ATS, 7 de Mayo de 2019
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| ECLI | ES:TS:2019:5791A |
| Número de Recurso | 2451/2018 |
| Procedimiento | Recurso de casación para la unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 07/05/2019
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 2451/2018
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Procedencia: T.S.J. ANDALUCÍA SOCIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Transcrito por: MJM/R
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 2451/2018
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
D. Miguel Angel Luelmo Millan
D. Antonio V. Sempere Navarro
En Madrid, a 7 de mayo de 2019.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga.
Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Huelva se dictó sentencia en fecha 11 de noviembre de 2015 , en el procedimiento nº 1060/2014 seguido a instancia de D.ª Rita contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 16 de febrero de 2017 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 28 de septiembre de 2017 se formalizó por la letrada D.ª María Isabel Martínez Díaz en nombre y representación de D.ª Rita , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Con fecha 8 de marzo de 2018 se resolvió por esta Sala recurso de queja interpuesto contra el auto de 19 de octubre de 2017 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que declaraba desierto el recurso de casación para unificación de doctrina, y con estimación de la queja y revocación del auto impugnado se tuvo por formalizado el presente recurso de casación.
Esta Sala, por providencia de 20 de diciembre de 2018, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de relación precisa y circunstancia. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
Se recurre en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia núm. 514/2017 dictada con fecha 16 de febrero de 2017 por la Sala de lo Social, en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que, previa desestimación del Recurso de Suplicación planteado, se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda en la que la parte actora solicitaba la declaración de incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, la de total.
Dicha sentencia, partiendo del indiscutido relato de hechos probados contenido en la de instancia, valorando, por un lado, la profesión habitual que consta acreditada de la actora (ordenanza) y, por otro, poniéndola en relación con las limitaciones funcionales derivadas de las patologías que presenta (en esencia, limitación para el desarrollo de actividades de sobrecargas físicas severas a moderadas), concluye que no procede el reconocimiento de grado alguno de incapacidad permanente, al menos, de los postulados.
En cambio, en la sentencia citada de contraste, la profesión habitual de la demandante era la de empaquetadora y sobre una base diagnóstica de poliartritis en todas las articulaciones, de neurosis depresiva con gran componente angustioso y síndrome post-gastrectomía.
Se obvia el detalle de las patologías que fueron consideradas y evaluadas en la Sentencia recurrida por cuanto que no existe coincidencia alguna entre aquéllas y las referidas en la sentencia de contraste, como por otro lado resulta lógico en materia de incapacidad permanente: más que grados de incapacidad permanente, definidos desde un punto de vista teórico u objetivo, existen personas afectas a cualquiera de los grados de incapacidad permanente legalmente previstos.
En esta línea, la sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado la sala, por citar la más reciente, en STS de 16 de septiembre de 2014 (R. 2431/2013 ). De hecho, en este sentido las SSTS de 23 de junio de 2005 (R. 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social" [ SSTS de 13 de noviembre de 2007 (R. 81/2007 ), 22 de enero de 2008 (R. 3890/2006 ), 17 de febrero de 2010 (R. 52/2009 )].
Por otro lado, y además, el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia, de la Sala IV del Tribunal Supremo o, en su caso, del Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derecho Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, el artículo 224 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del articulo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219.
En el presente supuesto, el escrito de interposición del Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, más allá de citar las sentencias de contraste (inicialmente, tres; sin perjuicio de la posterior opción por una de ellas) se limita a señalar que se "contradice la doctrina establecida en el sentido de que todas las dolencias de origen, hay que valorarlas en conjunto y apreciar que la incapacitan para su labor de auxiliar administrativa formadora cuya tarea principal en trabajar con el ordenador y la limitación de la vista y el nervio en la mano son necesaria para realizar su tarea laboral" (¿¡) .
No cabe entender que dicho escueto, genérico y, hasta cierto punto, confuso planteamiento atienda los requisitos legales citados. Se exige una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala, los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas. Así lo ha venido exigiendo esta Sala en multitud de sentencias, entre las más recientes, de 18 de febrero de 2013 (R. 1078/2012 ), 13 de marzo de 2013 (R. 4346/2011 ), 15 de abril de 2013 (R. 772/2012 ), 16 de abril de 2013 (R. 1331/2012 ), 16 de abril de 2013 (R. 2203/2011 ), 23 de abril de 2013 (R. 622/2012 ), 13 de mayo de 2013 (R. 4432/2010 ), 25 de junio de 2013 (R. 2408/2012 ), 16 de octubre de 2013 (R. 2736/2012 ), 25 de noviembre de 2013 (R. 2797/2012 ), 21 de enero de 2014 (R. 1045/2013 ), 24 de junio de 2014 (R. 1200/13 ) y 18 de diciembre de 2014 (R.2810/2012 ).
La finalidad y fundamento de esta exigencia de análisis pormenorizado o relación precisa o circunstanciada de la contradicción alegada es la garantía de defensa procesal de la parte recurrida, de suerte que ésta pueda apreciar con claridad los términos de un debate que dista mucho de ser simple, al consistir en la comparación de sentencias en la integridad de sus elementos. El análisis o argumento de contradicción ha de consistir, no ya y no sólo en un examen de las doctrinas en que se apoyan las sentencias comparadas, lo que podría corresponder también a la argumentación de infracción legal, sino, sobre todo, de una comparación de las controversias concretas objeto de enjuiciamiento. La comparación de las controversias comporta normalmente un examen individualizado y pormenorizado de los hechos, los fundamentos, pretensiones y decisiones de las sentencias comparadas, dependiendo el detalle exigible de la argumentación del grado de complejidad y casuismo de la cuestión planteada. El análisis de la contradicción de sentencias exige, en su caso, expresar por qué no son relevantes para el correspondiente juicio de contradicción aquellas diferencias entre las sentencias comparadas que en una primera aproximación puedan plantear dudas sobre la concurrencia de este requisito. Así lo ha venido entendiendo esta Sala, entre otras, por citar las más recientes, en SSTS de 24 de septiembre de 2012 (R. 3643/2011 ), 25 de noviembre de 2013 (R. 2797/2012 ), 24 de febrero de 2014 (R. 732/2013 ).
Finalmente y contestando las alegaciones complementarias formuladas por el recurrente -conforme al trámite que le fue concedido mediante providencia de fecha 20 de diciembre de 2018-, nada de lo expuesto introduce ningún factor adicional relevante que permita variar las consideraciones expuestas.
Por lo razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con lo establecido en los arts. 219 y 225 LRJS , sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno de condena en materia de costas a la parte recurrente.
LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D.ª María Isabel Martínez Díaz, en nombre y representación de D.ª Rita contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 16 de febrero de 2017, en el recurso de suplicación número 3208/2016 , interpuesto por D.ª Rita , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de los de Huelva de fecha 11 de noviembre de 2015 , en el procedimiento nº 1060/2014 seguido a instancia de D.ª Rita contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
