ATS, 9 de Febrero de 2016
| Ponente | JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR |
| ECLI | ES:TS:2016:12605A |
| Número de Recurso | 21039/2016 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 9 de Febrero de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a nueve de Febrero de dos mil diecisiete.
Por el Juzgado de lo Penal nº 18 de Barcelona, en el Procedimiento Abreviado 587/12, se dictó sentencia de 08/08/15, que fue objeto de recurso de Apelación y por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo 135/16, dictó sentencia de 21/10/16 , frente a ella se pretende recurso de casación, cuya preparación fue denegada por providencia de 01/12/16. De lo expuesto dimana este recurso de queja.
Con fecha 7 de diciembre se presentó en el Registro General del Tribunal Supremo escrito del Procurador Sr. Montero Reiter, en nombre y representación de Transvirit, s.l., Julio y Melisa , personándose como parte recurrente y formalizando este recurso de queja alegando que aunque las Diligencias Previas fueron anteriores a la entrada en vigor de la Ley 41/15, el Rollo de Apelación es posterior 135/16.
Con fecha 29 de diciembre, se presentó en el Registro General del Tribunal Supremo, escrito de la Abogacía del Estado, personándose como parte recurrida y en escrito de 16 de enero, impugnando el recurso.
El Ministerio Fiscal por escrito de 31 de enero, dictaminó: "...En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el procedimiento penal del que dimana la sentencia que se pretende recurrir en casación se ha incoado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, y la L.E.Criminal excluye expresamente la retroactividad...".
Se pretende recurso de casación contra la providencia de la Sección Octava, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 1 de diciembre de 2016 , que deniega tener por preparado el recurso de casación que el recurrente pretendía contra la sentencia de la misma Audiencia, dictada en grado de apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 18 de Barcelona, dictada en el Procedimiento Abreviado 587/12. Anticipemos que contra la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial no cabe casación, por ello el auto denegatorio de su preparación es ajustado a derecho y es el único objeto de este recurso de queja.
Es cierto que la modificación introducida en el art. 847 LECrim por la Ley Orgánica 41/2015 permite recurrir en casación, por infracción de ley, pero esa previsión no es aplicable al caso que nos ocupa, en procedimiento incoado en el 2012, pues la Ley 41/2015 establece en su disposición transitoria única que únicamente será aplicable la normativa de la doble instancia y en su caso el recurso de casación para los procedimientos iniciados una vez que haya entrado en vigor la modificación legislativa que lo fue en fecha 6 de diciembre de 2015. Lo que no es de aplicación al caso.
Por otro lado, las leyes procesales no son leyes penales, por lo que no se plantea el efecto retroactivo de las mismas sino que únicamente son aplicables a los procedimientos en vigor con arreglo a las circunstancias establecidas para el procedimiento aplicable, al momento de los hechos enjuiciados, siendo así que no contemplaba recurso de casación sino únicamente recurso de apelación que ya fue ejercitado.
En efecto, como precisa la STS 1336/2011, de 12 de diciembre , el art. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicable con carácter supletorio, por prescripción del art. 4 de la misma Ley , dispone que salvo que se establezca otra cosa en las disposiciones legales de derecho transitorio, los asuntos se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.
Y sobre la retroactividad de las leyes, el Tribunal Constitucional (Sentencias 149/1995 de 16 de octubre y 374/1993 de 13 de diciembre ) recuerda que el fenómeno de la retroactividad es posible si la propia ley lo autoriza, es obligado si esta ley es de naturaleza penal pero más beneficiosa para el inculpado ( art. 25.1. CE y 24 C.P ) y es imposible si se trata de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derecho ( art. 9.3 CE ). Las leyes procesales no inciden sobre los procesos pendientes, incoados y en marcha salvo que así lo digan explícitamente, incidencia retroactiva que, de producirse, afecta habitualmente a instancias completas y no por fases o periodos dentro de un mismo grado jurisdiccional.
Así la inadmisión a trámite del recurso de casación, en estos supuestos en que no está expresamente autorizado, no vulnera, en absoluto, el derecho a la tutela judicial efectiva. Ciertamente, el Tribunal Constitucional así lo ha declarado en reiteradas ocasiones, como es exponente la sentencia 171/88 de 30 de septiembre , en la que se expresa que "este Tribunal ha indicado repetidamente que el derecho a la tutela jurídica efectiva consagrada en el art. 24.1 de la Constitución , se satisface también si se obtienen resoluciones de los órganos jurisdiccionales que, aún sin versar sobre el fondo de la pretensión deducida, proceden a inadmitir ésta sobre la base de una causa legal prevista y fundada en Derecho".
Y también que el derecho a la tutela jurídica efectiva ( art. 24.1 CE ) no significa que para todas las cuestiones esté abierto necesariamente un recurso, si bien el derecho al proceso incluye el derecho al recurso, tal derecho lo es no a cualquier recurso sino solamente a aquél que las normas vigentes en el ordenamiento hayan establecido para el caso (ver STC 23/92 , de 14 de febrero ).
Se desestima el recurso de queja, con imposición de las costas a los recurrentes ( art. 870 LECrim .).
LA SALA ACUERDA:
DESESTIMAR el recurso de queja contra la providencia denegatoria de la preparación del recurso de casación, dictado por la Sección Octava, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 01/12/16, en el Rollo 135/16 , con imposición de las costas a los recurrentes.
Notifíquese este auto a las partes personadas y comuníquese al Tribunal que dictó la resolución recurrida, a los efectos oportunos.
Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que, como Secretaria, certifico.
