ATS 1543/2017, 26 de Octubre de 2017
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2017:12572A |
| Número de Recurso | 10383/2017 |
| Procedimiento | PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO |
| Número de Resolución | 1543/2017 |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
AUTO 1543/2017
RECURSO CASACION (P)
Nº de Recurso:10383/2017
Fallo/Acuerdo:
Procedencia: Juzgado de lo Penal nº 2 de Vilanova y la Gertrú
Fecha Auto: 26/10/2017
Ponente Excmo. Sr. D.: Manuel Marchena Gomez
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
Escrito por: PBB/JMAV
Recurso Nº: 10383/2017P
Ponente Excmo. Sr. D.: Manuel Marchena Gomez
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
AUTO
Excmos. Sres.:
-
Manuel Marchena Gomez
-
Miguel Colmenero Menendez de Luarca
-
Antonio del Moral Garcia
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Octubre de dos mil diecisiete.
Por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vilanova y la Gertrú, se dictó auto de fecha 20 de febrero de 2017 en la causa Ejecutoria nº 261/2016, en el que se acordó la acumulación de las penas impuestas en las ejecutorias 123/2012, 495/11, 263/2012, 103/2013 y 329/2015, con la fijación del límite máximo de seis años de prisión, con exclusión de la acumulación de las ejecutorias 370/12, 258/15, 418/15 y 261/16.
Contra dicho auto se interpuso recurso de casación por la Procuradora de los Tribunales Aránzazu Fernández Pérez, actuando en representación de Cristobal , con base en dos motivos: 1) por infracción de ley del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por vulneración del artículo 76.2 del Código Penal en relación con el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; y 2) al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del artículo 25 de la Constitución Española .
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión del recurso.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
ÚNICO .- El primer motivo del recurso se formula al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 76.2 del Código Penal en relación con el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El segundo motivo se formula al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del artículo 25 de la Constitución Española .
-
Cuestiona el auto de fecha 20 de febrero de 2017, dictado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vilanova y la Gertrú , en el que no se acuerda la acumulación de todas las penas interesadas por el recurrente. Denuncia que se ha calculado la posible acumulación atendiendo a la fecha en que se dictaron las sentencias y no a la fecha efectiva de los juicios. Asimismo, sostiene que la no acumulación interesada supone una excesiva prolongación de la privación de libertad que puede producir un efecto contrario a la reeducación y reinserción social prevenidas en el artículo 25 de la Constitución Española .
-
Recordábamos en la STS 474/2017 que: «La acumulación de condenas, conforme a lo dispuesto en el artículo 988 LECrim , tiende a hacer reales las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el artículo 76 de dicho Código . Estos límites consisten, de un lado, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido y, de otro lado, en veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, según los casos.
La doctrina de esta Sala ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exigen los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de penas, al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante era la conexidad "temporal", es decir, que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión. En definitiva, lo que se pretende es ajustar la respuesta punitiva en fase penitenciaria, a módulos temporales aceptables que no impidan el objetivo final de la vocación de reinserción a que por imperativo constitucional están llamadas las penas de prisión ( Artículo 25 CE ) ( SSTS 1249/1997 , 11/1998 , 109/1998 , 328/1998 , 1159/2000 , 649/2004 , 192/2010 , 253/2010 , 1169/2011 , 207/2014 , 30/2014 o 369/2014 entre otras muchas, y Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal Supremo de 29 de noviembre 2005 ).
Estas pautas jurisprudencialmente marcadas se plasmaron en la reforma operada en el artículo 76 CP por la LO 7/2003, a tenor de la cual, «la limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo», y se consolidaron en la de la LO 1/2015.
De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, y los cometidos con posterioridad a tal sentencia. Pues cuando ya se ha dictado una sentencia condenatoria, es claro que los hechos delictivos cometidos con posterioridad a la misma no pudieron ser objeto del proceso anterior en el que aquella recayó, por lo que resulta imposible la acumulación.
La fecha determinante para decidir si procede o no la acumulación es la de la sentencia más antigua en el tiempo. Por ello resulta obligado tomar la misma como punto de partida a la hora de examinar las distintas fechas en que fueron cometidos los hechos enjuiciados en otras causas penales cuyas condenas se pretenden acumular.
En lo que se refiere a la fecha de las sentencias a que ha de atenderse para realizar el cómputo, debe estarse a la de las sentencias iniciales y no a la de la firmeza que eventualmente podría alcanzarse días, semanas o meses después. Partir de la fecha de firmeza acarrea un alargamiento del periodo en el que cabe agrupar las condenas recaídas. Potencialmente es más beneficioso para el condenado; pero no puede ser acogido a tenor del Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2005, pues una vez que se haya dictado sentencia subsiguiente al plenario, ya no resulta posible la acumulación debido a la inviabilidad de enjuiciamiento conjunto. Ha de atenderse por tanto a la fecha de la primera sentencia (y no la de apelación o casación) a los efectos de cómputos y entrecruzamiento de datos cronológicos para decidir sobre la viabilidad de la acumulación ( SSTS 240/2011 de 16 de marzo ; 671/2013 de 12 de septiembre ; 943/2013 de 28 de diciembre ; 155/2014 de 4 de marzo ; 654/2015 de 28 de octubre o 819/2016 de 31 de octubre ).
En todo caso ha de tratarse de penas privativas de libertad, quedando excluidas las que son de otra naturaleza (entre otras STS 866/2016 de 16 de noviembre ). Aunque la circunstancia de que una pena esté previamente ejecutada no es obstáculo para la procedencia de la acumulación si se cumple la exigencia de la conexidad temporal ( SSTS 1971/2000 de 25 de enero de 2001 o la 297/2008 de 15 de mayo ) si se excluyen las que se encuentras suspendidas o en trámite de serlo ( SSTS 229/2015 de 15 de abril o 531/2016 de 16 de junio ).
El artículo 76.2 CP en su redacción actual tras la reforma operada en el mismo por la LO 1/2015, dispone que las limitaciones que se establecen en el apartado primero se aplicarán aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos, cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en la que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. Se mantiene, pues, la exigencia según la cual, para que las condenas sean acumulables, se requiere que los hechos por los que han recaído sean anteriores a todas las sentencias que son objeto de la decisión de acumulación.
La nueva redacción del artículo 76.2 CP ha suscitado recientemente la reinterpretación del alcance de la acumulación cuando se trata de penas impuestas en distintos procesos, y determinó la reunión del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 3 de febrero de 2016, que aprobó el siguiente Acuerdo respecto a la interpretación del apartado controvertido: «la acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia.- Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello a los efectos del artículo 76.2 CP hay que estar a la fecha de la sentencia dictada en la instancia y no a la del juicio» .
A partir de dicho acuerdo y de la jurisprudencia que lo ha desarrollado, en aplicación del artículo 76.2 CP se ha impuesto como norma sustantiva de fondo, que deben excluirse de la acumulación las sentencias relativas a los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, esto es, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; y también las sentencias relativas a hechos posteriores a la que determina la acumulación. Requisito impuesto por el legislador que cumplimenta el objetivo razonable de evitar que los penados puedan llegar a constituir lo que se ha denominado un «patrimonio punitivo» que les permitiría incurrir en nuevas conductas delictivas que no resultaran penadas, o que, aun siendo castigadas, la pena a imponer resultara sustancialmente reducida debido a la acumulación.
Una vez observada esa regla de aplicación ineludible, toda la mecánica o la metodología de acumulación debe ir orientada a obtener la combinación que más favorezca al reo, en el sentido de obtener una acumulación punitiva que le lleve a reducir en la mayor medida posible el remanente punitivo que tenga que cumplir. De modo que aunque, lógicamente y con el fin de facilitar la labor acumulativa, se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. Operando de esta forma se evitará que el sistema de bloques punitivos acabe siendo un obstáculo formal para que el penado pueda acumular el mayor número de condenas posibles en orden a la reducción de la pena a cumplir ( SSTS la 139/2016 de 25 de febrero ; 361/2016 de 27 de abril ; 142/2016 de 25 de febrero ; 144/2016 de 25 de febrero ; 153/2016 de 26 de febrero ; 531/2016 de 16 de junio ; 572/2016 de 29 de junio o la 874/2016 de 21 de noviembre ).
En definitiva, en atención a la finalidad de la norma que aplicamos, orientada a reducir a un límite máximo racional la extensión de la privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un determinado lapso temporal, su razonable interpretación no puede impedir que, tras un primer intento de acumulación, (o varios, en su caso), se acuda a otras distintas posibilidades si resultan más favorables para el penado. Eso sí, siempre respetando el límite legalmente fijado, es decir, que todos los hechos por los que han recaído las distintas condenas sean anteriores a la sentencia más antigua de las que concretamente se acumulan. Se compatibilizan así los intereses generales del sistema que impone la regla ineludible del artículo 76.2 CP con los fines preventivos de la pena que favorecen la reinserción del penado.»
-
De acuerdo con lo expuesto, el recurso ha de ser inadmitido.
A efectos de claridad expositiva, cabe señalar que por auto de fecha 20 de febrero de 2017 se acordaba la acumulación jurídica de las penas privativas de libertad impuestas a Cristobal en las siguientes ejecutorias: 123/2012, 495/11, 263/2012, 103/2013 y 329/2015, fijando el límite máximo de cumplimiento en seis años de prisión, con exclusión de la acumulación de las ejecutorias 370/12, 258/15, 418/15 y 261/16.
Las sentencias susceptibles de acumulación son las siguientes:
CAUSAFECHA SENTENCIAFECHA HECHOSPENA
-
Ej. 370/12
-
Ej. 123/12
-
Ej. 495/11
-
Ej. 263/12
-
Ej. 103/13
-
Ej.258/15
-
Ej. 329/15
-
Ej. 418/15
-
Ej. 261/16
18-01-11
14-06-11
14-06-11
02-12-11
07-02-13
11-06-15
16-07-15
14-10-15
23-06-16
25-11-10
03-02-11
19-01-11
15-06-07
27-07-09
01-12-11
03-08-10
27-11-11
04-07-11
0-9-1
0-11-0
1-11-0
2-0-0
0-9-1
1-3-0
1-0-0
0-6-0
0-4-16
La decisión del Juzgado de lo Penal ha de ratificarse en esta instancia.
Es claro que si partimos de la fecha del primer enjuiciamiento, como señala actualmente el artículo 76.2 del Código Penal , la ejecutoria con ordinal nº 1, a ella serían acumulables las ejecutorias con números 4, 5 y 7, por haberse cometido los hechos enjuiciados con anterioridad a la sentencia de referencia; si bien la misma no resulta favorable al recurrente, ya que la pena más grave es de dos años de prisión, de modo que el triple excede de la suma aritmética de las penas.
Partiendo de la siguiente sentencia más antigua, en este caso las ejecutorias 123/2012 y 495/11, ambas de 14 de junio de 2011, son acumulables con las ejecutorias con número ordinal 4, 5 y 7, fijándose el límite máximo de cumplimiento de seis años, el triple de la pena más grave.
Comparado el resultado de la acumulación conforme a este bloque con otras posibles combinaciones que cabe hacer -a partir de la ejecutoria con nº ordinal 4 y sucesivas- las mismas son más perjudiciales para el recurrente.
Finalmente, partiendo del bloque formado con las ejecutorias 2, 3, 4, 5 y 7, se constata que la sentencia con ordinal nº 6, de fecha 11 de junio de 2015 , sería acumulable a las sentencias con números ordinales 8 y 9. Si bien la acumulación no resulta favorable para el recurrente al ser la suma de las penas de inferior al triple de la pena más grave (un año y tres meses de prisión x 3).
En definitiva, la acumulación que realiza el auto es la más beneficiosa para el recurrente.
En realidad, el recurrente no cuestiona la corrección de la acumulación efectuada en el auto recurrido de conformidad con el criterio de conexión temporal, sino que no se haya procedido a tener en cuenta la fecha del enjuiciamiento. Asismismo sostiene que los principios constitucionales prohíben las penas degradantes y propugnan la reeducación y la reinserción social.
Respecto a la primera cuestión, ya hemos dicho anteriormente, que a los efectos del artículo 76.2 del Código Penal hay que estar a la fecha de la sentencia dictada en la instancia y no a la del juicio.
A propósito de la alegación de vulneración de la reinserción social y reeducación, la STS nº 1076/2009, de 29 de octubre indica que la reinserción o rehabilitación social del penado no es la única finalidad de la pena, pues nada impide reconocer otros fines como la prevención general y especial, por lo que la interpretación de las normas aplicables debe hacerse compatible con todos aquellos fines, permitiendo la máxima eficacia en materia de reinserción del penado en la sociedad, y también el mayor efecto de la pena impuesta en relación con los fines de prevención general y especial, no incompatibles con aquélla. Además de que la interpretación acogida no impide la reinserción social, que en parte puede manifestarse mediante el desarrollo del trabajo penitenciario, ni el reconocimiento al penado de los efectos que en la forma de ejecución pueda aquélla producir, pues los distintos grados previstos en el régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad, junto con los mecanismos regulados dentro del ámbito del tratamiento penitenciario, pueden permitir, a través de su correcta aplicación, el avance posible en cada caso en la reinserción del delincuente.
Por todo lo expuesto, procede la inadmisión de los motivos ex artículo 885.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
-
LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formulado por la parte recurrente contra el auto dictado por el Juzgado de lo Penal de origen en la causa que consta en el encabezamiento de la presente resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
