ATS, 15 de Febrero de 2017
| Ponente | JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE |
| ECLI | ES:TS:2017:943A |
| Número de Recurso | 20958/2016 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a quince de Febrero de dos mil diecisiete.
Por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Girona en el Procedimiento Abreviado 162/13, se dictó sentencia que fue objeto de recurso de Apelación ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de igual ciudad que en el Rollo 252/16, dictó sentencia de 7/7/16, frente a ella pretende recurso de casación cuya preparación fue denegada por auto de 3/10/16 . De lo expuesto dimana este recurso de queja.
Con fecha 22 de noviembre se presentó escrito en el Registro General del Tribunal Supremo por el Procurador Sr. Morales Hernández-San Juan en nombre y representación de Carlos Jesús , personándose como parte recurrente y formalizando este recurso de queja, alegando con apoyo en el art. 847.1b) que: " La posibilidad de interponer el recurso de casación viene dada por la reforma de la LECrim de mediante la ley 41/2015 de agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. La disposición transitoria única de la ley prevé que la ley se aplique a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor. El recurso de apelación contra la sentencia en enero de 2016, estando ya en vigor la modificación de la LECrim y, por tanto, siendo ya posible la interposición del recurso de casación contra la sentencia".
El Ministerio Fiscal por escrito de 1 de febrero dictaminó:"... Creemos que efectivamente la Audiencia tiene razón por más que el recurrente invoque una interpretación beneficiosa a sus intereses consistente en entender que el procedimiento penal se incoa con el recurso de apelación contra la sentencia en enero de 2016. No tiene razón. Con anterioridad a la entrada en vigor de la citada norma no era posible el recurso de casación contra ese tipo de resoluciones, y al presente caso no es de aplicación por mandato de la DT Única de la Ley 41/2015 la nueva normativa citada por el Tribunal de instancia. Por tanto, en opinión del Fiscal procede la desestimación de la queja y la confirmación de la resolución recurrida".
Se pretende recurso de casación contra el auto de la Sección Tercera, de la Audiencia Provincial de Girona, de fecha 3 de octubre de 2016 , que deniega tener por preparado el recurso de casación que el recurrente pretendía contra la sentencia de la misma Audiencia, dictada en grado de apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de igual ciudad, dictada en el Procedimiento Abreviado 162/13. Anticipemos que contra la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial no cabe casación, por ello el auto denegatorio de su preparación es ajustado a derecho y es el único objeto de este recurso de queja.
Es cierto que la modificación introducida en el art. 847 LECrim por la Ley Orgánica 41/2015 permite recurrir en casación, por infracción de ley, pero esa previsión no es aplicable al caso que nos ocupa, en procedimiento incoado en el 2013, pues la Ley 41/2015 establece en su disposición transitoria única que únicamente será aplicable la normativa de la doble instancia y en su caso el recurso de casación para los procedimientos iniciados una vez que haya entrado en vigor la modificación legislativa que lo fue en fecha 6 de diciembre de 2015. Lo que no es de aplicación al caso.
Por otro lado, las leyes procesales no son leyes penales, por lo que no se plantea el efecto retroactivo de las mismas sino que únicamente son aplicables a los procedimientos en vigor con arreglo a las circunstancias establecidas para el procedimiento aplicable, al momento de los hechos enjuiciados, siendo así que no contemplaba recurso de casación sino únicamente recurso de apelación que ya fue ejercitado.
En efecto, como precisa la STS 1336/2011, de 12 de diciembre , el art. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicable con carácter supletorio, por prescripción del art. 4 de la misma Ley , dispone que salvo que se establezca otra cosa en las disposiciones legales de derecho transitorio, los asuntos se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.
Y sobre la retroactividad de las leyes, el Tribunal Constitucional (Sentencias 149/1995 de 16 de octubre y 374/1993 de 13 de diciembre ) recuerda que el fenómeno de la retroactividad es posible si la propia ley lo autoriza, es obligado si esta ley es de naturaleza penal pero más beneficiosa para el inculpado ( art. 25.1. CE y 24 C.P ) y es imposible si se trata de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derecho ( art. 9.3 CE ). Las leyes procesales no inciden sobre los procesos pendientes, incoados y en marcha salvo que así lo digan explícitamente, incidencia retroactiva que, de producirse, afecta habitualmente a instancias completas y no por fases o periodos dentro de un mismo grado jurisdiccional. Así esta fuera de duda, que la interpretación literal de la expresión " incoación del procedimiento" se refiere a la resolución que lo inicia, auto de incoación de D. Previas, no a las consecutivas que lo impulsan, en la misma o sucesivas instancias, en el supuesto que nos ocupa auto origen de las D. Previas de las que dimana el Procedimiento Abreviado 162/13, es en todo caso del año 2013 o anterior.
Así la inadmisión a trámite del recurso de casación, en estos supuestos en que no está expresamente autorizado, no vulnera, en absoluto, el derecho a la tutela judicial efectiva. Ciertamente, el Tribunal Constitucional así lo ha declarado en reiteradas ocasiones, como es exponente la sentencia 171/88 de 30 de septiembre , en la que se expresa que "este Tribunal ha indicado repetidamente que el derecho a la tutela jurídica efectiva consagrada en el art. 24.1 de la Constitución , se satisface también si se obtienen resoluciones de los órganos jurisdiccionales que, aún sin versar sobre el fondo de la pretensión deducida, proceden a inadmitir ésta sobre la base de una causa legal prevista y fundada en Derecho".
Y también que el derecho a la tutela jurídica efectiva ( art. 24.1 CE ) no significa que para todas las cuestiones esté abierto necesariamente un recurso, si bien el derecho al proceso incluye el derecho al recurso, tal derecho lo es no a cualquier recurso sino solamente a aquél que las normas vigentes en el ordenamiento hayan establecido para el caso (ver STC 23/92 , de 14 de febrero ).
Se desestima el recurso de queja, con imposición de las costas al recurrente ( art. 870 LECrim .).
LA SALA ACUERDA:
DESESTIMAR el recurso de queja contra auto denegatorio de la preparación del recurso de casación, dictado por la Sección Tercera, de la Audiencia Provincial de Girona, de 03/10/16, en el Rollo 252/16, con imposición de las costas al recurrente.
Notifíquese este auto a las partes personadas y comuníquese al Tribunal que dictó la resolución recurrida, a los efectos oportunos.
Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que, como Secretaria, certifico.
D. Manuel Marchena Gomez D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Dª. Ana Maria Ferrer Garcia
