ATS 827/2019, 12 de Septiembre de 2019
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2019:9975A |
| Número de Recurso | 10272/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 827/2019 |
| Fecha de Resolución | 12 de Septiembre de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 827/2019
Fecha del auto: 12/09/2019
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P)
Número del procedimiento: 10272/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Procedencia: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID (SALA DE LO CIVIL Y PENAL)
Letrado de la Administración de Justicia: Sección 2ª
Transcrito por: NCPJ/MAM
Nota:
RECURSO CASACION (P) núm.: 10272/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Letrado de la Administración de Justicia: Sección 2ª
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 827/2019
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Andres Martinez Arrieta
Dª. Carmen Lamela Diaz
En Madrid, a 12 de septiembre de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.
Por la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid se dictó sentencia, con fecha 27 de septiembre de 2018 , en autos con referencia de Rollo de Sala Procedimiento Abreviado nº 756/2018, tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, como Procedimiento Abreviado nº 201/2018, en la que se condenaba a Leopoldo como autor responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, de los artículos 368 y 369.1.5º del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de seis años y un día de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de multa de 118.719 euros, y al pago de las costas procesales.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Leopoldo , ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, con fecha 23 de enero de 2019, dictó sentencia por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto.
Contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se interpone recurso de casación, por la Procuradora de los Tribunales Doña Sofía Pereda Gil, actuando en nombre y representación de Leopoldo , alegando como motivo único, infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 LECrim , por infracción del artículo 240 LECrim .
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, interesó la inadmisión del recurso.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
En aplicación de las citadas normas de reparto, el Excmo. Sr. Magistrado D. Andres Martinez Arrieta sustituye al Excmo. Sr. Magistrado D. Julián A. Sánchez Melgar (por razones de licencia oficial), en la deliberación y el dictado de esta resolución.
ÚNICO.- El recurso se formula por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 LECrim , por infracción del artículo 240 LECrim .
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Sostiene que el citado artículo 240 LECrim no impone la condena en costas al condenado de forma automática, y que el propio precepto refiere el carácter facultativo de este pronunciamiento. Entiende que, dado que el acusado reconoció en el acto del juicio oral los hechos de los que había sido acusado y se mostró conforme con la petición de pena formulada por el Ministerio Fiscal, no procede la condena en costas.
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Como indica la STS 476/2017, de 26 de junio , la reforma de La ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.
En la fijación del contenido de la nueva modalidad de la casación disponemos, por otro lado, de la experiencia adquirida por el conocimiento del recurso de casación contra sentencias dictadas en los procesos seguidos ante el Tribunal de Jurado respecto al que la ley reguladora prevé que el pronunciamiento del Tribunal del Jurado sea revisado a través de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, casación ante esta Sala.
En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal . Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.
Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del mismo, conforme a los artículos 884 y 885 LECRIM . Por otra parte, como dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea su recurso ( números 1 y 2 del artículo 885 LECRIM , sensu contrario). Ello permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que prima facie podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación.
Debe recordarse que el cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 170/2011, de 29 de marzo y 131/2016, de 23 de febrero , entre otras).
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En el caso, se declara probado, en síntesis, que sobre las 6.30 horas del día 29 de enero de 2018, el acusado Leopoldo , con domicilio en Belem (Brasil), llegó al aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid -Barajas-, procedente de Sao Paulo (Brasil) en el vuelo de Iberia número NUM000 .
Se procedió por agentes policiales a efectuar un registro de su equipaje con resultado negativo, así como un examen radiológico con su autorización en el que se pudo apreciar como el acusado portaba en el interior de su organismo cuerpos extraños, por lo que fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde quedó ingresado, expulsando un total de 102 envoltorios, tipo capsulas, de una sustancia que, debidamente analizada, resultó ser cocaína, con un peso neto total de 1.033,4 gramos, con un índice de pureza del 83,6% (863,9 gramos puros).
Asimismo, le fueron intervenidos 970 dólares procedentes del tráfico ilícito de sustancia estupefaciente.
El acusado tenía intención de destinar la sustancia estupefaciente a terceras personas, y ha sido valorada en un total de 118.719 euros en la venta al por menor.
La respuesta del Tribunal Superior, confirmando la sentencia de primera instancia, es acertada. El recurrente reintroduce las mismas alegaciones que ya formulara en apelación, sin que se aporte nada nuevo que justifique revocar la decisión adoptada por el Tribunal Superior.
El Tribunal Superior desestimó la alegación del recurrente, con cita literal de los artículos 239 y 240 LECrim , así como del artículo 123 del Código Penal , a cuyo tenor, "las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito". El órgano de apelación argumenta que no es la actitud del acusado en el procedimiento lo que determina el surgimiento del crédito que se concreta en la imposición de las costas procesales, sino que "dicho crédito surge de la existencia misma del proceso".
La respuesta dada por el Tribunal de apelación es correcta y merece su refrendo.
Las costas derivadas del juicio son tan solo una consecuencia del mismo que necesariamente ha de resolverse en la sentencia según establece el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 240 señala las formas posibles en que puede resolverse esa exigencia: 1º) declarar las costas de oficio, 2º) imponer su pago a los procesados, en la forma que expresa el artículo 123 del Código Penal , es decir entendiendo que legalmente son impuestas a los criminalmente responsables de todo delito, y 3º) condenando al querellante o al actor civil a su pago cuando de las actuaciones resulta que hubieran obrado con temeridad o mala fe ( STS 9-5-02 ).
Y en este caso la Sala de instancia ajustándose a la legalidad ha impuesto al condenado las costas como determina el artículo 123 del Código Penal . El hecho de que el acusado haya reconocido los hechos objeto de acusación y se haya conformado con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal resulta intranscendente para el pronunciamiento relativo a las costas procesales y su incidencia se produce en el ámbito de la individualización de la pena impuesta, como, de facto, ha ocurrido, y así se razona en el fundamento jurídico cuarto de la resolución dictada por la Audiencia Provincial.
A la vista de lo anterior, se constata que el recurrente se limita a reiterar el contenido de la impugnación desarrollada en la apelación. En consecuencia, la cuestión carece de relevancia casacional, en la medida en que no alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad, que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación. Especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable que respeta la reiterada jurisprudencia sobre el particular, adecuadamente citada en la misma.
Por todo ello, procede la inadmisión del recurso de conformidad con lo que determina el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia se ha de dictar la siguiente:
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LA SALA ACUERDA : NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
