ATS, 18 de Junio de 2019

PonenteMARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
ECLIES:TS:2019:7848A
Número de Recurso4131/2018
ProcedimientoRecurso de casación para la unificación de doctrina
Fecha de Resolución18 de Junio de 2019
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

Auto núm. /

Fecha del auto: 18/06/2019

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 4131/2018

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga

Procedencia: T.S.J. MADRID SOCIAL SEC. 3

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca

Transcrito por: MHG/R

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4131/2018

Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Excmo. Sr. y Excmas. Sras.

Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga

D. Antonio V. Sempere Navarro

Dª. Concepcion Rosario Ureste Garcia

En Madrid, a 18 de junio de 2019.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social N.º 4 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 25 de octubre de 2017 , en el procedimiento n.º 320/2017 seguido a instancia de D.ª Marcelina contra Áreas SA, sobre reclamación de cantidad, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 19 de septiembre de 2018 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 8 de octubre de 2018 se formalizó por el letrado D. Miguel Ángel Santalices Romero en nombre y representación de D.ª Marcelina , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 12 de abril de 2019, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16 de julio de 2013 (R. 2275/2012 ), 22 de julio de 2013 (R. 2987/2012 ), 25 de julio de 2013 (R. 3301/2012 ), 16 de septiembre de 2013 (R. 302/2012 ), 15 de octubre de 2013 (R. 3012/2012 ), 23 de diciembre de 2013 (R. 993/2013 ), 29 de abril de 2014 (R. 609/2013 ), 17 de junio de 2014 (R. 2098/2013 ), 18 de diciembre de 2014 (R. 2810/2012 ) y 21 de enero de 2015 (R. 160/2014 ).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14 de mayo de 2013 (R. 2058/2012 ), 23 de mayo de 2013 (R. 2406/2012 ), 13 de junio de 2013 (R. 2456/2012 ), 15 de julio de 2013 (R. 2440/2012 ), 16 de septiembre de 2013 (R. 2366/2012 ), 3 de octubre de 2013 (R. 1308/2012 ), 4 de febrero de 2014 (R. 677/2013 ) y 1 de julio de 2014 (R. 1486/2013 ).

La sentencia recurrida -de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de septiembre de 2018 (R. 446/2018 )- confirma la de instancia que, con estimación parcial de la demanda, condena a la empresa demandada Áreas SA a abonar a la actora la suma de 6,21 €.

Consta en el relato fáctico que la empresa acordó con los representantes de los trabajadores una modificación colectiva de condiciones de trabajo que supuso la congelación de los denominados tramos de incentivo y complementos de porcentaje. Como consecuencia del acuerdo, la empresa destinaba la cifra de 1.500.000 € a la consolidación de los llamados "tramos".

Ante la falta de acuerdo sobre los criterios de reparto de la citada cifra y como consecuencia del reparto unilateral realizado por la empresa demandada, se interpuso demanda de conflicto colectivo por los representantes de los trabajadores, que se estimó en instancia y en suplicación por sentencia de la sala de 7 de octubre de 2015 . En atención a dicha sentencia, la empresa detrajo desde febrero a diciembre de 2016 la cantidad de 1.557,16 € de las nóminas de la actora.

La sala de suplicación, con reiteración del criterio sentado en sentencia anterior, razona que la regularización de la cantidad que debía ser abonada a la actora deriva del cumplimiento de la sentencia de conflicto colectivo, por lo que no se puede sostener que para la recuperación de la cantidad indebidamente percibida por la actora la empresa estuviera obligada a instar el correspondiente proceso.

Recurre en casación unificadora la actora denunciando infracción de los arts. 1275 , 1303 , 1305 y 1306 del CC e invocando como contradictoria la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2014 (R. 278/2013 ), recaída en proceso de conflicto colectivo y relativa a la validez de la decisión de la Radio Televisión Valenciana de suprimir un plus de convenio establecido por la comisión paritaria sin previa autorización de la Hacienda autonómica y cuya actualización había sido rechazada por sentencia de la Audiencia Nacional al entender que tanto el plus como sus actualizaciones eran nulos de pleno derecho.

La sentencia referencial confirma la de instancia que, estimando parcialmente la demanda, declara contraria a derecho la decisión de la entidad demandada de descontar las sumas percibidas por los trabajadores en concepto de plus de convenio entre los meses de enero a noviembre de 2011.

Razona la sala que el plus en cuestión se reconoció en el seno de la comisión paritaria, con intervención por tanto de la empresa que debió vigilar que se cumpliera el requisito formal de la autorización de la Hacienda autonómica, al ser tal requisito de configuración legal. En consecuencia, la empresa no puede pretender la devolución de unas cantidades cuyo indebido abono se debe a un error y a un incumplimiento de la normativa achacable, también, a la propia entidad.

De lo expuesto se desprende con claridad que no concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas. En efecto, en el caso de la sentencia recurrida, se trata de una reclamación individual y colectiva en el de la sentencia contrastada, tramitándose ésta por la modalidad procesal de conflictos colectivos cuyo ámbito de cognición es, como se sabe, bien distinto del que caracteriza al proceso ordinario. Pero lo más trascendente es que son dispares las situaciones fácticas contempladas y las razones de decidir. Así, en el supuesto de autos el descuento salarial se decide por una empresa privada en cumplimiento de lo decidido de forma firme en el previo proceso de conflicto colectivo, mientras que en el de contraste la detracción salarial se realiza por la empresa tras haber sido declarada judicialmente la nulidad del plus de convenio reconocido a los trabajadores por la comisión paritaria del convenio con intervención de la entidad pública demandada e incumplimiento del requisito de la autorización de la Hacienda autonómica. Y la sentencia referencial basa su decisión en que la empresa no puede pretender la devolución de unas cantidades de cuyo abono indebido es, en parte, responsable.

En el trámite de alegaciones la recurrente se limita a remitirse a lo recogido en el escrito de interposición.

SEGUNDO

De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Miguel Ángel Santalices Romero, en nombre y representación de D.ª Marcelina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de septiembre de 2018, en el recurso de suplicación número 446/2018 , interpuesto por D.ª Marcelina , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Madrid de fecha 25 de octubre de 2017 , en el procedimiento n.º 320/2017 seguido a instancia de D.ª Marcelina contra Áreas SA, sobre reclamación de cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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