ATS, 11 de Junio de 2018

1. El procurador don Ricardo Manuel Martín Pérez, en representación de MAFECO ASESORES, S.L., el 5 de febrero de 2018 presentó un escrito preparando recurso de casación contra la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2017 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso 1647/2013 , en materia del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados [«IAJD»].

2. Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como normas infringidas: (i) el artículo 131.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) [«LGT»]; (ii) el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOE de 20 de octubre) [«LITPAJD»]; (iii) artículos 30.1 LITPAJD , 69.1 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados [«RITPAJD»] y 31 de la Constitución [«CE»].

3. Expone que las infracciones que denuncia han resultado relevantes y determinantes para la decisión adoptada en la sentencia que impugna, en la medida en que: (i) respecto del artículo 131.c) LGT , la sala de instancia considera adecuado un procedimiento de verificación de datos, ignorando que no puede emplearse en la comprobación de una tributación respecto de la que existen discrepancias jurídicas o de la que quepan diferentes interpretaciones; (ii) en cuanto al artículo 31.2 LITPAJD , la sala a quo decidió que las escrituras públicas de prórroga del plazo de opción de compra tienen un contenido evaluable; (iii) en relación con los artículos 30.1 LITPAJD, 69 RITPAJD y 31.1 CE , por cuanto cuantifica la base imponible (FD 4º) no a la vista del contenido del propio documento que grava - esto es la escritura de prórroga -, sino por remisión a la inicial opción de compra (" la base imponible corresponderá al valor del derecho que se constituye, el valor declarado del negocio que se escritura que en el presente litigio es el valor de la opción de compra de los terrenos a reparcelar ").

4. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia por las siguientes razones:

4.1. La sentencia recurrida ha fijado, ante situaciones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas del Derecho estatal contradictoria con la establecida por otros órganos de esta jurisdicción [ artículo 88.2.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción (BOE de 14 de julio) -«LJCA»-], en particular en lo concerniente a la interpretación del artículo 131.c) LGT y los límites del procedimiento de verificación de datos. Cita las siguientes sentencias:

(i) Del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid, en sentencia de 26 de junio de 2015 (recurso contencioso-administrativo 1369/2012 ; ES:TSJCL:2015:3005);

(ii) Del mismo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero por su Sección Cuarta, en sentencia de 8 de julio de 2016 (recurso contencioso-administrativo 777/2015 ; ES:TSJCV:2016:3110); y

(iii) Del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 26 de octubre de 2016 (recurso contencioso-administrativo 8/2016 ; ES:TSJPV:2016:3266).

De igual modo, entiende que concurre esta misma circunstancia en relación con la interpretación del artículo 31.2 LITPAJD a la que llega la sala de instancia, al considerar que la operación de prórroga del plazo del derecho de opción de compra tiene un contenido económico, que resulta totalmente opuesta con la realizada por la Sección Cuarta de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 7 de junio de 2017 (recurso contencioso- administrativo 194/2016 ; ES:TSJCV:2017:3389).

4.2. En lo concerniente a la interpretación del artículo 131.c) LGT , l a sentencia impugnada afecta a un gran número de situaciones y transciende el hecho concreto resuelto por ella [ artículo 88.2.c) LJCA ], por cuanto la controversia planteada trasciende de la mera búsqueda de una pretensión subjetiva, ya que se trata de fijar la interpretación de una norma a efectos de asegurar su aplicación uniforme, tratándose de un precepto que regula los límites de la Administración para iniciar un procedimiento tributario, lo que, en sí mismo, demuestra tal afectación.

4.3. La sentencia discutida ha resuelto el litigio interpretando y aplicando preceptos sobre los que no existe jurisprudencia [ artículo 88.3.a) LJCA ], puesto que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre:

(i) los límites establecidos en el artículo 131.c) LGT para iniciar un procedimiento de verificación de datos y la interpretación de qué debe entenderse por aplicación indebida de las normas que resulte patente; y

(ii) si, conforme al artículo 31.2 LITPAJD , tiene contenido económico evaluable una escritura pública que documente una ampliación o prórroga de plazo para el ejercicio de un derecho y en la que, exclusivamente, se modifica dicho plazo, manteniéndose inalterados el resto de elementos del negocio inicial. Y, en caso de tenerlo, con arreglo a los artículos 30.1 LITPAJD y 61.1 RITPAJD, cuál sería su base imponible, sin contravenir el artículo 31.1 CE .

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 7 de febrero de 2018 , emplazando a la parte recurrente, que ha comparecido ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA . De igual modo, como recurridas, lo han hecho dentro del mismo plazo la Generalidad Valenciana y la Administración General del Estado que se ha opuesto a la admisión del recurso por entender que no concurren los requisitos exigidos por el artículo 89 LJCA . En particular, porque versa sustancialmente sobre cuestiones de hecho apreciadas por la Sala, excluidas del recurso de casación ( artículo 87.bis LJCA ) y porque la infracción que se señala de normas jurídicas no es tal y no es relevante del fallo de la sentencia recurrida. Finalmente, considera que al ser un caso concreto en valoración de prueba no concurre supuesto de interés casacional objetivo ni la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce, .

1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA ), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86 LJCA , apartados 1 y 2) y la parte recurrente se encuentra legitimada para interponerlo, por haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA ).

2. El escrito de preparación acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, identifica con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que considera infringidas, oportunamente alegadas en la demanda y consideradas por la sentencia, y justifica que las infracciones imputadas a esta última han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 LJCA , letras a), b), d) y e)].

3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia porque la Sala de instancia fija, para situaciones sustancialmente iguales, una doctrina contradictoria con la sostenida por otros órganos jurisdiccionales [ artículo 88.2.a) LGT ] y que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) LGT ]; además de resolver interpretando y aplicando normas sobre las que no existe jurisprudencia [ artículo 88.3.a) LJCA ], razonando suficientemente la conveniencia de un pronunciamiento por parte de este Tribunal [ artículo 89.2.f) LGT ].

Del expediente administrativo y del procedimiento seguido en la instancia se obtienen, en lo que ahora interesa, los siguientes hechos:

1. ) La Administración tributaria inició un procedimiento de verificación de datos en relación con el IAJD de la mercantil recurrente, respecto de unas escrituras públicas de prórroga del derecho de opción de compra (por un plazo de 4 años, que vencía en 2008), que debió ser modificado como consecuencia de la demora de la tramitación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico. En relación con dichas escrituras, fueron autoliquidadas por la recurrente, a los efectos del IAJD, cuota gradual, como exentas.

2. ) Planteada reclamación económica administrativa, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia resolvió su desestimación, confirmando la regularización practicada, al entender que la ampliación del plazo del ejercicio de una opción de compra está sujeto al ITPAJD, en su modalidad de actos jurídicos documentados.

3. ) Interpuesto recurso contencioso-administrativo es desestimado en la sentencia contra la que se dirige este recurso de casación. La sala de instancia razona (FD 3º), en lo que se refiere a la infracción del artículo 131.c) LGT , lo siguiente:

[...]

El art. 57.1 LGT establece que "el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los siguientes medios", relacionándose a continuación éstos y previéndose, en el apartado 4 del mismo artículo, el procedimiento contemplado al efecto en los arts. 134 y 135 de dicha ley .

Por su parte, el art. 131 c) LGT , relativo al procedimiento de verificación de datos, dispone que éste se inicie cuando la Administración "aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma".

La base tributaria tenida en cuenta por el órgano de gestión tributaria fue proporcionada por la actora a partir de los datos aportados en su autoliquidación y, en particular, de las escrituras de prórroga del contrato de opción de compra, sin acudir a ninguna comprobación añadida. No se precisaba, pues, del procedimiento de comprobación limitada o de valores previsto en el citado art. 57 LGT , ya que se estaba ante una discrepancia sobre la interpretación de la normativa aplicable, y a los fines de dirimirla bastaba con el procedimiento de verificación de datos, pues los datos estaban claros y la controversia jurídica era patente

.

En lo que se refiere al fondo del asunto, en el que se suscita la cuestión de si el otorgamiento de las escrituras de prórroga de la opción de compra son operaciones sujetas y no exentas al IAJD, fija el criterio de que la operación queda sujeta, pues «si contrato inicial de opción de compra el plazo era un elemento esencial del convenio entre las partes, el hecho de estar próxima su caducidad y la decisión de las partes de prorrogar el plazo mediante su protocolización documental, supone una operación realizada en escritura pública, que constituye primera copia de documento notarial, con un contenido valuable, inscribible en el Registro de la Propiedad y no sujeto al ISD, al ITPO ni a al IOS, conforme al art. 31.2 del RDLeg 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante TRLITPAJD)» (FD 3º). Cita, en particular, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2002 (casación 2363/1997 , ES:TS:2002:4397), de 24 de octubre de 2003 ( casación en interés de Ley 67/2002, ES:TS:2003:6572) y de 20 de junio de 2016 (casación 2311/2015 , ES:TS:2016:2819). En la primera de ellas se declaró que «[...] conforme se ha dicho antes y ha sido constante invariable en la jurisprudencia de esta Sala, el IAJD tiene por hecho imponible la mera formalización notarial de actos que tengan por objeto cantidad o casa valuable, sean inscribibles en el Registro de la Propiedad o en el Mercantil y no estén sujetos al Impuesto sobre Sucesiones o a las modalidades tributarias de Transmisiones Patrimoniales Onerosas u Operaciones Societarias, según establece el art. 31.2 del Texto Refundido del ITP y AJD , aquí aplicable, y reitera el homólogo precepto del Texto Refundido vigente de 24-9-1993».

Igualmente, en la sentencia de octubre de 2003 se dice en su FD 3º: «En efecto, lo que se somete al gravamen, según el art. 27 del Texto Refundido, son los documentos notariales, mercantiles y administrativos y en el caso de los primeros, lo único que exige el art. 32.2para las primeras copias de escrituras es que 'tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y no (estén) sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los apartados 1 y 2 del art. 1 de esta Ley ', esto es, a transmisiones patrimoniales y a operaciones societarias. La Sentencia de esta Sala, fijando doctrina legal, en recurso de casación en interés de la Ley, de 4-12-1997-que el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal invocan en sus alegaciones en apoyo de la tesis de la recurrente- a la que ha de sumarse la de 25-1-2002, dictada en una casación ordinaria, señala que la inscripción en los Registros Públicos (el de la Propiedad, el Mercantil y el de la Propiedad Industrial, a los que ha de añadirse, como parte del primero, el de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento) otorga al titular registral un conjunto de garantías que el ordenamiento jurídico concede a determinados actos en razón de la forma notarial adoptada y que constituyen -dichas especiales garantías registrales- la finalidad del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, sin que esa justificación del impuesto lo convierta en una tasa por la prestación de un servicio, como llega a argumentar la Sala en la Sentencia recurrida, pues tanto la edificación, los préstamos concertados para financiarla y su distribución entre los pisos y locales, como el otorgamiento de las correspondientes escrituras y su eventual inscripción en el Registro de la Propiedad, forman parte del tráfico inmobiliario, cuya seguridad beneficia a todos y especialmente a cuantos intervienen en él, participando de la riqueza que produce».

Por último, en relación con la base imponible, señala que «la base imponible corresponderá al valor del derecho que se constituye, el valor declarado del negocio que se escritura, que en el presente litigio es el valor de la opción de compra de los terrenos a reparcelar, lo que debe implicar la conformidad a derecho de la actuación liquidatoria cuestionada, sin que por ello se aprecie vulneración del principio de confianza legítima ni del de buena fe pues la exigencia de los tributos por la Administración autonómica se la realizado con sujeción a la legalidad tributaria» (FD 3º).

1. La recurrente considera infringidos los artículos 131.c) LGT («[...] La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos en los siguientes supuestos: [...] c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma») y el artículo 31.2 LITPAJD («[...] Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley , tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma.

Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos»).

2. Habida cuenta de los términos del debate, son dos las cuestiones nucleares que suscita este recurso de casación. En primer lugar, determinar si conforme al artículo 131.c) LGT , resulta ajustado a Derecho la tramitación de un procedimiento de verificación de datos para un supuesto de prórroga del ejercicio de un derecho de opción de compra o, por el contrario, excedería de sus límites, exigiéndose, al menos, uno de comprobación limitada, interpretando qué debe entenderse por la expresión "aplicación indebida de las normas que resulte patente", contenida en ese precepto.

   En segundo lugar, precisar si la inclusión en una escritura pública de una ampliación o prórroga del plazo para el ejercicio de un derecho, modificándose únicamente el plazo, determina el carácter evaluable del acto y su consiguiente sujeción al ITPAJD, en su modalidad de actos jurídicos documentados.

3. Tales cuestiones presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, porque las normas que sustentan la razón de decidir de la sentencia discutida no han sido nunca interpretadas por el Tribunal Supremo para una situación de hecho como la contemplada en el litigio [ artículo 88.3.a) LJCA ], por lo que resulta conveniente un pronunciamiento que las esclarezca.

4. Por otra parte, esta Sala de admisiones ha dictado el auto de 9 de mayo de 2018 (RCA/618/2018 ; ES:TS:2018:4953A), donde se plantean las mismas cuestiones con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

5. La concurrencia de interés casacional objetivo por la razón expuesta hace innecesario determinar si concurren las restantes alegadas por la recurrente en el escrito de preparación del recurso para justificar su admisión.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en relación con el artículo 90.4 LJCA , procede admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, las cuestiones descritas en el punto 2 del fundamento jurídico anterior.

2. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son los artículos 131 LGT y 31.2 LITPAJD .

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA , este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA , y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA , remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

determinar si conforme al artículo 131.c) de la Ley General Tributaria , resulta ajustado a Derecho la tramitación de un procedimiento de verificación de datos para un supuesto de prórroga del ejercicio de un derecho de opción de compra o, por el contrario, excedería de sus límites, exigiéndose, al menos, uno de comprobación limitada, interpretando qué debe entenderse por la expresión "aplicación indebida de las normas que resulte patente", contenida en ese precepto.

Segundo: precisar si la inclusión en una escritura pública de una ampliación o prórroga del plazo para el ejercicio de un derecho, en la que se modifica únicamente el plazo, determina el carácter evaluable del acto y su consiguiente sujeción al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en su modalidad de actos jurídicos documentados.

3. ) Identificar cono normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 131 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ; y 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

4. ) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5. ) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

6. ) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.

Así lo acuerdan y firman.

D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo

D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez

D. Jose Maria del Riego Valledor Dª. Ines Huerta Garicano