ATS, 18 de Junio de 2018
| Ponente | EMILIO FRIAS PONCE |
| ECLI | ES:TS:2018:6790A |
| Número de Recurso | 2108/2017 |
| Procedimiento | Recurso de Casación Contencioso-Administrativo ( |
| Fecha de Resolución | 18 de Junio de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: Primera
Auto núm. /
Fecha del auto: 18/06/2018
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 2108/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce
Procedencia: Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Angeles Moreno Ballesteros
Transcrito por: RCF
Nota:
R. CASACION núm.: 2108/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Angeles Moreno Ballesteros
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: Primera
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente
Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce
D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor
Dª. Ines Huerta Garicano
En Madrid, a 18 de junio de 2018.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce.
El 19 de julio de 2017, por esta Sala y Sección en el recurso de casación RCA/2108/2017, se dictó la siguiente providencia de inadmisión:
La Sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha visto el recurso de casación RCA/2108/2017, preparado por la procuradora doña Paloma Aguirre López, en nombre de don Justo , contra la sentencia dictada el 17 de enero de 2017 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso 18/2016 .
Acuerda su inadmisión a trámite de conformidad con lo previsto en el artículo 90.4.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa [«LJCA»], por carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, sin que, en lo que atañe a la invocación del artículo 88.3 LJCA , letras a) y b), la parte recurrente justifique la concurrencia del presupuesto para que opere la presunción que dicho precepto establece, pudiendo ser inadmitido el recurso mediante providencia ( vid. auto de 30 de marzo de 2017, RCA/266/2016, FJ 2º, y los que en él se citan).
Todo ello con imposición de las costas causadas a la parte recurrente, con el límite máximo de 2.000 euros ( artículo 90.8 LJCA ).
Lo acuerda la Sección y firma el Magistrado Ponente. Doy fe.
.
Instada la tasación de costas por la Administración General del Estado, presentó minuta de su Abogado del Estado, por importe de 2.000 euros.
Practicada la tasación de costas el 19 de octubre de 2017, fue incluida de forma íntegra dicha minuta.
La representación procesal de don Justo , presentó escrito impugnado la tasación de costas por considerarla indebida y, subsidiariamente, excesivos los honorarios del Abogado del Estado, toda vez que éste no ha tenido ninguna intervención que le permita repercutir las costas y, en segundo lugar, por cuanto la referencia al estudio del escrito de preparación es de todo punto innecesaria, ya que no ha existido fase procesal alguna que requiera de dicho estudio, por lo que de no considerarse indebida, lo que no puede en ningún caso es justificar el importe de la minuta.
La Abogacía del Estado se opuso a la impugnación deducida de contrario, alegando, en primer lugar, que la Sala ya recoge la condena al recurrente al pago de las costas procesales, lo que conlleva el derecho de la parte recurrida a solicitar en las que ha incurrido por su actuación, actuación que en el caso de la representación del Estado es obligada por ley.
En segundo lugar, y con respecto a la impugnación por excesivas, señala el Abogado del Estado que la minuta presentada se ajusta estrictamente a la cuantía fijada en Providencia de 19 de julio de 2017 por el que se acuerda la inadmisión del recurso de casación, añadiendo que, salvo circunstancias excepcionales, cuando se fija una cuantía como máxima a favor del letrado favorecido por una condena en costas la misma no puede ser discutida en el incidente de tasación de costas, en razón a que el Tribunal ya prefijó su importe. Interesa el dictado de resolución que desestime la impugnación cursada de contrario.
La Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala y Sección, dictó en fecha de 23 de abril de 2018 Decreto que desestimó la impugnación de la tasación de costas planteada, indicando en su Fundamento de derecho Único que «La tasación de costas de 19 de octubre de 2017 ha sido practicada en cumplimiento de lo acordado en la providencia de inadmisión del recurso de fecha 19 de Julio de 2017. En dicha providencia se condena en costas al recurrente con el límite máximo de 2.000,00 euros por todos los conceptos ( artículo 90.8 L.J.C.A .). Luego, es conforme a derecho, porque si la citada providencia se refiere a esa cantidad máxima ya está valorando y admitiendo la validez de la minuta que se presenta dentro de la cantidad máxima, obviamente lo que no impide que el favorecido por esa declaración pueda solicitar una cantidad inferior, pero si solicita esa cantidad máxima se está cumpliendo lo dispuesto en la providencia y no se puede alterar si no es impugnando la providencia. Auto del Tribunal Supremo 9 de Julio de 2009 , y demás jurisprudencia y artículo 139 L.J.C.A ..»
El artículo 243.2 LEC establece que no se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito; y el artículo 245.2 dispone que la impugnación podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos. En el presente supuesto, se solicita que se declaren indebidas las partidas mencionadas en la minuta del abogado defensor de la administración.
Pues bien, resulta con claridad de la referida minuta firmada el 18 de octubre de 2017, que la única partida que fue incluida en la misma fue precisamente la referida a su intervención en el recurso de casación 2108/2017, actuación procesal -escrito de personación y oposición a la admisión fechado en 1 de junio de 2017- cuya acreditación resulta indiscutible e indiscutida, por lo que no cabe tachar de indebida la partida reclamada y tasada en relación con la misma.
Por otra parte, la cantidad de 2.000 euros que figura en la minuta presentada, y acogida por la tasación efectuada por la Sra. Letrada, está en el límite fijado en la providencia de 19 de julio de 2017, como cantidad máxima a abonar por la parte recurrente a la parte recurrida, limitación que se estableció de conformidad con el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción (BOE de 14 de julio) [«LJCA»] en concordancia con el artículo 90.8 del mismo texto legal .
Sentada esta premisa, la cuestión suscitada en el presente recurso es la de si, fijado en la providencia un límite máximo de la condena en costas, puede entenderse excesiva una minuta que no lo sobrepasa.
Pues bien, reiterada jurisprudencia de esta Sala [véanse los autos de 22 de junio de 2006 (casación 4987/2001 ); 26 de septiembre de 2008 (casación para unificación de doctrina 68/2002 ); 16 de octubre de 2008 (casación 4609/2002 ); 9 de julio de 2009 (casación 1863/2006 ); 14 de julio de 2010 (casación 4534/2004 ); y 2 de junio de 2016 (casación 537/2015 )] ha señalado que la fijación en resolución de la cuantía de las costas que pueden ser reclamadas por la parte beneficiada de las mismas, conforme al artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , hace inviable la reducción de la misma, ya que la Sala, al fijarlas, tomó en consideración la importancia del asunto y el trabajo realizado por el letrado de la parte que las ganó.
En el presente caso, no concurre ningún elemento que, de modo excepcional, permita acceder a lo solicitado por la parte condenada al pago de las costas, habida cuenta de los argumentos que sustentan su impugnación.
Recuérdese que, como ha dicho esta sala reiteradamente (por todos, Auto de la Sección Primera de esta Sala, de 20 de noviembre de 2014, dictado en el recurso de revisión 52/2012 ):
Por otra parte, constituye doctrina reiterada de esta Sala (por todos, AATS de 10 de julio de 2008 -recurso de casación 5784/2004 - y de 11 de noviembre de 2011 - recurso de casación 5572/2008 -) que, salvo circunstancias excepcionales, cuando se fija una cuantía como máxima a favor del Letrado favorecido por una condena en costas la misma no puede ser discutida en incidente de tasación de costas, en razón de que el Tribunal ya prefijó su importe. En este caso, las razones alegadas son insuficientes para reducir la cuantía de las costas establecida en la sentencia y, si bien es cierto que esa cantidad se fijó como cantidad máxima (lo que no excluye que, en ciertos y justificados casos, el importe final haya de señalarse en cantidad menor) también lo es que, en el presente caso, no se da ninguna circunstancia que imponga una modificación pues la naturaleza del asunto y el trabajo desarrollado por el Abogado del Estado son las razones tenidas en cuenta al fijar la cuantía máxima de las costas en la propia sentencia siguiendo el criterio expresado para asuntos similares, pues el que refleja el Colegio de Abogados en su dictamen es meramente orientativo y no vinculante para esta Sala
.
Procede, por tanto, desestimar el recurso de revisión y, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley de esta jurisdicción , imponer las costas a la parte impugnante, si bien, la Sala haciendo uso de la facultad que le otorga el apartado 3 del mismo precepto, fija en 300 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos.
LA SALA ACUERDA: : Desestimar el presente recurso de revisión, imponiendo las costas a la parte recurrente, con el límite expresado en el último fundamento jurídico.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor Dª. Ines Huerta Garicano
