STS 1132/2019, 18 de Julio de 2019

Resolución recurrida en casación.

Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2017 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso de apelación núm. 18/2017 .

La sentencia apelada -dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid en el procedimiento ordinario núm. 477/2015- desestimó el recurso deducido contra la liquidación definitiva por "IIVTNU" al rechazar todos los motivos de impugnación aducidos por la demandante, incluido el referido a la naturaleza jurídica (rústica o urbana) de los terrenos sobre los que se había girado el tributo.

En apelación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid prescindió de los motivos aducidos por el apelante y entendió que los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional conducían, en todo caso, a la estimación del recurso con anulación de la liquidación impugnada, pues rechazó la posibilidad misma de mantener el impuesto sobre la base de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017 , sin entrar a valorar el criterio del juez de instancia relativo a la naturaleza jurídica de los terrenos controvertidos y al resto de las cuestiones planteadas.

Hechos del litigio y controversia jurídica.

1. Los hechos sobre los que ha versado el litigio, sintéticamente expuestos, derivan de la liquidación en concepto de impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana "IIVTNU" por la cesión y transmisión de determinadas unidades de aprovechamiento urbanístico, correspondientes al Proyecto de Reparcelación sobre UNS 4.01 "Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria" de Madrid, importe de 1.402.653,77 euros, como consecuencia de una escritura de cesión de aprovechamiento urbanístico en la que la entidad mercantil BISBEL HISPANIA, SL figuraba como transmitente y la entidad deportiva Real Madrid Club de Fútbol como adquirente.

2. Expone la representación procesal de la citada entidad en su escrito de oposición al recurso de casación, que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid adujo siete razones para fundamentar la nulidad de la liquidación por "IIVTNU": (1) la caducidad del procedimiento y su efecto sobre la prescripción (2) la indebida calificación del suelo como urbano, (3) la prescripción del derecho de la Administración para determinar y exigir la deuda tributaria, (4) la naturaleza de los derechos de aprovechamiento urbanístico como derechos reales, (5) la exención contemplada en la Ley del suelo, (6) la indebida aplicación retroactiva de la valoración catastral y (7) la falta de notificación individual y singularizada del valor catastral de cada bien o derecho transmitido.

3. Como se expresa en el antecedente anterior, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid rechazó todos aquellos motivos (incluido el relativo a la indebida calificación del terreno como urbano), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin entrar a examinar dichas cuestiones, anuló la liquidación sobre la base de una interpretación de la STC núm. 59/2017 a tenor de la cual no cabe liquidar un tributo porque las normas jurídicas que lo disciplinan han sido expulsadas del ordenamiento jurídico ex origine .

4. Sin perjuicio de todo lo anterior, la controversia jurídica en sede casacional versa sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad, contenida en la STC 59/2017 , de los artículos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales , en particular, si dicha inconstitucionalidad obliga, en todo caso, a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o si, por el contrario, resulta posible entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación que exprese o no la capacidad económica del contribuyente.

Preparación y admisión del recurso de casación.

La letrada del Ayuntamiento de Madrid preparó recurso de casación contra la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2017 por la Sección Novena de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid .

Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, la parte recurrente adujo infracción de los artículos 107.1 , 107.2.a ) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) ["TRLHL"], y de doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017 (ES:TC:2017:59 ).

Razona que las infracciones denunciadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la sentencia, argumentando que a través de una interpretación de inconstitucionalidad radical y absoluta de los artículos 107.1 y 107.2.a) TRLHL, se anula la liquidación, incurriendo en un error interpretativo de la doctrina constitucional, por cuanto el pronunciamiento de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2.a) debe entenderse "únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica".

La Administración recurrente aduce también que la sentencia impugnada fija, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas del Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se sustenta el fallo, contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales han establecido [ artículo 88.2.a) LJCA ]. Trae a colación para corroborarlo las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura, de 13 de julio de 2017 (recurso de apelación 128/2017; ES: TSJEXT:2017:916 ); de Castilla y León, sede de Burgos, Sección Segunda, de 9 de junio de 2017 (recurso de apelación 2/2017; ES: TSJCL:2017:2339 ), y de la Comunidad Valenciana, Sección Tercera, de 6 de julio de 2017 (recurso de apelación 3/2017; ES: TSJCV:2017:4675 ).

Mantiene el Ayuntamiento de Madrid que la sentencia recurrida sienta una doctrina sobre las normas de Derecho estatal en las que se fundamenta el fallo gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) LJCA ], porque obliga al Ayuntamiento a llevar a cabo un procedimiento de devolución de ingresos indebidos (evidentemente, si la deuda estaba pagada), para, posteriormente, una vez que el legislador acometa el mandato del Tribunal Constitucional y regule los supuestos de incremento de valor, reabrir el expediente y proceder a liquidar de nuevo, en caso de tratarse de un supuesto que no encaje dentro de los que el legislador regule como de no sujeción al IIVTNU.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado el recurso mediante auto, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo y emplazó a los litigantes para que comparecieran ante esta Sala Tercera.

La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 12 de septiembre de 2018 , en el que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:

"Determinar si, para garantizar la seguridad jurídica ( artículo 9.3 CE ), la igualdad en la aplicación de la ley ( artículo 14 CE ) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria ( artículos 31.3 y 133.1 y 2 CE ), la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica, como deriva de la tesis que sostiene la Sala a quo ".

Interposición del recurso de casación y escrito de oposición.

La letrada consistorial del Ayuntamiento de Madrid interpuso recurso de casación mediante escrito en el que indica que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anula todas las resoluciones anteriores pese a que ninguna de las partes había planteado la inexistencia de incremento de valor de la trasmisión.

Mantiene, no obstante, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid incurre en un error interpretativo de la doctrina constitucional, en cuanto al alcance del pronunciamiento de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 , 107.2.a ) y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, declarada por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 . Sostiene el Ayuntamiento recurrente, que el pronunciamiento de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) debe entenderse "únicamente en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica".

Señala, asimismo, la vulneración del principio de seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la Constitución ) al entender que la sentencia impugnada está realizando una interpretación diferente a la contenida en distintas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que, en su opinión, se ajustan en mayor medida a los términos de la declaración de la STC 59/2017 en orden al alcance material u objetivo de la nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) del TRLHL.

Solicita al Ayuntamiento en su escrito de interposición, que se case la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al haber infringido los preceptos anteriormente citados, y que se declare ajustadas a derecho las resoluciones administrativas impugnadas en la instancia.

La procuradora doña Ana Isabel Arranz Grande, en nombre y representación de doña Florinda , emplazada como recurrida en este recurso de casación, presentó escrito de oposición identificando la controversia sobre el alcance y efectos concretos de la STC núm. 59/2017 .

No obstante, relata en su escrito de oposición los antecedentes de hecho del presente recurso de casación, poniendo de relieve que la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso de apelación, pero no con fundamento en alguno de los siete motivos o razones que se esgrimieron contra la liquidación -que, apunta, ni siquiera mencionó o entró a valorar- sino sobre la base de la STC 59/2017 .

Sin embargo, para la representación procesal de la demandante en la instancia, la sentencia impugnada no infringe el ordenamiento jurídico ni la jurisprudencia, por lo que se refiere a la interpretación que hace de la STC 59/2017 y, por ello, considera que el recurso de casación ha de desestimarse, toda vez que, materialmente, ni existe infracción del ordenamiento jurídico, ni se aprecia, tampoco, infracción de la jurisprudencia aplicable.

No obstante, señala subsidiariamente que, para el caso de que se estime el recurso de casación, los argumentos esgrimidos contra la liquidación deberían ser resueltos por este Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, devolviéndole el expediente a efectos de que se pronuncie sobre las demás cuestiones planteadas en la contestación al recurso de apelación, y particularmente sobre la caducidad del expediente administrativo, además de la nulidad de la liquidación por la evidente naturaleza rústica de los terrenos, estimada por el JCA de origen y apreciada por dicho Tribunal Superior de Justicia.

Señalamiento para votación y fallo y deliberación del recurso.

De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción , y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia se designó como magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Jesus Cudero Blas y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 16 de julio de 2019, fecha en que la que se deliberó y falló el asunto con el resultado que ahora se expresa.

Objeto del presente recurso de casación.

Como ha quedado expresado en los antecedentes de hecho, la controversia jurídica que plantea el Ayuntamiento de Madrid en casación consiste en determinar si la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de septiembre de 2017 -que estimó el recurso de apelación interpuesto por dicho Ayuntamiento contra la sentencia dictada el 23 de junio de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid , que declaró ajustada a derecho la liquidación por importe de 1.402.653,77 euros en concepto de IIVTNU- es o no conforme a Derecho, para lo cual resulta forzoso interpretar cabalmente la STC 59/2017 , sentencia que, recogiendo la jurisprudencia sentada en pronunciamientos recientes del propio Tribunal Constitucional en relación con normas forales de Guipúzcoa y Álava ( SSTC 26/2017, de 16 de febrero , y 37/2017, de 1 de marzo , respectivamente), declara inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del TRLHL.

A tal efecto, debemos hacer referencia a la reciente sentencia de esta Sala y Sección de 9 de julio último, pronunciada en el recurso de casación núm. 6226/2017 (ES:TS:2018:2499 ), en sentido desestimatorio, puesto que en ella se plantean y resuelven cuestiones idénticas en lo sustancial a las que en este recurso de casación han sido objeto de debate.

Sin embargo, en este recurso de casación, la Sala Contencioso-Administrativa del TSJ de Madrid, a diferencia de lo que decidió, en vía de apelación, la Sala Contencioso- Administrativa del TSJ de Aragón -cuya sentencia constituyó el objeto de impugnación en el recurso de casación aludido (el núm. 6226/2017 )-, ha mantenido que la STC núm. 59/2017 debía ser interpretada en un sentido expansivo conforme al cual quedaba privada de operatividad la posibilidad misma de mantener el impuesto, esto es, abstracción hecha de que el acto de transmisión del inmueble hubiera puesto de manifiesto un incremento o una minusvalía patrimonial, pues la tesis que se infiere de la sentencia aquí impugnada es la de que tal circunstancia resulta indiferente.

Remisión a los razonamientos expresados en la sentencia de esta Sala núm. 1163/2018, de 9 de julio, que resuelve el recurso de casación núm. 6226/2017 .

Atendidas tales consideraciones y, en lo que aquí interesa, la esencial identidad entre este asunto y el que hemos resuelto en la mencionada sentencia de 9 de julio último, procede recordar aquí la interpretación que tal sentencia efectuó de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional anteriormente referidos, tras lo que será preciso efectuar la respuesta singularizada a la situación particular que el asunto presenta.

Y los pronunciamientos relevantes de la STS de 9 de julio de 2018 (recurso de casación núm. 6226/2017 ), en relación a idéntica cuestión interpretativa que la que aquí se suscita y por lo que ahora interesa, son estos:

Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017 , adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE .

El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017 , "no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene", o, dicho de otro modo, porque "impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7 , y 37/2017 , FJ 5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017 , la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL [...]".

Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del artículo 105.1 LGT , conforme al cual "quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo", sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 (RCA 2672/2017 ).

Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017 ) y de 13 de junio de 2018 ( RCA núm. 2232/2017 ]; (b) optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.

Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía.

Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA , de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contenido interpretativo de esta sentencia.

Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA , procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, lo que debemos hacer necesariamente por remisión íntegra a la interpretación plasmada en el fundamento séptimo de la sentencia de 9 de julio último.

Así, a la cuestión formulada por el auto de admisión como necesitada de esclarecimiento, consistente en "...[D]eterminar si, para garantizar la seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la Constitución ), la igualdad en la aplicación de la ley ( artículo 14 de la Constitución ) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria ( artículos 31.3 y 133.1 y 2 de la Constitución ), la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica, como defiende la Sala a quo...", hemos de efectuar una remisión total a lo que al respecto señala dicho fundamento séptimo.

Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

A la vista de todo lo expresado, sobre la base de nuestra sentencia de 9 de julio de 2018, pronunciada en el recurso de casación núm. 6226/2017 , procede declarar lo siguiente:

1) La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de septiembre de 2017, dictada en el recurso de apelación núm. 18/2017 , debe ser casada y anulada, en tanto contiene un criterio contrario al que hemos establecido, ya que considera erróneamente que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, sobre determinación de la base imponible del impuesto municipal que nos ocupa, han sido expulsados de modo absoluto e incondicional del ordenamiento jurídico, criterio que hemos rechazado formalmente, al afirmar que " (tales artículos) ...a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017 , adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial ".

2) Tal anulación conduce directamente al análisis de la sentencia recurrida, pues no sólo anula la liquidación con fundamento en la indicada tesis maximalista -esto es, en la pretendida inexistencia de norma habilitadora del impuesto-, sino que ha prescindido del análisis de los motivos de impugnación aducidos por el demandante en la instancia en su recurso de apelación, lo que -de haberse efectuado- eventualmente podría haber determinado un fallo diferente o, aun siendo idéntico en su decisión, haberse fundado en razones distintas de las que se plasmaron en la sentencia.

3) A pesar de aquellos razonamientos jurídicos, consta en autos que uno de los motivos de impugnación -profusamente analizado por el Juzgado núm. 11 de Madrid- consistió en determinar si era o no contraria a derecho la resolución recurrida por entender que la naturaleza no urbana de la parcela afectada determinaba la inexistencia del hecho imponible del tributo.

4) Este asunto es semejante a otros que hemos resuelto precedentemente, en relación también con la transmisión de derechos de aprovechamiento urbanístico localizados en la misma unidad de actuación Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria , y en los que hemos ordenado la retroacción del procedimiento de apelación para que la Sala de instancia abordara la totalidad de los motivos de ilegalidad aducidos por el demandante.

5) Ocurre, sin embargo, que el 5 de marzo de 2019 ha recaído sentencia en el recurso de casación núm. 4520/2017 , que ha resuelto la cuestión esencial que se planteó en la primera instancia del presente recurso y que determinó la estimación del recurso por el Juzgado competente. En esta sentencia, interpretando los artículos 61.3, 65 y 77.1 y 5 TRLHL y los artículos 4 y 7.2 TRLCI y teniendo en cuenta las sentencias firmes que anularon las disposiciones urbanísticas que clasificaban el sector como suelo urbanizable, de concluye que el suelo en cuestión -en aquel caso, en relación con la valoración catastral de los bienes- no tenía la naturaleza de urbano, sino de "suelo no urbanizable de especial protección".

6) En la medida en que tal pronunciamiento se refiere, precisamente, al ámbito de actuación UNS 4-01 "Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria", en el que se sitúan las unidades de aprovechamiento transmitidas en el caso de autos, carece de sentido ordenar la retroacción que acordamos en aquellos otros asuntos pues -a partir de nuestra sentencia de 5 de marzo de 2019 - disponemos de todos los elementos necesarios para declarar que procede anular la liquidación recurrida a la vista de la naturaleza -no urbana- del terreno controvertido.

Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA , respecto de las costas de la casación cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia, por remisión al fundamento séptimo de nuestra sentencia de 9 de julio de 2018, pronunciada en el recurso de casación núm. 6226/2017 .

Segundo. Declarar haber lugar al recurso de casación núm. 331/2018, deducido por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2017, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su recurso de apelación núm. 18/2017 , sentencia que se casa y anula.

Tercero. Estimar el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 11 de Madrid de fecha 23 de junio de 2016 (dictada en el PO núm. 477/2015) y, consiguientemente, revocar el pronunciamiento desestimatorio contenido en esta última sentencia.

Cuarto . Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de BISBEL HISPANIA, SL contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid de 7 de septiembre de 2015, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa deducida contra la liquidación girada a dicha mercantil por IIVTNU por la cesión y transmisión de determinadas unidades de aprovechamiento urbanístico, correspondientes al Proyecto de Reparcelación sobre UNS 4.01 "Valdebebas- Ciudad Aeroportuaria" de Madrid, importe de 1.402.653,77 euros, declarando contrarias a derecho tales resoluciones administrativas y anulando, en consecuencia, la liquidación citada al no tener el terreno afectado la naturaleza de urbano.

Quinto. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Nicolas Maurandi Guillen D. Jose Diaz Delgado

D. Angel Aguallo Aviles D. Jose Antonio Montero Fernandez

D. Jesus Cudero Blas D. Rafael Toledano Cantero

D. Dimitry Berberoff Ayuda D. Isaac Merino Jara

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Jesus Cudero Blas, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.