ATS, 23 de Mayo de 2018
| Ponente | FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS |
| ECLI | ES:TS:2018:5376A |
| Número de Recurso | 393/2016 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 23/05/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 393/2016
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 3 DE GRANADA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: AGS/rf
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 393/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 23 de mayo de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
La representación procesal de don Urbano interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada, con fecha de 4 de diciembre de 2015, por la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3.ª), en el rollo de apelación n.º 492/2015 , dimanante de los autos de incidente concursal n.º 951.02/2010 del Juzgado de lo mercantil n.º 1 de Granada.
Mediante diligencia de ordenación de 1 de febrero de 2016 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, el procurador don Ricardo Ludovico Moreno Martín-Rico, en nombre y representación de don Urbano , presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrente. El procurador don José Luis Fernández Madero, en nombre y representación de La Sabika Promociones, S.A., presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrida. La administración concursal de La Sabika Promociones, S.A., presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrida.
Por Providencia de 4 de abril de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Mediante escrito de 18 de abril de 2018, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad con las causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .
Los presentes recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, tramitado por razón de la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
La representación procesal de don Urbano , demandado y apelante, ha interpuesto recurso de casación, en su modalidad de interés casacional, por oposición a la doctrina del Tribunal Supremo. El recurso se funda en un motivo único.
En efecto, el motivo del recurso de casación se funda en la infracción del art. 5 CC y en la oposición a la doctrina de la sala, con cita, entre otras, de las SSTS 41/2009, de 22 de enero , 861/2000, de 28 de septiembre , en cuanto que la aplicación de los plazos civiles, de fecha a fecha, descarta la aplicación de los plazos procesales.
En el presente caso, el recurso de casación ha de ser inadmitido, por cuanto el motivo único en que se articula el recurso de casación, incurre en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional, por oposición a la doctrina jurisprudencial de la sala ( art. 477.2 y art. 483.2.3.º ambos LEC ).
Debe recordarse que la función de control en la interpretación y aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial que cumple el recurso de casación, exige que las cuestiones jurídicas que se planteen respeten los hechos o base fáctica de la sentencia impugnada, sin que puedan mutilarse, ser sustituidos ni adicionados con otros no tenidos en cuenta de forma explícita o implícita por la sentencia recurrida ( SSTS 690/2012, de 21 de noviembre , y 616/2012, de 23 de octubre ).
En efecto, el recurso se funda en la infracción del art. 5 CC y de la doctrina de la sala, en cuanto al funcionamiento de los plazos civiles, fijados de fecha a fecha. De forma que, habiéndose ejercitado la acción prevista en el art. 85.2 LSC, en relación a la responsabilidad del ahora recurrente como transmitente de las acciones, la acción estaría caducada al tiempo en que la administración concursal formuló la demanda.
Ahora bien, la sentencia recurrida razona que:
Considera el demandado que como la venta de las acciones se produjo por documento de 3 de noviembre de 2009, a la fecha de interposición de la demanda el 5 de noviembre de 2012 ya habían transcurrido los tres años para el ejercicio de la acción de responsabilidad del transmisor de las acciones, pues el plazo debe computarse de fecha a fecha, de conformidad con lo previsto en el art. 5 del CC , sin que puedan aplicarse al cómputo de los plazos civiles las normas específicas para el cómputo de los plazos procesales.
Excepción que entendemos no puede prosperar, desde el momento en que está acreditado que el día en que vencía el plazo para el ejercicio de la acción era sábado y el siguiente domingo, al ser inhábiles para la presentación de escritos y demandadas, necesariamente, plazo debía ampliarse hasta el lunes 5 de noviembre de 2012, presentándose de esta forma la demanda dentro de plazo legal. Todo ello, de conformidad con la jurisprudencia del TS que recoge la sentencia que indica la parte actora al oponerse al recurso de 11 de julio de 2011 (rec: 1247/2008 )
.
Con lo que no se contradice la doctrina de la sala, que en STS 538/2011, de 11 de julio , pone de manifiesto:
La cuestión jurídica planteada por la parte recurrente en sus motivos primero y segundo, alegando infracción del artículo 5 del Código Civil por no existir una aplicación estricta de este artículo y permitir la ampliación del plazo a través de la aplicación del artículo 135.1 de la LEC ha sido resuelta por esta Sala en sentencia de 29 de abril de 2009 (RC núm. 511/2004 ) y reiterada por las sentencias de 30 de abril y 28 de julio de 2010 ( RC núm. 1688/2006 y 788/2007 ).
Los argumentos utilizados en la primera de las sentencias citadas son los siguientes:
»(i) Esta Sala ha reiterado la diferencia existente entre plazos procesales y sustantivos al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción ( SSTS 1 de febrero 1982 ; 22 de enero de 2009 ).
»(ii) El artículo 135 de la LEC permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día siguiente hábil al del vencimiento, regla prevista para plazos procesales y no para los sustantivos, en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado.
»(iii) La acción judicial que pone en movimiento el derecho se materializa a través de la presentación de una demanda, que es un acto procesal sujeto a normativa procesal. El problema no es tanto de plazos, pues su computación no se ve alterada, ni se prolongan los días de los que dispone el interesado sino de permitir al titular de un derecho, cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad, disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 del CC , que, aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así, pues no excluye aquel precepto en su texto el día de su vencimiento a diferencia de lo que dispone sobre el día inicial.
»(iv) Una interpretación razonable de la norma y de los intereses en juego no puede originar como resultado final un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, desde el momento en que se privaría al titular del derecho a disponer de la totalidad del plazo concedido por la Ley, incluso aunque se arbitraran mecanismos organizativos distintos de acceso a los órganos judiciales (inexistentes en la actualidad, puesto que los juzgados no permanecen abiertos durante las veinticuatro horas del día, y no es posible la presentación de escritos ante el Juzgado que presta servicio de guardia), pues siempre dispondría de la facultad de agotarlo en su integridad, y de esta facultad no puede ser privado por las normas procesales u orgánicas que imposibilitan el pleno ejercicio de la acción ante los órganos judiciales.
»La aplicación de esta doctrina al caso planteado, conlleva la desestimación de los motivos primero y segundo del recurso de casación pues al no entender la sentencia recurrida caducada la acción dando validez a la presentación de la demanda al día siguiente de la expiración del plazo de caducidad previsto en la normativa autonómica, ha realizado una interpretación del artículo 5 CC , en relación con el artículo 135 LEC , conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala».
En consecuencia, la sentencia impugnada no se opone, en forma alguna, a la doctrina de esta sala citada como infringida debiendo recordarse, nuevamente, que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso, en contradicción con la doctrina de esta sala. Circunstancias que no acontecen en el supuesto de autos.
La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC .
Las alegaciones efectuadas por la parte recurrente en el trámite concedido al efecto, no desvirtúan la concurrencia de la causa de inadmisión expuesta.
Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y no habiendo formulado alegaciones la parte recurrida, no procede condenar en costas a ninguna de las partes.
La inadmisión del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido ( DA 15.ª.9 LOPJ ).
LA SALA ACUERDA :
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) Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de don Urbano , contra la sentencia dictada, con fecha de 4 de diciembre de 2015, por la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3.ª), en el rollo de apelación n.º 492/2015 , dimanante de los autos de incidente concursal n.º 951.02/2010/2013 del Juzgado de lo mercantil n.º 1 de Granada.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) No ha lugar a Imponer las costas a ninguna de las partes. La parte recurrente perderá el depósito constituido.
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) Remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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