en suplicación [( sentencias de 17 de marzo de 2015 (rcud 990/2014) y 22 de febrero de 2016 (rcud 994/2014)].
Pero además, el recurso carece igualmente de contenido casacional por cuanto la sentencia recurrida resulta acorde con la jurisprudencia de la Sala en sentencia del Pleno de 24 de abril de 2019, R. 1001/2017, seguida, entre otras por las recientes SSTS de 9 y 10 de junio de 2020, R. 4845/2018 y R. 2088/2018, respectivamente y anteriores como la STS de 22 de mayo de 2019, R. 1336/18; 11 de junio de 2019, R. 2610/18; 18 de julio de 2019, R. 1010/18 y 26 de junio de 2019, R. 718/18 y de 5 de diciembre de 2019, R. 1986/2018. En ellas, amén de no considerar el plazo de tres años del artículo 70 del EBEP como una garantía inamovible y la necesidad de valorar las circunstancias específicas de casa supuesto en orden a concluir la fraudulencia de la contratación temporal, se hace referencia, por una parte, a la incidencia de las prohibiciones de incorporación de personal nuevo en las diversas disposiciones de orden presupuestario que se dictaron en el período de la crisis económica, principalmente en los años 2011 y 2012. Y por otra, en relación con ello, a entender que el fraude no se produce por la duración "inusualmente larga" de la contratación temporal, sino por su carácter "injustificado". Además, las sentencias de 9 y 10 de junio de 2020 mencionadas, recuerdan que la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada, opera cuando ha habido sucesivos nombramientos, al menos dos, y ninguna de dichas variantes opera en el supuesto de dichas sentencias ni en el del presente recurso, en el que hay un único contrato de interinidad por vacante.
La función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que, conforme a lo recogido en el art. 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, podrán ser inadmitidos los recursos de casación para unificación de doctrina que carezcan de contenido casacional, esto es, los que se interpusieran contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo [AATS 1 de octubre de 2014 (R. 1068/2014), 7 de octubre de 2014 (R. 1062/2014) entre otros y SSTS 29 de abril de 2013 (R. 2492/2012), 17 de septiembre de 2013 (R. 2212/2012), 15 de enero de 2014 (R. 909/2013), y 10 de febrero de 2015 (R. 125/2014) entre otras].
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones, en que se ha dado cobertura a las exigencias legales del recurso, en la existencia de contradicción y en la existencia de fraude de la contratación. Pero, al margen de que dichas razones no desvirtúan la falta de contenido casacional, por cuanto nada se ha probado sobre el efectivo fraude más allá de la duración del contrato, éstas pertenecen al ámbito del debate de fondo, no al del presente recurso. Del mismo modo insiste en la suspensión del procedimiento y en el perjuicio que se causaría a la recurrente de no acordarse la misma, pero, según acabamos de exponer, dicha suspensión únicamente cabe de admitirse el recurso y la presente inadmisión desarticula el advertido perjuicio porque la falta de contenido casacional impide una sentencia sobre el fondo. De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Óscar Torres Valverde, en nombre y representación de D.ª Luisa contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 16 de diciembre de 2019, en el recurso de suplicación número 514/2019, interpuesto por D.ª Luisa, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 41 de los de Madrid de fecha 26 de septiembre de 2018, en el procedimiento n.º 592/2018 seguido a instancia de D.ª Luisa contra la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, sobre reconocimiento de derechos.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
