ATS, 14 de Febrero de 2018

1. El abogado del Estado, en la representación que le es propia, presentó el 6 de septiembre de 2017 escrito preparando recurso de casación contra la sentencia dictada el 21 de junio de 2017 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó íntegramente el recurso 1561/2013 .

2. Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, le achaca la infracción del artículo 20.Uno.19º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) [«LIVA»], en relación con los artículos 4 y 11 LIVA ; el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero , por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas (BOE de 7 de marzo) [«RDL 16/1977»], y los artículos 14 y 17.4 (actual artículo 17.5) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) [«LGT»].

   Afirma que la aplicación de la exención regulada en el artículo 20.Uno.19º LIVA constituye el centro del debate y que el precepto ha sido invocado por las partes y es objeto de examen en la sentencia recurrida. Los artículos 4 y 11 LIVA son el reverso de la exención discutida. El artículo 3 RDL 16/1977 también se menciona en la sentencia recurrida. Y, finalmente, los artículos 14 y 17.5 LGT se invocaron por el abogado del Estado en la contestación a la demanda; si bien la cita concreta se efectuó a los preceptos equivalentes de la previa Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre): artículos 23.3 (inadmisión de la analogía) y 36 (limitación del alcance de los pactos entre particulares).

   Explica que la exención del artículo 20.Uno.19º LIVA sólo puede aplicarse al sujeto pasivo de la tasa sobre el juego, que es quien sufriría una doble imposición si, adicionalmente, estuviera sujeto y no exento del IVA. Y el sujeto pasivo de la tasa es el empresario titular de las máquinas y operador de las mismas, que es el que obtiene la autorización ( artículo 3 RDL 16/1977 ). La posición del dueño del local o establecimiento en el que se instalan las máquinas es distinta, ya que la ley le atribuye exclusivamente la condición de responsable solidario. El dueño del local o establecimiento de hostelería realiza una prestación de servicios sujeta al IVA ( artículos 4 y 11 LIVA ), que consiste en la puesta a disposición del espacio para la instalación de las máquinas, con independencia de que la retribución que perciba pueda variar en función de la recaudación que obtenga.

   Un supuesto similar fue analizado, dice, bajo la vigencia de la anterior Ley reguladora del IVA por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de julio de 1990 (recurso 60/1986 ; ES:TS:1990:5518), que parte del análisis del artículo 3 RDL 16/1977 para afirmar que el operador y el dueño del establecimiento se encuentran en situaciones distintas, sin que sea posible extender analógicamente el ámbito del hecho imponible o de la exención, aunque la retribución se fije como un porcentaje de la recaudación total; declarando, en consecuencia, que no procede reconocer a los establecimientos de hostelería la mencionada exención. Esa imposibilidad de aplicar la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o de una exención se encuentra actualmente contenida en el artículo 14 LGT .

   Entiende que la cuestión planteada no está vinculada a los hechos, ni a la calificación del contrato, como en principio podría parecer, porque la calificación del contrato no constituye la ratio decidendi de la sentencia, puesto que, con independencia de que el contrato pueda presentar carácter asociativo, la Sala de instancia considera posible la realización conjunta del hecho imponible de la tasa sobre el juego por el titular de las máquinas y por el titular del establecimiento, vulnerando de este modo los citados preceptos. Y es esa posibilidad (un hecho imponible compartido por dos sujetos pasivos) la que le conduce a concluir que el titular del establecimiento participa de la exención. Añádase a lo expuesto que, como dijo la Abogacía del Estado en la contestación a la demanda, el vigente artículo 17 LGT (anterior artículo 36 de la Ley General Tributaria de 1963 ) prohíbe que los elementos de la obligación tributaria puedan ser alterados por pactos entre las partes, sin perjuicio de su eficacia jurídico-privada.

3. Razona que la infracción del artículo 20.Uno.19º LIVA ha sido relevante y determinante del fallo estimatorio de la sentencia de instancia, pues la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones de los titulares de los locales o establecimientos de hostelería que presentó la recurrente en la instancia se fundamenta en el reconocimiento expreso de la exención regulada en ese artículo 20.Uno.19º LIVA , y el resto de las normas alegadas como infringidas lo son en relación con esa exención y permiten delimitar su alcance. El artículo 3 RDL 16/1977 establece a quién corresponde la condición de sujeto pasivo de la tasa sobre el juego, cuestión determinante para aplicar una exención cuyo propósito es impedir la doble imposición. Y los artículos 14 y 17.4 LGT también son normas interpretativas del alcance que pueden tener las exenciones y de la eficacia de los pactos entre particulares respecto de elementos de la obligación tributaria, respectivamente.

4. Subraya que las normas que se denuncian como infringidas forman parte del Derecho estatal.

5. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia en el recurso de casación preparado, porque se dan las circunstancias contempladas en las letras a ) y c) del artículo 88.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [«LJCA»], y la presunción contenida en el artículo 88.3.a) LJCA .

   5.1. La sentencia recurrida fija, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales han establecido [ artículo 88.2 a) LJCA ]. Trae a colación la precitada sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1990 , referida a la interpretación de la misma exención aquí discutida pero con la anterior regulación legal del IVA, y las sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, la dictada por la Sección Primera el 19 de noviembre de 2015 (recurso 1634/2011; ES:TSJCAT:2015:11469 ) y la pronunciada por la Sección Cuarta el 28 de septiembre de 2001 (recurso 1966/1997; ES:TSJCAT :2001:11469); de Castilla-La Mancha, dictada por la Sección Primera el 22 de septiembre de 2008 (recurso 307/2005; ES:TSJCLM:2008:2901), y de Madrid, pronunciada por la Sección Quinta el 22 de abril de 2010 (recurso 538/2008; ES:TSJM:2010:5046).

   5.2. La doctrina que sienta la sentencia recurrida afecta a un gran número de situaciones, bien por sí misma o por trascender del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA ], aun cuando se circunscriba al territorio de una sola comunidad autónoma, pues afecta a la tributación por IVA de todos los titulares de locales o establecimientos de hostelería en los que se cede un espacio para la instalación de máquinas recreativas tipo «B», siempre que estén situados en la Comunidad Valenciana.

   5.3. Finalmente, en el caso se han aplicado normas en las que se sustenta la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia [ artículo 88.3.a) LJCA ], cuando menos en el sentido del artículo 1.6 del Código Civil , porque el Tribunal Supremo sólo ha dictado una única sentencia, la mencionada de 11 de julio de 1990 , que además analiza la previa regulación legal del IVA, no la vigente.

6. Resulta conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que fije jurisprudencia sobre la cuestión planteada para poner fin a la litigiosidad que genera, porque existe doctrina contradictoria al respecto entre los Tribunales Superiores de Justicia y porque la cuestión no ha perdido vigencia tras la entrada en vigor de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE de 28 de mayo), que ha modificado la exención prevista en el artículo 20.Uno.19º LIVA pero sólo para adaptar su contenido a la nueva denominación de los organismos públicos contenidos en ella y para excluir la doble imposición en todos los supuestos, ya se trate del impuesto sobre el juego que crea o ya de tasas, por eso alude a tributos sobre el juego. Esta Ley 13/2011 también ha modificado el RDL 16/1977, aclarando que el hecho imponible está constituido por las autorizaciones, salvo que estuvieran sujetas al impuesto sobre las actividades de juego. Esta excepción sólo se aplicaría a las autorizaciones de carácter estatal y también en este caso podría darse un procedimiento similar respecto de la exención del IVA.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 14 de septiembre de 2017 , con el que emplazó a las partes para su comparecencia ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo. La administración recurrente y don Carlos Jesús , parte recurrida, han comparecido dentro ambas del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA .

En su escrito de personación, don Carlos Jesús se ha opuesto a la admisión del recurso de casación preparado, al amparo del artículo 89.6 LJCA , argumentando, en síntesis, lo que sigue:

(i) Ausencia de los requisitos reglados de recurribilidad de la resolución impugnada, porque el recurso de casación excluye las cuestiones de hecho, ex artículo 87 bis .1 LJCA , y resulta indubitado que el objeto del recurso contencioso-administrativo resuelto por la sentencia de instancia es la naturaleza jurídica de la relación entre la empresa hostelera y la empresa explotadora de máquinas; en particular, si tal relación constituye una prestación de servicios, sujeta al IVA, o una relación de carácter societario, no sujeta al IVA. La Sala a quo concluye que se trata de un vínculo societario, a la vista de las pruebas obrantes en los autos (los contratos suscritos entre las partes) y, en consecuencia, que no existe prestación de servicios desde la hotelera a la operadora, lo que comporta la no sujeción al IVA. Situados en el plano de la no sujeción, no puede ser objeto del recurso de casación la disyuntiva entre la aplicación o no de la exención del artículo 20.Uno.19º LIVA , puesto que ese debate requiere previamente la existencia de una prestación de servicios sujeta al IVA entre la empresa hostelera y la empresa operadora. El abogado del Estado trata en casación de modificar los hechos para justificar la vulneración del artículo 20.Uno.19º LIVA , precepto que fue traído al debate en sede económico-administrativa y contencioso-administrativa porque tanto la Administración tributaria como el Tribunal Económico-administrativo Regional negaron el carácter societario de la relación negocial entre las partes, considerando que se trataba de una prestación de servicios sujeta al IVA. La Sala de instancia concluye que no lo hay y el abogado del Estado pretende en casación que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si hay o no una prestación de servicios, desconociendo que el carácter de la relación mantenida entre las partes contratantes no es independiente de las conclusiones que alcanza la Sala a quo en la sentencia impugnada sino la razón de la decisión que adopta. En resumen, el debate jurisdiccional resuelto por la sentencia que se pretende recurrir es la naturaleza contractual de la relación entre la empresa de hostelería y la empresa explotadora de las máquinas, y a juicio de la Sala de instancia esa relación no puede ser calificada en ningún caso de prestación de servicios, lo que resuelve una cuestión fáctica que tiene vedado su acceso a la casación.

(ii) Carencia en el recurso de casación preparado de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia: en primer lugar, porque no respeta los hechos declarados probados en la sentencia de instancia; en segundo lugar, porque las sentencias reseñadas como contradictorias con ella, para justificar la circunstancia del artículo 88.2.a) LJCA , no lo son en realidad, su fallo es distinto en virtud de las pruebas realizadas en los procesos, falta pues el requisito de que se trate de cuestiones sustancialmente iguales; en tercer lugar, no se da la circunstancia del artículo 88.2.c) LJCA , porque la sentencia recurrida resuelve un caso concreto sobre la base de las pruebas practicadas en el proceso, particularmente sobre los contratos suscritos entre las partes, de ningún modo contiene una doctrina generalizada, en el sentido de que todas las relaciones jurídicas entre empresas hosteleras y empresas explotadoras de máquinas tengan la consideración de relaciones con vínculo societario, y, en cuarto y último lugar, con respecto a la invocada presunción del artículo 88.3.a) LJCA , el abogado del Estado no dice cuáles son las normas aplicadas por la sentencia de instancia para sustentar la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia, omisión que es suficiente para rechazar su concurrencia.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Antonio Montero Fernandez, Magistrado de la Sala.

1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA ), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86 LJCA , apartados 1 y 2) y la Administración General del Estado se encuentra legitimada para interponerlo, por haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA ).

2.1. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que se consideran infringidas, oportunamente alegadas en la demanda, tomadas en consideración por la Sala de instancia en la sentencia, o que ésta hubiera debido observar aun sin ser alegadas, y se justifica que las infracciones que se le imputan han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 LJCA , letras a), b), d) y e)].

2.2. En efecto, como seguidamente se razona, no asiste la razón a la parte recurrida cuando alega, para oponerse a la admisión a trámite del recurso de casación preparado, que plantea en realidad una cuestión fáctica que tiene vedado su acceso a la casación ex artículo 87 bis LJCA .

En el segundo fundamento de derecho de la sentencia impugnada, puede leerse cuáles son la cuestiones litigiosas planteadas «(L)a primera, viene referida a si el demandante tiene derecho a que prospere la solicitud de devolución de ingresos indebidos que ha presentado como consecuencia de la relación existente entre el mismo (empresa operadora) y una serie de titulares de establecimientos de hostelería en los que se han instalado máquinas recreativas de tipo B. Como consecuencia de dicha relación entre empresa operadora y establecimiento de hostelería, precisa el demandante que los establecimientos de hostelería han ido expidiendo una serie de facturas en las que se recoge el importe de la cantidad recaudada por las máquinas recreativas instaladas en establecimientos de hostelería. El demandante entiende que debe procederse a la devolución de ingresos indebidos, por cuanto concurre el supuesto previsto en el artículo 20.Uno.19 de la Ley 37/1992 del IVA , siendo de aplicación una exención limitada que le impide poder deducirse el IVA soportado al pagar a los establecimientos de hostelería las facturas correspondientes a la liquidación de la recaudación que ha generado cada una de las máquinas recreativas de tipo B.

La segunda cuestión, no es otra que la de decidir si existe prestación de servicios desde la empresa hostelera a la empresa operadora que deba quedar sujeta a tributación por el concepto de IVA.».

Con respecto a la primera, la sala de instancia señala que «que los diferentes órganos jurisdiccionales de forma reiterada han señalado que las exigencias contenidas en los apartados 2 º y 3º de la letra c) del artículo 14, apartado 2 del Real Decreto 520/2005 , deben ser acreditadas y probadas por la Administración tributaria, en virtud del principio de facilidad probatoria al que se refiere el artículo 217.7 de la LEC . Así lo señalan por ejemplo el TSJ de Andalucía (sección 3ª, recurso 520/2013) en sentencia 743/2016, TSJ del País Vasco (sección 1ª, recurso 191/2016) en sentencia 522/2016 o el TSJ de Castilla y León (sección 2ª, recurso 113/2014) en sentencia 53/2015», concluyendo que «concurren todos los requisitos exigidos por el artículo 14, apartado 2, del Real Decreto 520/2005 para que el demandante pueda obtener la devolución de los ingresos declarados indebidos, al ser una persona o entidad que ha soportado la repercusión cuando el ingreso indebido se refiere a tributos que deben ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades. Así, el primer motivo que esgrime el demandante debe ser admitido, ostentando legitimación para obtener la devolución de ingresos indebidos en los términos referidos.»

En lo concerniente a la segunda cuestión, recuérdese, la determinación de si existe prestación de servicios desde la empresa hostelera a la empresa operadora que deba quedar sujeta a tributación por el concepto de IVA, el tribunal a quo invocando su previa sentencia de 3 de febrero de 2016 (recurso 874/2012; ES:TSJCV :2016:328) que es parcialmente reproducida, y que a su vez remite a otras más antiguas que contienen su doctrina, pronunciadas con la anterior Ley del IVA, termina, una vez efectuadas todas las reproducciones de pronunciamientos previos, proyectando el contenido de la resolución reproducida al supuesto en litigio, concluyendo que «que no existe prestación de servicios desde la empresa hostelera a la empresa operadora que deba quedar sujeta a tributación por IVA. Así las cosas, el recurso no puede más que ser estimado, dejando sin efecto la resolución recurrida y reconociendo el derecho del demandante a la devolución de IVA indebidamente ingresado por importe de 7.089,38 euros.» (FD 4º)

Es patente que la Sala de instancia con sus reenvíos apoya su decisión en dos pilares: la calificación del contrato celebrado entre la empresa hostelera y la empresa explotadora de la máquina recreativa como asociativo o de explotación conjunta, y el entendimiento de que el hostelero materializa junto con el explotador de la máquina recreativa el hecho imponible de la tasa, en clara referencia al contenido del primer párrafo del artículo 20.Uno.19º LIVA .

Es asimismo evidente que la Sala de instancia sostiene por reenvío que el supuesto entraría en los de exención del párrafo primero del artículo 20.Uno.19º LIVA , porque el hostelero materializa junto con el explotador de la máquina recreativa el hecho imponible de la tasa, y no entraría en los excluidos de la exención del párrafo segundo.

En esta tesitura, no resulta posible inadmitir el recurso de casación preparado por entender que realmente versa realmente sobre una cuestión fáctica: la calificación del contrato celebrado entre la empresa hostelera y la empresa explotadora de la máquina recreativa. No es así. Decidir si el hostelero materializa, junto con la empresa explotadora, el hecho imponible de la tasa sobre el juego, como por reenvío sostiene la Sala a quo en la sentencia recurrida, o si no se puede legalmente producir esa materialización conjunta del hecho imponible, como entiende el abogado del Estado en el recurso de casación, no es una cuestión fáctica sino jurídica e indudablemente ha conformado la ratio decidendi de la sentencia de instancia. Sólo si resulta legalmente posible esa materialización conjunta, podría haber una sola actividad sujeta y exenta de IVA realizada por ambos empresarios en virtud de un contrato asociativo.

3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia por darse las circunstancias contempladas en las letras a ) y c) del artículo 88.2 LJCA y la presunción contenida en el artículo 88.3.a) LJCA , razonando de forma suficiente sobre la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo [ artículo 89.2 f) LJCA ].

1. En su redacción aplicable ratione temporis el artículo 20.Uno.19º LIVA establecía:

Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones: 19º. Las loterías, apuestas y juegos organizados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, la Organización Nacional de Ciegos y por los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas, así como las actividades que constituyan los hechos imponibles de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias o de la tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar.

La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de las referidas tasas, con excepción de los servicios de gestión del bingo

.

2. La mera lectura del precepto reproducido desvela que las actividades que constituyan los hechos imponibles de las tasas estaban exentas del IVA, pero para estarlo han de estar previamente sujetas al impuesto, puesto que, en otro caso, habría que entender que no se trata de un supuesto de exención sino de otro de no sujeción, contrariamente a lo que deriva de su tenor literal. La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario que no constituyan el hecho imponible de las referidas tasas. Al ser esto así, resulta determinante conocer cuál es el hecho imponible de esas tasas y si legalmente puede ser o no realizado de modo conjunto por el titular de las máquinas y por el titular del establecimiento.

3. El artículo 3 RDL 16/1977 por su parte establecía:

   Con independencia de los tributos estatales y locales a que estén sometidas, con arreglo a la legislación vigente, las Sociedades o Empresas que desarrollan las actividades a que se refiere el presente Real Decreto-ley, los casinos y demás locales, instalaciones o recintos autorizados para el juego, quedarán sujetos a la tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, en las siguientes condiciones:

   Primero. Hecho imponible. Constituirá el hecho imponible la autorización, celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar.

   Segundo. Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos de la tasa los organizadores y las Empresas cuyas actividades incluyan la celebración de juegos de suerte, envite o azar.

   Serán responsables solidarios de la tasa los dueños y empresarios de los locales donde se celebren.

   Tercero. Base imponible. Será base imponible de la tasa, los ingresos brutos que los casinos obtengan procedentes del juego o las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos que tengan lugar en los distintos locales, instalaciones o recintos donde se celebren juegos de suerte, envite o azar.

   La base imponible se determinará en régimen de estimación directa u objetiva.

   [...]

   Dos. Cuotas fijas.

   En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de las máquinas realizada por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, según las normas siguientes: [...]

   .

4. En fin, el artículo 14 LGT establece que «[n]o se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales» y el artículo 17.4 LGT , el que resulta aplicable por razones temporales, disponía que «[l]os elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas».

5. El abogado del Estado sostiene, en sustancia, que la sentencia recurrida infringe el artículo 20.Uno.19º LIVA , en conexión con el artículo 3 RDL 16/1977 y los artículos 14 y 17.4 LGT , con independencia de que el contrato suscrito entrambos pueda presentar carácter asociativo, porque considera posible la realización conjunta del hecho imponible de la tasa por el titular de las máquinas y por el titular del establecimiento hostelero, lo que le lleva a reconocer el derecho a la devolución de ingresos indebidos derivados de las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones presentadas por la mercantil recurrente.

6. A la vista de cuanto antecede, el recurso de casación preparado suscita la siguiente cuestión jurídica:

   Determinar si, suscrito entre un empresario titular de un establecimiento hostelero y un empresario titular de máquinas recreativas tipo «B» un contrato calificable como asociativo o de explotación conjunta, existe o no una prestación de servicios del primero al segundo que está sujeta al IVA y que no puede considerarse exenta al amparo del artículo 20.Uno.19º LIVA .

7. Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, porque es notorio que afecta a un gran número de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA ], lo que hace conveniente un pronunciamiento de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo que la resuelva, para confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en la sentencia de 11 de julio de 1990 (recurso 60/1986).

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en relación con el artículo 90.4 LJCA , procede admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, la cuestión enunciada en el punto 6 del anterior fundamento jurídico de esta resolución.

2. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son: el artículo 20.Uno.19º LIVA , en conexión con el artículo 3 RDL 16/1977 y los artículos 14 y 17.4 (actual artículo 17.5) LGT .

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA , este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA , y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA , remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,