ATS 710/2018, 19 de Abril de 2018
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 19 Abril 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala segunda, (penal) |
| Número de resolución | 710/2018 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 710/2018
Fecha del auto: 19/04/2018
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 197/2018
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral Garcia
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona (Sección nº 21)
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
Transcrito por: CFSC/MAC
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 197/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral Garcia
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 710/2018
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Miguel Colmenero Menendez de Luarca
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Antonio del Moral Garcia
En Madrid, a 19 de abril de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral Garcia.
Por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección nº 21), se ha dictado sentencia de 7 de noviembre de 2017 , en los autos del Procedimiento Sumario 2/2015, que derivan del Sumario 2/2014, del Juzgado de Instrucción número 5 de Vilanova i la Geltru, por la que se absuelve a Cesar del delito de lesiones por el que ha sido acusado.
Contra la citada sentencia, Íñigo , bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales D. Raúl Sánchez Vicente, formula recurso de casación, alegando, como motivos, en primer lugar al amparo del art. del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley por inaplicación del art 149 del Código Penal ; y error en la valoración de la prueba, y en segundo lugar la vulneración del art. 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por quebrantamiento de forma.
En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal y el acusado absuelto, a través de escrito presentado por el Procurador D. Jorge Deleito García, se opusieron al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal, ha sido designado ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio del Moral Garcia.
En el motivo primero, formalizado al amparo del art. 849.2 LECrim ., se invoca error en la apreciación de la prueba.
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La parte recurrente cuestiona la absolución acordada respecto de Cesar dadas las pruebas practicadas.
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Es preciso destacar la doctrina del Tribunal Constitucional que, al analizar el control de constitucionalidad en materia de recursos de amparo contra sentencias absolutorias, en sentencias 45/2005 de 28.2 , 145/2009 de 15.6 , ha recordado que "la víctima de un delito no tiene un derecho fundamental a la condena penal de otra persona, sino que meramente es titular del ius ut procedatur , es decir del derecho a poner en marcha un proceso, sustanciado de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho, que ha sido configurado por este Tribunal como una manifestación especifica del derecho a la jurisdicción (por todas, SSTC 31/96 de 27.2 , 16/2001 de 29.1 ) y que no se agota en un mero impulso del proceso o mera comparecencia en el mismo, sino que de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso ( SSTC 218/97 de 4.12 , 138/99 de 22.7 , 215/99 de 29.11 ). Y, por consiguiente, el análisis y la declaración de vulneración de los derechos procesales invocados es ajeno a la inexistencia de un derecho de la víctima del proceso penal a la condena penal de otro y ha de efectuarse tomando como referente el canon de los derechos contenidos en los artículos 24.1 y 2 C .E.".
Por ende, la función de este tribunal se limita a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el ius ut procedatur del justiciable que ha solicitado protección penal de los derechos que las Leyes en vigor reconocen. Supuesto este en que sí es posible declarar la nulidad de la sentencia penal absolutoria al haber sido dictada en el seno de un proceso penal sustanciado con lesión de las más esenciales garantías procesales de las partes, pues toda resolución judicial ha de dictarse en el seno de un proceso, respetando en él las garantías que le son consustanciales ( SSTC 215/99 de 29.11 , 168/2001 de 16.7 ), o en fin, por poder incurrir la sentencia absolutoria en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, no satisfaciendo así las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 45/2005 de 8.2 ).
En efecto, las sentencias absolutorias, en relación con la constatación de la inexistencia de arbitrariedad o error patente, precisan de una motivación distinta de la que exige un pronunciamiento condenatorio, pues en estas últimas es imprescindible que el razonamiento sobre la prueba conduzca como conclusión a la superación de la presunción de inocencia. Como se decía en la STS nº 1547/2005, de 7 de diciembre , la necesidad de motivar las sentencias se refiere también a las absolutorias, "De un lado porque la obligación constitucional de motivar las sentencias contenida en los artículos 24.2 y 120.3 de la Constitución , así como en las Leyes que los desarrollan, no excluyen las sentencias absolutorias". "De otro, porque la tutela judicial efectiva también corresponde a las acusaciones en cuanto al derecho a una resolución fundada". "Y de otro, porque la interdicción de la arbitrariedad afecta a todas las decisiones del poder judicial, tanto a las condenatorias como a las absolutorias, y la inexistencia de tal arbitrariedad puede ponerse de manifiesto a través de una suficiente fundamentación de la decisión".
Sin embargo, no puede dejarse de lado que las sentencias absolutorias no necesitan motivar la valoración de pruebas que enerven una presunción existente a favor del acusado, contraria a su culpabilidad. Antes, al contrario, cuentan con dicha presunción, de modo que, en principio, para considerar suficientemente justificada una absolución debería bastar con la expresión de la duda acerca de si los hechos ocurrieron como sostiene la acusación. O, si se quiere, para ser más exactos, de una forma que resulte comprendida en el relato acusatorio. Pues de no ser así, no sería posible la condena por esos hechos.
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En síntesis, los hechos declarados probados relatan que Cesar es portador del VIH, desde el año 2002 y mantuvo una relación sentimental con Íñigo (recurrente) entre julio y noviembre de 2008, sin informarle de que era seropositivo. A pesar de ello mantenían relaciones sexuales con preservativo, pero en el mes de septiembre en una ocasión éste se rompió.
En noviembre de 2008 Íñigo se enteró de que Cesar era portador de dicho virus y decidió romper la relación por ello y por una infidelidad de éste. En el mes de noviembre Íñigo se somete a las pruebas detección del VIH dando resultado negativo. Nuevamente se sometió a dichas pruebas en el mes de marzo de 2009 dando como resultado positivo. No se acredita que el procesado contagiara del virus al recurrente.
El Tribunal de instancia se fundamentó para dictar sentencia absolutoria en varias pruebas, que se detallan en la sentencia dictada, y que justificarían el factum transcrito, así como el pronunciamiento absolutorio acordado. El Tribunal de instancia detalla que de los informes médicos obrantes en la causa, y que fueron ratificados en el acto de la vista, no se puede establecer el nexo causal directo entre la situación de riesgo (coito anal con eyaculación y rotura de preservativo) y el contagio del VIH.
En consecuencia, el Tribunal expuso de manera lógica las razones probatorias para adoptar un pronunciamiento absolutorio.
Con este acervo probatorio, el Tribunal de instancia consideraba que no se había practicado prueba bastante para justificar un pronunciamiento condenatorio. De ello, se desprende que la Audiencia ha dado cumplimiento a su deber de motivación y, al tiempo, ha dado satisfacción, paralelamente, al derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las partes. Los razonamientos de la Sala de instancia se compadecen con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, sin que puedan calificarse de arbitrarios ni tendenciosos.
Por otro lado, cabe añadir, asimismo, que conforme a una jurisprudencia reiterada de esta Sala -en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos-, no es posible revocar en esta instancia un fallo absolutorio con base en una nueva valoración de las pruebas practicadas, que es, en definitiva, lo que pretende la recurrente.
Por todo lo expuesto, procede la inadmisión del presente motivo, de conformidad con lo que determina el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
A) En el motivo segundo, formalizado al amparo del art. 850.1 LECrim ., se invoca quebrantamiento de forma por haberse denegado diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma y que la parte estimaba pertinentes, en concreto dos testificales, la cuales fueron admitidas en el auto de señalamiento del juicio oral. Ante su incomparecencia, previa protesta, el órgano sentenciador no acordó la suspensión del juicio oral.
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Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la de esta Sala -cfr. Sentencias de 26 de marzo y 4 de diciembre de 2001 , por todas- señala en este sentido que no se produce la vulneración del derecho fundamental cuando la prueba es rechazada, aun siendo pertinente, porque su contenido carece de capacidad para alterar el resultado de la resolución final cuando, por las demás pruebas existentes sobre los mismos hechos, el punto concreto de que se trata se halla sobradamente acreditado, es decir, porque la omisión del medio propuesto en ningún caso podría tener influencia en el contenido del fallo. Constante jurisprudencia de esta Sala, cfr. por todas, Sentencia de 9 de junio de 2001 , ha señalado una serie de requisitos para la viabilidad del motivo que en la denegación de prueba se funde:
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) Que la prueba haya sido pedida en tiempo y forma en el escrito de conclusiones provisionales de quien la solicitó,
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) Que esté relacionada con el objeto del proceso y sea útil, es decir, con virtualidad probatoria relevante respecto a extremos fácticos objeto del mismo,
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) Que la prueba propuesta sea denegada,
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) Que sea posible su realización por no haber perdido aún capacidad probatoria, y,
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) Que ante la denegación de su práctica se formule protesta por su proponente.
Ha de tenerse en cuenta, además, que aunque sea pertinente la prueba, su rechazo sólo será improcedente, cuando sea además necesaria es decir, con capacidad para haber alterado el sentido de la resolución luego recaída, y para valorar el efecto de la denegación, habrá de tenerse en cuenta la motivación ofrecida por el tribunal al denegarla.
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Ciñéndonos al caso de autos, el tribunal de instancia se dio por suficientemente instruido a la vista del resto de pruebas practicadas en el acto del juicio oral, pese a la ausencia de declaración de los testigos propuestos, deviniendo innecesaria tal diligencia. Después de la práctica de las pruebas admitidas, el órgano sentenciador no consideró necesaria la suspensión del juicio oral para la práctica de esa testifical que previamente se había considerado pertinente.
A mayor abundamiento, en la denuncia del quebrantamiento de forma, no se ha señalado por el recurrente la utilidad ni relevancia de dicha prueba, sin que se alcance a vislumbrar el cambio de signo de la resolución combatida en el caso de haberse admitido, no siendo previsible una alteración del fallo de la sentencia de instancia.
El motivo se debe inadmitir por falta de fundamento de conformidad con el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
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LA SALA ACUERDA : NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Se declara la pérdida del depósito de la recurrente, acusadora particular, si lo hubiere constituido.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
