ATS, 17 de Julio de 2019
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2019:8059A |
| Número de Recurso | 2500/2017 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 17/07/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 2500/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
Transcrito por: MPL/P
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2500/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 17 de julio de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.
La representación procesal de Autos Domínguez Maspalomas SL, presentó escrito de interposición de recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada con fecha 22 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección tercera), en el rollo de apelación n.º 729/2014 , dimanante de los autos de Juicio Ordinario n.º 1957/2012, del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Telde.
Mediante diligencia de ordenación la referida Audiencia Provincial tuvo por interpuesto el recurso y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, habiéndose notificado dicha resolución a las partes litigantes, por medio de sus respectivos Procuradores.
Mediante diligencia de ordenación de fecha 19 de julio de 2017 se tuvo por parte recurrente a la procuradora Dña. Raquel Romero Hernández en nombre y representación de Autos Domínguez Maspalomas y mediante diligencia de ordenación de 24 de julio de 2017 se tuvo como parte recurrida a la procuradora Dña. Concepción Sánchez Macías, en nombre y representación de Macalum SL.
Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial .
Mediante providencia de fecha 5 de junio de 2019 se acordó poner de manifiesto a las partes personadas, por el plazo de diez días, las posibles causas de inadmisión de los recursos.
Con fecha 21 de junio de 2019 tuvo entrada el escrito de la procuradora Dña. Raquel Romero Hernández, en la representación que ostenta, mediante el cual formuló las alegaciones que tuvo por conveniente en favor de la admisión del recurso interpuesto. Por la parte recurrida con fecha 10 de junio de 2019 se presentó escrito de alegaciones en el que se interesa la inadmisión del recurso interpuesto.
Por parte de la procuradora Dña. Raquel Romero Hernández se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra una sentencia dictada en un juicio ordinario sobre contrato de arrendamiento, con acceso a casación por el cauce previsto en el ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC , que exige acreditar el interés casacional.
Conforme a la Disposición Final 16.ª.1 regla 5 LEC , sólo si se admite el recurso de casación por interés casacional, podrá examinarse la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal.
El recurso de casación se interpone por el cauce correcto y se se funda en la vulneración de los artículos 1204 y 7.1 del CC y de la jurisprudencia de la Sala Primera, concretada en las sentencias n.º 335/2013, de 7 de mayo y en las de fecha 20 de mayo de 1993 , 3 de diciembre de 2013 y 30 de marzo de 1999 , entre otras. La recurrente argumenta que la Audiencia infringe la doctrina de los actos propios, que supone una vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio. Esta doctrina se manifestó tanto en primera como en segunda instancia y en este caso se infringe a la vista de la existencia de los pactos entre las partes y, en concreto, en relación al último de ellos, que suponía una carencia en los últimos seis meses, pacto que la Audiencia no tiene por acreditado, debido a que no constaba reclamación al respecto y dada su trascendencia económica. Sin embargo, a juicio de la recurrente consta acreditada la novación extintiva o mutuo disenso, tal y como fue reconocida por el juez a quo.
Planteado en estos términos, el recurso de casación debe ser inadmitido, por incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art 483.2. 4.º LEC ), por alteración de la base fáctica, pues a través del recurso de casación se pretende combatir la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia, lo que esté vedado en casación, de modo que el interés casacional, en que se funda el recurso, resulta artificioso y meramente instrumental. Concretamente, la recurrente parte en su recurso de considerar acreditada la existencia de un acuerdo entre las partes sobre carencia de renta para los últimos seis meses del año 2012, sin embargo, el tribunal de apelación revoca la sentencia dictada en primera instancia, porque entiende que tal pacto no se ha probado, sin que baste para tenerlo por acreditado que no constara reclamación al respecto.
Es doctrina constante de esta Sala que la casación no constituye una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los Tribunales de apelación, pues su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a la cuestión de hecho, que ha de ser respetada ( sentencias núm. 142/2010, de 22 de marzo ; 56/2011, de 23 febrero ; 71/2012 de 20 febrero ; 669/2012, de 14 de noviembre ; 147/2013, de 20 de marzo ; 5/2016, de 27 de enero y 41/2017, de 20 de enero ; entre otras muchas). Como consecuencia de lo cual, en el recurso de casación se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados en la sentencia recurrida, lo que en el presente caso no hace el recurrente.
Asimismo, el recurso adolece de una falta de cumplimiento de falta de las formalidades exigibles al recurso de casación (483.2. 2.º LEC), dado que se incumplen los requisitos de estructura del escrito de interposición, que indican que debe estructurarse en motivos, de forma que cada una de las infracciones que se denuncian se formule en un motivo distinto, y que en el encabezamiento se expresen la cita precisa de la norma infringida, que no podrá deducirse del desarrollo del motivo; el resumen de la infracción cometida (cómo, por qué y en qué ha sido infringida o desconocida la norma citada) y la justificación de que concurre el supuesto de acceso a la casación. Siendo objeto del desarrollo de cada motivo la exposición de los fundamentos del mismo ( art. 481 de la LEC ), con la debida claridad y la extensión necesaria, sin incurrir en reiteraciones ni incluir cuestiones innecesarias o no relacionadas con el objeto del motivo. Es decir, la exposición razonada de la infracción o vulneración denunciada en el encabezamiento y de cómo esta influyó en el resultado del proceso.
Las razones expuestas justifican la inadmisión del recurso interpuesto, sin que las alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, supongan una alteración de dichos razonamientos habida cuenta que la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso ahora examinados.
La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC .
Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado los artículos 473.3 y 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite contemplado en los artículos 483.3 y 473.2 LEC , habiendo presentado escrito de alegaciones la parte recurrida, se imponen las costas a la parte recurrente.
Siendo inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal procede la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª , apartado 9, LOPJ .
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Autos Domínguez Maspalomas SL, contra la sentencia dictada con fecha 22 de febrero de 2017, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección tercera), en el rollo de apelación n.º 729/2014 , dimanante de los autos de Juicio Ordinario n.º 1957/2012, del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Telde.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas del recurso a la parte recurrente, quien perderá del depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, previa notificación de esta resolución por este Tribunal a la parte recurrente y recurrida.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
