ATS, 8 de Octubre de 2020
| Ponente | ROSA MARIA VIROLES PIÑOL |
| ECLI | ES:TS:2020:9859A |
| Número de Recurso | 2575/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación para la unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 8 de Octubre de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 08/10/2020
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 2575/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol
Procedencia: T.S.J. ANDALUCÍA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
Transcrito por: MHG/R
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 2575/2019
Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmas. Sras. y Excmo. Sr.
Dª. Rosa María Virolés Piñol
D. Ángel Blasco Pellicer
Dª. María Luz García Paredes
En Madrid, a 8 de octubre de 2020.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol.
Por el Juzgado de lo Social N.º 4 de los de Córdoba se dictó sentencia en fecha 20 de diciembre de 2018, en el procedimiento n.º 1360/2017 seguido a instancia de D. Maximo, D. Millán, D. Narciso, D. Nicanor, D. Pascual, D. Porfirio, D. Rafael, D. Raúl, D. Roman, D. Romulo, D. Samuel, D. Segismundo, D. Sergio, D. Simón, D. Tomás, D. Vidal, D. Rubén, D. Jose Ignacio, D. Jose Miguel, D. Carlos María, D. Carlos Antonio, D. Luis Manuel, D. Luis Miguel, D. Jesús María, D. Jesús Carlos, D. Jose Ángel, D. Juan Alberto, D. Pedro Francisco, D. Pedro Enrique, D. Marco Antonio y D. Adolfo contra la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y el Ministerio de Fomento, sobre tutela de derechos fundamentales, que estimaba las excepciones de caducidad y de prescripción de la acción, absolviendo a las demandadas de la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 25 de abril de 2019, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 11 de junio de 2019 se formalizó por el letrado D. Óscar Orgeira Rodríguez en nombre y representación de D. Millán y 30 mas, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 3 de junio de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (R. 2147/2015), 30 de marzo de 2017 (R. 3212/2015), 31 de mayo de 2017 (R. 1280/2015) y 5 de julio de 2017 (R. 2734/2015)]. Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (R. 614/2015), 6 de abril de 2017 (R. 1869/2016) y 4 de mayo de 2017 (R. 1201/2015)].
La sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 25 de abril de 2019 (R. 724/2019), desestima el recurso de suplicación interpuesto por los 31 trabajadores y confirma la sentencia de instancia, desestimatoria, por caducidad y prescripción, de la acción instada en la demanda rectora de las actuaciones, en la que se denuncia la vulneración de derechos fundamentales y se reclama una indemnización por daños deducida contra la empresa ADIF.
Parte la Sala de suplicación de los hechos siguientes: El sindicato ferroviario SCF convocó una huelga para determinados días de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015. En fecha 21 de octubre de 2015, la Secretaría de Estado de infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento dictó resolución por la que se determinaban los servicios mínimos para asegurar los servicios esenciales. El sindicato ferroviario SCF impugnó dicha resolución en fecha 21 de marzo de 2016 ante la Audiencia Nacional que, en sentencia de fecha 30 de enero de 2017, anula dicha resolución por no ser conforme a derecho.
La demanda origen de las presentes actuaciones se presentó ante el Juzgado en fecha 4 de diciembre de 2017.
Los actores fueron adscritos a los servicios mínimos los días en que estaba convocada la huelga.
La sala de suplicación, en sede de censura jurídica y con remisión a pronunciamiento anterior, indica que la impugnación de la resolución administrativa fijando los servicios mínimos no produce litispendencia ni efectos de cosa juzgada sobre la actual reclamación. De modo que la impugnación ante el orden contencioso-administrativo de la resolución administrativa no impedía a los actores ejercitar su acción de tutela de derechos fundamentales ante esta jurisdicción; si los recurrentes optaron por el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales y en el art. 70.2 LRJS, el plazo para ejercer la acción es de 20 días desde la notificación de la resolución causante de la vulneración, sin que además fuera necesario agotar la vía administrativa previa, se concluye que la acción está caducada. Como también está prescrita la acción para reclamar las indemnizaciones pues consta que la demanda se presentó transcurrido con mucho el plazo de 1 año recogido en el art. 59 del ET y que debió comenzar a contarse desde la designación de los actores para prestar los servicios mínimos o, en todo caso, desde el último día en que la huelga tuvo lugar.
El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por los trabajadores y tiene por objeto determinar que la acción no está caducada, debiendo tomarse como dies a quo la fecha de la firmeza de la sentencia de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que declara la nulidad de los servicios mínimos impuestos por ADIF, lo que tiene lugar por providencia de esta sala de 2 de noviembre de 2017 por la que se inadmite el recurso de casación y que fue notificada a las partes el 8 de noviembre de 2017.
Se alega como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Supremo, de 18 de abril de 2012 (R. 153/2011), que desestima el recurso de casación planteado por las representaciones de los trabajadores y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, que desestima su demanda sobre conflicto colectivo deducida frente a las empresas demandadas, en la que la parte actora interesa que: a) se declare que la práctica observada por la empresa con ocasión de la huelga general de 29 de septiembre de 2010, fue contraria al derecho de huelga; b) que se declare el derecho de los trabajadores huelguistas que sufrieron descuentos económicos a ser resarcidos en el 100% de sus salarios descontados; y c) que se declare el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto y que fueron requeridos para trabajar en los programas informativos de la televisión privada, a ser indemnizados en cuantía igual al precio de las horas extras.
La Sala IV, tras descartar la revisión del relato histórico, desestima el primer motivo dirigido a denunciar que la empresa confundió los servicios esenciales mínimos con los servicios de seguridad y mantenimiento, porque la actuación empresarial se ajustó a los parámetros establecidos en la decisión gubernativa de fijación de servicios mínimos, lo que de suyo determina que se descarte asimismo la segunda petición de tipo resarcitorio. Ahora bien, declarada por sentencia la nulidad de la resolución gubernativa, queda por despejar la petición afectante a los trabajadores requeridos para trabajar, sobre los que se despliega el efecto de la nulidad de la resolución gubernativa y sobre los que se suscita la reparación de la lesión del derecho de huelga que aquélla comporta, y el TS considera que no resulta atribuible a la empresa una responsabilidad por culpa, al limitarse con su actuación al cumplimiento de la orden gubernativa; de este modo, la acción de resarcimiento corresponde los trabajadores afectados, debiendo dirigirse frente a la autoridad gubernativa generadora del daño, por lo que desestima el recurso, en tanto que la lesión del derecho fundamental que ha podido apreciarse no es imputable a la parte demandada.
De acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En primer lugar, no existe identidad en los debates habidos en las dos resoluciones, lo que justifica las diferentes consecuencias jurídicas alcanzadas y obsta a toda contradicción, pues en la sentencia recurrida se desestima la acción de tutela de derechos fundamentales planteada por los trabajadores al apreciarse la caducidad, mientras que nada similar concurre en la sentencia de contraste en la que se aborda el fondo de la cuestión planteada. Y, en segundo lugar, ambas resoluciones desestiman las pretensiones de los actores, de este modo, la sentencia de contraste no es idónea para viabilizar el recurso de casación para unificación de doctrina, que exige una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y sentencias comparables, y dicha contradicción ha de trascender a la parte dispositiva de las sentencias contrastadas, lo que aquí no ocurre [ sentencias del Tribunal Supremo de 24/11/2010 (R. 651/2010) 03/07/2012 (R. 2305/2011), 05/11/2012 (R. 390/2012)].
No habiendo presentado el recurrente alegaciones en el plazo establecido para ello y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Óscar Orgeira Rodríguez, en nombre y representación de D. Millán y 30 mas contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 25 de abril de 2019, en el recurso de suplicación número 724/2019, interpuesto por D. Maximo, D. Millán, D. Narciso, D. Nicanor, D. Pascual, D. Porfirio, D. Rafael, D. Raúl, D. Roman, D. Romulo, D. Samuel, D. Segismundo, D. Sergio, D. Simón, D. Tomás, D. Vidal, D. Rubén, D. Jose Ignacio, D. Jose Miguel, D. Carlos María, D. Carlos Antonio, D. Luis Manuel, D. Luis Miguel, D. Jesús María, D. Jesús Carlos, D. Jose Ángel, D. Juan Alberto, D. Pedro Francisco, D. Pedro Enrique, D. Marco Antonio y D. Adolfo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Córdoba de fecha 20 de diciembre de 2018, en el procedimiento n.º 1360/2017 seguido a instancia de D. Maximo, D. Millán, D. Narciso, D. Nicanor, D. Pascual, D. Porfirio, D. Rafael, D. Raúl, D. Roman, D. Romulo, D. Samuel, D. Segismundo, D. Sergio, D. Simón, D. Tomás, D. Vidal, D. Rubén, D. Jose Ignacio, D. Jose Miguel, D. Carlos María, D. Carlos Antonio, D. Luis Manuel, D. Luis Miguel, D. Jesús María, D. Jesús Carlos, D. Jose Ángel, D. Juan Alberto, D. Pedro Francisco, D. Pedro Enrique, D. Marco Antonio y D. Adolfo contra la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y el Ministerio de Fomento, sobre tutela de derechos fundamentales.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
