ATS 1286/2018, 18 de Octubre de 2018
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2018:11775A |
| Número de Recurso | 10332/2018 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 1286/2018 |
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 1.286/2018
Fecha del auto: 18/10/2018
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P)
Número del procedimiento: 10332/2018
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Procedencia: JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE CORDOBA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
Transcrito por: CMZA/MAM
Nota:
RECURSO CASACION (P) núm.: 10332/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 1286/2018
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Miguel Colmenero Menendez de Luarca
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Antonio del Moral Garcia
En Madrid, a 18 de octubre de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.
Por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Córdoba, se dictó auto de fecha 17 de enero de 2018 en la pieza de refundición de condenas nº 715.02/2012, en el que se acordó que no procedía la acumulación de las penas interesadas por el condenado, sin perjuicio de fijar como límite máximo de cumplimiento el de veinte años de prisión conforme al art. 76 del Código Penal.
Contra dicho auto se interpuso recurso de casación por el Procurador de los Tribunales Don Álvaro Ignacio García Gómez, actuando en representación de Hermenegildo, alegando como motivo infracción de ley.
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión del recurso.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
ÚNICO.- El recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECRIM, vulneración del art. 76 del CP.
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El recurrente formaliza recurso de casación por infracción de ley, si bien efectúa un pormenorizado análisis de los argumentos expuestos en la resolución recurrida y concluye que, dado que la suma de las penas a cumplir alcanzaría los 29 años, 5 meses y 6 días, la decisión de aplicar el límite máximo de 20 años de prisión del art. 76 del Código Penal resulta ajustada a Derecho.
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Recordábamos en la STS 474/2017 que: "La acumulación de condenas, conforme a lo dispuesto en el artículo 988 LECRIM, tiende a hacer reales las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el artículo 76 de dicho Código. Estos límites consisten, de un lado, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido y, de otro lado, en veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, según los casos.
La doctrina de esta Sala ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exigen los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de penas, al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante era la conexidad "temporal", es decir, que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión. En definitiva, lo que se pretende es ajustar la respuesta punitiva en fase penitenciaria, a módulos temporales aceptables que no impidan el objetivo final de la vocación de reinserción a que por imperativo constitucional están llamadas las penas de prisión ( artículo 25 CE) ( SSTS 1249/1997, 11/1998 , 109/1998, 328/1998, 1159/2000, 649/2004, 192/2010, 253/2010, 1169/2011, 207/2014, 30/2014 o 369/2014 entre otras muchas, y Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29 de noviembre 2005).
Estas pautas jurisprudencialmente marcadas se plasmaron en la reforma operada en el artículo 76 CP por la LO 7/2003, a tenor de la cual, "la limitación se aplicará, aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo", y se consolidaron en la de la LO 1/2015.
De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, y los cometidos con posterioridad a tal sentencia. Pues cuando ya se ha dictado una sentencia condenatoria, es claro que los hechos delictivos cometidos con posterioridad a la misma no pudieron ser objeto del proceso anterior en el que aquella recayó, por lo que resulta imposible la acumulación.
La fecha determinante para decidir si procede o no la acumulación es la de la sentencia más antigua en el tiempo. Por ello resulta obligado tomar la misma como punto de partida a la hora de examinar las distintas fechas en que fueron cometidos los hechos enjuiciados en otras causas penales cuyas condenas se pretenden acumular.
En lo que se refiere a la fecha de las sentencias a que ha de atenderse para realizar el cómputo, debe estarse a la de las sentencias iniciales y no a la de la firmeza que eventualmente podría alcanzarse días, semanas o meses después. Partir de la fecha de firmeza acarrea un alargamiento del periodo en el que cabe agrupar las condenas recaídas. Potencialmente es más beneficioso para el condenado; pero no puede ser acogido a tenor del Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2005, pues una vez que se haya dictado sentencia subsiguiente al plenario, ya no resulta posible la acumulación debido a la inviabilidad de enjuiciamiento conjunto. Ha de atenderse por tanto a la fecha de la primera sentencia (y no la de apelación o casación) a los efectos de cómputos y entrecruzamiento de datos cronológicos para decidir sobre la viabilidad de la acumulación ( SSTS 240/2011 de 16 de marzo; 671/2013 de 12 de septiembre; 943/2013 de 28 de diciembre; 155/2014 de 4 de marzo; 654/2015 de 28 de octubre o 819/2016 de 31 de octubre).
En todo caso ha de tratarse de penas privativas de libertad, quedando excluidas las que son de otra naturaleza (entre otras STS 866/2016 de 16 de noviembre). Aunque la circunstancia de que una pena esté previamente ejecutada no es obstáculo para la procedencia de la acumulación si se cumple la exigencia de la conexidad temporal ( SSTS 1971/2000 de 25 de enero de 2001 o la 297/2008 de 15 de mayo) si se excluyen las que se encuentras suspendidas o en trámite de serlo ( SSTS 229/2015 de 15 de abril o 531/2016 de 16 de junio).
El artículo 76.2 CP en su redacción actual tras la reforma operada en el mismo por la LO 1/2015, dispone que las limitaciones que se establecen en el apartado primero se aplicarán, aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos, cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en la que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. Se mantiene, pues, la exigencia según la cual, para que las condenas sean acumulables, se requiere que los hechos por los que han recaído sean anteriores a todas las sentencias que son objeto de la decisión de acumulación.
La nueva redacción del artículo 76.2 CP ha suscitado recientemente la reinterpretación del alcance de la acumulación cuando se trata de penas impuestas en distintos procesos, y determinó la reunión del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 3 de febrero de 2016, que aprobó el siguiente Acuerdo respecto a la interpretación del apartado controvertido: "la acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. - Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello a los efectos del artículo 76.2 CP hay que estar a la fecha de la sentencia dictada en la instancia y no a la del juicio".
A partir de dicho acuerdo y de la jurisprudencia que lo ha desarrollado, en aplicación del artículo 76.2 CP se ha impuesto como norma sustantiva de fondo, que deben excluirse de la acumulación las sentencias relativas a los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, esto es, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; y también las sentencias relativas a hechos posteriores a la que determina la acumulación. Requisito impuesto por el legislador que cumplimenta el objetivo razonable de evitar que los penados puedan llegar a constituir lo que se ha denominado un "patrimonio punitivo" que les permitiría incurrir en nuevas conductas delictivas que no resultaran penadas, o que, aun siendo castigadas, la pena a imponer resultara sustancialmente reducida debido a la acumulación.
Una vez observada esa regla de aplicación ineludible, toda la mecánica o la metodología de acumulación debe ir orientada a obtener la combinación que más favorezca al reo, en el sentido de obtener una acumulación punitiva que le lleve a reducir en la mayor medida posible el remanente punitivo que tenga que cumplir. De modo que, aunque, lógicamente y con el fin de facilitar la labor acumulativa, se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. Operando de esta forma se evitará que el sistema de bloques punitivos acabe siendo un obstáculo formal para que el penado pueda acumular el mayor número de condenas posibles en orden a la reducción de la pena a cumplir ( SSTS la 139/2016 de 25 de febrero; 361/2016 de 27 de abril; 142/2016 de 25 de febrero; 144/2016 de 25 de febrero; 153/2016 de 26 de febrero; 531/2016 de 16 de junio; 572/2016 de 29 de junio o la 874/2016 de 21 de noviembre).
En definitiva, en atención a la finalidad de la norma que aplicamos, orientada a reducir a un límite máximo racional la extensión de la privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un determinado lapso temporal, su razonable interpretación no puede impedir que, tras un primer intento de acumulación, (o varios, en su caso), se acuda a otras distintas posibilidades si resultan más favorables para el penado. Eso sí, siempre respetando el límite legalmente fijado, es decir, que todos los hechos por los que han recaído las distintas condenas sean anteriores a la sentencia más antigua de las que concretamente se acumulan. Se compatibilizan así los intereses generales del sistema que impone la regla ineludible del artículo 76.2 CP con los fines preventivos de la pena que favorecen la reinserción del penado. Criterio finalmente refrendado en el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 27 de junio de 2018, que aprobó el siguiente Acuerdo respecto a la interpretación del apartado controvertido: "en la conciliación de la interpretación favorable del art. 76.2 con el art. 76.1 CP, cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla con el requisito cronológico elegido".
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De acuerdo con lo expuesto, el recurso ha de ser inadmitido.
No se discute que las sentencias susceptibles de acumulación son las siguientes:
CAUSAORGANO SENTENCIADORFECHA SENTENCIAFECHA HECHOSPENA
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Ej. 1358/1999
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Ej. 231/2002
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EJ. 3122/2002
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Ej. 312/2002
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Ej. 4216/2002
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Ej. 5512/2009
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Ej. 1140/2010
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Ej. 564/2010
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Ej. 2715/2012
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
Jdo. Penal Córdoba
13-12-99
18-01-02
03-04-02
08-05-02
16-05-02
10-09-09
11-01-10
28-01-10
06-11-12
29-09-99
01-04-01
02-04-01
17-04-01
01-04-01
28-08-09
24-10-09
25-10-09
28-08-09
2-0-0
1-0-0
0-4-0
5-0-0 3-6-0
0-0-36
0-6-0
3-6-0 1-6-0 2-0-0
3-6-0 3-6-0 2-0-0
1-0-0
La resolución recurrida establece los siguientes bloques:
Uno primero, constituido por una única sentencia (17/12/1999). Un segundo bloque, constituido por las sentencias 2º a 6º, en las que no procede la acumulación por ser perjudicial para el penado. Y un tercer bloque, constituido por dos sentencias cuya acumulación tampoco beneficia al penado.
En su virtud, deniega la acumulación pero fija en 20 años de prisión el tiempo máximo de cumplimiento al amparo del art. 76 del Código Penal.
Aplicando el criterio expuesto en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de 27 de junio de 2018, resulta que se pueden establecer los siguientes bloques.
A la Ejecutoria 1ª número 1358/1999 ( sentencia de 13 de diciembre de 1999) no sería acumulable ninguna otra, porque deben excluirse de la acumulación las sentencias relativas a los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado ( art. 76.2 CP).
En cuanto al resto de Ejecutorias, la 2ª número 231/2002 (1 año de prisión) sería acumulable a la 3ª número 3122/2002 (4 meses de prisión), 4ª número 312/2002 (5 años y 3 años y 6 meses de prisión) y 5ª número 4216/2002 (36 días de prisión), en la que la suma aritmética ascendería a 9 años, 10 meses y 36 días de prisión, siendo el triplo de la mayor de 15 años de prisión. Por tanto, no procedería su acumulación por ser más perjudicial.
A la Ejecutoria 3ª número 3122/2002 (4 meses de prisión) sería acumulable la 4ª número 312/2002 (5 años y 3 años y 6 meses de prisión) y 5ª número 4216/2002 (36 días de prisión), en la que la suma aritmética (8 años, 10 meses y 36 días de prisión) sería más beneficiosa que el triplo de la mayor de 15 años de prisión. Por tanto, no procedería su acumulación.
A la Ejecutoria 4ª número 312/2002 (5 años y 3 años y 6 meses de prisión) sería acumulable la 5ª número 4216/2002 (36 días de prisión), pero, nuevamente, la suma aritmética (8 años, 6 meses y 36 días de prisión) sería más beneficiosa que el triplo de la mayor de 15 años de prisión. Por tanto, no procedería su acumulación.
A la Ejecutoria 5ª número 4216/2002 ( sentencia de 16 de mayo de 2002) no sería acumulable ninguna otra, por no cumplirse el criterio de conexidad.
A la Ejecutoria 6ª número 5512/2009 (6 meses de prisión) sería acumulable la Ejecutoria 9ª número 2715/2012 (1 año de prisión), si bien la suma aritmética (1 año y 6 meses de prisión) sería más beneficiosa que el triplo de la mayor de 3 años de prisión. Por lo que no procedería su acumulación.
La Ejecutoria 7ª número 1140/2010 (3 años y 6 meses; 1 año y 6 meses; y 2 años de prisión) sería acumulable a la 8ª número 564/2010 (3 años y 6 meses; 3 años y 6 meses; y 2 años de prisión) y 9ª número 2715/2012 (1 año de prisión), en la que la suma aritmética ascendería a 15 años y 24 meses de prisión, siendo el triplo de la mayor de 9 años y 18 meses. Por tanto, cabe acceder a su acumulación.
En definitiva, la acumulación de condenas más favorable para el recurrente es la que se produce partiendo de la Ejecutoria nº 7ª, y el total a cumplir, efectuada la acumulación, sería de 20 años, 28 meses y 36 días de prisión y, por tanto, debe confirmarse la aplicación del límite máximo de 20 años de cumplimiento acordado al amparo del art. 76.1 del Código Penal.
Por todo ello, el recurso debe inadmitirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
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LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formulado por la parte recurrente contra el auto dictado por el Juzgado de lo Penal de origen en la causa que consta en el encabezamiento de la presente resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
