STS 56/2017, 25 de Enero de 2017

Con fecha 27 de mayo de 2014 el Juzgado de lo Social nº 1 de Ponferrada dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

1º.- D. Cecilio, con DNI NUM000, nacido el NUM001.1935, afiliado a la Seguridad Social con el nº NUM002, vino prestando servicios en la minería del carbón. La última empresa para la que prestó servicios tenía concertadas las contingencias profesionales con la MUTUA ASEPEYO.

2º.- Por resolución de 4/4/2008 se le reconoció pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional en el Régimen Especial de la Minería del Carbón declarándose responsable de su abono a la MUTUA ASEPEYO.

3º.- El INSS emitió notificación a la Mutua declarándole responsable del abono de las referidas prestaciones con el alcance del 100% debiendo proceder a la constitución del correspondiente capital coste en la TGSS que asciende a 323.249,58 euros.

4º.- El 16/5/2013 la Mutua demandante presentó escrito ante la Dirección Provincial del INSS interesando la revisión de las responsabilidades económica derivada del fallecimiento, siendo desestimada por el INSS por resolución de 8/7/2013.

6º [Sic].- Frente a dicha resolución interpuso Asepeyo reclamación previa, que fue desestimada por el INSS en resolución que confirmaba en todos sus extremos la resolución impugnada

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En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: «Que desestimando la demanda interpuesta por la Mutua Asepeyo frente a D. Cecilio, la empresa Carbones del Sil y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones en su contra deducidas».

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, la cual dictó sentencia en fecha 22 de diciembre de 2014, en la que, dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta el siguiente fallo: «Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 151 , contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Ponferrada en los autos núm. 837/13, seguidos sobre SEGURIDAD SOCIAL a instancias de la indicada recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la empresa CARBONES DEL SIL y D. Cecilio, y en consecuencia revocamos la misma y declaramos que la responsabilidad de las prestaciones de incapacidad permanente absoluta reconocido a éste último, corresponde únicamente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sin responsabilidad alguna de la Mutua recurrente, a quien la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL deberá reintegrar 323.249,58 € (trescientos veintitrés mil doscientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos), importe de la suma de capitales en su día ingresados por la misma. Devuélvase a la Mutua recurrente el depósito constituido para recurrir».

Por la representación letrada del INSS y de la TGSS se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -Valladolid- el 29 de enero de 2015 . Para el primer motivo, se elige como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en fecha 12 de noviembre de 2013 (RSU 200/2013), considerando la parte que la sentencia recurrida infringe el artículo 43.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, así como el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, en vigor en el momento en que se dictó la resolución cuya revisión solicita la Mutua, en relación con los artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el artículo 9.3 de la Constitución, en cuanto que establece el principio de seguridad jurídica y con la doctrina del Tribunal Constitucional expresada entre otras sentencias, en la 40/2014, de 11 de marzo, dictada al resolver la cuestión de inconstitucionalidad 932/2012 (BOE de 19 de abril de 2014).

Por lo que se refiere al segundo motivo, se invoca como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), en fecha 14 de mayo de 2014 (RSU. 280/2014), entendiendo la parte que la sentencia recurrida infringe el art. 71 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con lo establecido en los artículos 68.3 y 87.3 de la Ley General de la Seguridad Social y las SSTS de 15.1.2013 y 18.02.2013, entre otras.

Con fecha 11 de septiembre de 2015 se admitió a trámite el presente recurso. Dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de quince días. Evacuado el traslado de impugnación, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso interpuesto.

Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 25 de enero de 2017, fecha en que tuvo lugar.

1. La sentencia recurrida revoca la dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Ponferrada (León), que desestimó la demanda interpuesta por la Mutua aseguradora frente al INSS y TGSS en materia de responsabilidad en el pago de la pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional objeto del litigio, revocando el fallo de la misma y condenado a la entidad gestora a la devolución de la cantidad de 323.249,58 euros que constituyó en su momento en concepto de capital coste de las prestaciones de incapacidad objeto del litigio.

2. El INSS recurre en casación para unificación planteando dos motivos separados, relativos a la firmeza de los actos administrativos y la obligación de reintegro de prestaciones.

3. En el caso que nos ocupa el trabajador estuvo afiliado al Régimen Especial de la Minería del Carbón. En resolución del INSS de 4 de abril de 2008 se le reconoce la pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional a la vez que declara la responsabilidad en el pago de la Mutua ASEPEYO.

En fecha 16 de mayo de 2013 la Mutua presenta escrito ante el INSS en el que solicita la revisión de la responsabilidad económica que se le impuso en el pago de aquella prestación. La entidad gestora se ratifica en su decisión al desestimar la reclamación previa de la Mutua, que en su demanda interesa la revisión de dicha resolución y pretende que se declare la responsabilidad el INSS en el pago de tales prestaciones al ser anterior a 1.1.2008 la fecha del hecho causante de la enfermedad profesional, solicitando el reintegro del capital coste constituido en su día.

La Sala de suplicación considera que no había obstáculo para que la Mutua combatiera las citadas resoluciones administrativas en dicha fecha, porque no había recaído sentencia firme, ni se había seguido proceso judicial previo. Pone de relieve también que la modificación del sujeto obligado al pago no tiene efectos sobre los beneficiarios de las prestaciones y, finalmente, concluye que el escrito de solicitud de revisión abre un nuevo procedimiento administrativo, sin que se hubiere alegado por la entidad gestora la prescripción del derecho.

1. En el primero de los motivos la recurrente alega la infracción del art. 43 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), art. 9.3 de la Constitución Española, arts. 56, 57 y 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (LRJAP/PAC), así como del art. 71 LRJS, y 71.4 de la LPL, en relación con la STC 40/2014 de 11 de marzo.

2. Para justificar la contradicción aporta como sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 12 de noviembre de 2013 ( rec. 200/2013).

Como decimos en la sentencia de 15 de marzo de 2016 (Rcud 2029/2015), dictada en resolución de uno de los muchos procedimientos seguidos ante esta Sala sobre la misma materia en los que se invoca esa misma sentencia referencial, concurre el presupuesto de la contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), toda vez que en ambos casos se trata de establecer si puede eximirse a la Mutua de la responsabilidad en el pago de la prestación que le fue atribuida en su momento por parte del INSS, habiendo instado la Mutua la revisión de esa resolución y solicitado la devolución del capital conste constituido, presentado esa solicitud varios años después a raíz de la doctrina jurisprudencial sobre responsabilidad en estos casos.

Ante la misma pretensión la sentencia de contraste resuelve lo contrario de la recurrida, para concluir que esa reclamación es extemporánea y no procedía el reintegro.

1. Se suscita de nuevo en esta alzada la cuestión del plazo para la impugnación de las resoluciones administrativas a la luz de lo previsto en el citado art. 71.2 LRJS.

2. Se trata de un debate ya resuelto por esta Sala IV del Tribunal Supremo.

   La cuestión de la caducidad de la instancia por abandono del ejercicio del derecho ha sido abordada por esta Sala en las dos STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014), con doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014, 3477/2014 y 96/2015, 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014) y 14 diciembre 2015 (rcud. 744/2015).

   Lo que en todas estas resoluciones hemos sostenido, es que en los casos en que el INSS declare la responsabilidad de una Mutua respecto de prestaciones por enfermedad profesional, la ausencia de reclamación previa en el plazo legal impide que la Mutua reinicie el procedimiento, porque la previsión del art. 71 LRJS, limitando los efectos del defecto de formulación de demanda a la exclusiva caducidad del expediente y dejando intacto el derecho sustantivo, únicamente se refiere al reconocimiento/denegación de prestaciones y a las personas individuales interesadas, no a las entidades colaboradoras y a reclamaciones por imputación de responsabilidad.

3. Decíamos en la sentencias de Pleno, que, aun cuando la Sala ha sostenido que el defectuoso agotamiento de la vía administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social por inobservancia del plazo de treinta días que establece el art. 71.2 LRJS, no afecta al derecho material controvertido y no supone prescripción alguna, sino que únicamente comporta la caducidad en la instancia y la correlativa pérdida del trámite -tal y como resulta ahora del art. 71.4 de la vigente LRJS, a cuyo tenor "... podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho..."-, ni el precepto ni la jurisprudencia tradicionales, limitan la posibilidad de reiniciar la reclamación previa a los beneficiarios de las prestaciones ni impide utilizar la misma a las entidades colaboradoras. Y ello por las siguientes consideraciones:

   "a).- En primer lugar, no ha de perderse de vista que la previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]. Y si se excepciona de tal consecuencia a la «materia de prestaciones de Seguridad Social», hoy en el art. 71 LRJS y antaño en nuestra más temprana jurisprudencia [desde la citada resolución en interés de Ley], muy posiblemente ello sea atribuible al presumible desvalimiento jurídico de los beneficiarios y a la consideración de que ciertos mecanismos protectores -frente a su desconocimiento legal- no solamente no están privados de justificación, sino que incluso responden más adecuadamente al principio de irrenunciabilidad de los derechos al que en ocasiones alude el Tribunal Constitucional (así, SSTC 120/1984, de 10/Diciembre ; 14/1985, de 1/Febrero ; y 97/1987, de 10/Junio ) y que en todo caso ha sido consagrado por nuestra más antigua doctrina.(vid., por ejemplo, las SSTS 07/05/53 Ar. 1217 ; 14/02/61 Ar. 1596 ; 04/04/61 Ar. 1419...).

   b).- De otra parte, una cuidada lectura del referido art. 71 LRJS nos induce a pensar que la excepción va exclusivamente referida al «reconocimiento» de las prestaciones, que era precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizado, y que la misma -la excepción- tiene por destinatario implícito al «beneficiario», no a las Entidades colaboradoras, las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos pasivos de la reclamación previa. Así, las expresiones utilizadas por la norma [«materia de prestaciones»; «alta médica»; «solicitud inicial del interesado»; «reconocimiento inicial»; «modificación de un acto o derecho»; y -sobre todo- «en tanto no haya prescrito el derecho»], resultan del todo ajenas a la reclamación efectuada por la Mutua Patronal frente al INSS, casi tres años después de dictada la resolución, pretendiendo que se deje sin efecto no los términos de la «prestación», sino la imputación de su responsabilidad, y que con su consentimiento había adquirido firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en la materia.

   c).- Finalmente, tampoco cabe argumentar la literalidad de la DA Sexta LRJAP /PAC [«La impugnación de los actos de la Seguridad Social y Desempleo en los términos previstos en el artículo 2º ... de la Ley de Procedimiento Laboral ... se regirán por lo dispuesto en dicha Ley»], para extender un comprensible privilegio procesal de los beneficiarios a quien no disfruta de tal cualidad. De un lado, porque la referida DA nada añade a la cuestión, puesto que no comporta interpretación alguna del art. 71 LRJS , que es de lo que aquí se trata; y de otra parte, casi parece ocioso recordar -frente al argumento del Fiscal, sobre la «desigualitaria interpretación»- que en materia de igualdad son criterios básicos: 1) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución , sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; 2) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas; 3) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas, o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; y 4) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos (entre las más recientes, SSTC 63/2011, de 16/Mayo, FJ 3 ; 117/2011, de 4/Julio, FJ 4 ; 79/2011, de 6/Junio, FJ 3 ; - Pleno- 41/2013, de 14/Febrero, FJ 6 ; ;- Pleno- 61/2013 )".

4. A estas mismas argumentaciones hemos de atenernos en este caso, con acogimiento favorable del motivo de casación unificadora, tal y como también propone el Ministerio Fiscal. En consecuencia, debemos declarar que la doctrina correcta es la que se plasma en la sentencia de contraste.

1. El segundo motivo se refiere al fondo del asunto, al plantear la cuestión de quién haya de ser el responsable del pago de las prestación derivada de contingencias profesionales y si, en consecuencia, procede o no la devolución del capital coste ingresado por la Mutua.

2. Se aporta como contradictoria la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Burgos, de 14 mayo 2014 (rec.- 280/2014), al igual que así también se hizo en el caso resuelto por nuestra precitada sentencia de 15 de marzo de 2016 (rcud 2029/2015).

   En ella también se trata de prestación derivada de enfermedad profesional respecto de la cual el INSS impuso la responsabilidad a la Mutua, ingresando ésta el capital coste en enero de 2008. A raíz de la doctrina jurisprudencial sobre responsabilidad en estos casos, la Mutua pidió el reintegro del capital coste y que se declarara al INSS responsable del pago de la pensión de viudedad. La sentencia de contraste consideró que la reclamación de la Mutua era extemporánea y no procedía el reintegro.

3. Como pone de relieve el Ministerio Fiscal aun cuando concurre también la esencial contradicción, la cuestión suscitada en este motivo queda plenamente resuelta con la estimación del anterior, en el que ya hemos concluido que la reclamación de la Mutua demandante resultaba extemporánea, lo que conlleva la íntegra desestimación de su demanda inicial y, consecuentemente, la negación del reintegro del capital coste constituido.

1. En suma, hemos de estimar el recurso y casar y anular la sentencia recurrida, resolviendo el debate suscitado en suplicación en el sentido de estimar el mismo y, con revocación de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de los de Ponferrada, desestimar la demanda inicial.

2. En virtud de lo dispuesto en el art. 235 LRJS, no procede hacer pronunciamiento alguno sobre costas.