STS 321/2019, 19 de Junio de 2019

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy, incoó procedimiento abreviado número 48/2015 por delito de apropiación indebida, contra Clara Y Nazario , que una vez concluido remitió para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Segunda. Incoado el Procedimiento Abreviado 25/2017, con fecha 18 de diciembre de 2017 dictó sentencia n.º 457/2018 en la que se contienen los siguientes HECHOS PROBADOS:

" ÚNICO.- Que Nazario , mayor de edad y sin antecedentes penales, actuando en representación de la mercantil PRONOMON SL, suscribió en fechas 26 de octubre de 2006 y 12 de diciembre de 2006, en el municipio de Alcoy, dos contratos de compraventa de vivienda, uno con María Cristina , y otro con Remigio y Adolfina , en virtud de los cuales aquellas cantidades abonadas a cuenta por los compradores estarían garantizadas con póliza de afianzamiento con la Sociedad de Garantía.

Recíproca de la Comunidad Valenciana ingresadas en una cuenta especial destinada a tal efecto con número NUM000 en la oficina del Banco Sabadell de Alcoy. Las cantidades que los compradores fueron abonando por tal concepto en aquella cuenta fueron dispuestas por el acusado mediante trasferencias a otras cuentas particulares o destinándolas a usos distintos de tal garantía.

A María Cristina , resuelto el contrato por Sentencia, se le debía haber devuelto 19.061'46 € y a Remigio y Adolfina la suma de 16.791'07 E.

No se ha acreditado que Clara tuviera participación alguna en los hechos.".

La Audiencia de instancia emitió el siguiente pronunciamiento:

"FALLAMOS: -A) Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado Nazario como autor de UN DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, del artículo 252 del Código Penal en relación con los artículos 250.1.1 ° y 74 del Código Penal , a la pena de 3 AÑOS y 6 MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, MULTA DE 9 MESES CON CUOTA DIARIA DE 6 E, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, al pago de la mitad de las costas causadas, incluidas la mitad de las de la acusación particular, y a indemnizar a María Cristina en la suma de 19.061'46 € y a Remigio y a Adolfina en la suma de 16.791'07 C.

- B) Que debemos absolver y ABSOLVEMOS a Clara del delito objeto de acusación, declarándose de oficio la mitad de las costas causadas.

Requiérase al acusado condenado al abono, en plazo de quince días, de la multa impuesta.".

- Notificada la sentencia y el auto de aclaración a las partes, la representación procesal de Nazario , anunció su propósito de interponer recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, recurso que se tuvo por preparado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

El recurso formalizado por Nazario se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN,

Primero. - Por infracción de ley, al amparo del art. 849-1º Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 252 Código Penal en relación con los artículos 250.1-1 º y 74 del mismo texto legal .

Segundo. - Por vulneración de precepto constitucional, por la vía del artículo 852 Ley de Enjuiciamiento Criminal y de acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por vulneración derecho fundamental a la presunción de inocencia que consagra el artículo 24.2 de la Constitución .

Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, en escrito de 28 de mayo de 2018, solicitó la inadmisión e impugnó de fondo los motivos del recurso e interesó su desestimación. La representación procesal de María Cristina , Remigio Y Adolfina , como acusación particular, solicitó la confirmación de la resolución recurrida e impugnó de fondo los motivos de casación Tras admitirse por la Sala, quedaron conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Y hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 12 de junio de 2019 que, dados los temas a tratar, se prolongó hasta el día de la fecha.

En el motivo que encabeza el escrito impugnatorio y utilizando el cauce permitido por el artículo 849 de la LECrim , se denuncia la indebida aplicación de los artículos 250 , 250.1 .º y 74 del Código Penal . En realidad, este motivo contiene tres submotivos distintos.

En primer lugar se cita el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de esta Sala de 23 de mayo de 2017 y se afirma que los hechos declarados probados no son constitutivos de delito en tanto que el mero incumplimiento de las obligaciones de afianzamiento previstas en la Ley 38/1991, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, no constituye por sí mismo delito de apropiación indebida.

Se sostiene en el recurso que para que los hechos fueran penalmente típicos se debería haber acreditado que todo o parte de las cantidades recibidas hubieran sido desviadas y no hubieran sido invertidas en la promoción inmobiliaria para la que fueron aportadas por los compradores, pero ni en el relato fáctico ni en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada se ha determinado que el recurrente se haya apropiado de las cantidades recibidas. Sólo se dice que tales cantidades se han destinado a fines distintos de la garantía, pero lo cierto es que todas las cantidades recibidas fueron ingresadas en la cuenta especial que tenía un aval por la SGR de la Comunidad Valenciana y todas esas cantidades fueron destinadas al desarrollo de la promoción inmobiliaria. Se añade que todas las cantidades estaban avaladas y que si no se ha podido ejecutar totalmente el aval lo ha sido no por falta de garantía sino por una argucia legal de la SGR, que está impugnada ante los tribunales.

En el desarrollo del motivo indica el recurrente que la promoción fue terminada, que no existieron irregularidades contables, que todo el dinero recibido se empleó en la promoción y que la empresa fue declarada en concurso fortuito sin que se haya declarado o acreditado ningún tipo de irregularidad en la situación patrimonial, contable o financiera de la empresa.

También se alega que no concurren los requisitos exigibles para la apreciación del subtipo agravado del artículo 250.1. 1. º CP porque no se ha acreditado que la entrega de dinero lo fuera para la adquisición de la vivienda que había de constituir la morada de los adquirentes y porque no consta que esta circunstancia fuera conocida por el acusado, en tanto que para apreciar esta agravación es necesario que el hecho que la justifica sea abarcada por el dolo del sujeto activo.

Por último, se cuestiona la apreciación de continuidad delictiva porque no consta que las dos acciones relacionadas en el relato fáctico respondieran a un plan preconcebido o se realizaran aprovechando una situación fáctica semejante, tal y como exige el artículo 74 del Código Penal .

Comenzaremos por dar contestación al primero de los submotivos contenidos en el primer alegato del recurso, el relativo a la carencia de relevancia penal de los hechos enjuiciados.

La Ley 57/1968, de 27 de Julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, establecía que las cantidades que entregaran los compradores con estas finalidades debían ingresarse en una cuenta especial, garantizando su devolución con un contrato de seguro y quedando obligado el receptor a invertir dichas cantidades en la promoción inmobiliaria. En el artículo 6º se disponía que la no devolución de dichas cantidades sería constitutiva de delito de apropiación indebida. La Ley Orgánica 10/1995 , que dio nueva redacción al Código Penal, derogó dicha disposición y a partir de dicha fecha se han producido distintos pronunciamientos judiciales determinando en qué condiciones la no devolución de estas cantidades podía ser constitutiva de delito. Posteriormente la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, mantuvo la vigencia de las garantías establecidas en la Ley 57/1968, con algunas modificaciones, estableciendo sanciones administrativas para el supuesto de incumplimiento de las garantías establecidas legalmente.

Una línea jurisprudencial consideró que la no devolución de las cantidades entregadas era sancionable penalmente. En esta dirección podemos citar la STS 163/2014, de 6 de marzo , en la que se afirmaba que "(...) el promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le prohíbe disponer de ellas si no están garantizadas en la forma que imperativamente establece la normativa legal (...)".

En esa misma dirección la STS 89/2016, de 12 de febrero , se razona que "(...) el delito de apropiación indebida lo cometerá, conforme al art. 252 del CP quien, habiendo recibido cantidades que, por imperativo legal solo puede percibir a través de una cuenta especial con garantía expresa de devolución, no las entregue (o ingrese) en dicha cuenta separada, e incumpliendo esta obligación las confunda con el patrimonio propio, disponiendo de ellas como si fueran suyas, bien para sí, bien para las necesidades de sus negocios. De este modo está disponiendo ilícitamente de ellas, incumpliendo una prohibición legal clara y explícita, aunque sea una utilización temporal y con la intención de entregar la vivienda comprometida, comportamiento que inicia, pero no consuma, el delito de apropiación indebida. El delito se consuma cuando se llega al denominado "punto sin retorno" ( STS 513/2007, de 19 de junio ; STS 938/1998, de 9 de julio ; STS 374/2008, de 24 de junio y STS 228/2012, de 28 de marzo , entre otras), es decir cuando el promotor incumpla definitivamente la doble alternativa prevista por la ley, entregar la vivienda o devolver el dinero que debería haber garantizado (...)". "En caso de incumplimiento de estas obligaciones legales, el promotor incurre, por este solo hecho, en las sanciones administrativas legalmente previstas. Pero, además, si dispone de la cantidades recibidas anticipadamente sin ingresarlas en la cuenta separada y sin garantizar su devolución en la forma imperativamente prevenida por la ley, el promotor, que conoce perfectamente la Ley de Ordenación de la Edificación, que es la regulación básica de su actividad, está disponiendo dolosamente de unos fondos que sabe que no están a su disposición, con independencia del fin al que los destine, por lo que si finalmente la utilización ilícita de los fondos se hace definitiva, porque el promotor no entrega la vivienda ni devuelve el dinero anticipado, se cumplen los requisitos típicos del delito de apropiación indebida" ( SSTS 147/2016, de 25 de febrero , que se remite a la STS nº 89/2016, de 12 de febrero y a la STS 309/2014, de 15 de abril ).

Sin embargo, no han faltado sentencias en las que se considera que para que haya delito no basta con incumplir la obligación de garantía de las cantidades recibidas y con incumplir la obligación de devolución, sino que se precisa que el dinero recibido se haya empleado en atenciones distintas de la promoción inmobiliaria o que el cesionario las haya incorporado ilícitamente a su patrimonio.

En esa dirección puede citarse la STS número 537/2014, de 24 de junio , en la que se afirmaba que "(...)cuando se trata de cantidades entregadas para la construcción de viviendas, la jurisprudencia ha entendido que, aunque la compraventa no sea un título de los contemplados en el artículo 252 del Código Penal , en tanto que no genera una obligación de entregar o devolver, sin embargo, la caracterización de la relación jurídica existente entre los compradores que pretenden adquirir una vivienda o un inmueble que el comprador tiene que construir financiándose con el pago anticipado del precio (en cuotas o no) al promotor, reviste una mayor complejidad. En efecto, en tales supuestos el promotor adquiere una obligación de dar a las sumas recibidas un determinado destino y el incumplimiento de esta obligación se subsume bajo la alternativa típica de la desviación de dinero prevista en el art. 252 Código Penal , de forma que si lo destina a otras finalidades o simplemente lo incorpora definitivamente a su patrimonio en lugar de destinarlo a la construcción de las viviendas, cometerá un delito de apropiación indebida (...)" ( STS nº 10/2014, de 21 de enero , que cita la STS nº 99/2011, de 25 de febrero ).

En sentido similar la STS nº 407/2015, de 30 de junio ; o la STS nº 417/2015, de 30 de junio , en la que se razonaba que "(...) esta sala, pese a la derogación expresa del art 6º de la Ley 57/68 , sigue manteniendo la subsunción de los comportamientos de los promotores en el delito de apropiación indebida del art. 252 Código Penal , cuando la vivienda no se construye y la devolución del dinero anticipado no se ha garantizado en los términos legales (...)".

La STS nº 562/1997, de 21 de mayo , señalaba que para que surja a la vida del delito la figura de la apropiación indebida es necesario que concurran todos y cada uno de los requisitos que configuran el tipo penal porque el incumplimiento meramente formal de las garantías legales sólo daría lugar a una sanción administrativa ( SSTS de 23 de febrero de 1988 , 16 de mayo de 1990 , 955/1997, de 1 de julio , 768/1998, de 17 de julio ).

También la STS nº 964/1998, de 7 de noviembre afirmaba que "(...) la apropiación indebida concurre, en estos casos, cuando el promotor o constructor acusado dispone ilegítimamente de las cantidades que ha percibido con un destino específico y, abusando de la tenencia material de las mismas y de la confianza en él depositada, las desvía del destino legal y contractualmente previsto, es decir las dedica a otras atenciones diferentes, con lo que está disponiendo de las mismas como si fueran propias, en perjuicio de quiénes dejarán con ello de percibir la contrapartida derivada de su destino convenido (...)".

La STS nº 1329/2003, de 18 de marzo , indicaba que "la sustancia es que las cantidades entregadas han sido sustraídas a la finalidad pactada y dispuestas por los acusados en su beneficio con evidente perjuicio del comprador" (en igual sentido se han pronunciado también las SSTS 1491/2004, de 22 de diciembre ; 29/2006, de 16 de enero ; 184/2008, de 29 de abril ; 249/2010, de 18 de marzo ; 228/2012, de 28 de marzo y 656/2012, de 19 de julio , entre otras.

Ante este panorama, con pronunciamientos discrepantes junto a frecuentes votos particulares y con la finalidad de unificar criterio, esta Sala en Pleno, mediante Acuerdo no jurisdiccional de 23 de mayo de 2017 declaró lo siguiente:

1. En caso de cantidades anticipadas a los promotores para la construcción de viviendas, el mero incumplimiento, por sí solo, de las obligaciones previstas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación , en la redacción dada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, consistentes en garantizar mediante un seguro la devolución de dichas cantidades para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin, y de percibir esas cantidades a través de cuenta especial en entidades de crédito, no constituye delito de apropiación indebida.

2. Cuando las cantidades entregadas no se hayan destinado a la construcción de las viviendas comprometidas con los adquirentes, podrá apreciarse un delito de estafa si concurren los elementos del tipo, entre ellos un engaño determinante del acto de disposición, o bien un delito previsto en los artículos 252 o 253 CP si concurren los elementos de cada tipo.

Este Acuerdo ha sido objeto de posteriores pronunciamientos que han confirmado el criterio unánime de la Sala, debiéndose citar por su claridad la STS 406/2017, de 5 de junio (Pte. Sr. Colmenero), de la que hemos extraído los precedentes jurisprudenciales antes citados y a cuyo contenido nos remitimos para evitar reiteraciones y citas prolongadas.

En la sentencia citada y después de hacer un extenso recorrido sobre la los distintos pronunciamientos jurisprudenciales de esta Sala en torno a la interpretación del artículo 6 de la Ley 57/1968 , poniéndolo en relación con la Ley Orgánica 10/1995, que dio nueva redacción al Código Penal, y con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se razona el criterio adoptado por unanimidad en el Acuerdo no Jurisdiccional a que acabamos de hacer referencia y se concluye con la siguiente doctrina:

"La jurisprudencia mayoritaria ha seguido entendiendo que el delito de apropiación indebida, en la modalidad de distracción, exige que se dé al dinero recibido un destino distinto del que impone el título de recepción, que pretende ser definitivo y que, en el ámbito probatorio, se valora como tal al superar el llamado punto de no retorno. Cuando se trata, pues, de cantidades anticipadas al promotor para la construcción de viviendas, el destino de esas cantidades es, precisamente, la construcción, aunque la ley imponga unas medidas de aseguramiento y garantía a cargo de aquel y en beneficio de los adquirentes. Medidas cuyo incumplimiento tiene previstas sanciones de tipo administrativo, contempladas en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Ordenación de la Edificación , en la redacción dada actualmente por la Ley 20/2015. Pero solamente es apreciable un delito de apropiación indebida cuando el promotor haga suyas las cantidades recibidas, no empleándolas en la construcción de las viviendas, que era la finalidad pactada y la única que autorizan la ley y el contrato, sin perjuicio de que, como ocurre con cualquier otro caso de apropiación indebida, no sea preciso demostrar cuál fue el destino concreto de esas cantidades, bastando con probar que no se destinaron a la construcción de las viviendas".

1. En el caso que centra nuestra atención la sentencia impugnada ha condenado al recurrente como autor de un delito continuado de apropiación indebida por no devolver las cantidades entregadas en cumplimiento de los contratos de compraventa de vivienda de 26 de octubre de 2006 y 12 de diciembre de 2006.

En el juicio histórico de la sentencia se indica que las cantidades recibidas (19.061,46 € y 16.791,07 €) "fueron dispuestas por el acusado mediante transferencias a otras cuentas particulares o destinándolas a usos distintos de tal garantía", aun cuando ni en el relato fáctico ni en la fundamentación jurídica se hace referencia alguna al destino dado por el promotor a las cantidades recibidas de los perjudicados.

En efecto, en el fundamento jurídico tercero se indica que el acusado, a pesar de saber que las cantidades recibidas sólo quedarían garantizadas si se ingresaban en la cuenta especial, no ingresó las cantidades en la citada cuenta de modo que, resueltos los contratos por sentencia y obligado a la devolución, no reintegró las cantidades a que antes se ha hecho referencia.

Y en el fundamento jurídico cuarto se justifica la subsunción normativa de los hechos en el tipo de apropiación indebida con el siguiente razonamiento:

"Por todo lo expuesto, quedado acreditada la entrega de las cantidades por los compradores a cuenta de la construcción de las viviendas; que no fueron ingresadas en la cuenta especial abierta con objeto de garantizar, en su caso, su devolución; y que finalmente no ha devuelto el dinero cuando judicialmente se resolvieron los contratos, puede afirmarse que se llegó al denominado "punto sin retorno", que determina la consumación del delito de apropiación indebida, siendo autor del mencionado delito el acusado Nazario , administrador de PROMONON que suscribió en nombre de la mercantil los contratos de compraventa y que no ingresó en la cuenta especial las mensualidades abonadas por los compradores, no garantizando, por tanto, su devolución.

Nazario , lejos de dar al dinero percibido la finalidad para la que le fue entregado, esto es, su ingreso en la cuenta especial que garantizaba a los compradores la restitución del mismo, dispuso de los mismos, sin que procediera a su devolución a la resolución del contrato de compraventa. Los hechos son perfectamente subsumibles en el delito de apropiación indebida previsto y penado en el artículo 252 CP , en la redacción vigente en la fecha en que acaecieron los hechos (253 CP en la redacción actual).

2. La sentencia de instancia no ha hecho esfuerzo argumental alguno para esclarecer si el dinero recibido de los compradores se invirtió en la construcción de las viviendas o en otras atenciones distintas.

   Aunque en el relato fáctico se afirme que las cantidades recibidas " fueron dispuestas por el acusado mediante transferencias a otras cuentas particulares o destinándolas a usos distintos de tal garantía" , tal afirmación no refleja la realidad de lo acreditado y que no es congruente con la justificación argumental del delito que se atribuye al acusado. No consta que las cantidades fueran empleadas en atenciones particulares o en usos distintos de la construcción y desde luego la sentencia de instancia no ha hecho esfuerzo alguno en justificar esa afirmación y apoyarla en las pruebas practicadas durante el juicio.

   Si se considera que el relato fáctico contiene una verdadera declaración del destino dado al dinero habría de estimarse el segundo motivo del recurso, articulado a través del artículo 852 de la LECrim y en el que se denuncia la vulneración del principio de presunción de inocencia dado que la conclusión probatoria de la sentencia a que nos venimos refiriendo no se apoya en prueba de cargo lícita, suficiente y razonablemente valorada. La sentencia no hace mención de prueba alguna que justifique esa conclusión.

   Nos inclinamos por considerar que la afirmación del relato fáctico antes reseñada es una referencia genérica al incumplimiento de la obligación de aseguramiento y devolución y esa es la razón por la que de forma ciertamente confusa el relato fáctico se refiere a que las cantidades se "destinaron a usos distintos de tal garantía". La propia argumentación de la sentencia permite hacer esa interpretación.

3. Siguiendo algunos precedentes jurisprudenciales discordantes con la doctrina establecida por el Pleno de esta Sala, la sentencia de instancia considera típica la conducta, no porque el dinero recibido se empleara en atenciones particulares o distintas a la construcción, sino porque las cantidades recibidas no fueron ingresadas en la cuenta especial, lo que les privaba de la garantía de devolución convenidas con la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana.

   Según hemos indicado con anterioridad, solamente es apreciable un delito de apropiación indebida cuando el promotor haga suyas las cantidades recibidas y no las emplee en la construcción de las viviendas, que era la finalidad pactada y la única que autorizan la ley y el contrato.

   El incumplimiento de las obligaciones de garantía carece de relevancia penal y sólo puede dar lugar a las pertinentes sanciones administrativas si no va a acompañado de la distracción de los fondos, circunstancia que en este caso ni se ha acreditado ni se ha descrito convenientemente en el relato fáctico.

   El motivo, en consecuencia, debe ser estimado y procede la libre absolución del recurrente, sin necesidad de entrar en el análisis de los restantes argumentos impugnativos.

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales derivadas del recurso de casación.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1. ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Nazario contra la sentencia número 457/2017, de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante , por delito continuado de apropiación indebida, anulando y casando dicha sentencia, que será sustituida por otra más conforme a derecho.

2. DECLARAR de oficio las costas procesales causadas por este recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no existe recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

RECURSO CASACION núm.: 1096/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Segunda Sentencia

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca

D. Alberto Jorge Barreiro

D. Pablo Llarena Conde

Dª. Carmen Lamela Diaz

D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

En Madrid, a 19 de junio de 2019.

Esta sala ha visto la causa 1096/2018, seguida contra la sentencia número 457/2017 de 18 de diciembre de 2017 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante , en su Procedimiento Abreviado 25/2017, por un delito continuado de apropiación indebida, contra Nazario , con DNI NUM001 , nacido en el día NUM002 de 1958 en Tibi (Alicante), hijo de Germán y Virtudes , domiciliado en Castalla (Alicante), sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa y contra Clara . La citada sentencia ha sido recurrida en casación, y ha sido casada y anulada parcialmente por la sentencia dictada en el día de la fecha por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada como se expresa.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.

- Absolver a Nazario de los hechos por los que ha sido condenado en la sentencia número 457/2017, de 18 de diciembre, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante , confirmando la libre absolución de Clara .

- Declarar de oficio las costas procesales causadas en primera instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciendo saber que contra la misma no existe recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Miguel Colmenero Menendez de Luarca Alberto Jorge Barreiro

Pablo Llarena Conde

Dª. Carmen Lamela Diaz D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina