ATS, 25 de Mayo de 2017
| Ponente | EDUARDO CALVO ROJAS |
| ECLI | ES:TS:2017:5012A |
| Número de Recurso | 896/2017 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a 25 de mayo de 2017
Por la procuradora de los Tribunales Dª Ana Marzo Urquijo, actuando en nombre y representación de D. Hipolito , bajo la dirección letrada de D. José Andrés Diez Herrera, se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra la Orden Foral núm. 56/2015, de 27 de octubre, del Consejero de Desarrollo económico por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de siete autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC)
Tramitado el recurso con el núm. 478/2015, el mismo fue desestimado por la sentencia núm. 489/2016, de 22 de noviembre . La Sala de instancia, concluye que, al ser la solicitud posterior a la Ley 9/2013, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es posible la limitación de las autorizaciones para arrendamiento de vehículos con conductor.
Notificada la sentencia a la parte recurrente, ha preparado contra la misma recurso de casación, apuntando en el escrito de preparación (elaborado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 -LJCA- en su redacción aplicable, dada por la L.O. 7/2015 de 21 de julio) que la sentencia impugnada incurre en las siguientes infracciones jurídicas:
- Infracción del ordenamiento jurídico y también de la jurisprudencia, al mantener la Sala de instancia la vigencia del artículo 14.1 de la Orden FOM 36/2008, de 9 de enero; y el artículo 181.2 del RD 1211/1990, de 28 de septiembre , a pesar de haber sido declarados derogados por el Tribunal Supremo en sentencias las sentencias de 25 de enero de 2016 y 13 de febrero de 2016 (recurso unificación de doctrina), entre otras. La mencionada infracción derivaría del hecho de que la Sala de instancia mantiene en su sentencia recurrida la vigencia de preceptos reglamentarios que habrían sido derogados (que no suspendidos) por la Sala del Tribunal Supremo.
- Infracción del ordenamiento estatal al entender la Sala de instancia que desde la entrada en vigor de la Disposición Final 1ª de la Ley 9/2013, de 4 de julio ya se podría volver a contingentar las autorizaciones de transporte de arrendamiento de vehículos con conductor, a pesar de haber sido derogado por el Tribunal Supremo el artículo 181.1 del RD 1211/1990, de 28 de septiembre , por lo que no cabía contigentación a esa fecha hasta la entrada en vigor del RD 1057/2015, de 20 de noviembre que desarrolló el artículo 48.2 de la ley citada .
- Infracción de la doctrina jurisprudencial por la Sala de instancia del TSJ de Extremadura en relación con la dictada en supuestos similares por el Tribunales Superior de Justicia de Cataluña, Andalucía, Madrid, País Vasco, Murcia y Rioja, que mantienen la estimación de demandas similares al presente caso, interpretando de manera diferente el ordenamiento estatal citado (mantienen la derogación normativa de las normas reglamentarias, art. 14.1 de la Orden FOM 36/2008, de 9 de enero ; y art. 181.1 del RD 1211/1990, de 28 de septiembre ).
- Infracción del ordenamiento jurídico estatal contemplado en los artículos 1 , 2 , 5 , 16 y 18 y Disposición Derogatoria de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado , en relación a los artículos 3 , 10.e ) y f ) y 11 de la ley 17/2009, de 23 de diciembre , que contemplan la imposibilidad de restricciones, en los términos que recogen, no a las licencias o autorizaciones sino a los requisitos para obtenerlas, y que la Sala de instancia no ha valorado ni interpretado correctamente, y falta tutela efectiva judicial por incongruencia omisiva. Este último aspecto se apreciaría singularmente respecto de la no toma en consideración por la sentencia de instancia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.
Argumenta ampliamente la parte recurrente sobre la relevancia en el sentido del «fallo» de las normas cuya infracción denuncia, resaltando su carácter de normas integrantes del Ordenamiento estatal.
Razona asimismo la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia al amparo de los artículos 88.2. a ) y c ) y 88.3 a ) y b) de la LJ en los siguientes términos:
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La sentencia se ha apartado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo fijada en el recurso de casación en interés de ley y demás anteriormente citadas en este sentido y que declaró que los preceptos reglamentarios se encontraban derogados que no suspendidos y por lo tanto no podían revivir salvo que fuesen otra vez aprobados y publicados, art. 88.3.b) y 88.2.a).
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Existen una pluralidad de recursos sobre esta cuestión.
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La sentencia recurrida aplica la Disposición Final 1ª de la Ley 9/2013, de 4 de julio para mantener la vigencia de las normas reglamentarias ( art. 181.1 del RD 1211/1990, de 28 de septiembre ), cuando dicho precepto estaba derogado por la ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley ómnibus).
Habiendo dictado el Tribunal de instancia auto teniendo por debidamente preparado el recurso de casación con fecha 21 de febrero de 2017, con emplazamiento a las partes para su comparecencia ante este Tribunal Supremo , se ha personado en tiempo y forma la parte recurrente, y se ha personado asimismo ante este Tribunal Supremo, en calidad de parte recurrida, la Comunidad Foral de Navarra.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas, Magistrado de la Sala
El presente recurso de casación es sustancialmente idéntico a los recursos de casación nº 117/2017 y 281/2017, ya admitidos por autos de esta Sala y Sección de fecha de 13 de marzo de 2017 y de 10 de abril de 2017 , respectivamente. Difieren la Administración recurrida, así como el órgano jurisdiccional de instancia, pero la sentencia se pronuncia en el mismo sentido y el escrito de preparación se ha formulado por el mismo Letrado de forma prácticamente igual en ambos casos.
Por consiguiente, nuestra decisión en este recurso será la misma que ya hemos adoptado en los autos que admitieron los recursos de casación 117/2017 y 281/2017, a cuya fundamentación jurídica nos remitimos y damos ahora por reproducida; de forma que también en este caso hemos de admitir el recurso de casación.
Así pues, declaramos que la cuestión planteada por la parte recurrente que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar las restricciones y/o limitaciones aplicables para autorizar la actividad de arrendamientos de vehículos con conductor tras la entrada en vigor de la Ley 9/2013 y la incidencia que en esta materia puede tener las previsiones contenidas en la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de Unidad de Mercado (art. 5 ).
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 este Auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este Auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA , remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
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) Admitir el recurso de casación nº 896/2017 interpuesto por D. Hipolito , contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura nº 489/2016 de 22 de noviembre de 2016 (recurso núm. 478/2015 ).
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) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar las restricciones y/o limitaciones aplicables para autorizar la actividad de arrendamientos de vehículos con conductor, tras la entrada en vigor de la Ley 9/2013, y la incidencia que en esta materia pueden tener las previsiones contenidas en la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de Unidad de Mercado (artículo 5 ).
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) Se ordena publicar este Auto en la página web del Tribunal Supremo.
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) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
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) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección tercera de esta Sala Tercera, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.
Así lo acuerdan y firman. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez Manuel Vicente Garzon Herrero Segundo Menendez Perez Octavio Juan Herrero Pina Eduardo Calvo Rojas Joaquin Huelin Martinez de Velasco Diego Cordoba Castroverde Jose Juan Suay Rincon Jesus Cudero Blas
